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23/06/2018 :: Argentina, Argentina

Argentina: Macri y Sampaoli nos llevaron al fondo de la tabla

x Mario Hernández
comunicado

"[...] lo que el Gobierno tiene que asegurarse es que la gente coma, para decirlo de algún modo. La búsqueda de disminuir los desequilibrios básicos tiene que estar acompañado por comedores abiertos 7 días las 24 horas". Miguel Angel Broda, 27/5 en Clarín.

Perdimos por goleada con Croacia y en un año, el Gobierno tendrá que hacer un ajuste cercano a los 240.000 millones de pesos. El propio Presidente se sinceró en público: "Las tarifas van a seguir aumentando". Unos meses atrás en el Gobierno señalaban que para el año que viene solo quedaba un 19% de recomposición tarifaria. Eso ya es viejo. Los subsidios energéticos presupuestados para este año se calcularon con un dólar a $ 19,3. Esto estipuló un gasto de unos U$S 5.600 millones. Pero actualmente el tipo de cambio supera los $ 28 y hacen falta más pesos para afrontar el costo mayor de los servicios. Para confirmarlo, en su primer día como funcionario, Javier Iguacel, el nuevo ministro de Energía, ya anunció nuevos tarifazos. Serán en setiembre y en octubre.
Mientras tanto, el flamante ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, terminó de enterrar a la pauta inflacionaria del 15% que defendió hasta pocos días atrás y ahora auguró que la suba de precios se ubicará en torno al 27% para el 2018.
Con globos negros que remontaron vuelo con las caretas del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, mientras cantaban el Himno, la Multisectorial contra los Tarifazos visibilizó el jueves su reclamo a pocos metros del lugar donde se realizó el acto oficial por el Día de la Bandera, del que finalmente no participó el presidente Mauricio Macri, alegando razones de "seguridad".
Las pancartas mostraban fotos del presidente Macri. En una aparecía como el Capitán Veto, en otra tenía como fondo la bandera de Estados Unidos y decía "Peligro, cipayo suelto". A pocos metros, en la Plaza 25 de Mayo, los integrantes de la CTEP y la JP Evita comenzaban a preparar el Desayuno Patriótico Solidario contra el hambre y el FMI.
 
Camioneros rompió el techo salarial

El Gobierno intimó a Camioneros a que rectifique el anuncio del aumento salarial del 25% más un bono que anunciara Hugo Moyano la semana pasada. Según el Ministerio de Trabajo, el aumento firmado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas (Fadeeac) es del 23,2% en tres cuotas y no un 25% como informó Moyano.
"El aumento hay que pagarlo, le guste a quien le guste. Si no que se atengan a las consecuencias", advirtió Hugo Moyano, en una conferencia de prensa donde expuso los alcances del acuerdo que incluirá un bono de fin de año. De esta forma se suspendió el paro sectorial de 72 horas que iba a regir a partir del próximo lunes.
Si bien Camioneros suspendió su paro, avisó que participará de la medida de fuerza que la CGT hará el lunes 25 de junio. En ese sentido, Moyano no descartó nuevas acciones pese al reciente acuerdo paritario. El aumento que acordó Moyano junto a Daniel Indart, presidente de Fadeeac, es dos puntos inferior a lo que Camioneros reclamaba en la paritaria, pero superior a la pauta salarial oficial del 20 % que pretendía imponer el Gobierno como referencia. En rigor, incluye una cláusula de revisión y un bono de diferentes valores según cada rama de la actividad.
En la pelea paritaria, además de Camioneros, se encuentra la Federación de Trabajadores de la Alimentación (FTIA), que engloba a unos 100.000 trabajadores. Reclaman una compensación por la paritaria 2017 de 1,5% y luego un 24% de incremento salarial en dos tramos más cláusula de revisión automática en paralelo a la inflación.
En tanto, a los trabajadores de la AFIP, el Gobierno les quiere congelar los salarios. Los sueldos de este sector están sujetos, vía un porcentual, a la recaudación. Cierran la lista Sanidad y Gastronómicos, donde Luis Barrionuevo pide 25%.
El Gobierno del Chubut comenzó este lunes el encuentro paritario entre autoridades del Ministerio de Educación y los representantes gremiales de los docentes. La nueva propuesta incluyó, entre otros ítems, un incremento de $1.500 remunerativos no bonificables para todo el personal.
Científicos marcharán en distintas provincias para exigir al gobierno nacional un incremento de sueldos. Además, señalaron que todavía no cobraron el monto de la cláusula gatillo acordada en la paritaria del año pasado.
El Tribunal de Trabajo Nº 4 dictó sentencia en la querella presentada por la Federación de Educadores Bonaerenses contra la Dirección General de Escuelas en torno a la paritaria de este año. Si bien el fallo no reconoce la querella, intima al gobierno que encabeza María Eugenia Vidal a activar la cláusula gatillo en los meses de julio y enero, tomando como referencia la variación suministrada por el Indec. El gobierno bonaerense dispone ahora de 10 días para apelar la medida.
Con el aval de la Justicia provincial, el Frente de Unidad Docente realizó un "banderazo" desde el Congreso hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires para reclamar la reapertura de la paritaria que lleva 60 días sin ser convocada por la gobernadora María Eugenia Vidal. "La Justicia nos da la razón, la gobernadora debe ejecutar inmediatamente la cláusula gatillo, pero esto no debe evitar la convocatoria al debate", resaltó la Secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre.
También el integrante del triunvirato que encabeza la CGT, Juan Carlos Schmid, reclamó la "reapertura de paritarias" para "evitar pérdida de poder adquisitivo".
El Sindicato de trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba anunció que realizará un paro por tiempo indeterminado para reclamar a la Empresa Provincial de Energía (EPEC) que dé marcha atrás con el desguace del convenio y los retiros voluntarios.
Los principales gremios de Córdoba serán parte del paro nacional del próximo lunes 25. La CGT Regional Córdoba y la CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña confirmaron la adhesión al paro nacional.
Otros gremios que se sumarán serán: el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC); el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), Luz y Fuerza y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), entre otras.

Paro general

A cuatro días para el paro nacional convocado por la CGT, partidos de izquierda y gremios enrolados en el sindicalismo combativo anunciaron el jueves su adhesión a la medida de fuerza, pero llamaron a un "paro no dominguero" con "amplia participación de los trabajadores en la calle" con cortes, movilizaciones y un acto en el Obelisco.
Así lo anunciaron en una conferencia de prensa en la sede porteña del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), en la que se convocó a un plenario del sindicalismo combativo que se realizará el sábado en el Microestadio de Lanús para definir las acciones que se realizarán el día del paro.
Participaron también organizaciones sociales, el Polo Obrero, el Frente de Izquierda y representantes de telefónicos, trabajadores del Hospital Posadas, del INTI, de la AGD-UBA, ADEMYS, Suteba, ATE Chubut y ATE Río Turbio, ATE Cutral-Có, entre otras agrupaciones.
También estuvieron presentes los dirigentes políticos Alejandro Bodart (Movimiento Socialista de los Trabajadores MST), Néstor Pitrola (Partido Obrero), Vilma Ripoll (MST) y el diputado nacional Juan Carlos Giordano (IS).
La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunciaron su adhesión al paro nacional de 24 horas dispuesto para el lunes próximo por la CGT, en rechazo a la política económica del Gobierno, lo que afectará la circulación de los vuelos previstos para ese día.
La Asociación Bancaria anunció que adherirá al paro general convocado por la CGT para el próximo 25 de junio contra las políticas de ajuste del gobierno de Cambiemos. La medida será "sin concurrencia a los lugares de trabajo", por lo cual ese día no habrá actividad financiera.

Jubilados

Se calcula que hay unos 150.000 expedientes de juicios iniciados a partir del 2004 por falta de actualización adecuada de los sueldos de los 10 últimos años anteriores al cese laboral que se toman como referencia para calcular el valor mensual de arranque de quienes se jubilan (caso Elliff).
Las tres Salas de la Cámara ajustan los reclamos por el ISBIC (Indices de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) y los reemplazan por el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La diferencia, entre 1995 y febrero de 2009, el incremento del ISBIC es del 435% mientras el RIPTE da un incremento del 178%. La diferencia altera los cálculos de los retroactivos y los reajustes de los haberes. El RIPTE es el índice que Anses efectiviza para la mal llamada "Reparación Histórica" para quienes lo aceptan en forma voluntaria, por lo que no pueden aplicarse a quienes, con sentencias favorables, rechazan dichos programa, sostienen los jueces. Más de 500.000 jubilados cobraron su sentencia por el índice ISBIC, pero ahora ANSeS pretende que los juicios se cancelen con otro índice de ajuste menor (RIPTE).
Además, en la primera semana de junio, la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, declaró inconstitucional la aplicación retroactiva de la nueva fórmula previsional que comenzó a aplicarse en marzo pasado a 17 millones de jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. Esto significa que en lugar del aumento del 5,71% vigente desde ese mes, debió aplicarse el 14,5% según la fórmula anterior. La Sala III ordenó devolver la diferencia y de esta manera sentó un precedente para que se inicien nuevas demandas. ANSeS adelantó que apelará a la Corte Suprema.
Todavía está pendiente el reclamo de los que se jubilaron a través de las AFJP y cobran sus haberes ("rentas vitalicias" pagadas por compañías de seguros) en montos inferiores al haber mínimo. En 2015, la Corte, por unanimidad, reconoció el derecho a quienes cobran sus haberes a través de ese sistema, a percibir de la ANSeS las sumas necesarias para que su renta vitalicia previsional alcance el importe del haber mínimo legal.
"Por el momento, el valor de los activos de los fondos de pensiones incautados en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones", sostiene el texto que firmaron Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger con el board del FMI.
Dicho Fondo, constituido por los aportes de los trabajadores en actividad, se conformó en el 2008 cuando se re-estatizó el sistema con el remanente de las AFJP y lo que quedaba en la ANSES Residual. Es una cartera de títulos, acciones, bonos e inversiones que garantiza a futuro la sustentabilidad del sistema a la que el FMI-Cambiemos quiere echar mano.
Al respecto, los docentes de UTE-CTERA y la CTA marcharon hacia el Congreso de la Nación en defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
"Lo que pedimos es que no rifen, no entreguen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que haya una ley que le impida al gobierno entregarlo a los fondos buitres, al Fondo Monetario, aunque de hecho comenzaron a hacerlo, porque ya no se publican más los balances", reclamó Eduardo López, secretario general de UTE.
Durante la jornada, también se repudió fuertemente el pacto del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. "El gobierno le dice al Fondo que va a utilizar el dinero del Fondo de Sustentabilidad para pagar gastos corrientes. Traducido es como si yo vendo mi casa para pagar la luz, el gas, la comida y el transporte de mis hijas, así hasta que se gaste. Eso en el mejor de los casos", concluyó.

Suspensiones, despidos y aumento del desempleo

En el primer trimestre de 2018 la tasa de desocupación para el total de aglomerados urbanos alcanzó el 9,1%, mostrando un fuerte incremento respecto del 7,2% registrado en el cuarto trimestre de 2017.
Es de señalar que estos datos, que corresponden al primer trimestre, remiten a una economía que mostraba un crecimiento de 1,1 % respecto del cuarto trimestre de 2017. Un panorama muy distinto del que se empieza a registrar en el segundo trimestre, como resultado de la corrida cambiaria, y del que se prevé para el resto del año. La mayor inflación que impacta en el costo de vida y contrae el consumo, el freno de la inversión por el salto en la tasa de interés y la inestabilidad financiera, y la austeridad fiscal, conducirán a un fuerte deterioro de la actividad económica para lo que resta del año. Esto impactará negativamente en el empleo.
Un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda reveló que en los últimos dos años y medio se perdieron 63.000 empleos industriales. La industria marroquinera y la textil son los sectores más afectados.
En cuando a la industria automotriz indica que "el promedio de producción en estos dos años es de un 26% menor, en comparación a los 10 años anteriores y es de prácticamente la mitad de lo que se producía en 2011". Además resalta que "las ventas al mercado externo también se vieron gravemente perjudicadas en estos 2 años. En comparación al 2015, las exportaciones totales de automotores, cayeron un 13%".
"En el promedio de los dos últimos años, las importaciones aumentaron un 40% en comparación al promedio de los 4 anteriores. Y peor aún, si comparamos el avance de prendas de vestir traídas desde el exterior entre 2015 y 2017 el aumento fue de un 98%". También resalta en cuanto a los puestos de trabajo del sector que "a partir del 2016 los niveles de empleo empiezan a descender alcanzando una merma de más del 9%".
En marroquinería se destaca que "las importaciones aumentaron un 32% en dólares corrientes entre 2015 y 2017. En cuanto al calzado y sus componentes, las importaciones aumentaron un 42% en estos dos años. Esto, sumado a la caída en las ventas en el mercado interno, se transforma en una soga al cuello de estas empresas. Desde la Cámara Argentina de Indumentaria denuncian que solo en 2016 se perdieron 4.000 puestos de trabajo y ponen a este factor como el principal responsable".
En cuanto a la producción de calzado "en 2017 la producción del sector fue un 9% menor a la del 2016. En 2015 se habían producido 125 millones de pares de calzado, mientras que el año pasado la producción se desplomó".
General Motors sostiene actualmente un esquema de suspensiones para los trabajadores de su planta ubicada en Rosario. La causa es la caída en la demanda de vehículos de parte de Brasil. "Vienen suspendiendo a toda la planta de trabajadores de 4 a 5 días por mes, con el pago del 80% de sus sueldos", explicó Marcelo Barros, secretario general del Smata Rosario.
Faurecia, Brembo, Deutz, Fran, Honda y Yamaha plantean suspensiones y despidos al no poder competir con la importación. Mercedez Benz, General Motors y Ford, a partir de la reducción de la producción.
Smata decidió el estado de alerta y movilización ante "la decisión del Estado de dejar en manos del mercado los designios de la industria", y aseguró que "se pretende que la actividad sea el estandarte de crecimiento de una política económica que poco entiende lo industrial".
El titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, advirtió que "en los próximos días" se registrará una caída de 40.000 puestos de trabajo y anticipó que el gremio se reunirá con las Cámaras del sector para evaluar la "situación de incertidumbre" en que se encuentra esa industria.
La construcción fue uno de los motores del empleo al explicar el 49 % de los puestos de trabajo formales privados creados el año pasado, tanto por la obra pública como por la privada. Sin embargo, el acelerado deterioro económico de los últimos meses impactó de lleno en las expectativas. Un informe del Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo (CEPE) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) destaca, en base a datos del Indec, que un 24% de las empresas del sector declaró que reduciría su plantel. Los datos son previos a la aceleración de la corrida cambiaria y el acuerdo con el FMI. Por lo tanto, es de esperar que las perspectivas empeoren todavía más. Situaciones similares se observan en la industria y el comercio.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ratificó que se plegará al paro anunciado para el lunes 25. Según la organización industrial, desde diciembre de 2015 se perdieron 28.000 puestos de trabajo y otros 20.000 empleados están afectados por suspensiones en ese sector.
Por su parte el abogado de la UOM de Rosario (Santa Fe), Pablo Serra, declaró que "las cuatro empresas de heladeras más grandes del mercado en Argentina están en Rosario. Las 4 presentaron procedimientos preventivos de crisis. Involucran a 2.500 empleados. Estamos muy preocupados. No ha habido despidos aún. Y no los vamos a permitir".
Este martes, el secretario general de los empleados aceiteros, Pablo Reguera, confirmó que la empresa Buyatti, radicada en Puerto San Martín, ofreció un programa de retiros voluntarios a sus 125 trabajadores, que fue rechazado en una asamblea.
En Luján, la crisis generó la suspensión por 30 días en la producción del Parque Industrial y el gremio textil movilizó el miércoles 20 de junio. Distintas Cámaras textiles con el apoyo de los gremios del sector denunciaron a través de un documento que, de persistir las políticas económicas del gobierno nacional, 500.000 puestos de trabajo en todo el país entrarán en peligro.

La marcha de la economía

Según la última encuesta del INDEC, la Canasta Básica Alimentaria de mayo -que establece el parámetro para no ser indigente- subió un 4,8% en relación a abril, el salto más elevado del año. Una familia tipo necesitó $ 7.473,63 para no ser indigente. Para no ser pobre, la misma familia necesitó $ 18.833,55.
Entre enero y mayo el déficit comercial fue de USD 4.691 millones, que es 2,5 veces el alcanzado en igual período de 2017.
El déficit puede terminar próximo a U$S 9.900 millones. Sumado al de 2017, estaríamos hablando de una diferencia de U$S de 18.370 millones entre los que importamos y exportamos. La facturación de abril de 2018 en los supermercados registra una caída de 2,1% respecto a abril de 2017. Las ventas minoristas de los comercios Pymes finalizaron mayo con una baja del 4,8% frente a igual mes del año pasado, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Según Defensa del Consumidor, el aumento de la canasta familiar (alimentos y bebidas solamente) arrojó una suba promedio del 2,9% en mayo, liderado por las harinas y sus derivados (8,5%). Este resultado estaría mostrando el impacto en el consumo del acelerado aumento del costo de vida que se registró en los primeros meses del año, como resultado del salto del dólar (que tuvo un primer aumento en enero), y de los tarifazos de la luz, el gas, y el transporte, junto con el encarecimiento del combustible. Todo esto pegó fuerte en el consumo. Mayo promete ser todavía peor. Según la consultora Scentia el consumo en supermercados, autoservicios y almacenes cayó en dicho mes 1,7%.
Se suspendió el llamado al proyecto de Participación Público Privada (PPP) para la red de expresos regionales (RER), un contrato de U$S 2.300 millones, y la adquisición de 1.500 coches de trenes, un proyecto estimado en U$S 2.800 millones.
En el Gobierno hablan de "ajustes técnicos", sin embargo los consorcios interesados sufrieron sofocones en la búsqueda de dinero. Unos de los interrogantes tras la firma del acuerdo con el FMI es si las obras de infraestructura hecha bajo los PPP conseguirán reemplazar el recorte previsto en materia de obra pública con financiamiento tradicional.

Planean cerrar 5 hospitales en la CABA para hacer negocios inmobiliarios

Desde el inicio de su gestión, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta encaró una campaña de venta de tierras públicas, desde terrenos ferroviarios y parques, hasta edificios como el de Bolívar 1, patrimonio histórico de la Ciudad. En ese marco, avanza en la Legislatura un proyecto oficial que propone la creación del Complejo Hospitalario Sur, alrededor del Hospital Muñiz, que implica la mudanza y fusión de cinco hospitales, rebajados a institutos.
Las comunidades afectadas denuncian que se perderán especialidades y cientos de cargos médicos, y que el objetivo final es el negocio inmobiliario, producto de la venta de los predios donde actualmente funcionan los hospitales.
Desde la Ciudad señalan que la nueva obra demandará 160 millones de dólares, pero con sus ventas obtendrán 123,7 millones de dólares, y se "ahorrarán" más de cien millones de pesos al tener que limpiar y mantener un solo centro de salud, y ya no cinco. Esa estimación no fue realizada por el organismo oficial, el Banco Ciudad, sino por L J Ramos (brokers inmobiliarios).
Se trata de un ambicioso proyecto que el actual Presidente, no logró concretar: el Complejo Polivalente Hospitalario Sur. El plan pretende trasladar los hospitales monovalentes de gastroenterología, Hospital Udaondo (Caseros 2061); de Rehabilitación Respiratoria, María Ferrer (Finochietto 849); de Oncología, Marie Curie (Parque Centenario); y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP, en Núñez) al predio que hoy ocupa el Hospital Muñiz.
En estos terrenos de Parque Patricios, luego de demoler casi totalmente el hospital de enfermedades infectocontagiosas -operación posibilitada gracias a que Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, vetó en 2010 una ley que catalogaba al Hospital Muñiz como edificio protegido por su valor patrimonial- se construiría un nuevo hospital que albergaría a los cinco. La Legislatura debe tratar el proyecto y de aprobarse se licitará su construcción en 2019.
Si el proyecto prospera, los lotes ocupados actualmente por los hospitales trasladados serían puestos a la venta para emprendimientos inmobiliarios. En su mayoría, se trata de terrenos muy grandes, en ubicaciones preferenciales, y con un alto valor de mercado.
Mientras tanto, el personal, los pacientes y la comunidad están en alerta. Desde hace un par de meses se vienen organizando, realizando abrazos, denunciando la situación de vaciamiento de los monovalentes y de reducción de turnos.
"El proyecto implica un achicamiento a las prestaciones del Sistema Público y una reducción de la inversión en Salud que afecta a la población más vulnerable", sostiene un comunicado de la asamblea de trabajadores. Y advierte que "constituye un ataque a los trabajadores de la salud precarizando sus condiciones laborales" y esconde un gran "negocio inmobiliario".
En total el Complejo tendrá 500 camas, la mitad de la capacidad que hoy suman los cinco hospitales implicados. También planean "demoler los pabellones del Muñiz de servicios centrales como laboratorio, farmacia, ambulatorio, etc.".

Trece hospitales casi listos sin funcionar

La lista abarca desde un infantil en Catamarca hasta centros de Medicina Nuclear. La mayoría superaban el 85% de ejecución hace dos años y medio, pero la gestión Cambiemos no los continuó. Vidal dijo que no inaugurará los seis frenados en Provincia, según consigna Gustavo Sarmiento en Tiempo Argentino.
En Entre Ríos, los nuevos hospitales de Paraná y Gualeguaychú ya deberían estar funcionando. De hecho, abrieron una primera etapa a fines de 2015. Y hasta ahí llegaron. La ejecución de ambas obras superaba el 82%. En febrero pasado, tanto la gobernación como legisladores nacionales de la provincia reclamaron al Pami por la finalización de estos centros de salud, teniendo en cuenta que gran parte del financiamiento corría por cuenta de ese organismo. En el caso del Hospital Bicentenario, en Gualeguaychú, recién el último 21 de mayo la provincia anunció la posibilidad de rescindir el contrato y llamar a una nueva licitación, que correrá por cuenta de la gobernación.
A fines de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Plan Nacional de Medicina Nuclear-Núcleovida, que preveía invertir 4.300 millones de pesos para centros de diagnóstico por imágenes y tratamiento de enfermedades como el cáncer, con el objetivo de "ampliar en un 40% el equipamiento en medicina nuclear para cubrir las necesidades de la población y garantizar el acceso equitativo a esta tecnología en todo el país".
El plan incluyó la construcción de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia, con el aporte de la empresa estatal INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en distintas provincias. El de La Pampa incluye un sector dedicado a la producción de radioisótopos y radiofármacos. A pesar de que ya fue construido por más de $ 400 millones, aún no se puede usar. "La obra edilicia se hizo, el equipamiento está, pero no se avanzó más. No está instalado. Ni tampoco está designado el personal", informó el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan.
En el Centro de Medicina Nuclear de Formosa se invirtieron 528 millones de pesos, hace casi tres años. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, el centro cuenta con el equipamiento "pero la obra todavía no está terminada". Lo mismo que el de Santiago del Estero, que tuvo un aporte de más de 300 millones de pesos en 2015.
A pesar de estar casi finalizada su construcción desde hace dos años y medio, por $ 328 millones, el Centro de Medicina Nuclear de Río Gallegos sigue sin inaugurarse. Ante la negativa del Ministerio de Energía, comandado por Juan José Aranguren, la provincia de Santa Cruz anunció en marzo que se haría cargo del centro, que atenderá la demanda de toda la Patagonia sur e incluso Chile, y que ya debía estar funcionando desde 2016. La única colaboración nacional que se prestará a Santa Cruz será la capacitación de la CNEA. Será administrado por una fundación compuesta por profesionales de la región. Su presidente, Héctor Tejada, un pediatra reconocido en la ciudad, señaló: "Va a ser importantísimo para nuestra gente, especialmente para subsanar el desarraigo". Cuando comience a funcionar, dentro de sus 3.500 metros cuadrados habrá desde un equipo de braquiterapia con equipamiento de anestesia completa, tabla quirúrgica y ecógrafo, hasta un laboratorio de radiofármacos y una sala de quimioterapia con capacidad para tratar hasta seis pacientes en simultáneo.

En el Conurbano

La gobernadora María Eugenia Vidal, al igual que con las Universidades, fue franca con el tema: "No voy a abrir hospitales nuevos ni cortar cintas, porque eso es una estafa a la gente. La salud no es un edificio. Construir un edificio es la parte más fácil. Lo que vale la pena es poner equipamiento de última generación, que haya insumos, enfermeras y médicos. O seguridad. Y tecnología para que la gente sepa cuánto hay que esperar en una guardia", había dicho antes de las elecciones, cuando fue cuestionada por no inaugurar los centros de salud.
Según el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, seis hospitales bonaerenses esperan su oportunidad. Dos de ellos (el Presidente Néstor Kirchner, de Laferrere, y el Doctor René Favaloro, de Rafael Castillo) están en La Matanza, donde más urge el reclamo por la cantidad de población que necesita el servicio. Estaba previsto que funcionaran a comienzos de 2017. Por eso fue la propia intendenta, Verónica Magario, quien le respondió a Vidal: "La Matanza necesita hospitales, así que pedimos humildemente esfuerzo en conjunto. Tenemos dos hospitales listos para poner en funcionamiento. Necesitan partidas para personal y equipamiento. Mientras se remodela el Paroissien, podemos trasladar todos sus servicios al de Gregorio de Laferrere".
Ituzaingó, Esteban Echeverría, Cañuelas y Escobar son los otros municipios que aguardan la buena noticia.
Con más de $ 1.300 millones de inversión, la mayoría de los seis hospitales tenían a diciembre de 2015 un 90% de ejecución. Iban a atender a una población de 500.000 personas. Y cada uno se ocuparía de demandas específicas de sus regiones. El de Cuenca Alta, en Cañuelas, que tiene equipamiento comprado hace tres años, fue planificado para funcionar como referencia nacional en toxicología, trabajando en colaboración con la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo en la resolución de los casos de intoxicación, generados por la contaminación del río.
En tanto, la CICOP, gremio que nuclea a 13.000 afiliados en los 80 hospitales bonaerenses, más hospitales municipales y centros de atención, resolvió que se sumará al paro nacional convocado por la CGT y las dos CTA el lunes 25 de junio. La entidad, según informó en un comunicado, resolvió además un paro para el viernes 29, día en el que instalarán en la Plaza de los Dos Congresos (CABA) una Carpa Sanitaria.
"La idea es manifestar y visibilizar nuestros reclamos: la situación crítica de la salud pública y nuestro rechazo a la propuesta que realizara el gobierno de María Eugenia Vidal en la paritaria específica del sector, Ley 10.471, donde volvió a insistir (como en la paritaria general de estatales Ley 10.430) con un 15 % de aumento salarial en tres cuotas y un adicional como bonificación no remunerativa de presentismo, que rechazamos de plano", finaliza el comunicado.

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