Los capitalistas de medios de comunicación españoles quieren más subvenciones y menos Internet

Las empresas de medios de comunicación españoles, a pesar de las enormes subvenciones que reciben (especialmente los periódicos) siguen cayendo en picado. Según los propios datos de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que agrupa a los principales periódicos estatales, además de los regionales, el beneficio conjunto de la prensa escrita cayó en un 95% en 2008 -se quedó en 11,9 millones frente a los 232,9 millones de 2007- y registrará grandes pérdidas cuando se cierren los balanzas de 2009.

El gobierno socialdemócrata metropolitano ya anuncia que, a pesar de la recesión, va a acudir al rescate con dinero público. La vicepresidenta Fernández de la Vega quiere cerrar un plan de subvenciones y otros beneficios en el primer semestre de 2010. Se anuncia una mesa política de negociación con los editores, donde se trazarán las líneas generales, y otra más técnica, donde los especialistas entrarán en los detalles.

El lobby de grandes capitalistas de los medios ya ha conseguido la eliminación de la publicidad en RTVE. El siguiente paso es que quienes no han sabido gestionar la crisis en los medios de comunicación reciban más subvenciones aún. El gobierno Zapatero está más que dispuesto a comprar simpatías con dinero público.

Pero además, la AEDE quiere que se regulen (es decir, que se restrinjan) los agregadores de noticias en Internet (como Google News, por ejemplo, pero también las “revistas de prensa” de portales y blogs), en nombre de los derechos de propiedad intelectual.

Internet es el campo de batalla multimedia en que estas grandes corporaciones mediáticas están perdiendo, y a donde desertan los lectores de periódicos, los oyentes de radio y hasta los teleespectadores. En vez de cambiar sus estrategias y adaptarse a la nueva realidad de la Red, oligarcas mediáticos, monopolios de la edición de discos y extorsionadores legales como la SGAE tratan de ganar tiempo frenando su desarrollo como sea.

Desde el gobierno, totalmente en manos de las compañías discográficas y de su peón SGAE, se pretende el cierre de páginas web de manera administrativa por parte de una comisión censora, con apenas un mínimo barniz pseudojudicial, sin necesidad de demostrar pruebas suficientes (entre otras razones porque la vista debe celebrarse en el plazo improrrogable de cuatro días). La fisura jurídica que se abre en torno a la “propiedad intelectual”, abre el camino para el cierre de páginas por motivaciones ideológicas y políticas.

Desde los mismos entresijos del Estado han salido razonamientos demoledores en contra de estas prácticas monopolistas, como el “Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual” de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que incluso denuncia el establecimiento unilateral de tarifas tanto abusivas como discriminatorias por parte de la SGAE, “sin que exista una justificación objetiva para ello”.

La llamada “Ley Sinde” es claramente un intento de controlar Internet y minimizar tanto sus aspectos más democráticos, con la participación directa de los ciudadanos, como su diversidad de fuentes y noticias. La aparición de la imprenta supuso también la inmediata imposición de la censura previa, tanto de la Iglesia como del Estado.

Al “peligro” de opiniones e informaciones que se salgan del discurso unívoco procapitalista y proimperialista, se une ahora la facilidad para crear páginas webs y difundir masivamente sus contenidos de forma casi gratuita, sin la necesidad de las grandes inversiones de capital que requieren montar un periódico en papel o una televisión.

Los intereses económicos e ideológicos de la oligarquía española, de la que son meros lacayos el PSOE y el resto de partidos burgueses, les lleva a intentar amordazar (más aún) la Red. La lucha de clases se manifiesta así, también, como lucha de clases digital.