La responsabilidad criminal de la secta ICAR

De la venta como esclavos de las canarias y los canarios y de la despiadada represión ideológica y religiosa a través de mecanismos como la Inquisición y sus ejecuciones por incineración de seres humanos vivos.

La ICAR controló la educación de generaciones sometidas al colonialismo, y fue participe activa en los asesinatos masivos desatados por el golpe fascista de 1936, mediante la bendición a los asesinos y la delación de los demócratas. En todo el periodo colonial, y en especial durante el fascismo, esta secta se benefició de todos los privilegios como religión única y obligatoria.

No ocurrió sólo en Canarias. En toda América Latina jugó el mismo papel de cómplice criminal, primero del genocidio colonialista y luego de las distintas dictaduras militares, estando implicada directamente en torturas y asesinatos. En Europa, además de su larga historia de corrupción y crímenes, mantuvo un cordial entente con el fascismo y el nazismo. En el Estado español, todavía hoy se beneficia de los privilegios otorgados por la monarquía y el fascismo, siendo financiada con dinero público y con exenciones de impuestos, además de con el pago de los salarios de sus adoctrinadores en las escuelas públicas.

Fiel defensora de los postulados más reaccionarios, esta secta perniciosa no sólo no ha sido prohibida por la democracia burguesa, sino que sigue campando a sus anchas, generando odio a los homosexuales, a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado, a los que defienden postulados laicos o hacia quienes defienden el desarrollo científico de la terapia genética. Aún más, plagada de pederastas a los que protege, la ICAR insulta y anatemiza a quienes quieren ejercer su derecho al libre disfrute de su sexualidad.

Llegados a este extremo, el nuevo jerarca de la ICAR, un antiguo miembro de las Juventudes Hitlerianas, se atreve a proclamar en Camerún -antigua colonia alemana- que el uso de condones no sólo no previene el Sida, sino que es perjudicial para esa prevención. Tal actividad propagandística, que es la oficial de la secta, es un criminal delito contra la salud pública que debería ser perseguido penalmente. Mucho más si tenemos en cuenta que en nuestro continente el número de afectados por el Sida supera los 25 millones de personas y provoca 5 millones de muertes al año.

Independientemente de la sinceridad y las buenas intenciones de buena parte de los afiliados a la ICAR, debemos exigir de las instituciones públicas -y mucho más si se llaman a sí mismas “democráticas”- que esta secta deje de recibir dinero público, que a sus agentes no se le permita acercarse a menores de edad, y que sus jefes sean investigados por posibles crímenes contra la humanidad.

prc canarias