Comienza el año con un nuevo incendio en La Boca

Apenas pasado el primer día del nuevo año, el barrio de La Boca se vio sorprendido nuevamente por el fuego que hizo arder viviendas hasta dejar en la calle a sus habitantes. Es el tercer incendio en los últimos 30 días. La frecuencia de estos sucesos parece haberse incrementado exponencialmente al mismo ritmo en que se apuran las obras de puesta en valor del barrio, a partir del emprendimiento del “Distrito de las Artes” que, una vez más, son parte de las políticas de la actual gestión macrista que favorece emprendimientos inmobiliarios.

El siniestro comenzó en el conventillo de Ministro Brin 1263, pero el fuego no pudo ser controlado por la falta de bocas de agua y alcanzó el conventillo de Suárez 218.

Once familias quedaron en la calle; algunas habitaban el lugar desde hacía más de 30 años. Con demora, como es habitual, llegaron algunos funcionarios del Programa Buenos Aires Presente (BAP), que ofrecieron un subsidio como única contención. Frente a esto las familias decidieron instalarse en Plaza Solís. Mientras tanto, los vecinos organizados pusieron en marcha un sistema de donaciones y asistencia para permitir la subsistencia mínima de los damnificados. Al mismo tiempo el espacio, formado por distintas organizaciones, La Boca Resiste y Propone, convocó a movilizarse y cortar calles para solicitar la asistencia debida a las familias, doblemente victimizadas no sólo por la precariedad sino por la ausencia sistemática de políticas públicas de contención destinadas a los sectores más carenciados.

En la ciudad que cuenta con los mayores recursos económicos del país, el Estado está ausente de su función social para favorecer la multiplicación del negocio inmobiliario.

¿De qué estamos hablando?

En noviembre, se firmaron 3.457 escrituras, un 27,3% más que un año antes. No solo creció el número de operaciones. También subió el monto 84,8%, a $ 3.449 millones, donde no solo influyó la suba del dólar, sino que hubo más ventas de propiedades más caras. En relación a octubre el precio promedio de la operación subió 29,6%. El mercado inmobiliario, en los primeros once meses de 2015, tuvo un incremento de 10,7% en relación a igual período de 2014 en la cantidad de escrituras firmadas.

También subió 6,8% la cantidad de escrituras en la provincia de Buenos Aires, hasta las 9.803, según el Colegio de Escribanos bonaerense. Los montos llegaron a $ 5.101 millones, una suba interanual de 61,2% y un alza de 50,8% en la venta promedio.

Resistencia

La Organización Los Pibes hace años que viene resistiendo las políticas de expulsión que los sectores del capital especulativo inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo contra los sectores humildes del sur de la CABA. A la resistencia le han sumado muchísimas propuestas concretas de resolución del problema de la vivienda y el hábitat para los sectores populares.

Entre ellas la Ley 341 de Autogestión, y el año que termina inauguraron un complejo de viviendas de 33 unidades habitacionales. A solo 2 cuadras de esta experiencia, que demuestra que se puede resolver en forma simple el problema del acceso a la vivienda popular, se han dado los últimos dos incendios que padecieron los vecinos del barrio de La Boca.

Al mismo tiempo, denuncian en un comunicado “una política deliberada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de expulsión del sujeto social no deseado de la Ciudad para regalar su producto, el suelo, a sus amigos empresarios. Los investigadores le han puesto nombre a esto: Gentrificación. Para esto el poder utiliza dos herramientas: los desalojos -algunas veces legales y otras no, pero siempre ilegítimos- y los incendios -algunas veces casuales, las más evitables y costosos.

En el último mes en el barrio ha habido tres incendios, uno de ellos con víctimas fatales, en una zona que “casualmente” está delimitada por la Av. Pedro de Mendoza y por la calle Necochea. Los últimos anuncios pomposos del GCBA sobre desarrollo en la zona fueron el “Paseo de las Artes Don Pedro de Mendoza” (hoy en día ofrecido en los medios masivos para la inversión por el especulador inmobiliario Adrián Mercado) y la puesta en valor de la calle Necochea, la calle de las históricas cantinas.

Desde que el poder puso el ojo en esa zona, se ha vuelto más “incendiable”. Simples casualidades, ¿no?

Exigimos al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y a la Justicia de la CABA la resolución concreta e inmediata de la situación que padecen las 11 familias víctimas del incendio de Ministro Brin y Suárez. La Ley 341 y la Usucapion son herramientas legales que permiten acceder a una solución definitiva, como lo han demostrado la Cooperativa de Vivienda “Los Pibes”, la Cooperativa de Vivienda “Crecer en Ministro Brin”, y las familias del “ConB” de Iberlucea 1249, por citar solo los últimos ejemplos exitosos. Hoy el gobierno cuenta con todos los recursos de la Ciudad y de la Nación para resolver esta injusticia”.

Finalmente, llaman “a todas las organizaciones a acompañar este y cada atropello y retomar el camino de la lucha en unidad, para frenar el avance de la derecha que hoy arremete contra todas las conquistas de nuestro pueblo”.

Y como si esto fuera poco

En los terrenos de Casa Amarilla, un espacio hasta ahora público, el club de fútbol Boca Juniors quiere hacer un nuevo megaestadio gracias a la ayudita del PRO en el gobierno de la Ciudad y en la Legislatura porteña.

Antiguamente el predio de Casa Amarilla, ocupaba muchas hectáreas en el barrio porteño de La Boca, pero “hace más o menos 15 años la Ciudad le cedió un sector de ese terreno al Club Boca Juniors -a dirigencias anteriores al macrismo- donde Boca hizo la Bombonerita, donde actualmente entrena la primera, cortó una calle para hacer unos estacionamientos privados y nunca le devolvió nada a la Ciudad a pesar de un juicio. Todo un sector de lo que es Casa Amarilla ya lo tiene Boca, quedaban unas 6 manzanas que siempre fueron públicas, de la Ciudad de Buenos Aires, que en un momento pasaron al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). En una parte se hizo un complejo habitacional adjudicado de forma muy oscura, del que ya se inauguró un primer edificio que está sobre la Avenida Almirante Brown. Detrás quedaron todavía varias hectáreas que son más o menos unas 3 manzanas, que hasta ahora seguían siendo el campito donde juegan al fútbol los chicos porque no hay muchas plazas ni espacios públicos, tampoco hay clubes que los dejen pelotear, ahí ensayan chicas que hacen candombe, hay diferentes actividades culturales, deportivas, recreativas, asaditos los fines de semana, claramente es un espacio público”, detalló Martina Noailles a La Retaguardia.

La vecina del barrio y editora del periódico de la zona, Sur Capitalino, contó que en 2010 la Legislatura aprobó el traspaso de varios terrenos del IVC a la Corporación del Sur, que es una empresa del Estado que administra tierras que son de la Ciudad: “en ese momento Mauricio Macri hizo un decreto en el que decía que esas tierras debían ser de utilidad pública, pero la Corporación del Sur, que es como que administra esos terrenos y los pueden ceder o vender, recibió una propuesta de compra. Se trata de una propuesta privada firmada por Daniel Angelici, el presidente reelecto de Boca Juniors, en la que ofrece comprar esos terrenos a bajo precio y en muchas y cómodas cuotas, con tasas muy bajas. Dice que ahí van a hacer muchas cosas: espacios deportivos, el museo de Boca, un paseo xeneize. En sus promesas de campaña mencionó desde traer un tren de Retiro hasta la cancha, hasta hacer una nueva cancha para el club ya que no iba a agrandar la que estaba”.

Noailles relató que hace algunos meses los vecinos realizaron una marcha al Ministerio al que la Corporación del Sur le había consultado qué le parecía este proyecto: “una funcionaria de alto rango, llamada Silvia Alves, prometió a los representantes de los vecinos que no iba a hacer nada con esos terrenos sin consulta pública previa, pero hace algunos días nos enteramos que la Corporación del Sur ya envío a licitación y que el 19 de enero se abren los sobres para que estos terrenos pasen a manos privadas y que Boca tiene privilegio por haber sido quien presentó el proyecto, o sea que la apertura de los sobres es una cuestión formal, porque ya saben que se lo van a dar a Boca”.

La periodista explicó que en paralelo se presentó un Proyecto de Ley en la Legislatura de la Ciudad, cuyo autor es quien estaba en la vicepresidencia de Boca, el ex legislador del PRO, Oscar Moscariello, en el que se propone rezonificar esos terrenos: “lo que sucede es que así como están no podrían hacer una cancha. Este proyecto todavía no salió pero es probable que apenas Boca compre, la rezonificación sea un hecho y esté todo listo para la construcción de una nueva cancha sin estudio de impacto ambiental, sin consultar a los vecinos, quitándoles un espacio que es de todos”.

El barrio de La Boca solo cuenta con dos plazas: “hay una tercera un poco más alejada, y está el Parque Lezama que en realidad se ubica en el borde, ya no es La Boca, por el que también se peleó mucho para que no se enrejara. Esa por ahora se ganó, y muestra también que el Parque está bien, que no hacía falta enrejarlo pero tardaron más de un año en arreglarlo cuando decían que lo iban a hacer en 3 meses. Así que para los vecinos perder el campito es una gran pérdida, da mucha lástima porque es un espacio donde se hacen muchas actividades del barrio”, afirmó Noailles.

De todos modos, los vecinos y un grupo de abogados presentarán un amparo a ver si se puede frenar la licitación.

Integrantes de la Comisión Directiva del SEOM-Jujuy a juicio

La novedad fue comunicada en sus domicilios particulares por efectivos de la Brigada de Investigaciones y corresponde a la causa iniciada por la toma de terrenos del barrio Campo Verde pertenecientes a la familia Issa.

La cédula de notificación entregada en el domicilio del Secretario General del SEOM-Jujuy dispone “la citación a juicio de la presente causa seguida contra de los imputados Carlos Nolasco Santillán, Yolanda Ester Canchi, Santiago Seillant, Adrian Alberto Mirkin, Alberto Emilio Jesús Arias y Alvaro Martín Sandoval, ya filiados, como probables autores responsables del delito de usurpación en los términos de del Art. 181 Inc. 1º del Código Penal de la Nación, en perjuicio de Miguel Salomón Issa y María Andrea Issa”.

Cabe recordar que la ocupación de tierras ociosas por parte del Frente de Gremios Estatales de Jujuy del 5 de mayo fue consensuada por los sindicatos integrantes del frente como alternativa a la imperiosa necesidad de vivienda de los trabajadores jujeños generada por la desigual distribución de las viviendas, planes para construcción y adquisición de terrenos para empleados públicos en los últimos años. “El SEOM recibió en los últimos años solo 30 viviendas para sus más de 7.000 afiliados”, destacaban desde la dirigencia del gremio municipal.

Pueblos originarios y territorio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un conflicto de competencia en la causa de la ocupación de tierras de la empresa Benetton en la zona de Leleque y rechazó que esa toma impulsada por grupos mapuches pueda ser enmarcada como un “acto terrorista”, tal como lo había sugerido el juez de origen, el esquelense Martín Zacchino, quien se había declarado incompetente porque entendía que se trataba de un delito federal.

Los hechos se iniciaron el 13 de marzo del año pasado, cuando un grupo de alrededor de quince personas -que se identificaron como miembros de la Comunidad de Resistencia del Departamento Cushamen- ingresaron sin autorización a la estancia Leleque, propiedad de la compañía Tierras del Sud Argentino S.A. (Benetton), colocando carteles con las leyendas “Fuera Benetton” y “Territorio mapuche”. A la vez, repelieron con piedras y gomeras la intervención policial que pretendía su desalojo, causando lesiones leves a dos agentes y daños a un patrullero.

En la causa está imputado Martiniano Jones Huala, un activista mapuche. El apellido Jones Huala ha aparecido en los últimos años vinculado a varios hechos de violencia relacionados con el reclamo de grupos mapuches.

Martiniano, imputado en la causa sobre la que se expidió la Corte, es tío de Facundo Jones Huala, el activista más importante y más buscado de los últimos años, tanto en Argentina como en Chile.

La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones, a la Subsecretaría de Tierras y Colonización, al Municipio de Colonia Delicia y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a garantizar a la Comunidad Aguaí Poty la posesión y uso pacífico de las 523 hectáreas que tradicionalmente ocupan y que fueron relevadas en el marco de la ejecución de la Ley Nº 26.160.

Miembros de la Comunidad Indígena Aguaí Poty, del Pueblo Mbyá, cuyo territorio comunitario se encuentra en el Departamento de Colonia Delicia, Provincia de Misiones, denunciaron en la Defensoría del Pueblo que, a pesar de haberse completado el relevamiento territorial de la Ley Nº 26.160 y constatado, por tanto, la ocupación tradicional, actual y pública de 523 hectáreas de tierra, sufren permanentes agresiones para privarles de su uso y posesión.

Además, comentaron que se encontraron obligados a firmar un acuerdo con Arandú S.A., la cual ostentaría un título de propiedad sobre parte de las 523 hectáreas referidas dado que así obtendrían una perforación para extraer agua potable, la construcción de viviendas y de una escuela por parte de las autoridades provinciales y municipales. Pero, por ese acuerdo, dejarían a Arandú S.A. 513 hectáreas quedándose, solamente, con 10 hectáreas de las que tradicionalmente son sus tierras.

Así, agentes de esta Defensoría visitaron el territorio de dicha Comunidad e iniciaron una investigación y pusieron en conocimiento de la Dirección General de Asuntos Guaraníes de Misiones lo denunciado. En sus testimonios, los miembros de la Comunidad Aguaí Poty, expresaron que en las 523 hectáreas encuentran su alimento, sus medicinas y las materias primas necesarias para la confección de artesanías y desarrollan sus actividades recreativas, educativas y espirituales. De esta manera, quedó en evidencia que los efectos jurídicos de la firma del Acta Acuerdo con Arandú no fueron cabalmente comprendidos y que fueron forzados ante la necesidad de una fuente de agua potable, de vivienda y de educación para sus hijos y sin intención de renunciar a las tierras que tradicionalmente ocupan.

Al respecto, cabe recordar que el art. 75º Inc. 17 de la Constitución Nacional establece el deber de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, siendo que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”, lineamiento éste en el cual se inscribe el art. 18º del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; y el art. 14º del Convenio 169 O.I.T. impone a los Gobiernos la obligación de “tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.

Se lleva adelante la supervisión del proceso de cesión de una parte de las tierras que constituyen Misión San Francisco, en Pichanal (Salta), las cuales serán donadas por la Orden Franciscana a la comunidad bajo la forma de propiedad comunitaria.

Recientemente, el responsable de la comunidad San Francisco, padre Martín Caserta, se reunió con el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almarás, para tratar temas vinculados a la situación de la población de la etnia guaraní que habita la zona. Gómez Almarás se interiorizó además sobre el funcionamiento del Núcleo de Acceso al Conocimiento, que fue inaugurado en la misión el mes pasado y que beneficia a los más de 10 mil habitantes que tiene el lugar.

El núcleo ofrece a la comunidad guaraní acceso a la conectividad y a las tecnologías de las comunicaciones y les permite generar las condiciones para el desarrollo de sus habilidades digitales y oficios. (El Tribuno / Salta)

La Comunidad Diaguita los Siambones realizó una movilización hasta el Juzgado de Paz de la localidad de Raco, Departamento Tafí Viejo. Reclamaron por lo que consideraban el arbitrario accionar del Juez de Paz de esa localidad, Juan Cipriani, que apaña al terrateniente Marcos Ezequiel Paz Posse, con cuyo violento accionar afecta a la seguridad de las comunidades, que son despojadas de sus casas y parcelas de producción.

En la movilización, que se realizó el 23 de diciembre, fueron acompañados entre otros, por Rolando Fregenal, cacique de Solco-Yampa, y miembro del Consejo de Participación Indígena por el Pueblo Diaguita.

La Haine