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Tarifazo “progresista”
Ante el fuerte encarecimiento del recibo de la luz que se viene produciendo -solo en abril subió un 46%, siendo el mayor desde que hay registros-, el Gobierno “progresista” ha puesto en vigor desde este lunes una tarifa-trampa por franjas horarias, para tratar de lavarse la cara y parecer que hace algo frente al abuso y el gran negocio de las grandes compañías monopolísticas del sector. Mientras tanto, un día antes el ministro de Consumo, Alberto Garzón -miembro del PCE y de IU- daba una patética rueda de prensa preocupado por el elevado consumo de bebidas energéticas por los menores, con la que está cayendo socialmente. Mientras la carestía energética se está disparando y empobreciendo aún más a las clases populares en plena pandemia, el Gobierno y sus ministros “comunistas” no toman ninguna medida realmente efectiva para atender la situación de emergencia social.
En el Estado español seguimos en plena pandemia, sufriendo todavía la población más vulnerable un enorme batacazo económico y social, y sin que el Gobierno “más progresista de la historia” haya dado respuesta a esas necesidades sociales imperiosas. Las colas del hambre continúan, aunque los ERTE han evitado el estallido del desempleo son un golpe duro para los ingresos de las y los trabajadores que se ven muy mermados. El Ingreso Mínimo Vital ha sido un fracaso y apenas llega a un porcentaje mínimo de los que realmente lo necesitan. Han continuado la precarización laboral y las reformas laborales, la congelación del salario mínimo, los desahucios, los despidos -35.000 en total en las grandes empresas- y los cortes de suministros energéticos domésticos básicos para muchos hogares empobrecidos. En definitiva, el llamado “escudo social” prometido ha sido un auténtico fiasco. Todo eso frente a los miles de millones que se han destinado al rescate empresarial -solo en préstamos avalados 120.000 millones, más los 140.000 de ayudas europeas que llegarán, entre otras subvenciones-, sobre todo para las grandes empresas del IBEX35. Y es precisamente en ese contexto que se está produciendo una singular escalada de los precios de la electricidad que se encuentra en máximos históricos, algo inaceptable e inasumible socialmente para grandes capas de la clase trabajadora y las clases populares.
Frente a esta situación de escalada de precios sin freno del recibo de la luz -que ya dio un aviso en enero cuando pegó un buen subidón que fue achacado a la tormenta invernal “Filomena” y que se ha completado en abril con una subida histórica del 46%- y el desgaste social y político que le está implicando al Gobierno de Sánchez, se puso en marcha ayer un nuevo sistema de tarifas que se ha comenzado a aplicar desde este pasado martes, para tratar de mejorar la imagen del Gobierno en este terreno, a la par que tratar de trasladar muy hábilmente la responsabilidad del precio final que se pague a cada uno de los propios usuarios. Para ello, se han diseñado unos tramos de consumo con diferentes precios para que, dependiendo de la hora, o si son festivos, a la que se consuma se tenga una tarifa diferente, más cara o más barata. Quedando así el coste que paga el usuario, aparentemente, en sus manos, como si eso fuera posible en todos los casos y en cualquier circunstancia, como si las y los usuarios tuviésemos realmente capacidad para controlar el rango de la factura eléctrica. Un auténtico galimatías para gran parte de la población que hace además tabla rasa de las condiciones de vida propias y la posibilidad de realizar realmente esos consumos en los tramos más baratos del día. Por eso, en realidad esta nueva tarifa no es más que una estafa que una vez más no va a dar respuesta a las necesidades de contención y disminución del pago del recibo de la luz para las clases más humildes tal y como ha sido denunciado incluso por las principales asociaciones de consumidores.
Todo lo que no pase por atacar los enormes beneficios de las compañías eléctricas fracasará. Especialmente en un contexto de encarecimiento energético global derivado del aumento de los precios de las emisiones de CO2 por tonelada, que afecta directamente a las compañías del sector eléctrico, que están derivando hacia el consumidor final, y que se han multiplicado durante los últimos años. En concreto, ha pasado de 5,97 euros en 2016 a los actuales 56,65 euros del 14 de mayo de este año, un incremento de más de un 848% en apenas cinco años.
Por otro lado, los expertos están vaticinando que esta tendencia irá in crescendo. Según los últimos datos de la OCDE el principal factor que está detrás del aumento de la inflación en las economías avanzadas en los últimos meses ha sido el encarecimiento de la energía, con la electricidad como locomotora. Se espera, por lo tanto, que el mercado de los derechos del carbono sean una nueva burbuja especulativa financiera sobre la que construir enormes pelotazos económicos de grandes empresas y fondos de inversión, todo revestido de fines ecologistas de sostenibilidad. El greenwashing en estado puro de un capitalismo que por sus contradicciones productivas no puede ofrecernos un futuro ecológico viable. Mientras, las eléctricas irán pasando todo ese coste de las emisiones de dióxido de carbono a los consumidores finales y para ello, sin duda, cuentan con la complicidad de los gobiernos, en este caso claramente como se ha visto con esta reforma con el Gobierno “progresista”.
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De hecho y aunque parezca paradójico, lejos de poner en dificultades este encarecimiento de la producción de CO2 que tienen las compañías eléctricas en el Estado español, éstas se encuentran entre las grandes beneficiadas en sus cuentas de resultados por todo el proceso de sobrecostes. Según datos de la Red Eléctrica de España (REE), durante estos últimos días sobre el 85% de la electricidad generada y consumida en el Estado español estaba exenta de CO2, incluida la generación nuclear e hidroeléctrica altamente remunerada, pero al basarse la fijación del precio en el coste marginal, logra que las tecnologías más limpias -sin emisones de CO2 en su producción- disfruten de un sobreprecio muy por encima del coste de generación, dejando un margen estratosférico de beneficios para ellos por la electricidad producida. Si en esas condiciones les resulta muy rentable producir electricidad a las que emiten CO2 a mansalva en la atmósfera, pensemos cuánto pueden ganar las que están libres de pagar ese coste y que, no obstante, lo cobran igualmente. No hay más que ver los datos de los beneficios obtenidos por empresas del sector eléctrico: Endesa que solo en el primer trimestre de este año ganó 491 millones netos y sin embargo ha hecho una petición de 23.300 millones a los fondos europeos anticovid. O Iberdrola que obtuvo beneficios de 1.025 millones de euros también durante el primer trimestre de este año.
Lo cierto es que en el Estado español la energía ha sido bastante más cara históricamente que en el resto de Europa, lo que es consecuencia del fuerte lobby monopolístico que han ejercido las grandes compañías eléctricas y que para nada han puesto freno desde el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Porque estas grandes multinacionales se encuentran ligadas mediante uno y mil lazos con la casta política del Régimen del 78, solo hace falta recordar el fuerte papel de las denominadas “puertas giratorias” y que han llevado a que un gran número de los cargos políticos más elevados, sobre todo presidentes de gobierno y ministros, se encuentren una vez abandonado el cargo a sueldo de muchas de estas compañías.
Por ello, y es una de las razones de que sea más cara, la tarifa eléctrica viene determinada por el precio marginal, el último que entra en el régimen de subastas que lo regula, y que suele proceder casi siempre de las centrales denominadas de ciclo combinado que son las que tienen el precio más caro de la electricidad. Así, primero entran en el mercado de subastas las más baratas que suelen ser las renovables -eólica, solar e hidroeléctrica-, después lo hace la nuclear y, por último, como decíamos las de ciclo combinado y carbón, que siendo las últimas que entran determinan el precio final marginal que fija el coste del kilovatio hora. Así se ven beneficiados de un sobreprecio las que producen la electricidad más barata, disfrutando de lo que se ha denominado muy gráficamente que obtienen los llamados: “beneficios caídos del cielo”.
Las nuevas tarifas de la luz un auténtico galimatías y engañifa del Gobierno “progresista”
Lo primero que llama la atención de la reforma tarifaria puesta en marcha por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos es que no tratan de penalizar el consumo superfluo, ni por asomo, o de incrementar el coste a partir de ciertos niveles de consumo eléctrico, algo que castigaría más a los más potentados económicamente. Sino que, por el contrario, se traslada la idea de que no importa lo que consumas, siempre que lo hagas en horas denominadas “valle”, las más baratas, algo desde luego nada ecológico ni sostenible y que no tiene por qué reducir el consumo en absoluto de las energías más contaminantes. Que se supone es la justificación de todo esto, puesto que el incremento del precio de la electricidad es consecuencia, sobre todo, del incremento actual y futuro de la emisión de CO2.
Sin embargo, el ahorro en la factura, es más bien una entelequia según han denunciado las asociaciones de consumidores más importantes y poco sospechosas de “izquierdistas” (en muchos casos están muy ligadas a todo tipo de ayudas y subvenciones al poder). Primero porque afectaría a unos 11 millones de hogares que están acogidos a la tarifa regulada. El resto, aproximadamente, 17 millones, que están en el mercado libre, al que muchos han sido empujados por las compañías con las trampas más arteras, depende de lo que puedan negociar directamente con ellas. Aunque entre ellos hay 9,5 millones no tienen discriminación horaria y los demás sí, pero no tienen porque las compañías ofrecer precios distintos a los que tienen acordados en el mercado libre, aunque tengan discriminación horaria actualmente y por ello, esto no les afectará.
La reforma tarifaria, pues afecta, básicamente a los consumidores con una potencia por debajo de los 15 kW pasará a tener una tarifa en función de tres bloques horarios -punta, llano y valle-, pagando así la luz según la hora del día en que se encuadre dentro de estas definiciones. Los cálculos de abaratamiento según el regulador son de que puede alcanzar hasta un 95% más barato en las horas valle y cambiar de hábitos, así lo llaman a tener que cocinar o poner la lavadora de madrugada.
La OCU y FACUA han señalado, sin embargo, que estas tarifas perjudican al pequeño consumidor y benefician a los grandes, y a las compañías eléctricas al establecer que quienes soportan los costes fijos de la baja tensión, los que no dependen del consumo, en un 75% de su coste, serán los usuarios. Las compañías eléctricas en consecuencia solo cubrirán el 25% de esos costes, un reparto nada proporcionado y que beneficia claramente el negocio eléctrico. Pero como señala FACUA, obligar a desplazar el consumo a la madrugada es denigrante para los consumidores más vulnerables y es “hacer responsable al consumidor de si su factura es cara o porque no ha planchado o puesto los electrodomésticos en los horarios más económicos”. Por otra parte, las reducciones serán en función de las tarifas de unos horarios sobre otros, pero ante la subida de la energía eléctrica no protegen porque también le afectarán las subidas. Y como decíamos el incremento depende del coste de las emisiones de CO2 en un mercado especulativo en ascenso, y de los sobrecostes, las compensaciones a las eléctricas por el llamado déficit tarifario, los costes fijos de la factura y la forma en la que se fijan los precios en el Estado español con el precio marginal de la última entrada de energía que es la más cara siempre.
Otros factores como la calidad de los electrodomésticos -más caros cuanto más eficientes son energéticamente-, la capacidad por horarios de trabajo o incluso agotamiento físico de los trabajos más penosos, ruidos en domicilios, etc., harán más difícil a las y los trabajadores poder realizar el gasto centrado en las horas valle que son de madrugada y de fines de semana y festivos nacionales exclusivamente. Por no hablar de quiénes precisamente trabajan en las horas y días valle, festivos incluidos.
La promesa del PSOE y Unidas Podemos era fijar precios más bajos para los primeros kWh de energía consumida, y no esta farsa del tramo por horarios. La única solución real al problema de la subida de la factura de la luz para millones que ven cada día más dificultades para hacer frente al pago de los suministros de energía básicos pasa por la nacionalización de todas las compañías eléctricas y de toda la producción energética, sin indemnización y bajo control de los trabajadores y usuarios.
EL debate ya está abierto. Hace falta imponer a los sindicatos un plan de lucha que aglutine en los barrios, en los centros de trabajo y lugares de estudio a todos los sectores afectados sobre la base de asambleas, sin esperar nada del Gobierno social liberal del PSOE y Unidas Podemos.
