Protestas en Alcázar de San Juan (Castilla la Mancha) contra la privatización del agua

Los vecinos de la localidad manchega de Alcázar de San Juan han salido masivamente a la calle esta tarde para expresar su rechazo ante la privatización de la empresa pública Aguas de Alcázar, aprobada esta mañana en el pleno del Ayuntamiento, inmediatamente después de la votación que anulaba la ILP para un referéndum popular sobre la privatización del agua.

Al inicio de la concentración frente a la casa consistorial, las personas que continuaban resistiendo en el interior han abandonado su encierro con gritos de “Este pueblo es un orgullo y su alcalde es un orgullo”. La decisión de abandonar el interior del edificio había sido tomada en asamblea, donde también se ha decidido la continuación de la lucha y la realización de una consulta popular al margen de las vías oficiales.

Con las manos levantadas, enguantadas de azul, los alcazareños han expresado su convencimiento de que el agua es un recurso natural del pueblo cuya gestión no puede ser privatizada y ha de continuar siendo 100% pública. “Aunque el alcalde firme, el pueblo no se rinde” es una de las consignas coreadas por los vecinos, que exigen la dimisión del alcalde. La protesta, que se inició en la Plaza de España frente al Consistorio, ha recorrido las calles de la ciudad hasta concluir en la sede de Aguas de Alcázar, donde se ha leído un comunicado y los manifestantes han dejado sus guantes azules en un gesto simbólico.

A pesar de la fuerte oposición vecinal expresada mediante concentraciones reprimidas por la Policía y del encierro de dos decenas de personas en la casa consistorial durante cuatro días, el Partido Popular ha logrado privatizar el agua en la localidad manchega de Alcázar de San Juan, rechazando la petición de un referéndum popular solicitado mediante una ILP por la Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar.

Dos plenos consecutivos esta mañana han anulado la opinión de la ciudadanía esta mañana en sendas votaciones dudosas. La primera de ellas ha tirado por tierra la solicitud de la consulta popular respaldada por 11.000 firmas en una población de apenas 30.000 habitantes. Acto seguido ha sido aprobada la entrega del 52% de la empresa pública Aguas de Alcázar a la privada Aqualia, perteneciente a FCC.

Con 10 votos del PP a favor de la privatización y 10 en contra, la resolución final ha quedado en manos del alcalde del Partido Popular, Diego Ortega, quien ha hecho uso de su voto de calidad del mismo modo en ambas votaciones, con la ausencia de un concejal de la oposición por el grupo Ciudadanos por Alcázar y la extraña presencia de la concejala del PP Concepción Sánchez, que ya había dimitido en febrero pero que, por arte de magia, ha vuelto a ocupar su silla esta mañana en el salón de plenos. Según el PP, la maniobra es lícita debido a que “su dimisión aún no está ratificada ni remitida a la Junta Electoral”.

Sin embargo, desde la oposición se ha anunciado que se recurrirán las votaciones por considerarlas ilegales, acogiéndose al artículo 47.2 de la ley 7/85 que impide que se pueda usar el voto de calidad del alcalde y obliga a que se resuelvan con la mitad de los votos más uno las cuestiones relativas a adjudicaciones administrativas de los recursos cuando el período de adjudicación sea superior a cinco años y la cuantía de la misma sea mayor del 20%.

En el interior del Ayuntamiento continuaban los vecinos de Alcázar encerrados como protesta, a quienes no se les ha permitido el acceso al Pleno. En el exterior, mientras tanto, cientos de alcazareños aguardaban entre gritos de “Alcázar resiste” y “El agua es del pueblo” con la esperanza, frustrada, de que algún concejal decidiera votar en conciencia en el último momento.

La empresa pública Aguas de Alcázar presenta una deuda acumulada de 8 millones de euros tras la larga gestión de anteriores legislaturas, hasta esta última en manos del PSOE.