Tortura y medios de comunicación

En su examen, de forma contundente y concisa, el Comité identifica varios elementos que evidencian un incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Referente a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Comité “…observa con preocupación que continúan denunciándose casos de tortura y que el Estado parte no parece haber elaborado una estrategia global, ni haber tomado medidas suficientes para asegurar la erradicación definitiva de esta práctica. El Estado parte todavía no ha adoptado un mecanismo eficaz de prevención de la tortura, a pesar de las recomendaciones en este sentido de diferentes órganos y expertos internacionales (art. 7). El Estado parte debe acelerar el proceso de adopción de un mecanismo nacional de prevención de la tortura, conforme a lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, teniendo en cuenta las recomendaciones de los diferentes órganos y expertos internacionales, la opinión de la sociedad civil y de todas las organizaciones no gubernamentales que luchan contra la tortura”.

Silencio absoluto

Pese a las grandilocuentes declaraciones de los representantes del Estado sobre su compromiso (no olvidemos que en los próximos días se presentará en público el ‘Plan Nacional de Derechos Humanos’), nada ha dicho el Gobierno español al respecto. Ha mantenido un absoluto silencio. Está dejando pasar el tiempo a la espera de que se olvide el informe y no hará nada que pueda desatar un escándalo. En esta labor de silenciamiento y ocultación de la información cuenta con el apoyo, más o menos explícito, de la mayoría de las fuerzas políticas del Estado y de los grandes medios de comunicación que, literalmente, no hablan del informe. Éste es un hecho que tendría que hacernos reflexionar sobre la calidad informativa en nuestro Estado. Hace unos años, los diferentes gobiernos españoles, y con ellos los medios de comunicación mayoritarios, reaccionaban virulentamente, con negaciones y descalificaciones, frente a cualquier informe que osase cuestionar la verdad oficial: “En España no hay tortura”, ya fueran organizaciones internacionales (como Amnistía Internacional o Human Rights Watch) como instituciones de Naciones Unidas o del Consejo de Europa. Por poner un ejemplo, recordemos la reacción ante el informe de 2003 de Theo van Boven, ex relator especial de la ONU para la Cuestión de la Tortura, y su ratificación tras su visita al Estado en octubre de ese año. Estas campañas de desprestigio no solamente no impidieron que los siguientes informes fuesen menos críticos sino que, al contrario, cuestionaron la credibilidad de los gobiernos y medios que así reaccionaban, por ello, unos y otros, el Gobierno y los medios mayoritarios, han cambiado de táctica: cualquier informe que afirme o insinúe que en España se practica la tortura, siquiera sea por no negarla rotundamente, será ignorado… o lo que es peor, manipulado, de forma que se sacarán de contexto determinadas frases que harán irreconocible el informe original. Esto, que ya ocurrió con las Conclusiones Preliminares del Relator Especial de ONU sobre los Derechos Humanos y la Lucha contra el Terrorismo, publicado en mayo de 2008, ha vuelto a suceder con el nuevo informe del Comité de DD HH de la ONU. Sólo algunos medios en Euskal Herria y los medios alternativos (escritos como Triangle o Diagonal, o electrónicos como La Haine, Kaosenlared, Rebelión, etc.) se hicieron eco del informe. Los grandes grupos mediáticos no han publicado absolutamente nada.

* Jorge del Cura pertenece al Centro de Documentación contra la Tortura

Artículo extraído del Diagonal