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14/06/2018 :: Argentina, Argentina

Argentina: Ajuste a Fondo

x Mario Hernández
In Memoriam de María Zelaya

El lunes 4 al mediodía, organizaciones sociales se movilizaron solicitando subsidios provinciales de $ 700 (U$S 30) y alimentos para algunos cientos de personas que allí se encontraban.

Ricardo Escobar, taxista de 62 años, llegó a la esquina de la movilización y paró a algunos metros del cordón de seguridad. Se acercaron dos manifestantes para explicarle que por ahí no podría pasar, porque había familias movilizadas y niños jugando en el perímetro organizado. El taxista les dijo que eran unos “negros de mierda”, “vayan a trabajar” y algunas groserías más. Un compañero y María Zelaya le explicaron que estaban movilizados como cuando los taxistas se agrupan por sus reclamos. El taxista pisó el acelerador y atropelló a María Zelaya y dos compañeros más. La arrastró 4 metros. Frenó. Ella cayó del capot, perpendicular al auto, quedando tendida en el piso. El taxista aceleró pasándole a lo largo con las ruedas por el cuerpo y la cabeza, hasta desaparecer de la vista de los manifestantes. Dos compañeros lo corrieron en moto y lo detuvieron en un semáforo, hasta entregarlo a la policía que se encontraba en la esquina.

El gobierno de Mauricio Macri y el FMI acordaron un préstamo “Stand-By” de 50.000 millones de dólares, con una duración de tres años, en un claro espaldarazo del organismo a la política macrista y una señal a los mercados. A cambio del préstamo el FMI exigirá el cumplimiento de duras metas fiscales y de inflación: quita de subsidios, recorte de gastos en obras públicas y en salarios estatales (congelamiento de sueldos), achique en las transferencias a las provincias y que se avance con un ajuste en el sistema de la seguridad social.

Esto en un marco de fuerte caída del valor del peso, dólar e inflación en aumento, bajos salarios, recesión, y despidos masivos en el Estado y empresas privadas.

El relevamiento de las recomendaciones realizadas por el FMI a fines de 2017 en la supervisión del Artículo IV evidencia el interés del organismo por profundizar la reforma del sistema de la seguridad social. El Fondo propone definir un pilar no contributivo para adultos mayores de 65 años y otro contributivo, pero sin regímenes especiales. A su vez, “recomienda” una nueva modificación en la fórmula de actualización de las jubilaciones.

Aunque los cambios aprobados en diciembre llevan su firma, el organismo propone ahora que los reajustes trimestrales se produzcan en base a la inflación futura y no a la pasada. Las sugerencias previstas en el documento insisten con la universalización del aumento en la edad jubilatoria para las mujeres de 60 a 65 años. Además, buscan reducir los aportes personales y contribuciones patronales al 10 %.

En consonancia, el Gobierno dispuso conformar una comisión para revisar los regímenes especiales de jubilaciones, que permiten jubilarse con menos edad o establecen haberes diferenciados.

En cuanto a las metas inflacionarias, se acordó: una suba del 17% para 2019, 13% para 2020, y 9% para 2021.  Los antecedentes indican que estas metas son de difícil cumplimiento, en una Argentina donde la meta inflacionaria anual para 2018, que el gobierno estimaba era del 15%, estaría cercana al 28 o 30% , de acuerdo a diferentes consultoras privadas.

También se van a tomar medidas tendientes a “fortalecer la autonomía del Banco Central”: “dotar al BCRA de la autoridad para establecer las metas de inflación , con una anticipación de tres años, en consulta con el Ministerio de Hacienda”; “cero transferencias del BCRA al Tesoro”; “saneamiento de la hoja de balance del BCRA”, donde el Tesoro se compromete a emitir un programa de cancelación anticipada de Letras Intransferibles; y “se enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA que refuerce su autonomía”.

En cuanto a la reducción del gasto público: disminución de las metas del déficit fiscal primario (sin tomar en cuenta los pagos de deuda), un 2,7 % del PBI en 2018 (contra 3,2 % de las metas previas); 1,3 % en 2019 (antes era 2,2 %); 0 % en 2020 (contra 1,2 % previo) y superávit de 0,5 % en 2021 (contra 0 de antes). Lo que se omite en estas proyecciones es el aumento del déficit financiero (incluye intereses de la deuda) que varió del 3,9 % en 2015 al 5,5 % del PIB en 2017.

Los recortes al gasto no comenzaron con el anuncio del jueves. En medio de la disparada del dólar Dujovne y Caputo comunicaron la reducción de la meta del déficit fiscal para este año desde 3,2 a 2,7 % del PBI. Esto implicó una disminución de $ 30.000 millones en obra pública.

El afán del Gobierno por reducir el gasto se concentró en recortar los subsidios (tarifazos de los servicios públicos), despidos y salarios a la baja de los trabajadores estatales, mientras tuvo una merma en la recaudación por la reforma tributaria pro patronal, y la reducción de las retenciones a las exportaciones que favoreció al agro y a las mineras.

Un informe de Cifra advirtió que entre 2015 y 2017 “el ahorro de U$S 8.000 millones por la quita de subsidios fue compensado con U$S 9.200 millones que, o bien, se pagan a los acreedores, o bien, constituyen una transferencia de ingresos a los exportadores”.

El 1º de junio hubo un nuevo recorte del gasto. Así, el ministro de Hacienda junto a su par de Modernización, Andrés Ibarra, informaron de un “ahorro” de $ 20.000 millones en el Estado. Los funcionarios anunciaron que no habrá ingresos de personal en la Administración Pública durante 24 meses bajo cualquier tipo de modalidad y dejarán sin efecto los convenios por asistencia técnica con universidades nacionales a partir del 31 de diciembre. Bajo esta modalidad se estima que hay 7.000 personas contratadas y que serían desvinculadas a fin de año. También informaron que reducirán en un 30 % las horas extra, comidas y viáticos, un golpe al salario ya que muchos trabajadores estatales por las bajas remuneraciones trabajan más horas.

El veto presidencial al proyecto que limitaba los aumentos de las tarifas demostró que Cambiemos para cumplir las metas del FMI seguirá con la reducción de subsidios y los tarifazos.

El acuerdo incluye una “salvaguarda para ampliación del gasto social equivalente a 0,2 % del PBI”. Esta cláusula implica que pueden ampliar programas sociales. Migajas que acordaron el Fondo y el Gobierno ante la profundización del ajuste.

Para el economista Claudio Lozano la cantidad de dinero que entra al país lo hace sobre una base de controles para que “no sean simplemente una formalidad, no hay desembolso de dinero si no hay cumplimiento de las metas” .

“Con esto pretende disciplinar a la sociedad por un lado y centralmente al sistema político en un contexto en el cual el acuerdo de gobernabilidad que el Gobierno tenía le saltó por el aire en los últimos meses, a punto tal que tuvo un revés parlamentario con el proyecto de tarifas” , concluyó Lozano y remarcó que “sin duda alguna el escenario de conflictividad social de la Argentina se va a profundizar” .

Néstor Pitrola del FIT-PO afirmó: “los U$S 55.600 millones de nuevo endeudamiento pactados con el FMI y los otros organismos multilaterales vienen a sostener un endeudamiento todavía mayor, puesto que el Tesoro recomprará las Lebacs en el mismo plazo de la deuda con esos organismos, emitiendo bonos del Estado por otros U$S 44.000 millones que constituyen el stock de Lebacs del Banco Central. Se trata de una escalada de deuda que coloca a la Argentina, si computamos las deudas provinciales, en un rango cercano al 100% de su PBI, en el próximo período.”

“La contrapartida de este colosal plan de endeudamiento y ajuste, es una nueva política devaluatoria hasta que el dólar encuentre su precio, puesto que fue condición del Fondo retirar de la pizarras la oferta de U$S 5.000 millones para dejar flotar el tipo de cambio.”

Por otro lado, continuó Pitrola, “se confirma el ajuste del gasto en $ 200.000 millones en el Presupuesto 2019, pero antes de eso, ya mismo, se libera el 2018 de toda meta inflacionaria lo que constituye una política consciente y deliberada de confiscación salarial vía inflación: pruebas al canto, el Presidente firmó un decreto que fija un techo de dos cuotas del 2,5%, esta vez por escrito, como adicional salarial. Objetivamente, es el fin de paritarias, puesto que se trata de un incremento por decreto, cuyo objetivo es la pérdida de por lo menos diez puntos salariales, respecto de una inflación que estará en el orden del 30%”.

Pitrola concluyó: “El ajustazo se completa con el corte de la obra pública de financiamiento estatal, el congelamiento de los salarios públicos, excluidos del 5% adicional, la reducción de transferencias a las provincias, los nuevos tarifazos de octubre que reflejarán la actual y futuras devaluaciones, la convalidación del robo de la movilidad declarada inconstitucional recientemente y el congelamiento de los planes sociales”.

Poné la fecha

Los directivos de la CGT volvieron a posponer la fecha del paro general. En la mañana del jueves, la conducción cegetista participó de una reunión en Casa Rosada con Nicolás Dujovne y Mario Quintana. En la misma, entregaron un petitorio en el que exigieron una ley que congele los despidos por 6 meses en los sectores público y privado, la reapertura de paritarias “sin ningún tipo de limitación”, que se exima del pago del impuesto a las ganancias el aguinaldo de julio para la cuarta categoría, la devolución “total y urgente” de los fondos correspondientes a las obras sociales sindicales y el “compromiso para que no exista modificación alguna sobre la actual Ley de Contrato de Trabajo”. Sin definiciones, quedaron en volver a verse las caras el martes próximo cuando finalice el “cuarto intermedio”.

Mientras la cúpula de la CGT continúa dilatando la huelga general, Hugo Moyano parece mantenerse firme en su postura de paralizar las rutas. En medio del corte de la Autopista Buenos Aires-Cañuelas anunció: “El martes tenemos la audiencia con Fadeaac. Si el martes no tenemos una respuesta que sea favorable al poder adquisitivo del salario de los trabajadores el jueves hacemos un paro nacional. Que nadie diga que no hemos avisado”.

El gremio de Camioneros sorprendió este miércoles con un corte sorpresivo en las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires, lo que generó un verdadero caos vehicular en diferentes puntos.

La CTA Autónoma conducida por Pablo Micheli y la CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky , anunciaron este jueves la decisión de sumarse al paro y movilización del próximo 14 de junio, convocado por el gremio de Camioneros. Se espera que en los próximos días se vayan sumando los  movimientos sociales.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) anunció que se sumará al paro nacional del 14 de junio convocado por las dos CTA y además participará de la movilización a Plaza de Mayo que se realizará en esa jornada. Según indicó el secretario de prensa de CTERA, Guillermo Parodi, la decisión de adherir al paro se resolvió en un plenario de delegados que tuvo como determinante el veto a la ley de Emergencia Tarifaria.

Por otro lado, el dirigente sindical señaló que además de convocar en contra del acuerdo con el FMI y las políticas de ajuste que está llevando a cabo el gobierno nacional, CTERA también convoca al paro con algunas consignas propias de la Ciudad como son la reapertura de las paritarias, el cierre de los Institutos de formación docente y la reducción de viandas en las escuelas.

En tanto, el sector de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) que responde a Ricardo Peidro y al estatal Hugo Godoy también convocó este jueves a un paro nacional para el 19 de este mes, que incluirá movilizaciones, en rechazo de las políticas económicas oficiales y los topes salariales paritarios .

La Asociación Trabajadores del Estado rechazó la propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para la paritaria 2018, que representa un aumento del 3% en julio, un 6% en agosto, y otro 6% en septiembre, más un bono no remunerativo de $ 2.000 a cobrar por única vez en junio, para los empleados públicos que cobren hasta $ 40.000.

“El salario promedio de un trabajador del Estado nacional es de $ 18.000 en mano, cuando una canasta básica mínima esta en el orden de los $ 28.000, por lo cual el aumento del 15% es claramente insuficiente y sigue llevando a la mayoría de los trabajadores del Estado a una situación de pobreza”, advirtió Pablo Spataro, integrante del Consejo Directivo Nacional del sindicato y del equipo paritario.

La cláusula de revisión se fijó para marzo de 2019. Según un comunicado emitido por la UPCN de Andrés Rodríguez, justificó esa cifra a cambio de frenar los despidos por 60 días y el bono extraordinario de $ 2.000 en junio.

Por su parte, los convocantes del Plenario Nacional de Trabajadores, que impulsa el sindicalismo combativo para el próximo 23 en el Microestadio de Lanús, realizaron el viernes al mediodía una conferencia de prensa con fuertes críticas al acuerdo del gobierno con el FMI y también a la CGT, por suspender el anuncio de una medida de fuerza.

Alejandro Crespo, secretario general del Sutna (Neumático), subrayó en su intervención que “cuando un gobierno se pone en esta perspectiva -en referencia al acuerdo anunciado anoche por el ministro Nicolás Dujovne y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger-, no hay otra alternativa que ponerse en pie”. Asimismo, cuestionó la colaboración de la burocracia con las políticas de ajuste. “La CGT quiere ir a ver el Mundial tranquila mientras se ataca a los trabajadores”, disparó.

Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA anunció la participación con una columna independiente en la convocatoria de la CTA del próximo 14. Esta marchará con las banderas del paro activo nacional, por un plan de lucha y contra el plan de guerra de Macri, los gobernadores y el FMI contra la clase obrera. El 13, a su vez, se movilizará al Congreso ante la votación por el aborto legal, seguro y gratuito.

Mientras tanto 

La inflación registrada sobre los salarios de la economía formal fue del 2,8% en mayo y desde que arrancó el año alcanzó el 12,9%, quedando a 2,1 puntos porcentuales de la meta anual del 15% establecida por el Gobierno.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central tras consultar a economistas y consultoras arrojó una inflación anual del 27,1%.

La inflación mensual que afectó a los jubilados en mayo fue del 3% y alcanzó así un acumulado de 30,1%, según el relevamiento del IET.

La Justicia declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo pasado de acuerdo a la nueva ley de movilidad. Asimismo, ordenó que se aplique la fórmula de movilidad anterior, que se calculó en el 14,5%, fundamentando que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva.

Casi un mes y medio después del primer “Panazo” frente al Congreso, los panaderos volvieron al mismo lugar, instalaron mesas, canastas con 5.000 kilos de pan y comenzaron a repartirlos gratuitamente para advertir que la situación denunciada hace 45 días atrás empeoró.

Si bien el kilo promedia los $50, en algunos lugares ya se vende a más de $70. En los últimos diez meses, la suba del trigo fue del 100% y lo mismo ocurrió con la harina. Hay múltiples factores como la suba del dólar, el impacto de los aumentos de los servicios, el alza del combustible y el alza de las materias primas que explican la suba. Denuncian que ya hubo cien cierres de panaderías en territorio bonaerense en los últimos seis meses. La caída en las ventas ronda el 60%.

Rodolfo Silva, presidente del Centro de Panaderos del Oeste, grafica la situación. "Para las panaderías de barrio se nos hace muy difícil pagar $800 la bolsa de 50 kilos de harina. Hace muy poco la harina estaba $330 el kilo.

Los panaderos advierten que el precio del kilo de pan podría aumentar en los próximos días a 80 o 90 pesos. La solución que proponen es que el gobierno llegue a un acuerdo con los molineros para fijar un precio interno de entre 300 y 340 pesos para la bolsa de harina. “La realidad es que sentimos que el gobierno de Macri no tiene sensibilidad y no se da cuenta de lo que está pasando”, cuestionó Silva.

Durante la tarde del martes se interrumpió el servicio de luz y energía en un importante sector de la Ciudad de Buenos Aires. La interrupción afectó las subestaciones de Edesur Independencia, Azcuénaga, Rivadavia, Pozos, Once, Paraná y Reconquista, según informó el organismo en un comunicado.

Se puso en evidencia el deterioro del sistema energético por falta de inversión de las prestatarias, en el marco del aumento de las tarifas defendido por el Presidente hasta las últimas consecuencias.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que entre el 2016 y el 2017 la pobreza infantil multidimensional como la alimentación, el saneamiento, la vivienda, la atención de la salud, el acceso a la información, la estimulación en los primeros años de vida y educación, subió del 60,4 % al 62,5 %, es decir, aumentó un 2,1 %. Esto significa que hoy en la Argentina hay 8 millones de niños y jóvenes con algún tipo de privación en su vida diaria.

En el Conurbano bonaerense es más grave la situación donde la pobreza infantil trepó al 75,3 %. Esto significa que tres de cada cuatro chicos del Gran Buenos Aires viven en hogares que sufren carencias estructurales.

“Estamos en el buen camino. Por eso los convoco a seguir trabajando juntos y que estos nuevos datos nos sirvan para entender que el camino que emprendimos tiene una meta única y clara: reducir la pobreza”, dijo el presidente Mauricio Macri el 29 de marzo cuando montó un show para anunciar la disminución de la tasa de pobreza.

Apenas sesenta días después la construcción comunicacional de la Casa Rosada se derrumbó en boca de Agustín Salvia, titular del Observatorio de la UCA: “Las evidencias muestran que va a haber un importante aumento de la pobreza”, porque “la tendencia a la mejora que se había observado en el segundo semestre de 2017 se vio paralizada por un rebote inflacionario en el tercer trimestre”.

De todos modos, la pobreza no es exclusiva del macrismo, la “década ganada” dejó a fines del 2015, 29 % de pobres, según los datos de la UCA.

Los trabajadores tomaron el ingenio San Isidro

Según relataron desde el gremio, los trabajadores ingresaron el lunes, pacíficamente y con su vestimenta laboral, a la planta ubicada en la localidad salteña de Campo Santo, a 50 kilómetros de la capital, y comenzaron a ordenar el lugar “porque ya se agotaron los tiempos de espera”.

Los abogados del Grupo Gloria realizaron la denuncia penal y en estos momentos la toma se encuentra judicializada.

Se trata del ingenio más antiguo del país y uno de los principales complejos productivos de la región, que fue cerrado en enero pasado, sin aviso previo, por el grupo multinacional de origen peruano Gloria.

El tiempo juega en contra y la zafra debe comenzar de inmediato para que el principal polo productivo del Departamento General Güemes logre empezar a funcionar con éxito. Por lo pronto, el movimiento obrero y organizaciones sociales y políticas de Salta apoyaron en las calles salteñas el reclamo azucarero. Hace tiempo el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI) presentó en la Legislatura local un proyecto de expropiación de la empresa al gobierno encabezado por Juan Manuel Urtubey.

Hasta el momento, el gobernador ha manifestado su opinión contraria a esa medida, pese a que los fundamentos de la propuesta obrera están basados en leyes preexistentes y vigentes con que cuenta la provincia de Salta. Por su parte, la mayoría de los legisladores se negó siquiera al tratamiento del proyecto de expropiación.

Mientras tanto, la CTA-A junto a organizaciones populares concentró frente a la Casa de Salta en la Ciudad de Buenos Aires para exigir la expropiación del Ingenio San Isidro. Entre las organizaciones presentes estuvieron representantes de ATE Nacional y de la provincia de Buenos Aires, CTA Capital y Buenos Aires, MAR, Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero, UETTel, FOL, AAPM y FUBADEyO.

Los jueces David Jorge Casas y Ruth Alicia Fernández  exigieron al gobierno jujeño que le remita toda la información en su poder sobre la operación realizada con el grupo colombiano Omega Energy, en cuya dirección figura el gerente de Recursos Humanos de Radio Nacional, Facundo Fernández de Olivera.

De esta manera, la Justicia hace lugar al amparo presentado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), obreros despedidos de La Esperanza, y el diputado Alejandro Vilca. Podría tratarse de un caso de vaciamiento y venta del Ingenio a capitales extranjeros vinculados a Cambiemos.

La abogada del CeProDH, Maia Hirsch, informó que “la resolución de la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo obliga al Gobierno de Gerardo Morales a dar explicaciones sobre la oscura venta y dónde fueron a parar los millones en subsidios que el gobierno otorgó para mantener abierto el Ingenio”, mientras eran despedidos más de 300 trabajadores, en lo que se sospecha fue un negociado entre el oficialismo y capitales extranjeros con más de 13 compañías offshore, que se utilizan para evadir impuestos, entre otros delitos.

Sigue firme la lucha en Chubut

Tras las jornadas de lucha desarrolladas por los trabajadores estatales en rechazo a las políticas implementadas por el gobierno provincial, ATE-Chubut anunció la extensión de las medidas de fuerza por otras 72 horas, desde este miércoles hasta el viernes.

La continuidad del plan de lucha fue definida por la asamblea de trabajadores luego de los cortes en rutas provinciales. La decisión fue tomada luego que el gobierno dilatara nuevamente una definición respecto a la situación que afecta al sector.

Además de la acción central que fue el corte de ruta que une Puerto Madryn con Trelew (al que se sumaron trabajadores estatales provenientes de Rawson, Puerto Pirámides, Gaimán, Dolavon, Las Plumas, Paso de Indios y la Comarca Andina), ATE mantiene ocupado el Ministerio de Educación, de Delegaciones Administrativas, Supervisiones Seccionales y Áreas programáticas de Salud que dan muestra del descontento que vive la sociedad chubutense.

Desde ATE se señaló que “las medidas de fuerza comienzan a intensificarse cada vez más por la falta de reacción del gobierno provincial”. Así a la ocupación pacífica, que llevan adelante trabajadores de educación desde hace siete días, se sumaron ocupaciones y permanencias en diversas oficinas públicas de áreas de salud y educación, en las localidades de Esquel, Madryn, Sarmiento, Las Golondrinas y Comodoro Rivadavia.

Cuerpos y carpas soportan las tomas, el frío y la lluvia otoñal que no dan tregua y por las noches roza los 10º bajo cero.

Paralelo a la medida de fuerza de 72 horas que culminó este viernes los gremios que componen la Mesa de Unidad Sindical (MUS) recibieron una nueva propuesta del gobierno.

ATE-Chubut anunció que llevará este lunes a la asamblea la nueva propuesta que contempla, entre otros, los siguientes puntos:

– Apertura de Paritaria a partir del 18 de junio.

– Aumento de 1.000 pesos remunerativos no bonificables para todo el personal de planta transitoria, temporaria y permanente con ingresos de hasta $ 30.000.

– Iniciar el pase a planta permanente gradual de contratados o monotributistas.

– Implementación del transporte escolar gratuito a partir del 18 de junio.

– Restablecer a partir del 1º de julio, la tarifa subsidiada por el Estado Provincial del 50% para el pago del boleto de transporte público de pasajeros para los empleados públicos provinciales.  

– Implementar a través del Banco del Chubut la devolución de los intereses que hubiera percibido por el pago fuera de término producto de la percepción de los haberes en forma escalonada. Ello a partir de marzo 2018.  

– Instrumentar a través del Banco del Chubut la devolución de los intereses que hubiera percibido por pago fuera de término de cuotas de los préstamos, en virtud del pago escalonado. A tales efectos cada agente deberá realizar el trámite pertinente ante institución bancaria.  

Sobre estos puntos el dirigente del CDP, Guillermo Quiroga, explicó que “m uchas veces hemos firmado promesas de pago que después el gobierno no cumple; no podemos esperar 60 días cuando incluso el gobierno no tiene asegurada la plata del aguinaldo” y acotó: “es otra propuesta inaceptable”.

No obstante, Quiroga informó que más allá de la posición que han tomado los dirigentes la aceptación o no de la propuesta queda en manos de la asamblea de trabajadores, que en el caso de ATE se hará el día lunes.

Los cinco puntos que sostiene el reclamo de la Mesa de Unidad Sindical (MUS) incluyen la eliminación del pago escalonado, regularización de la Obra social, apertura de paritarias, la derogación de decretos de ajuste y descongelamiento de asignaciones familiares.

Hace más de un año que los trabajadores estatales luchan por sus derechos. A través de la unidad impusieron un paro general en la provincia.

El domingo a las 8:20 aproximadamente, un vehículo Volkswagen Gacel impactó contra una de las carpas instaladas frente al Ministerio de Educación de Chubut. No hubo heridos graves, una compañera que recibió un golpe en la cabeza fue asistida en el hospital. El conductor, quien parecía estar alcoholizado, fue detenido por la policía.

“Esperamos que haya sido un accidente producto del alcohol y no un ataque intencional”, manifestaron los acampantes. “Nuevamente hacemos responsable de esta situación a la falta de respuestas del Gobernador Arcioni y su gabinete”, finalizaron.

Por los gremios

La ATE provincia de Buenos Aires, junto a la ATE seccional Zárate, protagonizaron junto a distintos movimientos gremiales, sociales y políticos una masiva movilización en Zárate, en defensa de ATUCHA.

El secretario general local, Daniel Pérez, denunció “la cancelación de la construcción de ATUCHA III. Esta decisión provoca la pérdida de aproximadamente 1.500 puestos de trabajo entre las 5 empresas estatales dependientes del Ministerio de Energía y en el sector privado la pérdida de unos 500 puestos de trabajo”.

En conferencia de prensa, dirigentes de Suteba (docentes) exigieron a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires una nueva convocatoria por paritarias. También anunciaron que si las centrales de trabajadores no llaman a huelga general, pararán por 48 horas la semana que viene.

En el marco del Día del Periodista (7/6), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires publicó un informe que detalla los despidos en el sector en 2017.

Sólo en ese año las desvinculaciones por despidos directos, “retiros voluntarios” y jubilaciones anticipadas, superaron el medio millar. Si se agregan a los datos relevados en el informe de 2016, rondan los 1.800 puestos de trabajo formales perdidos en los últimos 2 años.

Estas cifras son sólo de Buenos Aires. A nivel nacional, el número asciende a 3.000.  

La Nación y Clarín superaron el centenar de cesantías, junto a DyN, con 96 despedidos por cierre, siendo los medios con más desvinculaciones.

En este contexto, las y los trabajadores de prensa marcharon el miércoles a las Cámaras patronales y la agencia de noticias estatal Télam . La movilización fue contra los despidos, cierres de medios y el vaciamiento de los medios públicos, y en defensa del Estatuto del Periodista Profesional, los Convenios colectivos de trabajo,   la libertad de expresión, el derecho a la información y un periodismo sin presiones políticas ni económicas .

Como lo venían denunciando los trabajadores comenzaron los despidos en Cresta Roja, el símbolo macrista desde donde vetó la Ley anti despidos en 2016. En las últimas audiencias con intervención del municipio de Ezeiza la patronal habría clarificado su intención de implementar el plan de despidos sobre 165 trabajadores de la planta dos, en su mayoría reconocidos activistas que vienen enfrentando la destrucción de conquistas en la emblemática avícola desde el año 2015.

Una reapertura por partes de las plantas y una reincorporación de a grupos sería el plan productivo de Wade (Tres Arroyos) que junto al Gobierno garantizó el comienzo de la producción en la planta uno luego de una brutal represión a los trabajadores que se encontraban realizando un acampe pacífico.

Lejos de los centenares de trabajadores que empleaba la avícola, hoy sólo 125 están en funciones en pésimas condiciones. “Trabajan 12 horas diarias, sin sueldo, solo por $ 10.000, sin ART, sin ropa de trabajo”, afirmaron referentes de Cresta Roja.

Además, según señalaron, les quitaron los fueros a los delegados de planta, por lo que les impiden cualquier medida de fuerza para revertir la precaria situación en la que se encuentran cumpliendo funciones.

“Los trabajadores desesperados por satisfacer las necesidades básicas de sus familias firmaron un plan que vulnera todos los derechos”, agregaron respecto del plan puesto en marcha por Tres Arroyos, nueva operadora de la firma.

En las últimas horas Extreme Gear, licenciataria de Adidas, cerró la planta de producción de zapatillas que operaba en la localidad de Transradio, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, y despidió a 35 trabajadores.

La compañía había echado a 112 operarios en septiembre de 2017 argumentando que el ingreso de calzados de origen chino había golpeado con dureza al mercado interno y, tras nueve meses de intentar sobreponerse, decidió cerrar.

Los despidos continuaron por goteo entre fines de 2017 y los primeros cinco meses de 2018, por lo que la plantilla se redujo a 35 personas que ahora recibieron la comunicación del cierre.

A la caída de la demanda y la competencia de los productos asiáticos a precios más bajos, a la compañía se le sumó la suba de los costos operativos producto del ajuste de las tarifas de electricidad, según dijeron sus directivos a los operarios.

La planta ubicada en Esteban Echeverría fue abierta en 2011 por el empresario Juan Pablo Verdiquio con la posibilidad de producir para la internacional Adidas, en el marco de una política de sustitución de importaciones. El armado de zapatillas junto a la producción de la capellada (actividad mano de obra intensiva) creció sostenidamente y llegó a tener 300 operarios pero a partir de 2016, con la apertura del mercado a los productos importados, la situación cambió. Hace un tiempo, Verdiquio le vendió la fábrica a la empresa Extreme Gear, una firma de origen alemán que se especializa en la fabricación de productos a base de nailon.

Hace unas semanas, la empresa de capitales brasileños Paquetá abrió un plan de retiros voluntarios en su fábrica de calzados ubicada en la localidad bonaerense de Chivilcoy y los operarios temen que avancen con los despidos si no aceptan la propuesta.

Unos 20 trabajadores ya aceptaron el retiro voluntario y, si bien la compañía aún no lo confirmó, el objetivo sería reducir la planta de producción a la mitad, según voceros de la Mesa de Unidad Sindical de Chivilcoy.

Tras su apertura en 2006, la empresa que confecciona calzados para reconocidas marcas como Adidas supo tener 900 operarios pero en los últimos dos años ha ido reduciendo la plantilla y ahora el objetivo sería que queden sólo nueve líneas de producción.

En la planta de Vulcabras, radicada en Coronel Suárez, otras de sus proveedoras, también habría inconvenientes por la caída de la producción.

En el marco del fuerte ajuste lanzado por el gobernador cordobés Juan Schiaretti, los trabajadores de EPEC, empresa de energía de esa provincia, cobraron parcialmente sus salarios, por lo tanto, fue paralizada por una huelga decretada por el gremio de Luz y Fuerza.

En la ciudad de Córdoba, la medida de fuerza comenzó a las 0 del jueves por 48 horas. Según consignó La Voz, en el interior de la provincia, tanto en la regional Villa María como en la de Río Cuarto, el anuncio gremial es de paro por tiempo indeterminado.

El largo conflicto que mantienen el gobierno de Juan Schiaretti con Luz y Fuerza por un ajuste que apunta a achicar gastos por casi 1.500 millones de pesos anuales en Epec parece haber llegado a su punto más crítico: al recorte del 30 % en las horas extras, se sumó el anuncio oficial de que el sueldo de mayo se abonará en forma parcial.

La fábrica de cosechadoras Vassalli, de la ciudad de Firmat (Santa Fe), firmó este martes un convenio en el Ministerio de Trabajo de la provincia. La novedad es que estuvo el representante de la empresa, que se comprometió a saldar la deuda de cinco meses con los trabajadores. Mientras que este lunes terminó la toma que los empleados llevaron adelante por más de 35 días. “Firmamos el acuerdo y esperemos que se cumpla. Fue una propuesta que el fin de la semana pasada propuso la empresa, la elevamos a los operarios y fue aceptada por casi unanimidad”, explicó Pablo Cerra, abogado de la Unión Obreros Metalúrgicos (UOM).

El miércoles se realizó una importante movilización en el Hospital Garrahan contra los despidos y contra la paritaria que firmó Macri con el aval de UPCN del 15% en 3 cuotas.

Se presentaron diferentes organizaciones sociales, sindicatos como ATE, la CICOP, la Asociación de Profesionales, delegaciones del Hospital Zubizarreta, Ferrer y sectores de despedidos del Hospital Posadas y de Vialidad.

Los trabajadores de Vialidad están de paro hasta que reincorporen a 52 despedidos. La medida de fuerza se iba a levantar el lunes, pero se profundizó porque “no se constituyó una mesa de negociación para analizar el caso”, dijeron fuentes gremiales.

A primera hora de la mañana del miércoles, el juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Andrés Gallardo, hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) contra el Gobierno de la Ciudad y le ordenó incluir a los Metrodelegados en las negociaciones paritarias.

De esta manera, el gobierno -que había cerrado en abril la paritaria en un 15% en cuotas solo con la presencia de UTA por el lado sindical- debe reabrir esa instancia de negociación a través de la Subsecretaría de Trabajo. Es decir que la mesa negociadora debe incluir por un lado a SBASE y Metrovías y por el lado gremial a la UTA y a la AGTSyP. Esta instancia se debería desarrollar durante 60 días para acordar una nueva pauta salarial para el año 2018. Esta decisión judicial, obliga a los Metrodelegados a suspender cualquier medida de fuerza durante ese lapso.

Por otra parte, el fallo insta a la empresa a “abstenerse de incorporar a personal externo o interno no calificado, para tareas de guarda y conductor”. Enrique Rosito cuenta que “si bien la empresa no puso en práctica este tipo de accionar, sí había personal administrativo que estaba practicando estas funciones, sin tener las habilitaciones correspondientes, con el objetivo de utilizarlos de rompehuelgas”.

Lxs trabajadorxs de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires convocan a todas las organizaciones gremiales, políticas, so ciales y feministas a concentrarse el martes 12 a las 11:00 en 6 y 51 de La Plata, movilizando a 8 y 53, para pedir por la reincorporación de las cinco trabajadoras despedidas de la Línea 144 que atienden mensualmente a 30.000 mujeres en situación de violencia de género.

Trabajadores de la metalúrgica RapiEstant de Isidro Casanova (La Matanza), harán un acto el próximo martes a las 15:30 en la puerta de la fábrica (Juan Manuel de Rosas 7299) porque hace un mes que no les pagan los sueldos. Son 170 trabajadores y la fábrica está cerrada, sin luz ni gas.

La empresa alimenticia catamarqueña Alco, perteneciente al Grupo Canale, debe los salarios de los meses de abril y mayo a 120 trabajadores. Aducen demoras en el pago de la producción exportada.

A principios de junio los trabajadores de FANAZUL se enteraron que percibirán el dinero prometido por la gestión de María Eugenia Vidal, pero no como ayuda social tal como se había anunciado, sino como un adelanto del dinero que recibirían en concepto de indemnización.

“La AFIP manifiesta que la propuesta salarial realizada para el período comprendido entre el mes de junio 2018 y el mes de mayo de 2019 será de congelamiento salarial”. El párrafo forma parte de un acta que firmaron los representantes de la AFIP, Facundo Rocha y Pablo Brula, y los miembros de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), Claudio Ernesto Pérez y Federico Cardone, quienes dejaron sentado que “AEFIP rechaza cualquier tipo de congelamiento salarial” y manifiesta “la necesidad de recomponer los salarios conforme la evolución de precios de bienes y servicios para el corriente período”.

El encuentro fue el primero convocado por la Comisión de Conciliación, instancia formal de negociación previa a cualquier conflicto, contemplada en el artículo 87 del Convenio Colectivo de Trabajo.

“La oferta salarial es inaceptable. Por eso el próximo martes a las 11:30 horas vamos a hacer una gran asamblea en la sede del Banco Hipotecario y una vez que se cumpla el plazo de negociación previsto resolveremos cómo seguir”, remarcó Guillermo Imbrogno, secretario general de AEFIP.

Pequeños productores rurales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) fueron violentamente reprimidos cuando movilizaban a la Municipalidad de Florencio Varela con sus tractores para reclamar por la mejora de los caminos rurales y la declaración de la emergencia agropecuaria por parte del Municipio.

#13JAbortoLegal

El 13 de Junio se vota el proyecto de legalización del aborto en el Congreso. ¡Seamos miles en las calles para conquistar nuestro derecho!, titula el comunicado de Ademys (docentes CABA).

“Sabemos de las fuertes presiones que la Iglesia viene realizando para que el aborto se mantenga en la ilegalidad, clandestinidad y con ello toda la hipocresía que garantiza que las ricas aborten pero las pobres mueran.

Sabemos también que los partidos patronales gobiernan respondiendo a sus intereses de clase y a sus acuerdos con la Iglesia. Por lo tanto, es momento de redoblar la lucha para que el miércoles y todos los días previos a la votación se sientan más fuertemente aún nuestras exigencias”, concluye.

ATE convoca a una vigilia en todo el país. En CABA, será frente al Congreso de la Nación, con cese de actividades desde las 12:00, en un acampe junto a la CTA-A hasta la medianoche.

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