Togas y uniformes

Señala la Constitución en su artículo 25.2 que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Aparte de que cualquier persona que haya pisado la cárcel sabe que ello es falso, y que se trata de una más de las afirmaciones cosméticas del texto de 1978, dicha aspiración (la reinserción y reeducación) quiebra necesariamente ante conductas de motivación sociopolítica.

¿Qué clase de reeducación necesitan las 6 de La Suiza, que fueron condenadas en su día por efectuar una protesta obrera y sindical? ¿Tal vez deben mostrar cristiano arrepentimiento y afirmar públicamente que, a partir de ahora, iban a hacer como Franco, no meterse en política?

Pero, incluso ciñéndonos a los delitos contra la propiedad privada, que es lo que más parece preocupar al poder, el sistema represivo y judicial está configurado como una ley del Talión institucionalizada, centrándose en el castigo toda vez que este sistema no tiene mucho que ofrecer en materia de reinserción a quien roba una gallina (¿Trabajar en una ETT?).

El papel de jueces y magistrados en el engranaje del sistema les configura como garantes del statu quo, de tal modo que sus togas se transmutan en uniformes que revelan su papel en un escenario institucional que es, a mayor abundamiento, el resultado de un acuerdo alcanzado en su día entre la jerarquía del régimen franquista y opositores que aspiraban a su parte de pastel, es el llamado “régimen de 1978”.

Como metafóricamente han expresado algunos autores, la gangrena se ha extendido ya por todo el sistema, y a pesar de que los autores del pacto de entonces que dio origen a la llamada Transición se aferran a aquel “espíritu de reconciliación” que dio origen al actual régimen político en el Estado español, una de las principales leyendas que componen el conjunto de mitos, bulos y pactos de silencio de ese periodo.

Si el conjunto está en crisis en cuanto a su credibilidad, el papel de la magistratura, que es heredera directa del más rampante franquismo, está en entredicho en cuanto a su propia legitimidad, y no me estoy refiriendo a actuaciones judiciales más o menos adversas para el actual gobierno, sino en cuanto a su legitimidad con mayúsculas, derivada de su actuación de defensa del sistema capitalista y de los oligarcas.

Se puede afirmar que el descontento de quienes desde las preocupaciones populares (vivienda, trabajo, libertad de expresión…) acuden a juzgados y tribunales no ha desembocado de momento en estallidos sociales, pero se produce una creciente desafección que tiene una importancia potencial no desdeñable, de pasar a la impugnación del propio sistema.

Al desprenderse de su aureola, el llamado poder judicial se visibiliza como una parte decisiva del aparato represivo del Estado, como un amortiguador de las tensiones sociales propias de un sistema económico injusto, y en suma como el defensor de los privilegios de la minoría poderosa, a quienes la justicia si ampara.

Para una mayoría de la población y especialmente esos dos tercios que no pudo participar en el referéndum constitucional de 1978, bien porque no tenían edad para hacerlo, bien porque no habían nacido, se está viendo el engaño y se percibe claramente el olor a podrido. Porque el cuestionamiento de la actuación judicial lo es de todo el sistema.

No debería recordarse que tanto para los descendientes de aquellas élites franquistas más conscientes de la necesidad de transformar el régimen en una democracia parlamentaria equiparable, supuestamente, a la de los países de nuestro entorno, pero al fin y al cabo democracia vigilada, como para los herederos de esos opositores que firmaron los acuerdos con aquellos, las críticas a las actuaciones judiciales no dejan de ser discrepancias puntuales dentro de una defensa cerrada de la institucionalidad.

Porque (no vamos a hablar de siglas), la discrepancia no está entre jueces cómplices del gobierno y magistrados afines a la oposición, sino entre juzgadores que defienden los privilegios de la oligarquía y sus servidores y aquellos que sufrimos la aplicación de esa Ley del Talión por haber osado ejercer una protesta social frente a un problema laboral, un desahucio, contar unos chistes, cantar unas canciones críticas con el sistema, etc.

En cualquier caso, no todo va a ser malas noticias: La Audiencia Nacional absuelve a todas las personas imputadas por el recibimiento a Ibai Aginaga, tras ser éste excarcelado, en Berango (Bizkaia). El propio procesamiento de estas personas, cuando se ensalza impunemente en nuestras calles el golpe de estado del 18 de julio de 1936, ya era un ejemplo de lo anteriormente escrito.

Francisco García Cediel.