Trabajadores de RTVE denuncian contrataciones indiscriminadas de personal próximo al Partido Socialista y al Grupo PRISA

El "lío" en Televisión Española está servido. Ayer los empleados de RTVE debían decidir en referéndum si aprueban o no el Plan de "Saneamiento" que ha propuesto la SEPI de acuerdo con los sindicatos mayoritarios. Un plan que supone, como siempre que entran en juego CC OO y UGT, el despido de entre 4.000 y 4.200 trabajadores del Ente Público que dirige Carmen Caffarel. Los empleados denuncian, sin embargo, que la empresa está practicando contrataciones indiscriminadas de personal próximo al partido en el Gobierno.

Fuentes de los trabajadores afectados por el Plan de despidos señalaron a este diario que "todas las semanas se producen nuevos contratos, incluso en agosto hubo nuevas incorporaciones, a veces para programas que van a acabar dentro de tres meses". Nadie es capaz de cuantificar el número de nuevas contrataciones, pero estas fuentes hablan de hasta doce incorporaciones a la semana.

De hecho, incluso dentro del Plan de despidos, la empresa se ha reservado el derecho de decidir sobre un 3% de los empleados afectados por el Plan a los que mantendrá en su puesto por considerarlos imprescindibles, "y ya sabemos que en ese 3% estarán los amigos de la Dirección". Además, la Dirección negocia con los nuevos contratados el pase a fijos de, al menos, unos setecientos trabajadores, "muchos de ellos sin la titulación adecuada", denuncian estas fuentes.

Se habla de periodistas "fichados" en la Cadena SER que ahora pasarían a presentar informativos emblemáticos de la casa como La 2 Noticias, y es que según estas fuentes el desembarco de profesionales hasta ahora a las órdenes del Grupo PRISA se va a hacer notar en los próximos meses. Una operación con la que la Dirección pretendería sustituir a los empleados que van a echar por otros "más próximos al poder", como ya ocurrió cuando el PSOE ganó las elecciones del 82.

El personal afectado por el Plan de despidos está dispuesto, sin embargo, a llevar el asunto a los tribunales si no se llega a un acuerdo al margen de los sindicatos pattronales, CCOO y UGT, que desde el primer momento han declinado defender los intereses del grupo mayoritario de trabajadores que se opone al Plan de despidos. El miércoles se presentó un informe jurídico que califica de "ilegal" y "discriminatorio" el Plan de la SEPI.