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07/10/2020 :: Estado español

Los nombres malditos de Bankia

x Manuel Gabarre
Conviene recordar cómo fueron utilizados los fondos públicos que llevaron a la caja a la ruina.

El Estado perderá unos 40.000 millones de euros en la operación Bankia. Ahora que la antigua Caja Madrid va a ser sumergida en el olvido, conviene recordar cómo fueron utilizados los fondos públicos que llevaron a la caja a la ruina.

¿Cuántas veces puede una persona girar su rostro,

fingiendo simplemente que no ve?

La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento,

la respuesta está flotando en el viento.

Bob Dylan. Blowin’ in the Wind

“Damnatio memoriae” literalmente quiere decir “condena de la memoria”. Esta era una práctica de la antigua Roma que consistía en eliminar el recuerdo de un enemigo tras su muerte. Cuando el senado decretaba la damnatio memoriae, el Estado romano destruía todo lo que hiciese recordar al condenado. Los monumentos que se le dedicaron eran arrasados, las imágenes con su efigie eran borradas e incluso se prohibía el uso del nombre del condenado con la finalidad de que este quedara en el olvido.

Dentro de poco, CaixaBank se hará con Bankia. Los letreros con una B mayúscula de color verde desaparecerán de las calles y se evaporará el recuerdo de lo sucedido en Bankia, puesto que es sinónimo de bochorno para las élites financieras y políticas.

La cuestionada absolución de los responsables de la salida a bolsa de Bankia, el saqueo generalizado de las cajas de ahorro, la condena a Rodrigo Rato por su participación en el caso de las tarjetas black o el final de Miguel Blesa son motivos suficientes para que se pretenda que el nombre Bankia caiga en el olvido. Así, la inminente damnatio memoriae es recibida por los grandes medios de comunicación con alborozo y con loas a sus muñidores.

Sin embargo, el Estado perderá unos 40.000 millones de euros en esta operación. Por una parte, el rescate de Bankia tuvo un coste para el Estado de 24.000 millones, de los que se prevé que solamente recupere unos 3.000. Por otra parte, Sareb compró los bienes inmobiliarios de Bankia por algo más de 22.000 millones de euros. Todo apunta a que la mayor parte de este importe también será sufragado por el Estado.

El Estado ha actuado como si su única responsabilidad fuese correr con el coste del rescate sin recibir nada a cambio de todo lo invertido

Sareb había recibido en el año 2012 un préstamo de más de 50.000 millones de euros de la Unión Europea. La finalidad de este préstamo era que Sareb comprase los bienes inmobiliarios de las cajas y de los bancos rescatados, para que la propia Sareb vendiese estos bienes posteriormente. La devolución del préstamo de Sareb a la Unión Europea fue avalada por el Estado, por lo que el sector público todavía es responsable del pago de 38.000 millones de euros de la deuda de Sareb.

El rescate financiero supuso la mayor intervención pública de la historia del país. El coste de esta intervención provocó la pérdida de derechos sociales y el deterioro de las condiciones de vida de buena parte de la población. Sin embargo, el Estado ha actuado como si su única responsabilidad fuese correr con el coste del rescate sin recibir nada a cambio de todo lo invertido. De este modo, el sector público ha renunciado a una política activa de vivienda basada en el alquiler social, que se podría haber realizado con los bienes inmobiliarios de las entidades rescatadas y también ha renunciado a que la acuciante reindustrialización del país se financie mediante una potente banca pública.

Bankia ha sido la entidad más destacada del rescate al sector financiero. La trayectoria de Alicia Hinojosa puede dar algunas pistas sobre los motivos de la damnatio memoriae al rescate financiero en general y a esta entidad en particular.

Alicia Hinojosa fue la gerente adjunta del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE). Desde el año 2007 hasta el año 2010 era la responsable del desarrollo urbano de esta entidad. Según el auto de la trama Púnica de 2 de septiembre de 2019 que fue publicado por El Confidencial, “La investigación está revelando que la entidad IMADE sería usada, por los artífices y ejecutores del plan preconcebido para financiar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid, como potente instrumento de desvío de fondos públicos, aprovechando el abultado presupuesto que contó entre los años 2006 y siguientes, hasta su liquidación en el año 2010”.

Guillermo Ortega, antiguo alcalde de Majadahonda que fue condenado en Gürtel, declaró que los ejecutores de esta estrategia eran Aurelio García de Sola Arriaga y Alicia Hinojosa Fernández de Angulo. Ortega, a pesar de los poderes con los que contaban en IMADE, se refirió a García de Sola y a Hinojosa como meros “ejecutores” de las instrucciones que provenían de “arriba”. En concreto, el origen de estas órdenes provenía de la propia Esperanza Aguirre y de Ignacio González, quienes “agradecían” su trabajo en la institución, de acuerdo con sus declaraciones recogidas por la Cadena SER.

El hecho de que fuera una asociación sin ánimo de lucro no supuso un impedimento para que en el año 2011 Madrid Network recibiese 80 millones de euros de la Comunidad de Madrid

En este punto hemos constatado que Aurelio García de Sola y Alicia Hinojosa no solo recibieron palmadas en el hombro. El 27 de octubre de 2010 Esperanza Aguirre en representación de la Comunidad de Madrid firmó un convenio por el cual el Estado le prestaría 80 millones de euros a IMADE. El 29 de diciembre de 2010 IMADE y Madrid Network firmaron un segundo convenio para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, IMADE se cerró precipitadamente el 3 de enero de 2011, por lo que finalmente el préstamo de 80 millones fue concedido directamente el 23 de mayo de 2011 por la Comunidad de Madrid a Madrid Network.

El 8 de marzo de 2011 se había nombrado a Aurelio García de Sola y a Alicia Hinojosa apoderados de Madrid Network. El primero también fue designado como presidente de Madrid Network y la segunda fue nombrada como tesorera de esta entidad. Resulta llamativo que Madrid Network tenga la forma legal de asociación sin ánimo de lucro. Esta forma legal es más propia de un colectivo de activistas o de un grupo de personas que comparten alguna afición. Sin embargo, la forma legal no supuso un impedimento para que en el año 2011 Madrid Network recibiese 80 millones de euros de la Comunidad de Madrid.

La opacidad con la que se ha ocultado le gestión de Madrid Network es casi total, ya que por ser una asociación sus cuentas anuales no están a disposición pública en el Registro Mercantil. Sin embargo, se ha podido constatar que varios millones de euros provenientes de Madrid Network terminaron enterrados en sociedades vinculadas con una larga lista de antiguos cargos del Partido Popular.

Un ejemplo sería el de Ildefonso de Miguel. El antiguo gerente del Canal de Isabel II recibió un total de 3,2 millones de euros de Madrid Network como préstamo a través de dos sociedades vinculadas. Estas sociedades se negaron a devolver los préstamos que les había concedido Madrid Network. Una de ellas, Safeview, S. L. se encuentra en concurso. En las últimas cuentas depositadas antes de entrar en concurso, que son del año 2017, Safeview declaró que debía 2.907.000 euros a Madrid Network. Con respecto a Ildefonso de Miguel, conviene recordar que fue detenido en la operación Lezo. Ildefonso de Miguel formaba parte de la comitiva que fue espiada en Colombia. En este viaje se grabó a Ignacio González junto con otras personas llevando a una casa unas bolsas de basura, según contaba Infolibre. González aseguró posteriormente que esas bolsas contenían solamente artículos de higiene. Sin embargo, quienes entraron en la casa fueron grabados saliendo de ella a los pocos minutos. En las imágenes grabadas se aprecia que salen de la casa sin dichas bolsas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso conoce bien esta asociación. Ayuso trabajó en Madrid Network entre el año 2008 y el año 2011

El caso de Manuel Lamela es similar al anterior. Madrid Centro Médico, que era una entidad presidida por Lamela, recibió 500.000 euros de Madrid Network antes de declararse en concurso. Cuando un nuevo equipo directivo de Madrid Network intentó recuperar la deuda, se encontró con que nadie respondía por ella. Durante su etapa como consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid Lamela había alcanzado la notoriedad por dirigir el acoso contra el doctor Luis Montes. La finalidad de este acoso era que pasase desapercibido el proceso de privatización de la sanidad pública madrileña. Recientemente, Lamela ha vuelto a salir a la palestra por ofrecerse para reclamar indemnizaciones al sector público por las supuestas requisas de material sanitario a la sanidad privada, que habrían tenido lugar durante el inicio de la pandemia causada por el Covid-19.

Javier López Madrid también está relacionado con Madrid Network. El yerno de Villar Mir fue consejero y socio de Infoglobal, S.A. por sí mismo o a través de sociedades interpuestas. En el año 2011 esta sociedad recibió tres millones euros de Madrid Network pero Infoglobal entró en quiebra en el año 2015 sin haber devuelto lo que debía a Madrid Network.

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso conoce bien esta asociación. Ayuso trabajó en Madrid Network entre el año 2008 y el año 2011. Su puesto como asesora de la asociación le reportaba 4.219 euros netos al mes, según informaciones publicadas por El País.

En aquellos años de dura crisis económica varias de estas cajas, ya exangües, se agruparon para formar Bankia. Hoy podemos ver esta fusión como una desesperada huida hacia delante. El 3 de septiembre de 2013 Bankia cedió la gestión de sus activos inmobiliarios a la división española de Haya Real Estate. Haya es una gestora inmobiliaria perteneciente al fondo oportunista Cerberus, cuya sede se encuentra en Nueva York. La empresa es dirigida por antiguos altos cargos del Partido Republicano. Debido a estas conexiones, Cerberus designó a José María Aznar Botella como consejero de Haya en España. De este modo, Cerberus replicó en España la estrategia que utilizaba en Estados Unidos basada en contratar personas relacionadas con la política. A su vez, el presidente de Haya es Juan Hoyos Martínez de Irujo que es un amigo íntimo de Aznar, según asegura en sus memorias el propio ex presidente.

La designación de estos administradores de Haya se produjo en octubre del año 2013. Cabe preguntarse si es casual que la fecha de la designación coincida con la época en la que Haya comenzó a gestionar los activos inmobiliarios de Bankia y también con la época en la que se decidió que la venta de los bienes de Sareb se haría a través de intermediarios. De esta manera, en el año 2014 Sareb contrató a Haya Real Estate para gestionar el 40% de sus bienes.

También durante el año 2014 Haya contrató a Alicia Hinojosa y le concedió el poder suficiente para actuar en su nombre. Alicia Hinojosa fue la directora de la gestión y de la venta de los “activos singulares” de Sareb, de Cajamar y de Bankia durante cinco años. No sabemos en qué características se basó la calificación de “singular” para estos bienes. Pero sí que hemos constatado que Hinojosa era la directora de un equipo compuesto por veinte vendedores que tuvo a su recaudo más de 15.000 bienes inmobiliarios provenientes de los rescates públicos.

Por su parte, Sareb acumula pérdidas de miles de millones de euros. Su situación exigiría que entrase en disolución. Sin embargo, el actual gobierno eximió a Sareb del cumplimiento de la obligación de declarar la disolución por su estado contable. Esta exención se llevo a cabo aprovechando el decreto de 10 de marzo de 2020 por el que se adoptaron medidas urgentes relacionadas con el Covid-19.

Hoy en día Guillermo Ortega se encuentra cumpliendo la condena de 38 años que le fue impuesta, por lo que no parece tener motivos para hacer acusaciones falsas. Recordamos que Ortega declaró que Alicia Hinojosa había gestionado IMADE de acuerdo con las instrucciones que recibía de “arriba” para desviar sus fondos al Partido Popular. Hinojosa, según su declaración, era una simple ejecutora de esta estrategia.

Del mismo modo, cabe preguntarse por qué Hinojosa, como tesorera de Madrid Network, permitió el desvío de los fondos públicos que debía custodiar hacía las empresas de antiguos altos cargos del PP. Como hemos señalado anteriormente, este desvío se produjo, entre otras, a empresas vinculadas con Manuel Lamela, Ildefonso de Miguel y Javier López Madrid.

Pero, la cuestión más grave tiene que ver con Bankia y, sobre todo, con Sareb. Todo apunta a que dentro de unos pocos años el Estado deberá afrontar el aval de Sareb y por tanto tendrá que pagar decenas de miles de millones de euros por este gran desfalco. La mayor intervención pública realizada por el Estado se ha gestionado con una opacidad casi absoluta. Además, vemos como a la, según Guillermo Ortega, ejecutora del desvío de fondos de IMADE se le otorga la gestión de nada menos que 15.000 bienes inmobiliarios que eran propiedad de entidades rescatadas con dinero público.

Los superiores de Hinojosa en Haya eran José María Aznar Botella y Juan de Hoyos, que eran respectivamente consejero y presidente de esta gestora inmobiliaria. Los hechos descritos en este artículo y la opacidad de Sareb justifican que nos preguntemos si la venta de los bienes inmobiliarios de Sareb, Bankia y Cajamar llevada a cabo por Hinojosa se produjo en detrimento del interés público al igual que sucedió presuntamente con su gestión de IMADE.

No sabemos qué viviendas concretas, qué terrenos y qué créditos de Sareb, Bankia y Cajamar se han vendido ni por qué precio. Solamente tenemos a disposición cifras generales. Debido a esto también cabe preguntarse cuáles son los motivos que están detrás de la opacidad con la que se han vendido los bienes de Sareb y, por supuesto, cabe cuestionar la licitud de los intereses bajo los que se ha gestionado esta entidad.

Sin embargo, parece que estas preguntas recibirán la damnatio memoriae. Detrás de Bankia y de Sareb hay una élite política y económica que suele mirar hacia otro lado cuando se toca el entramado financiero e inmobiliario.

¿Por cuánto tiempo las personas que están en el poder seguirán ignorando el daño que causan estos abusos a la sociedad española?

La respuesta, amigo mío, la respuesta está flotando en el viento.

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