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16/04/2019 :: Argentina, Argentina

Argentina y Venezuela serán los únicos países de la región que no crecerán en 2019

x Mario Hernández
Panorama político y sindical

“Cuando veía las imágenes de lo que estaba pasando en Venezuela, cada vez más violencia, más agresión, más abandono, no pude dejar de pensar lo cerca que estuvimos de ir por ese camino; todo hubiera sido muy difícil para los argentinos; tremendo”
Mauricio Macri el 1º de agosto del 2017 en un acto de campaña en Santa Fe

El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) elaboró un informe en el que detalla que Argentina se convirtió en el país donde más creció el riesgo país en el último año (99.8%), incluso 70 puntos por sobre lo que aumentó en Venezuela (28.1%). El indicador creado por la banca JP Morgan funciona como medidor del riesgo de cesación de pagos. Trepó a 808 puntos básicos, el pico más alto del año. La buena noticia: es inferior a los 817 que registró el último día de 2018. 

“Con una variabilidad muy significativa, tanto el dólar como la tasa de interés siguen siendo fuentes evidentes de inestabilidad. Así, el dólar sigue 115% arriba respecto de hace un año, mientras que la tasa de interés se duplicó, en igual período”, explica el informe elaborado por el equipo de economistas de Economía UNDAV, sobre las causas del incremento del riesgo país.

Y remarca: “Semejante grado de vulnerabilidad financiera deriva en un aumento del riesgo país. En abril, el indicador volvió a superar los 800 puntos y crece un 135% en relación a inicios de 2018”.

Esto se puede ver perfectamente en el índice de riesgo país de mercados emergentes que elabora el Banco de Inversión JP Morgan, el cual para el caso argentino ha tenido un crecimiento desde enero de 2018 del 135% en abril de 2019, alcanzando los 815 puntos básicos.

En este sentido, el riesgo país, que ya supera los 800 puntos, crece de manera exponencial: el promedio del mes de abril ya es el más alto de los últimos cinco años. 

Movimientos sociales

El jueves, y luego de un extenso plan de lucha, que comenzó con el acampe de diciembre donde fueron reprimidos salvajemente por la Policía de la Ciudad, que continuó en el mes de febrero con movilizaciones, cortes de ruta y acciones en todo el territorio nacional, y finalmente por el acampe del 4 de abril también reprimido y el del 11, que incluyó 20.000 trabajadores desocupados cortando la principal avenida del país, y simultáneamente cortes y acampes en 21 provincias y ante la amenaza de acampar por tiempo indeterminado en las puertas del Ministerio, el gobierno cedió a alguna de las demandas de las organizaciones piqueteras.

En el transcurso de la semana que viene se abrirá una mesa de negociación en la que se tratarán puntualmente el aumento de la asistencia a los comedores populares y la apertura de los programas sociales para la atención de los múltiples problemas que genera la política económica del gobierno. El aumento en los montos anunciado por el gobierno es también un logro de las organizaciones, aunque es totalmente insuficiente, lleva el ingreso de un beneficiario de un programa social a un aumento escalonado a agosto a $ 7.500, por lo tanto las organizaciones continuarán exigiendo y reclamando en la calle la equiparación de los montos de los programas sociales a, por lo menos, el Salario Mínimo Vital y Móvil ($ 12.500). Advierten que de profundizarse la inflación y la crisis social que hambrea a millones de trabajadores, continuarán realizando acciones de lucha en unidad con la clase obrera ocupada para derrotar las políticas de hambre.

También el jueves la CTEP, Barrios de Pie, La Dignidad, el Movimiento Evita y la CCC se concentraron en el Obelisco para luego marchar a la sede del Anses de Avenida Córdoba en “reclamo a la restitución de los salarios sociales complementarios y los programas Hacemos Futuro dados de baja sin justificación”. Voceros de las organizaciones manifestaron su “máximo repudio” a la “instrumentación que se está realizando en cuanto al relevamiento de programas sociales como Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario”. De resultas de estas revisiones impulsadas por Anses y la cartera de Carolina Stanley se han dado de baja cientos de planes sociales en los últimos meses. También se exigió la “urgente sanción de la Emergencia Alimentaria”.

El viernes al mediodía, referentes de todas las villas de la Ciudad se reunieron en las puertas de la Legislatura porteña (Perú 160) para realizar una conferencia de prensa para anunciar la realización del séptimo Congreso Villero. Éste se llevó a cabo el sábado 13, en la Jefatura de Gobierno, sita en Uspallata 3160, Parque Patricios.

Según manifestaron, los desafíos pendientes que se imponen son:  

Lograr el conocimiento integral de todos los procesos e inconvenientes con las obras de urbanización o su ausencia, en todos los barrios populares de la Ciudad.

Construir una herramienta que pueda representar e impulsar todas las demandas de lxs vecinxs en relación con la urbanización y el buen vivir.

Un Plan de Lucha que vuelva a poner en agenda política no solo las necesidades más urgentes de las villas, asentamientos y complejos habitacionales, sino las estructurales y definitivas.

Asimismo, durante esta jornada comenzaron a debatirse temáticas que también estuvieron presentes en el Congreso del sábado:

1. Los barrios populares en reurbanización (Villa 20, Fraga, Rodrigo Bueno, 31 y 31 bis de Retiro, Villa 1-11-14). 2. Villas y asentamientos abandonados sin procesos de reurbanización. 3. Precariedad del acceso a los servicios públicos. 4. El mercado inmobiliario en las villas y la situación de los inquilinos. 5. Las viviendas nuevas de los barrios populares: los Complejos Habitacionales. 6. La vulneración de derechos de lxs migrantes. 7. Espacio público y la protección del ambiente en las villas. 8. Trabajo y economía popular. 9. Mesa de síntesis con las conclusiones de las comisiones y consenso del Plan de reivindicación de derechos.

En Formosa hubo una semana de cortes de ruta contra las impagables facturas de luz. Las protestas comenzaron el jueves 4 de abril en la localidad de Buena Vista y se extendieron a otras 15 localidades. Con cortes sobre la ruta nacional N° 86 reclaman que la empresa REFSA retrotraiga las facturas, que en algunos casos superan los $ 12.000.

La modalidad de protesta que vienen llevando adelante fue escalando con el correr de los días: primero comenzaron con cortes de 2 horas, luego de 4 y actualmente realizan cortes de 6 horas interrumpiendo la totalidad del tránsito, para luego liberar la ruta por un intervalo de 40 minutos.

En la localidad de Laguna Blanca, un manifestante fue detenido e imputado por cortar la ruta como parte de este reclamo.

“Nosotros pedimos que Refsa retrotraiga las facturas y se vuelvan a tomar los medidores para que nos cobren lo que corresponde. Hasta ahora no hemos tenido respuesta y si sigue así, esto va para largo”, aseguran los manifestantes.

Convocan a parar el 30 de abril

Con un acto en la sede del Smata y ante un auditorio colmado de militancia gremial, el Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona), confirmó la convocatoria a un paro nacional para el próximo 30 de abril. Las dos CTA, durante la mañana también llevaron adelante un plenario conjunto y se sumaron al acto para plantear su impulso a un paro conjunto.

El programa de reivindicaciones se resume en cinco puntos, “para evitar la desintegración de la Patria”:

1. Rechazo a todo intento de reforma laboral. Paritarias libres.
Aumento de emergencia del salario mínimo, vital y móvil. 2. Cambio de la política económica. Protección de la industria nacional, Pymes y economías regionales. Regulación de las importaciones. Recuperación del mercado interno. Emergencia ocupacional, alimentaria y sanitaria. Total repudio al acuerdo con el FMI. 3. Retrotraer las tarifas de los servicios al 1/12/2017, de acuerdo a la Ley 27.743 sancionada por el Congreso de la Nación y vetada por el Presidente mediante el decreto 499/2018. Revisión del precio de los combustibles. Regulación y control estricto del precio de los servicios públicos. 4. Derogación de la reforma previsional. Aumento de emergencia de las jubilaciones y pensiones. 5. Defensa de la producción y la mano de obra nacional.

El Sindicato del Neumático, que forma parte del Plenario Sindical Combativo, intervino en el Plenario Nacional de Regionales de la CGT reclamando un paro nacional de 36 horas, para que los trabajadores abandonen tareas y movilicen masivamente a Plaza de Mayo.  

Por la delicada situación de la actividad, que tiene unos 20.000 suspendidos y luego de la movilización del #4A, los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) resolvieron en su Congreso nacional de delegados en Mar de Plata reclamarle a la CGT un paro general con movilización -se barajaba como potencial fecha el próximo 30 de abril- , a los empresarios un 20 % de aumento salarial desde abril y definieron, a través de un simulacro de votación, respaldar una eventual candidatura presidencial de la senadora y ex mandataria Cristina Fernández .

Por el lado de los gremios que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderados por el ex miembro del triunvirato cegetista, Juan Carlos Schmid, en principio no participarán del paro. Este sector ya definió un paro de actividades propio para el 1° de mayo (sic). “Se nos acabó la paciencia con el Gobierno, por eso vamos al paro el 1º de mayo y de ahora en más, va a haber paro todos los feriados si el gobierno no nos da respuesta”, advirtió Roberto Fernández (UTA).

El viernes, un plenario nacional de la CTA Autónoma, que conduce Ricardo Peidro resolvió convocar a la huelga “contra el ajuste y saqueo de Macri y el FMI, por un gobierno con protagonismo de la clase trabajadora”. En la sede de la calle Perón, Peidro confirmó que se realizará “con movilizaciones en todo el país, para darle forma a la resistencia a todas las luchas de Ushuaia a La Quiaca”.

Más de dos cuadras de estatales frente al ex Ministerio de Modernización exigieron recomposición salarial urgente. “Es una vergüenza la pauta salarial del 3% que quiere imponer Macri a las y los trabajadores estatales. Basta de ajuste y represión, basta de hostigamiento. El 30 de abril vamos a un gran Paro General”, lanzó Daniel ‘Tano’ Catalano ante una multitud.

"Vamos a seguir peleando en la calle, vamos a seguir construyendo unidad, y en este mismo momento, en SMATA, se va a anunciar en un marco de unidad entre las CTA, las CGT y los movimientos sociales un Paro General para el 30 de abril. Finalmente, el movimiento obrero está unido en la calle contra este Gobierno de oligarcas", concluyó.

Suspensiones, despidos y reclamos salariales

Esta semana hizo la presentación del proceso preventivo de crisis (PPC) ante el Ministerio de Producción y Trabajo el Laboratorio Elea. Elea compró en el 2017 la empresa farmacéutica Phoenix y ahora aduce que su “fuerza de venta” quedó “sobredimensionada” en relación a su competencia. Esa es la excusa del laboratorio para presentar este recurso administrativo que es la antesala de despidos. Elea elevó su plantel a 1.200 trabajadores, entre los cuales hay 370 visitadores médicos. Ahora pretende desprenderse de un 5% de su plantel. Mientras tanto está construyendo una planta, próxima a abrir, en Villa de Mayo (localidad de Malvinas Argentinas).

Los trabajadores de laboratorio Craveri montaron una carpa frente a la puerta de la planta de la calle Arengreen para visibilizar la resistencia que están llevando adelante contra 47 despidos. El 70% (30) de las despedidas son mujeres. La mayoría de ellas, sostenes de familia.

Las plantas de biocombustibles paralizaron su producción en varias provincias porqu e los precios de venta no alcanzarían a cubrir los costos de elaboración y ya afecta a unos 400 trabajadores en total. Desde el Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles, mostraron preocupación porque en Bahía Blanca pone en riesgo a 40 fuentes laborales. Las suspensiones serían sin salarios.  

Desde el mes de marzo en el sector se especulaba con la posibilidad de un inminente cierre de la Aceitera Viluco, ubicada en la localidad de Frías, Santiago del Estero, el grupo tucumano Lucci presentó ante la justicia comercial la apertura del (PPC) y podría sobrevivir una parte, aunque de todos modos despedirá a 117 de sus 200 empleados.

En la firma confirmaron que la planta industrial seguirá operando sólo con 83 empleados que serán destinados a la unidad de producción de biodiesel y dejará de operar el segmento dedicado a la molienda de soja y la producción de alimentos balanceados.

Organizaciones sociales, funcionarios municipales, del legislativo local y provincial, organismos de Derechos Humanos y movimientos políticos de distintas vertientes, acompañaron a los trabajadores en una fuerte muestra de solidaridad por la crítica situación que atraviesan. A la vez que mostraron indignación por la decisión de las cesantías masivas.

La columna encabezada por los obreros afectados y los sindicatos de aceiteros y acopio, partió desde la plaza 25 de Mayo frente a la iglesia Inmaculada Concepción y recorrió las calles del sector este y oeste de la zona céntrica. En la plaza 9 de Julio los delegados del sindicato de aceiteros informaron la situación.  

La Subsecretaría de Trabajo de San Juan suspendió para el lunes próximo, la audiencia conciliatoria entre la minera Austral Gold Limited y los gremios mineros, por el despido de 280 trabajadores de la mina Casposo.  

Sólo quedarán 12 empleados trabajando en mantenimiento , junto a un equipo a contratar para monitoreos y controles ambientales, lo que según los gremios se traduce en unos 200 empleados directos y otros 80 indirectos que se quedan sin trabajo.

En enero cerró la fundición Aguilar de la minera Glencore en Jujuy, los trabajadores, luego de grandes movilizaciones cobraron la indemnización y entraron en el tristemente célebre Programa de Transformación Productiva impulsado por el gobierno nacional.

Hace unos días se publicó la noticia de que por decisión del Gobernador, Gerardo Morales, se van a absorber los trabajadores desempleados luego de la quiebra y el cierre de la fundidora. La oferta en realidad es un paliativo momentáneo ya que es para la instalación de la planta solar que tiene por fecha de finalización agosto de este año y se trata de contratos en empresas tercerizadas a seis horas de viaje de Palpalá; donde quienes entren cada 15 días trabajados tendrán 5 de franco, esa quincena dormirán en containers en un desierto que tendrá temperaturas de hasta 18 grados bajo cero en el lapso del contrato, en unos empleos precarios subsidiados por $ 7.000 del gobierno nacional.

A esta dura realidad debemos sumarle que al día de hoy quienes ya están trabajando en la instalación de la planta denuncian que: “Algunas empresas no están cumpliendo con los adicionales que tenemos por acuerdo con la empresa china donde preveían el pago de un 25% por encima de la escala salarial como compensación de los trabajos que se realizan en la altura y otras empresas no están pagando los adicionales de horas extras del 50 y 100%”, según Carlos Cárdenas, secretario general de UOCRA provincial.

El negocio para las empresas chinas que están a cargo de la construcción de la planta solar será redondo, ya que ingresarán una cantidad de nuevos empleados en peores condiciones de los que ya trabajan allí y con salarios subsidiados.

Los trabajadores de la planta de helados New Cream de Merlo se manifestaron el miércoles en la puerta de la fábrica porque hacía cuatro días que no les pagaban sus salarios. La bronca se fue acumulando desde hace meses porque les estaban pagando las quincenas en cuotas. La preocupación aumentó al saber que la empresa se encuentra en concurso de acreedores y que un grupo inversor estaría pidiendo el despido de varios trabajadores a quienes ya les están ofreciendo retiros voluntarios. Ante esta situación, los trabajadores comenzaron a manifestarse para exigir el pago a término de sus salarios y para evitar cualquier despido de sus compañeros. Finalmente consiguieron que este miércoles les paguen la mitad de lo que les corresponde y el viernes o el lunes próximo, a más tardar, el resto de los sueldos adeudados. Por lo tanto, se mantiene la situación precaria del cobro en cuotas del sueldo y la amenaza sobre los puestos de trabajo.

El jueves se realizó un acto en Interpack II (Colonia y Perito Moreno, Los Pinos, La Matanza) por la reincorporación o reinstalación de los trabajadores gráficos despedidos de Interpack I. Miguel Bravetti, secretario general de la Comisión Interna de Interpack I, dijo que “el cierre es para dejar en la calle a los trabajadores que organizados, durante 20 años defendimos el salario, el Convenio colectivo, las condiciones y los puestos de trabajo. El Directorio sacó una notificación que invoca ´los cambios observados en la industria gráfica´ pero el cierre no tiene nada que ver con la crisis ni con medidas para optimizar recursos: es una determinación política dirigida a eliminar la organización de base y, en particular, a la Comisión interna que la encabeza. Exigimos la reincorporación o reinstalación y que saquen a la policía de ambas plantas gráficas.”

La cadena de electrodomésticos Saturno Lucaioli anunció el cierre de sus 30 locales en Bahía Blanca y distintos puntos del país. Tras la decisión, y luego de 58 años de existencia, la firma cerró definitivamente sus puertas y despidió a sus más   de 500 trabajadores. Se encontraba en concurso de acreedores desde febrero de 2018, arrastrando una deuda de aproximadamente 11 millones de pesos. Aún no se notificó cuál será el modo de liquidación de los más de 500 trabajadores despedidos, quienes venían denunciando falta de pago en sus haberes.  

El cierre de Saturno Lucaioli no es el único que afecta al sector. Hace pocos días, la cadena Musimundo cerró 3 locales aduciendo una “baja en las ventas”; estos se suman a otros 10 locales que fueron cerrados en los últimos meses.  

Una tercerizada de Movistar dejó a 170 trabajadores en la calle. Aegis funcionaba en Bahía Blanca y llegó a tener 500 empleados. Pero desde hace algunos meses venía ofreciendo retiros voluntarios y despidiendo por goteo a los trabajadores que se negaran a aceptarlo.

El cierre se da en un contexto donde muchas empresas de Call center quieren encuadrar a sus empleados bajo en Convenio de la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contacto (ATACC), aún menor que el de Comercio, en que están encuadrados la mayoría de los trabajadores.

El miércoles, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizó la tercera medida de fuerza en lo que va del año en los 19 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Reclama una convocatoria a paritarias para recomponer el poder adquisitivo de los salarios del 2018 y una propuesta para 2019 que incluya una cláusula de actualización automática por inflación.

También la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) realizó un paro el miércoles por 24 horas y realizará otro de 48 horas los días 24 y 25 de este mes. El reclamo es ante la falta de cierre de paritaria 2018 y por la no convocatoria para la discusión de 2019.

Criminalizan a trabajadores

En Caleta Olivia, tres trabajadores petroleros irán a juicio el próximo 15 de abril, con una posible sentencia de ser encarcelados.

El Poder Judicial de la provincia que gobierna Alicia Kirchner, nuevamente intentará castigar los reclamos legítimos de los que luchan contra las millonarias ganancias de las empresas petroleras. Los trabajadores Néstor Vibares y Martín Oñate eran parte del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz en febrero del 2014; con el delegado de base Jorge Armoa habían iniciado una medida de fuerza junto a sus compañeros dentro de la empresa BACS S.A. Reclamaban aumento salarial, mejores condiciones laborales y el ítem desarraigo que no estaban cobrando.

Inmediatamente el juez de la localidad de Las Heras emitió una orden de detención a cinco de los trabajadores, entre los cuales estaban incluidos Vibares, Oñate y Armoa, para luego ser trasladados a distintas dependencias de Pico Truncado y Caleta Olivia. Estuvieron detenidos desde el 23 de febrero hasta el 27 de mayo del 2014.

Desde la provincia se lanzó una campaña a favor de la absolución, juntando firmas de cientos que se solidarizan, desde los sindicatos ADOSAC, ADIUNPA, SOEM, AGD-UBA, SUTNA, Unión Ferroviaria Seccional Oeste y dirigentes del Frente de Izquierda, entre otras firmas.

Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi están detenidos desde el miércoles 3 por una causa que se inició en 2017, en el marco de una protesta de trabajadores de la Línea Este por la reincorporación de compañeros despedidos y mejores condiciones laborales. En estos dos años, los choferes no pudieron defenderse porque no recibieron ninguna notificación judicial; tres de las detenciones se realizaron además sin orden de allanamiento. Familiares de los detenidos y compañeros, acompañados por referentes políticos y gremiales, reclamaron la libertad de los cuatro choferes.

La defensa de los trabajadores inició un pedido de excarcelación extraordinaria ante el Juzgado de Garantías Nº 2 de La Plata. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que ya había intervenido durante el conflicto laboral en 2016 y 2017, también presentó un oficio que ni siquiera fue contestado.

Luego de la conferencia de prensa realizada por familiares y compañeros de trabajo en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia, con la presencia de referentes políticos y gremiales, se convocó a una manifestación pasiva frente a los Tribunales platenses el miércoles. Mientras tanto, se espera la decisión del juez de Garantías, Jorge Moya Panisello, que tiene que resolver sobre los pedidos de liberación presentados.

Bajo el lema “Abril será justicia o será lucha”, la UEJN convocó para el viernes 12 a un “paro nacional de 24 horas” por aumento salarial, “por la declaración de emergencia judicial” y contra el traspaso de tribunales a la órbita de la Ciudad. Paralelamente, el gremio de los trabajadores de la justicia nacional fue denunciado por el abogado Isaac Wieder por presunta extorsión a la Corte Suprema de Justicia

El letrado solicitó también que se investigue el presunto delito de asociación ilícita. Sostuvo que con esa medida de fuerza se paraliza la administración de justicia y “se violan los derechos de los ciudadanos, que son privados de poder acceder y peticionar ante los tribunales”.

Desde la Comisión interna de ATE INTI denunciaron que el miércoles 3 uno de sus delegados fue atacado por sorpresa en las instalaciones por un trabajador de portería del Instituto, debiendo ser internado por el fuerte golpe en la nariz. A puntan a una patota de la gestión del PRO que funcionaría en las instalaciones del organismo .

Según informaron, ‘Panchito’ Dolmann estuvo internado en el Sanatorio Anchorena de San Martín para hacerse estudios neurológicos y ser evaluado por traumatismo facial con pérdida de conocimiento.  

En un comunicado de prensa ATE explicó que: “Además fue amenazado de muerte por José Provetina (subgerente del organismo) en la puerta de la enfermería”.  

“Panchito acompaña el acampe de la resistencia que mantiene un grupo de despedides dentro del Instituto, perseguido sistemáticamente por el solo hecho de luchar. ¡Basta de métodos patoteriles y de barrabravas en el Instituto! ¡Basta de violentar a les que luchan, no nos van a amedrentar!”, concluye el comunicado.

Transporte

El 14 de marzo pasado, los trabajadores de las líneas 540, 542, 551 y 553, pertenecientes a Autobuses Buenos Aires, paralizaron los servicios y cortaron el Puente La Noria. El paro fue decretado luego de que los directivos de la firma despidieran a Alejandro Medina, por negarse a trabajar en un colectivo que no contaba con las condiciones básicas de seguridad. En horas de la tarde, y ante la intervención de la cartera laboral, se dictaminó la conciliación obligatoria.

El miércoles 10 de abril, los choferes volvieron a movilizarse. Esta vez, lo hicieron al Ministerio de Trabajo de Banfield. En el Ministerio, los directivos de la firma confirmaron el despido de Medina.

Desde la tarde, los trabajadores de la Línea 542 y 551 mantuvieron un paro pacífico en la cabecera que la empresa tiene en Ejército de Los Andes y Camino Negro, en las inmediaciones del Puente La Noria. La huelga de los choferes recibió el apoyo de otras líneas de la zona, pertenecientes a la misma empresa, como las 540 y 553.

El jueves a la madrugada, a fines de romper la medida, una patota enviada por el empresario atacó con disparos de armas de fuego a los trabajadores en huelga. Dentro de la patota fueron identificados barras bravas pertenecientes a la lista de Miguel Bustinduy -lista opositora a la de Roberto Fernández en la Unión Tranviarios Automotor- y algunos dirigentes de la misma. Además, los atacantes intentaron atropellar a los choferes con dos colectivos.

Tras el ataque, dos unidades de la firma fueron incendiadas y varios choferes resultaron heridos. Los choferes, luego de repeler el ataque, continúan con su medida de fuerza y exigen la inmediata reincorporación de Alejandro Medina.

Se cumplió un mes de la suspensión total del servicio de las líneas 165, 112 y 243, producto de la desidia, la corrupción y la desinversión empresarial que causó la rotura y el deterioro de los colectivos necesarios para brindar un servicio mínimamente aceptable, y el empeoramiento de las condiciones laborales.

La paralización de este servicio elemental afecta a más de 50.000 usuarios y hace peligrar la fuente laboral de 400 familias.

El pasado 5 de abril los trabajadores en lucha cortaron Camino Negro a la altura de La Noria en Lomas de Zamora, en reclamo de los sueldos que no habían sido depositados.

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) paró por 24 horas en la empresa Andes en rechazo de “las graves irregularidades cometidas en el pago de salarios y de un despido”.

El lunes hubo asambleas en el Aeroparque de los tripulantes de cabina que afectaron los vuelos de Austral.

Ciencia y educación

El reconocido ranking global Scimago ubicó al Conicet entre las mejores instituciones públicas de investigación científica del mundo. En el ranking de este año, el Conicet se ubica en el puesto número 21 entre 1.391 instituciones estatales de investigación de todo el mundo. En el puesto número 22 figura la NASA.

Mientras así opinaba el mundo sobre el Conicet, la comunidad científica en Argentina organizó diversas protestas a lo largo del país,   en el marco del Día del Investigador Científico (10/4), en conmemoración del natalicio del premio Nobel argentino Bernardo Houssay, reclamando por el desfinanciamiento que padece el organismo .

El viernes 5 se dieron a conocer los resultados de la convocatoria a la Carrera de Investigador Científico. De 2.595 postulaciones, sólo se aprobaron 450 solicitudes, un 17,3% del total.

“En el caso de los Institutos CONICET, muchos no llegan a cubrir el pago de los servicios básicos, de higiene y seguridad. Se suma la depreciación de los salarios por la inflación y la suba del dólar, la disminución de vacantes para el ingreso a la Carrera de Investigador Científico y la imposibilidad de cumplir con los ingresos a la Carrera del Personal de Apoyo. Además, hay dificultades para renovar los contratos del personal administrativo. La mayoría renuncia a causa de la precariedad laboral en los contratos y los bajos salarios. Toda esta situación atenta contra la soberanía científica del país y deja a la ciencia en terapia intensiva”, describe Florencia Ogas.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de Buenos Aires se movilizó este jueves hacia la sede del Ministerio de Educación de la Capital Federal para reclamar “la inmediata apertura de vacantes para más de 22.000 menores que no pueden tener clases”.

El secretario general del Suteba, Roberto Baradel, aseguró que si el gobierno de María Eugenia Vidal no devuelve los días de paro descontados y deja sin efecto los sumarios iniciados a los maestros, ese gremio no firmará el acuerdo paritario.

El titular del gremio docente bonaerense mayoritario pidió, además, que se homologuen “los doce puntos del acuerdo paritario nacional para que se garanticen escuelas seguras” y la conformación de una “comisión de políticas socio-educativas para analizar temas como comedores, transporte y becas”, entre otros.

Centrales Nucleares

La Asamblea General Extraordinaria del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate resolvió iniciar medidas de lucha ante la falta de respuestas de las autoridades a los reclamos planteados. El pasado jueves en la Central Nuclear Atucha, los trabajadores resolvieron decretar un quite de colaboración y trabajo a reglamento a partir de las 00:00 horas del viernes 12 de abril de 2019. La medida se profundizará el día lunes con la realización de dos horas de paro total de actividades por turno y por sector en todo el ámbito de las centrales nucleares de Atucha I y II a partir de las 00:00 horas del 15 de abril, hasta el miércoles 17 de abril inclusive.

El gremio viene reclamando hace tiempo la participación del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate (Personería Gremial Nº 1669) a través de los representantes gremiales en la Comisión de Relaciones Laborales con la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. y el cumplimiento de la totalidad del CCT 51/05 “E” y en particular el Artículo 37 (BAPACD). No obstante, no se ha recibido contestación alguna respecto de los reclamos planteados por los trabajadores, que rechazan toda modificación regresiva de las estructuras laborales.

A lo largo de las medidas se garantizarán la seguridad de las personas y la seguridad y disponibilidad de CNA I y II. Posteriormente una nueva asamblea definirá los pasos a seguir.

Medios

El Sindicato de Trabajadores de Prensa, solicitó al presidente del Directorio de Télam, Rodolfo Pousá, que informe a la organización sindical “cuáles son las intenciones del Directorio con respecto al edificio de Avenida Belgrano 347, convencidos de que se está llevando a cabo el “vaciamiento de la agencia de noticias”.

Desde SITRAPREN denunciaron que “han clausurado cinco pisos, quitado equipamiento eléctrico, desmantelado baños y tienen a los compañeros hacinados en pequeños espacios y expuestos a pésimas condiciones de higiene y seguridad”.

Los trabajadores precisaron que el histórico edifico “permanece en total estado de abandono, no realizó ninguna inversión al respecto, solamente generó erogaciones en servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento de ascensores de un inmueble que está vacío”.

En cuestión de salarios, desde SITRAPREN indicaron que “observamos cómo en la elaboración del Proyecto de Plan de Acción y Presupuesto 2019, en la temática “Remuneraciones” sólo consideran el incremento salarial del 10% a cuenta de futuros aumentos, lo que habla de nuevos conflictos a futuro”.

Paro en Página 12 por el ninguneo del Grupo Octubre a la representación gremial interna del diario, y por la enorme deuda salarial contraída con sus trabajadores. También en Radio Nacional Porque #ElSueldoNoAlcanza, y decimos#NoAlVaciamientoEnMediosPúblicos.

La Intersindical de Radio Nacional Córdoba y la mayoría de los gremios que integran la Mesa Nacional de Prensa lanzaron un paro en la emisora, para todo el país, el próximo martes. Denuncian que el gobierno nacional abandonó toda política nacional de comunicación e hizo todo lo posible por destruir los medios públicos, vaciarlos de profesionales, de contenidos nac ionales y atacar todas las instituciones que conforman el sistema nacional de medios. Comenzando por el salario, siguiendo por las normas de gestión, los Convenios colectivos y las paritarias ante el Ministerio de Trabajo.

La Comisión Gremial Interna de los trabajadores del diario Clarín/AGEA se declaró en estado de alerta y denunció sostenidas políticas de ajuste en el matutino, que incluyen retiros voluntarios, reducción de puestos de trabajo, despidos, desajuste salarial y precariedad de condiciones laborales.

“Mientras la empresa se niega a negociar salarios de forma colectiva con esta Comisión Interna o con el SIPREBA como legítimos representantes, sólo durante 2018 nuestro poder adquisitivo cayó un 26% por la inflación. Pero ya veníamos mal: la empresa nos condenó a repetidas paritarias a la baja firmadas con un sindicato ilegítimo y fraudulento (UTPBA), por las que perdimos al menos 5% por año desde 2015. Así, contribuye al que parece ser su objetivo principal: aumentar sus ganancias al desvalorizar nuestros puestos de trabajo y facilitar mayores ajustes”, afirman.

Finalmente, el comunicado denuncia que las condiciones laborales “empeoran a diario”: “La situación de higiene y mantenimiento del edificio de Tacuarí y los materiales con los que trabajamos están lejos de corresponderse con el nivel que debería tener la empresa de medios más poderosa del país. Equipos de fotografía con más de 12 años de antigüedad; computadoras que no soportan las actualizaciones; sillas en mal estado, techos despedazados, invasión de palomas, insectos con circulación libre, baños colapsados de mugre, impresoras rotas, buffet sin abastecimiento para las noches y fines de semana y sectores en estado de total abandono son una muestra más del ajuste y el mal clima al que nos someten”.

Por todo lo anteriormente descripto, la Comisión Interna y los trabajadores de Clarín se mantienen en estado de alerta y exigen el fin del ajuste, para lo que, entre otras cosas, han comenzado con una campaña de difusión en redes bajo el hashtag #PeriodismoEnEmergencia.

Reforma laboral

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, se refirió a la frustrada reunión de comisiones del Senado que comenzó a debatir el martes el proyecto de blanqueo laboral   del Gobierno y debió pasar a un cuarto intermedio ante la ausencia de la CGT. “El blanqueo laboral es un avance de la reforma laboral”, consideró el sindicalista.

“El gobierno siempre tuvo el objetivo de instalar la reforma pero no lo van a lograr porque vamos a estar de nuevo en la calle”, consideró Moyano sobre el proyecto que presentó el senador de Cambiemos Roberto Basualdo   y aunque había sido consensuado con la CGT,   la central pegó el faltazo ante cambios de último momento en el texto.

El encuentro fue postergado para el próximo martes a las 10:30 a la espera de recomponer los puentes con la central obrera. El fiasco desató una ola de rumores sobre su salida de la gestión del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que se instalaron en todos los organismos, los gremios y las redacciones. Incluso algunos medios llegaron a publicar la “renuncia” del ministro.  

Apps de delivery no cumplen con la seguridad de sus trabajadores

El titular del juzgado n°2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, dispuso que en forma inmediata se prohíba en todo el territorio de la Ciudad, la actividad de las firmas Rappi, Glovo y Pedidos Ya, hasta tanto acrediten haber dado cumplimiento a los mínimos requisitos legales comprendidos en el capítulo 13 del Código de Tránsito y Transporte porteño.

Además, ordenó que se disponga un plan de contingencia económica y social, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, para todos los repartidores de las firmas involucradas, que compense la reducción de sus ingresos hasta tanto se normalice la situación.  

El magistrado señaló que “como surge del relevamiento efectuado por la Policía de la Ciudad, el servicio de mensajería urbana y reparto de sustancias a domicilio llevado a cabo en la CABA por las firmas prestatarias, se realiza en franca transgresión a la normativa vigente, y sin que se les exija al menos, dar cumplimiento a las normas básicas en materia de seguridad”.

Producto de ello, advirtió que “es necesario aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código y en su decreto reglamentario, al menos en lo atinente a utilización de casco, de luces reglamentarias, y en caso de llevar caja porta objetos, que la misma se encuentre asegurada al vehículo, así como existencia de seguro y de libreta sanitaria   en caso de transporte de sustancias alimenticias”.

A requerimiento del juzgado, la Policía de la Ciudad realizó un relevamiento de más de 400 ciclorodados, donde el 77 % circulaba con la caja porta objetos cargada en su espalda; el 70 % desempeñaba tareas sin seguro alguno; y un 67 % circulaba sin casco.  

A su vez, el ministerio de Salud porteño sumó información al expediente, al advertir que en el lapso de un mes, y siempre hablando del sistema público de Salud de la Ciudad, se atendieron 25 víctimas de accidentes en la vía pública, mientras desempeñaban su tarea de delivery.

Por último, Gallardo ordenó al Ejecutivo comunal que “asuma la responsabilidad que le cabe al haber permitido este grave cuadro y mitigue los efectos económicos y sociales que necesariamente deriven de lo aquí resuelto”.  

En medio del fallo del juez Gallardo, en la noche del viernes, falleció Ramiro Cayola, de 20 años, un trabajador de la empresa de delivery Rappi. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Córdoba con Madero, en Puerto Madero, mientras Cayola manejaba su bicicleta.

Desde la página Despidos Ya informaron sobre lo ocurrido y manifestaron, con el hashtag #OtraMuerteCiclistaMas: “Esta es la consecuencia directa y más horrible de las condiciones laborales en las que estamos”.

El caso de Ramiro Oyola no es el único en las empresas de 'delivery'. Sobre el final de la publicación de Despidos Ya manifiestan que:  “Esto tiene que parar, necesitamos que se regularice la actividad, que se respeten las leyes vigentes y que las empresas den la cara”.

Una recuperada al borde del cierre por los tarifazos

Las cooperativas sufren el impacto de las continuas subas de las tarifas y el Gobierno no definió ningún plan de emergencia para contemplar su situación. Así está La Papelera Unión Platense, una fábrica recuperada en el 2001 ubicada en el barrio platense de Ringuelet. La empresa en manos de los trabajadores se encuentra en jaque por los tarifazos y hoy se baraja la posibilidad de vivir un nuevo cierre.

Según dijo José Mansilla, uno de sus trabajadores, son “60 familias que dependen de este trabajo”. “Hoy en día tenemos una deuda de 7 millones de pesos en servicios y los trabajadores tienen miedo de no poder llevar el plato de comida a la casa, no saben qué decirle a las familias” , confesó Mansilla. El trabajador resumió el impacto de las subas en las cuentas de la recuperada: hace algunos años pagaban 250.000 pesos de luz y hoy pasaron a 1.200.000 pesos por el mismo servicio.

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