Detrás de la impunidad y la inseguridad mediática

Argentina-
La NO impunidad no solo está ligada al juicio a los genocidas que, por otra parte, son individuales, lentos y escasos. Como tampoco la NO seguridad está ligada tan solo a hechos de delincuencia común (hurtos, robos, etc). Pensarlo de esta manera es ver la realidad con un solo ojo, es decir, a medias. Y además poner el árbol delante del bosque.
Cuando las fuerzas de seguridad de los estados y cuando las instituciones carcelarias - también estatales - cometen delitos contra las personas, eso configura una situación de impunidad e inseguridad con mayor grado de indefensión que aquella adoptada por el sentido común de la gente.

Todos somos iguales ante la ley… ¿todos?
Caso I – Provincia de Buenos Aires: Los hermanos Gustavo y Guillermo Aguilera, vecinos de una comunidad semi rural en el municipio de La Matanza, están presos desde hace más de tres años en el penal de Saavedra (a 600 km de su casa) por un homicidio que no cometieron. Los acusaron de haber robado en un predio de Gendarmería como excusa para allanar su casa y detenerlos junto a un vecino. En la Brigada de La Matanza los torturaron hasta que el vecino se quebró y declaró que ambos eran culpables del homicidio de un policía ocurrido en el barrio seis meses antes del supuesto robo. Están condenados a prisión perpetua por homicidio agravado por la condición de policía de la víctima. Además de eso, el 8 de junio serán nuevamente juzgados por el robo que la policía usó de pantalla para detenerlos.

Las cárceles serán sanas y limpias no para castigo sino para recuperación (¿?) de los reos.
Caso II-Provincia de Río Negro: el Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad de General Roca denunció que un grupo de elite del Servicio Penitenciario actúa encapuchado en la Unidad II del penal de esa ciudad requisando a los internos. En diálogo con Radio Encuentro de Viedma, Ana Calafat, miembro del Observatorio, aseguró que “se ha creado una especie de cuerpo especial por el director del área interna que continuamente ingresan a la noche y, según los testimonios de detenidos, ingresan encapuchados. Todos sabemos que las normas no admiten el ingreso de esta forma, que no hay razones para no dar la cara”.
Caso III-Provincia de Buenos Aires: El pasado 22 de abril, Javier Fressero Merlo (26) fue arrojado por un guardiacárcel desde el segundo piso de un pabellón de la Unidad 35 de Magdalena, según denunció su familia. Murió a los pocos días. El parte oficial del Servicio Penitenciario habla de un accidente pero las pericias nunca se hicieron y los otros internos del penal no se arriesgan a testificar.
Caso IV – Provincia de Mendoza: Lucas Atencio Lucero (21) apareció ahorcado en el penal de Boulogne Sur Mer, el 15 de abril, en una celda de aislamiento. Esto mereció la calificación de "extraña muerte" aunque el joven estaba colgado de una sábana atado de pies y manos. Tres días después, en el penal de Almafuerte, apareció muerto de un presunto puntazo un detenido identificado como Romero Delgado. Rápidamente fuentes penitenciarias dijeron que "se la tenían jurada". Curiosamente nunca aparecen testigos en los pabellones.

¿“Campaña al desierto” a un año del bicentenario?
Caso V- Provincia de Chubut: La ciudad de Corcovado (a 100 Km. al sur de Esquel) fue ocupada ilegalmente durante varios días en el mes de marzo por el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Chubut (GEOP) con allanamientos violentos y todo tipo de violaciones de derechos humanos. Todo comenzó cuando la policía intentó detener a Cristian Omar Bustos, el mayor de diez hijos del matrimonio de Marta Belén Pinchulef, integrante del pueblo mapuche, y su compañero Omar Bustos. Cristian fue acusado y procesado por homicidio en circunstancias confusas en julio de 2006 y estaba a punto de entregarse en la casa de sus padres. Al día siguiente alrededor de un centenar de policías del grupo de choque GEOPS invadieron el pueblo. Allanaron más de veinte viviendas, golpearon, torturaron, hurtaron y provocaron destrozos. Generaron un Estado de Sitio, la gente del pueblo no podía transitar por las calles pasadas las 22hs. Estaban fuertemente armados y con sus rostros encapuchados; impedían con temor que los vecinos se quejaran. Tomaron la radio FM del pueblo, durante dos días tuvieron el control de la misma. Actualmente, hay once denuncias en fiscalía contra la GEOPS.
Caso VI- Provincia de Neuquén: hace pocos días se realizó un desalojo violento en la Comunidad Puel (mapuche) contra la familia de Rosalía Barra, que es Autoridad Originaria Mapuche (Inan logko de la Confederación Mapuche). Más de 20 policías armados procedieron a reprimir, perseguir a menores, incendiar la única vivienda de madera donde alojaba la familia Puel-Barra. Con motosierras y combustible convirtieron en cenizas la ruka y pretendieron desalojar por la fuerza. Eso se suma al desalojo días atrás de la Comunidad Maliqueo. Estas comunidades son invadidas por empresarios inmobiliarios y terratenientes poderosos, avalados y acompañados por el intendente del Movimiento Popular Neuquino, Mauro del Castillo, acusado de malversación de fondos públicos y antimapuche a ultranza.

La verdad sin disfraz
El último informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentado en diciembre pasado, da cuenta de 2557 casos de gatillo fácil desde que se confeccionan estos informes (1996). En lo que va de este año se conocieron 100 casos más, 19 de los cuales sucedieron en diciembre. Los 81 restantes corresponden a fusilamientos de gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías y desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad entre el 10 de diciembre de 2008 y el 10 de mayo de 2009. Esta cifra ya supera el promedio mensual de los cinco primeros años de gobierno kirchnerista, con más de 16 asesinados por mes, un joven, día por medio.