Vivir en las afueras del derecho a la vivienda

Más de 33.000 personas viven en situación de sinhogarismo, 8.000 en situación de calle, sin acceso a ningún servicio. Muchas más, 4,5 millones enfrentan exclusión residencial, es decir, no consiguen acceder a una vivienda asequible. Son datos del Observatorio de vivienda asequible que la asociación Provivienda creó con el objetivo de monitorear el acceso a la vivienda facilitando datos a los que no siempre resulta fácil acceder. “Es la primera herramienta en la que intentamos centralizar toda la información relativa a vivienda, exclusión residencial, vivienda asequible que existe en nuestro país”, explica Andrea Jarabo, responsable de comunicación e incidencia de la organización. Lo que se persigue es hacer accesible este panorama sobre una problemática central en el estado, a personas no expertas, grupos políticos, administraciones o medios de comunicación.

El observatorio busca, en palabras de Jarabo, “centralizar toda la información relativa a vivienda asequible y a exclusión residencial en un mismo portal”. Los últimos datos presentados ofrecen un escenario poco alentador: mientras los desahucios aumentaron en un 71% —llegando a 41.359— en 2021, afectando la mayoría —un 70’1%— a viviendas de alquiler, España arrastra la problemática de ser uno de los estados con menos parque de vivienda social —solo un 2,5%, frente a la media europea de 9,3%. El precio de la vivienda ha subido un 12,6%, respecto al año 2020, un contexto en el que los alquileres no han dejado de subir, absorbiendo gran parte de los ingresos de las familias. Se estima que la media de alquiler absorbe el 64,1% del salario mínimo interprofesional en la Comunidad de Madrid, una de las comunidades autónomas donde más ha subido el precio del alquiler. En este marco, a penas el 16’75% de las personas jóvenes consiguen emanciparse, el dato más bajo desde 1998.

Las dificultades para acceder a una vivienda asequible no afectan a todo el mundo por igual, Jarabo se muestra prudente a la hora de desarrollar qué factores influyen en la exclusión. “Cuando hablas de factores de exclusión se tiende a hacer a veces en los medios de comunicación una caracterización que puede ser incluso aporafóbica o discriminatoria sobre determinados colectivos o determinadas personas”, alerta. Hecha la aclaración desde Provivienda sí identifican colectivos a los que afecta especialmente esta problemática: mujeres, familias monoparentales —en concreto el 22% de estas familias, muy por encima de las estadísticas generales— jóvenes, o personas migrantes, más dependientes del mercado de alquiler y que a menudo se enfrentan a discriminación, y en general quienes tienen menos ingresos, desarrolla Jarabo quien aboga por una perspectiva interseccional. Ya en su informe sobre vivienda de 2020 La red europea de lucha contra la pobreza en España (EAPN) alertaba sobre cómo “las familias con menos ingresos son aquellas que tienen que hacer un mayor esfuerzo en el pago de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, destinando en ambos regímenes de tenencia casi un 50% de sus ingresos”.

El observatorio también pretende hacer seguimiento de las políticas públicas enfocadas a combatir la exclusión residencial para ello han hecho un esfuerzo en aportar indicadores que sirvan para estructurar esta fiscalización, pues consideran que la administración española adolece de este tipo de herramientas para evaluar el avance en derechos. Jarabo considera que tanto la exclusión social como el sin hogarismo deberían tener mayor cabida en la legislación relativa a la vivienda: “Aunque en la Ley de vivienda se ha incorporado, por ejemplo, una definición de sinhogarismo, falta avanzar en ese aspecto”. En cuanto a políticas públicas Provivienda trabaja en alianza con Hogar Sí para combatir el sinhogarismo, para el que reclaman esfuerzos concretos desde la administración.

Anuncio de una inmobiliaria en una calle del barrio de Tetuán, Madrid.

Primero, la vivienda

El pasado 9 de septiembre, Hogar Sí y Provivienda presentaban en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dos iniciativas enfocadas a responder al sin hogarismo: los proyectos Derechos a vivienda y H4y futuro. Ambas propuestas están orientadas a un objetivo común, la desinstitucionalización de las personas que se encuentran en situación de calle. La experiencia conjunta en el modelo Housing First, que se basa en un enfoque puesto ya en práctica en países como Finlandia, Reino Unido, Canadá, o Estados Unidos, explica Enrique Martínez Canteros, responsable de innovación social en Hogar Sí, invita a desplazar los esfuerzos de las administraciones del enfoque de emergencia, a un enfoque basado en derechos. “Lo primero que tenemos que satisfacer es el derecho a la vivienda. Y una vez que la persona puede ejercer ese derecho a la vivienda, descubrimos que de forma libre y autónoma puede ir solicitando otros servicios que le llevan a cubrir otros derechos, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la salud o a poder alcanzar o a tener un trabajo digno”, apunta.

Los proyectos piloto, enfocados a tres años, están financiados en el marco de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Responden a una convocatoria del Ministerio liderado por Ione Belarra que llamaba a proponer iniciativas de innovación social. “Es lo que estamos haciendo aquí, un proyecto de innovación social, pues supone un nuevo sistema de cuidados basados en la idea de la desinstitucionalización”, sintetiza Martínez Cantero. Para ello involucrarán a 12 administraciones públicas, cuatro de carácter regional —Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia— enumeran desde Hogar Sí, y ocho corporaciones locales —los ayuntamientos de Sevilla, Murcia, Cartagena, Gijón, Avilés y el Consejo Insular de Mallorca.

Con el proyecto Derechos a vivienda, las entidades en colaboración con la administración esperan facilitar viviendas a 1289 personas. Por su parte, el proyecto H4y futuro —en el que participan el Ayuntamiento de Madrid y el Consell de Mallorca —está enfocado a juventud y mujeres. Las organizaciones esperan que a través de esta iniciativa, y una transmisión de conocimiento respecto al enfoque Housing First que incluye la capacitación de cientos de profesionales que asumirían la continuidad de estas políticas una vez concluida la fase piloto, la administración cambie de paradigma. Explica Martínez Cantero que la propuesta aborda un problema que las organizaciones vienen tiempo identificando: las personas sin hogar que son institucionalizadas no consiguen salir del sistema. Ante este diagnóstico, desde la innovación social, lo que procede es “definir un proyecto, un proceso, unos procedimientos, un modelo que intervenga en esta situación de una forma diferente”. La idea es ponerlo en práctica y evaluar si estos pilotos son eficaces y eficientes y a partir de ahí escalarlos “a nivel de política pública general”. La iniciativa también tiene una línea preventiva y además de enfocarse en personas ya institucionalizadas, buscará integrar a población que esté recientemente en situación de sinhogarismo.

Desde Provivienda se reafirman en apostar por este enfoque, haciendo referencia a su propia experienca a partir del proyecto Habitat, cuya evaluación mostró que quienes habían tenido acceso a una vivienda habían logrado acceder a otros derechos como el derecho a la salud o a un trabajo digno, frente a las personas que permanecían institucionalizadas en otros recursos: “tradicionalmente, a las personas sin hogar se les ha atendido en grandes centros, colectivos, albergues… lo que hemos demostrado a lo largo de estos años es que las iniciativas centradas en la vivienda muestran que es posible erradicar el sin hogarismo”, concluye Jarabo.

El Salto