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11/12/2018 :: Argentina, Argentina

Ajuste a palos

x Mario Hernández
Efectivos de la Gendarmería ingresaron ayer al predio donde estudiantes y profesores mantenían una toma pacífica

En la sede del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), en un conflicto que ya lleva tres meses de duración en el marco del plan de lucha definido por las universidades nacionales contra el ajuste del gobierno de Mauricio Macri. La Gendarmería desalojó violentamente con balas de gomas, gases lacrimógenos y camiones hidrantes el lugar. Señalan como responsable de la orden de desalojo al juez federal Hugo Greca. Hubo 11 personas detenidas que luego fueron liberadas. El hecho, producto de la denuncia penal del rector Juan Carlos del Bello, se concretó en el Día Internacional de los Derechos Humanos y a 35 años de la recuperación de la democracia en la Argentina.
"Si hay alguien que no quiere que haya desbordes o estallido social, somos nosotros porque la historia demuestra que en la mayoría de esos hechos los muertos son nuestros", sostuvo Esteban "Gringo" Castro, uno de los referentes de la CTEP.
"El Gobierno tiene que resolver los problemas y dejar de plantear problemas relacionados a la seguridad, cuando el tema es el saqueo que se está generando en nuestro país", añadió.
Castro cuestionó el nuevo protocolo del accionar de las fuerzas de Seguridad y consideró que "el Gobierno se quedó sin discurso".
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) afirmó que "un ajuste de estas características, convertido ya en un saqueo nacional, solamente se podía tolerar con mayor represión".
El mismo día en que Unicef publicó su informe sobre "Pobreza Monetaria y Privaciones no Monetarias en la Argentina", que reveló que el 48% de los niños vive en situación de pobreza, un abrumador operativo protagonizado por la Infantería de la Policía de la Ciudad intentó impedir el acampe que pretendían realizar unos 15.000 desocupados organizados en una veintena de organizaciones sociales, en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. La medida se replicó en 19 provincias del país.
La disputa frente a la cartera liderada por Carolina Stanley empalmó con la resolución del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, tendiente a flexibilizar las atribuciones de los agentes policiales para el uso de armas de fuego. Toda una orientación de reforzamiento del aparato represivo que el gobierno apuesta a capitalizar en el plano electoral pero que no alcanza para ocultar la profundidad de la crisis social.
Eduardo Belliboni, vocero del Polo Obrero, denunció que "nos impiden manifestarnos. El Cuerpo de motos ingresó a nuestras columnas y golpeó a nuestras compañeras y tiró gas pimienta. Con este brutal operativo nos quieren impedir que nos manifestemos y que nos reunamos con nuestros compañeros que están en el Ministerio, donde vamos a reclamar por la situación de los planes sociales".
Luego de varias horas en el lugar, cerca de las 20:00 los manifestantes comenzaron a caminar hacia la estación de trasbordo ubicada en Constitución para tomar el subte y acercarse al Ministerio. Entonces los efectivos se trasladaron a la estación para impedirlo. Esa militarización provocó la interrupción del subte y, con ello, la bronca de miles de usuarios en el final de la jornada laboral.
No obstante, el acampe se instaló de cualquier manera y las organizaciones se retiraron 20 horas después, una vez que funcionarios sugirieron la posibilidad de tratar alguno de los puntos exigidos en una reunión para esta semana.
Finalmente, el Gobierno pagará el bono de fin de año para beneficiarios de planes sociales. Será de 3.000 pesos, la mitad de lo que actualmente reciben mensualmente. Alcanza a unas 450.000 personas  que reciben el Salario Social Complementario y el programa Hacemos Futuro y otros planes menores. Sin embargo, desde las organizaciones sociales sostienen que ya estaba acordado un extra de 1.000 pesos.
El jueves, efectivos de la Policía bonaerense reprimieron a los trabajadores de la planta dos de la avícola Cresta Roja. Desde hace dos semanas, los trabajadores despedidos a los que la nueva gestión de Tres Arroyos prometió reincorporación, protestan en las puertas de la planta dos, ubicada en avenida Fair al 2800, partido de Esteban Echeverría.
La CTA-A expresó su más profundo repudio a la resolución 61156527 del Ministerio de Seguridad firmada por su titular, Patricia Bullrich, que autoriza a las fuerzas federales que se encuentran bajo su órbita al uso de armas de fuego en "caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves".
Esta decisión, firmada el lunes 26 de noviembre, no fue publicada en el Boletín Oficial lo que constituye un deliberado intento de ocultar a la población esta medida que representa una franca amenaza para las organizaciones populares y la ciudadanía en general. El empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas ha tenido en la historia argentina un desenlace trágico y ha significado para nuestro pueblo pérdida de vidas que el gobierno de Macri parece querer volver a reeditar.

Metalúrgicos

Trabajadores de Tenaris - SIAT (Techint) realizaron un corte y asamblea en Villa Constitución, ante la pretensión de la patronal de reducir el 30% del plantel, aplicando una flexibilización laboral de facto y por adeudarse el premio que debía abonarse en noviembre.
Norberto Tedesco, Delegado de Comité Mixto de Tenaris y de la UOM Villa Constitución contó que la pretensión es "cubrir con un obrero máquinas donde hoy hay dos, por lo que la seguridad no les importa". De hecho, hay sectores como mantenimiento donde ya no se están cubriendo puestos por lo que los referentes gremiales consideraron que "no podemos negociar nada con quien ya está aplicando el plan de hecho".
"En noviembre debían pagar premio por productividad. Cuando en abril pagaron la primera mitad en Campana a nosotros nos dieron el 70%. Y lo que debíamos cobrar en noviembre dicen que no lo pueden pagar. Quieren negociar los puestos que piensan que cederíamos por el premio", denunció.
En Acindar en tanto, el lunes habrá paro en el marco del rechazo a la propuesta salarial de la Cámara del sector, que consideraron insuficiente, por tratarse de una suma de $2.500 en noviembre y diciembre, más un 9% dividido en tres cuotas iguales no acumulativas de enero a marzo de 2019.
Los trabajadores de Siam cortaron el cruce de Corrientes y Callao, en el centro porteño, y difundieron una carta a María Eugenia Vidal para reclamarle que intervenga ante los despidos. El planteo está fundado en que la empresa compró la planta de Avellaneda al Estado -que la había expropiado- por un precio menor al de mercado, con el compromiso de mantener y aumentar las fuentes de empleo. El acuerdo firmado en 2012 estableció que además de no despedir, la firma llevaría a la planta a 350 operarios en 2015 y 600 en 2016. Los operarios denunciaron que hoy, dentro de la fábrica, sólo quedan 60 personas.
El reclamo es por 20 cesanteados con la última tanda de telegramas, aunque en estos cuatro meses pasados los despidos acumulados suman según las fuentes gremiales 165 casos.
"La conciliación obligatoria está por terminar y no vemos una voluntad de reincorporarnos", dijo Luciano Flores. El despedido contó que para este lunes la empresa -Pilisar S.A- fue citada a una nueva reunión conciliatoria por el Ministerio de Trabajo de Avellaneda, pero que no tienen demasiada expectativa de una resolución porque los representantes de la firma no concurrieron a las dos últimas citas.
La compañía debió retrotraer los despidos con el dictado de la conciliación obligatoria, el mes pasado. Sin embargo, de inmediato licenció a los reincorporados, con lo que ninguno pudo retomar su labor. Por este motivo retomaron el acampe. El desalojo de la semana pasada funcionó como una segunda ofensiva para mantenerlos lejos de la fábrica.
Otra medida que apuntó a reinstalar la presencia de los despidos frente a la fábrica fue un festival convocado para la tarde del viernes.
Desde la UOM-San Nicolás, el responsable de prensa Fabián Gigli remarcó la difícil situación que atraviesan dos empresas radicadas en San Nicolás, la planta de Motomel y la fábrica de llantas Protto. Con respecto a la primera, explicó que la venta de motos no mejoró con el cambio de estación por lo que en esta primera semana de diciembre se paralizó la producción, con suspensiones para todo el personal.
En Motomel son más de 400 los operarios afectados y ya se cuentan en cientos los puestos de trabajo que se destruyeron en varias modalidades. Luego de estos 7 días de nula actividad, la producción se retomará en diciembre, mientras que en enero y febrero se dispondrán las vacaciones para todo el personal.
En el caso de la fábrica de llantas, Protto concretó la suspensión de todos los trabajadores en dos semanas de noviembre, mientras que esta semana se retomó la actividad con 50 trabajadores en planta. Ambas fábricas vienen intercalando suspensiones totales o parciales de sus trabajadores en lo que va del año, mientras los índices de producción y venta continúan a la baja.
En estos días cerró la metalmecánica Palagi Hermanos, una empresa de Temperley que empleaba a 30 trabajadores y tenía más de 70 años de trayectoria en el rubro.
Los trabajadores cortaron la avenida Almirante Brown al 4.000 en defensa de los puestos de trabajo, pero las perspectivas son inciertas.
Mientras tanto, la UOM  suspendió un paro el jueves pasado y seguirá negociando el lunes. Reclaman un 40% y que las patronales cumplan con el bono dispuesto por el Ejecutivo.

Privados

Los directivos de la empresa Ferrovías SAC, actual gerenciadora de los servicios del Ferrocarril Belgrano Norte, ha emitido cartas documento a 29 trabajadores notificándoles que "prescinden de sus servicios". Luego de concretar una reunión con los directivos de la Unión Ferroviaria, y tras no arribar a un acuerdo, la entidad gremial anunció un paro de actividades, por 24 horas, para el jueves 6 de diciembre.
Una asamblea general resolvió hacer activo el paro del 6, con una concentración a las 12:00 en la estación Boulogne. Los trabajadores del Belgrano Norte volvieron a reclamarle a la Directiva de la UF que profundice el plan de lucha con un paro nacional contra el ajuste en todo el ferrocarril. Asimismo, convocaron a que los ferroviarios de los demás ramales se solidaricen y en los próximos días se movilicen a la sede nacional del sindicato.
La empresa gráfica Interpack decidió despedir a 11 operarios. La decisión forma parte de lo que consideran un "vasto plan de reestructuración" que ya comenzó previamente a través de retiros voluntarios y desvinculaciones así como de jubilaciones que no fueron reemplazadas. Ante la última ofensiva los trabajadores resolvieron un paro de actividades y la ocupación de la planta 1.
Hasta recibir los telegramas o cartas documento confirmando los despidos que hasta el momento fueron informados de palabra, los empleados de Induspol -la última empresa que cerró sus puertas en Junín- se siguen nucleando al frente de la fábrica, ubicada sobre Ruta 7. Se trata de 37 operarios que quedan sin trabajo, tras la decisión de la patronal de cerrar las puertas el último día del mes de noviembre.
El call center más grande de Rosario que emplea a casi 1.000 trabajadores, BlueConnect, fue absorbido en un 100% por la multinacional de capitales españoles Grupo Konecta. Hay trabajadores de licencia a quienes no se les permitió firmar contrato y aún no saben qué pasará con su puesto de trabajo.
La Mesa Nacional sindical de trabajadores de Prensa de la Argentina (MNTP), las organizaciones gremiales que nuclean a los trabajadores Gráficos de imprenta y diarios (FGB y FATIDA), de Vendedores de diarios (SIVENDIA), los medios autogestionados y la Federación nacional que asocia a diarios y comunicadores cooperativos (FADICCRA), expresaron su rechazo a la media sanción ocurrida el jueves en la Cámara de Diputados de un proyecto que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional, en las sesiones extraordinarias del Congreso, para derogar el corazón de la Ley 26.736 que regula y declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.
"El proyecto presentado, por el diputado Diego Bossio -que ahora deberá ser tratado por el Senado de la Nación-, tiene la única finalidad de liberar el precio del insumo esencial para los medios gráficos del país y beneficiar al monopolio que Clarín y La Nación tienen como propietarios mayoritarios de Papel Prensa SA", explicaron.
"Si se concreta su aprobación en la Cámara Alta se dará otro golpe a la libertad de expresión y al derecho a la información de toda la sociedad, ya que desaparecerán y/o se achicarán más medios, incrementando la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector ocurrida en los últimos tres años", añadieron.
Las y los trabajadores de Radio Nacional Argentina representadxs por los Sindicatos y Federaciones que conforman la Mesa Nacional de Prensa, máximo órgano gremial que nuclea a la totalidad del personal periodístico organizado de todo el país, mandataron a la Mesa Nacional de Prensa a, entre otros puntos:
-Exigir la continuidad laboral de los trabajadorxs de la emisora así como el fin de la precarización laboral y, por lo tanto, el pase a planta permanente de todxs lxs contratados.
-Reiterar la exigencia de conformar con carácter de urgente la mesa paritaria en el ámbito de la Secretaría de Trabajo para definir el porcentaje de incremento salarial correspondiente al período 2018/2019.
- Resolver, en caso de ser desoído el reclamo, el inicio de las medidas gremiales de carácter sorpresivo resueltas en el presente plenario. Avanzar en la coordinación de tales acciones con el resto de los sectores.
La Asociación Bancaria emitió un duro comunicado de prensa advirtiendo los riesgos que genera la Comunicación A 6603/18 del BCRA que habilita las "corresponsalías bancarias", es decir que comercios o personas físicas puedan funcionar como pequeñas sucursales bancarias. "Profundiza la desregulación y desarticulación del sistema financiero nacional iniciado en 2015, en beneficio de los grandes conglomerados financieros", dispararon en el comunicado.
El balance que realizan los dirigentes de los principales gremios de la pesca es el mismo: el año que está por terminar fue uno de los más difíciles para el Puerto de Mar del Plata. A los cerca de 70 barcos que partieron al sur durante todo el invierno por la temporada del langostino, se le sumó una inflación acumulada que superó ampliamente los índices esperados y una zafra de caballa y anchoa, especies con las que se puede trabajar mientras se espera la merluza del verano, que no habría arrojado los mejores resultados.
Este combo configuró un escenario que podría desembocar en una ola de despidos para los trabajadores de todos los sectores y una profundización en la crisis de la actividad.
Más de 300 empresarios se reunieron frente al Congreso bajo la consigna "Ni una PyME menos" para reclamar por serie de medidas de emergencia para el sector. La intención fue poner en discusión una agenda propositiva y una legislación adecuada para hacer frente a las urgencias que atraviesan las pequeñas y medianas empresas a través de un documento elaborada por las ocho entidades convocantes. El punto central de las iniciativas, recibidas por un grupo de diputados, es evitar el cierre de 25 empresas por día y la pérdida de los puestos laborales.
Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018, 123.000 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo registrados. Así lo expresa un informe elaborado por el centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín.
Párrafo aparte merece el calamitoso comportamiento del empleo industrial. Es que "entre noviembre de 2015 y septiembre de 2018, 101.000 trabajadores industriales perdieron sus fuentes laborales".

Estatales

El banderazo convocado el viernes por los gremios mayoritarios de Aerolíneas Argentinas en el cumpleaños 68 de la línea de bandera, contó también con el apoyo de trabajadores de LATAM. El reclamo central fue en defensa de los puestos de trabajo y en contra del vaciamiento y las políticas de achique del Gobierno nacional, que intenta avanzar en el sueño macrista de privatizarla.
Las relaciones entre la empresa y los gremios vienen crispadas, con una paz social acordada antes del G20 después de varios días de paros. El mismo viernes la reunión con la empresa fracasó ya que no retrotrajeron las sanciones de las asambleas de noviembre, por lo que los gremios comunicaron que se trabaron de vuelta las negociaciones.
El macrismo, más allá de las declaraciones, sigue avanzando con su plan dando más rutas a las Low Cost en detrimento de Aerolíneas, habilitando que puedan volar pilotos extranjeros en las líneas aéreas nacionales, como último decreto que le siguió a la repudiable habilitación para que la PSA y la Fuerzas Aérea puedan realizar tareas de rampa por 30 días.
Los trabajadores del Astillero Río Santiago aprobaron por unanimidad la propuesta realizada por el Ejecutivo provincial conducido por María Eugenia Vidal, en la mesa paritaria, después de meses y meses de amedrentamientos contra los obreros. De esta manera, la totalidad de los trabajadores acordaron un aumento del 15% para diciembre con una suma fija de 7.300, también una suma fija de 4.100 pesos correspondiente a noviembre y el bono de 7.000 pesos de bolsillo que el gobierno otorgó a los trabajadores estatales. Además se aprobó el 20% para el año entrante en seis tramos con cláusula gatillo en el tramo julio-agosto, si la inflación supera el 16%, equiparando el porcentaje al índice de forma automática, se informó.
En la sede del Consejo de la Magistratura porteño el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  (SITRAJU - CABA - CGT); la Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA - CTA), el Colegio de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Colegio), y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MAFUCABA) se reunieron para hacer un análisis de la grave situación que atraviesa el Poder Judicial.
En medio de un clima de preocupación, redactaron un comunicado conjunto en donde denuncian los intentos del Ejecutivo de violar la independencia del Poder Judicial mediante el sometimiento de la cuestión salarial.
Con una paritaria que no alcanza la inflación medida por el IPC- CABA, rechazaron el 5% propuesto por el Consejo de la Magistratura y anunciaron un plan de lucha que incluyó un paro total, asambleas y una nueva medida de fuerza el viernes.
Una multitud de enfermeras y enfermeros se movilizaron el miércoles por la mañana para exigirle al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se los considere profesionales de la salud. Los trabajadores se concentraron sobre Calle Uspallata al 3.160, en las puertas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, desde las 10 de la mañana y marcharon hacia el Ministerio de Salud.
Trabajadores y dirigentes de ATE de las Fábricas Militares de Córdoba y Santa Fe realizaron una acción de visibilización en el Congreso Nacional, para que los diputados traten un Proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado, por la reincorporación de todos los despedidos y las despedidas en el organismo.
José Goroso, titular de ATE Villa María, aseguró que se trata de un "momento preocupante y de gran incertidumbre, porque los contratos de los compañeros contratados, que componen el 85% de la planta vencen ahora, es una situación que se repite, por el ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno de Macri, y en el caso de FM los personeros de Marcos Peña, el ex interventor Luis Riva y el que está ahora, Ricardo Casal, que siguen ajustando a los trabajadores, no nos dejan producir, vamos a un vaciamiento y nosotros creemos que su intención final es el cierre de FM"
Entre todas las fábricas en funcionamiento (Fray Luis Beltrán, Villa María, Río Tercero y Jáchal) hay 1.230 trabajadores  fabriqueros, de los cuales solo 150 son de planta permanente. El resto son contratados bajo el Art. 9° de la Ley de Contrato de Trabajo.
El sindicato municipal de Jujuy paró por 24 horas y salió a las rutas de la provincia exigiendo un bono de $ 15.000. Con la participación de más de 20 localidades del interior, el SEOM Jujuy tomó las rutas y en la capital marchó una multitud.
"No recibimos ni siquiera lo que le aumentan a los trabajadores estatales", afirmó Carlos "el Perro" Santillán. Si le aumentan un 5% nosotros recibimos un 3% y hay municipios en el interior y comisiones municipales que dadas las malas liquidaciones, no tienen distintos adicionales como tienen acá en Capital y como tienen los trabajadores estatales. Por ejemplo, están cobrando $7.000, $8.000 los de planta permanente"
"Tenemos cerca de 8.000 compañeros entre jornalizados, contratados y planta permanente que están bajo la línea del mínimo vital y móvil, entonces nosotros no podemos aceptar esta burla que hace el gobierno con los trabajadores", concluyó.
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, Sergio Juárez, con una resolución del juez habilitado en la quiebra, confirmó la caída de la venta del Ingenio la Esperanza (Jujuy). Juárez señaló que el lunes a las 18:00 mantendrán una reunión con el gobernador Gerardo Morales por la situación del Ingenio.
"Se hizo mucho daño a la empresa, hacia los trabajadores que pusieron todo este año, la voluntad, el trabajo, perdiendo algunos derechos laborales, como las paritarias 2017, 2018, con los sueldos que no fueron actualizados, no se pagaron las categorías, los adicionales, no tenemos ART, obra social, elementos de trabajo, como la ropa, la leche. El trabajador este año ha perdido porque decían que ya venía el grupo colombiano y no llegó y no llega", remarcó el dirigente azucarero.
"Estamos en diciembre y hace un año estábamos llorando porque llegaban las cartas de despido, las jubilaciones. Se nos fueron 600 trabajadores y decían que con esa merma iban a solucionar el tema de Ingenio La Esperanza", recordó Juárez.

Paritarias

Los paritarios de la Federación aceitera firmaron un acuerdo con los representantes patronales: llevaron el salario inicial de $ 25.000 en marzo de 2018 a $ 43.821,83 en enero de 2019, un 75,29% anual, con cláusula de revisión en el mes de julio. Además, recibirán una suma extraordinaria de $ 33.733.
El planteo de la organización se basó en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión".
"El mismo es parte fundamental de nuestra política gremial y fue reafirmado por las compañeras y compañeros de todo el país en el 68° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador realizado los días 21 y 22 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, quienes mandataron a la Federación a tomar las medidas de fuerza necesarias para su consecución", señalaron fuentes gremiales.
Camioneros confirmó un bono de 14.000 pesos que varias empresas ya firmaron. Para Pablo Moyano se trata de "un derecho adquirido". Le advirtió a la Cámara de la actividad que si no pagan "los van a encontrar en la calle".
La Federación de Trabajadores Químicos actualizó su paritaria y sumó un 13% de aumento de salario al 25% acordado a mitad de año con las empresas del sector. Según consignaron fuentes gremiales, a esa cifra hay que sumarle el bono de fin de año negociado con la CGT por el gobierno nacional de 5.000 pesos.
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se movilizó masivamente este lunes frente a la sede de negociación colectiva de la Secretaría de Trabajo de la Nación, ubicada en Avenida Callao 114, a metros del Congreso Nacional. Lo hizo en el marco del reclamo del 45 % de recomposición salarial con las empresas nucleadas en la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA). También adelantaron su rechazo a la intención manifiesta de la FENA de solo negociar salarios  a condición de que el gremio "acepte negociar su convenio 'a la baja''', lo que implica la entrega de derechos laborales", indicaron.
La Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contacto (ATACC), entidad sindical que nuclea a los trabajadores de call centers del país, anunció que sus representados recibirán un nuevo incremento salarial del 20%, con lo que alcanzarán un 45% acumulado correspondiente al Acuerdo Paritario 2018.
El incremento en el índice salarial toma como base marzo de 2018 y se extiende hasta el mismo mes del 2019. El gremio ya tenía acordado un 25% y en la reapertura de la negociación salarial consiguió un 20% adicional.
Este último incremento se pagará un 7% en enero, un 7% en febrero y el restante 6% en marzo, momento a partir del que se reiniciarán las negociaciones paritarias del 2019.
Entró en vigencia el 1º de diciembre el aumento del 5% que había acordado la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares junto a la cartera de Trabajo a través de la resolución 1/2018.
En esta se había oficializado el aumento del 25% a las empleadas domésticas que se aplicaría en 4 cuotas, la última a cobrar en marzo de 2019, en el que las sumas no son acumulativas. El acuerdo contempló un 12% de suba en julio, 5% en septiembre, 5% en diciembre y 3% en marzo de 2019. Además, una cláusula de revisión.
La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, anunció un bono de fin de año de 18.000 pesos para todos los empleados municipales, a pagarse en tres cuotas.
El Gobierno de la Ciudad convocó a los docentes a mesa salarial el viernes 7. Ante la convocatoria, desde Ademys plantearán la necesidad de un aumento de emergencia que equipare el salario docente a la canasta familiar. Asimismo, reiterarán los reclamos de actualización del salario familiar y eliminación del impuesto al salario, entre otros. También manifestarán las demandas de la comunidad educativa sobre el traslado de la Escuela de Cerámica 1, el cierre del lactario del Ramos Mejía, la Unicaba y la situación de falta de vacantes. Todas estas, diferentes expresiones del ajuste en educación.

Paro y movilización por Lucía

El miércoles, 5 de diciembre, se llevó a cabo un paro nacional de mujeres con movilización para reclamar justicia por Lucía Pérez y todas las víctimas de femicidios. El reclamo está puesto sobre la justicia patriarcal que en un fallo sin perspectiva de género absolvió a los acusados por el femicidio de Lucía (encontrándolos culpables por venta de drogas).
En todas las ciudades del país, el movimiento feminista de mujeres y disidentes se movilizó reclamando justicia. En la Ciudad de Buenos Aires, de Tribunales a Plaza de Mayo, miles engrosaron la columna encabezada por el colectivo "Ni Una Menos".
Siguiendo los datos relevados por el Observatorio "Ahora sí que nos ven" durante la gestión de Mauricio Macri, desde diciembre del 2015 a noviembre del 2018, se registró un total de 895 femicidios. En lo que va del año se registraron 260 femicidios.
Los datos reflejan una realidad que el gobierno no está dispuesto a afrontar, muy por el contrario, continúa recortando presupuesto para campañas, subsidios y planes para las víctimas de violencia de género. Los fondos que se destinan para erradicar la violencia son mínimos y las consecuencias son letales: una mujer es asesinada cada 30 horas.

Se despidió Triaca

El ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, escribió una carta de despedida al personal de la cartera laboral, recordó sus orígenes como funcionario menemista y destacó los "hitos" de su gestión. Aunque será recordado por el trabajo en negro, el nepotismo, la modificación del sistema de ART y el ataque al salario.
En su carta, Triaca asegura que "al inicio de la gestión, el presidente nos encomendó la responsabilidad de ser parte de la generación de un cambio que deje una huella y mejore la vida de los argentinos". Sin embargo, la huella de sus tres años está marcada por marcharse con un desempleo del 9,1 %, las paritarias a la baja, denuncias por tener empleadas sin registrar, fraudes millonarios a través del desvío de fondos de organizaciones sindicales intervenidas por su cartera como el SOMU o Vigiladores privados. También quedará su huella de nepotismo y transparencia cero, después de trascender la lista de familiares ubicados en cargos públicos entre los que se encuentra su esposa, sus dos hermanas y su cuñado.
También será recordado por ser un orgulloso impulsor y defensor de las modificaciones al Sistema de Riesgos del Trabajo, la ley 27.348 a la cual también hace una destacada referencia en su carta de despedida. Gracias a esas modificaciones se ufana de haber dotado al sistema de "mayor estabilidad" y de "disminuir la litigiosidad", lo que no es otra cosa que un mayor beneficio para los empresarios a costa de la salud y muerte de los trabajadores.

Crimen social

Este domingo una nena de 11 años murió en el incendio de un taller textil en la Ciudad de Buenos Aires. Por un problema eléctrico que aún no se pudo determinar, la casa se incendió con varias personas adentro. La madre pudo sacar a uno de los niños, pero el fuego no la dejó volver.
En varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires que gobierna Rodríguez Larreta siguen funcionando talleres textiles precarios. Algunos familiares, otros "cooperativos" y otros directamente dependientes de las grandes marcas. Más allá de algunas ferias populares, la mayoría de esas familias y jóvenes costureros inmigrantes trabajan para conocidas marcas. Como el caso de Cheeky, la cadena de indumentaria infantil propiedad de Juliana Awada, esposa de Mauricio Macri.
El hecho más impresionante fue el incendio de un taller en la calle Luis Viale, donde murieron cinco niños y una joven embarazada en 2006. En 2015 le siguió otro incendio en Flores, donde murieron Rodrigo y Rolando, dos nenes de 7 y 10 años. Ante el impacto de esos hechos, y el reclamo de distintas organizaciones, en la Ciudad se han reducido la cantidad de talleres clandestinos. Una parte de esa cadena de explotación y hacinamiento de miles de familias, sobre todo bolivianas, se ha trasladado a la Provincia de Buenos Aires. Pero otra permanece "oculta" en la gran Ciudad.
Estas condiciones no las garantizó solo Cambiemos. La industria textil ha sido una de las que más ha crecido durante el gobierno anterior, pero el 80 % lo hizo en estas condiciones, que hoy siguen siendo las mismas. La responsabilidad de los empresarios, pero también del Estado, es indudable. Como es indudable que se trata de otro crimen social del capitalismo: las brutales condiciones en que viven y trabajan millones de familias trabajadoras las condena a morir en tragedias como esta.
Los gremios que denuncian el ajuste y los movimientos de trabajadores cooperativistas, junto con la comunidad, tienen que convocar a medidas urgentes para terminar con estos crímenes brutales. Ni una muerte más por talleres clandestinos. "Basta de asesinatos laborales" presentará su informe anual sobre asesinatos laborales en Argentina 2018. La cita será el próximo viernes 14 de diciembre, desde las 18:00, en Ademys, Solís 823, CABA.

¿Respiro?

Según el consenso del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central, en noviembre la inflación sería de 2,9%. En diciembre se desaceleraría un poco más y daría en torno a 2,7% o 2,8%
La comparación de noviembre con septiembre-octubre resulta amigable. Era difícil que se mantuviera semejante nivel de precios en medio de una importante recesión. El bajo nivel del consumo, causado por la caída de 15% interanual en los salarios reales, aparece en el centro de las explicaciones, ya que no les permite a las empresas convalidar, por ahora, subas en sus precios finales.
Sus costos subieron con mucha más fuerza que las remarcaciones que lograron hacer, lo que se ve claro en unos precios mayoristas que crecieron 71,1% contra el 39,5% del IPC acumulado en el año.

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