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28/02/2017 :: Argentina, Argentina

Ex Oficial de Inteligencia colabora con el régimen de Macri contra la huelga docente

x Mario Hernández

La Secretaria General de Ctera, Sonia Alesso, anunció el paro docente de 48 horas en todo el país para el 6 y 7 de marzo. Añadió que los gremios de maestros participarán de la marcha convocada por la CGT para el 7 de marzo y adherirán al paro de mujeres del 8.
"Hemos ratificado la voluntad de confluir con los cinco sindicatos docentes nacionales y nuestros compañeros universitarios de Conadu en la defensa del salario, la educación pública, paritarias libres y sin techo para todos", manifestó Alesso en una conferencia de prensa tras el Congreso gremial de Ctera.
Un ex Oficial de Inteligencia del Ejército, Mariano Bronenberg, se convirtió en la cara pública de la campaña #Voluntario DocenteNoAlParo, orquestada por el "call center PRO" para atacar a los maestros en medio de la negociación paritaria y proponer "voluntarios" para reemplazarlos en clase.
En el post que le dirige a la gobernadora María Eugenia Vidal, donde propone sus servicios como sustituto rompehuelgas, Bronenberg se presenta como un especialista en Relaciones Públicas que hizo experiencia docente en la Universidad de Palermo, la Universidad del Salvador, la Universidad CAECE en Mar del Plata y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
En la web se puede ver a Bronenberg posando frente a carteles de Cambiemos, ofreciendo conferencias auspiciadas por el PRO y llamados a votar por Macri. Hay, también, referencias a su pasado como teniente coronel del Ejército y su actividad como vocero de esa fuerza en los años noventa. Él mismo reconoció haber sido oficial de inteligencia del Ejército, pero esa parte de la historia contiene un detalle que se olvidó de mencionar: el nombre de Bronenberg, el supuesto ciudadano sensible y preocupado por la pérdida de clases, figura en la lista de civiles y militares que integraron el temible Batallón 601 de Inteligencia durante la última dictadura cívico-militar.
El listado fue publicado en 2010 en la Revista Veintitrés. Aquel artículo reveló por primera vez los nombres que integraron el feroz aparato de inteligencia del Ejército, responsable de perpetrar miles de desapariciones forzadas en Argentina y la región mediante la infiltración de organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. También en el sindicato docente, uno de los más golpeados por la dictadura criminal: unos 600 docentes fueron asesinados por el aparato criminal del Estado.
En ese listado oficial, que contiene información desclasificada a pedido de la justicia, figura Bronenberg, Mariano A., con el rango de capitán.
Además, el canal de la red social Telegram, Digamos, difundió un informe que demuestra cómo el HashTag (HT) #VoluntarioDocenteNoAlParo se convirtió en Trending Topic (TT) por el trabajo del "call center PRO".
Según detalla Digamos, entre las 21:00 del jueves y las 3:00 del viernes se dispararon 22.500 tweets desde 3.084 cuentas con un alcance potencial de 3.9 millones de usuarios y de 48.2 millones de impresiones. Si bien la cuenta que más aportó fue la del portal Infobae, que con tan sólo 3 tweets alcanzó las 7.2 millones de impresiones, la segunda es Vigoroth92 y necesitó 202 tweets para alcanzar 3.3 millones de impresiones.
Hubo 10 cuentas vinculadas al PRO que durante el ataque twitearon entre 235 y 157 veces. Son más de 300 cuentas las que generaron entre 200 y 20 tweets cada una. El informe concluye que: "El call center del PRO generó al menos 33 millones de las 49 millones de impresiones potenciales que tuvo el HT hasta las 3 de la mañana. Al menos 17.000 tweets de los 22.500 tweets que tuvo el HT".
El volumen generado desde las redes sociales sirve para que luego los medios tradicionales hablen del HT y así queda legitimada la acción que pasa de ser una operación política a una noticia.
La Conadu Histórica paralizará las tareas durante 48 horas el 6 y 7 de marzo próximos en rechazo del tope salarial paritario del 18%, y aseguró que "no comenzará el ciclo lectivo en el nivel superior".
Los dirigentes, reunidos en la ciudad de Córdoba, rechazaron ese tope paritario y convocaron a una huelga nacional de dos días, a la vez que adhirieron al "paro activo y marchas de mujeres" del 8 de marzo con "la modalidad que cada asociación de base defina". El plenario se pronunció en demanda de un aumento salarial no inferior al 35% y ratificó que el haber inicial para el cargo testigo debe ser equivalente a la media canasta familiar.
También decidió el estado de asamblea permanente, alerta y movilización, y sostuvo que de no haber respuestas favorables a las demandas "se profundizarán las medidas desde el 20 de marzo".
En el marco de un multitudinario plenario general de delegados y delegadas de ATE Capital, la seccional resolvió convocar a un paro de 72 horas los días 6, 7 y 8 de marzo. Se hizo especial hincapié en la exigencia de una recomposición salarial y en la apertura de paritarias sin techo en la Ciudad de Buenos Aires.
El 6 de Marzo los trabajadores y trabajadoras de dicha seccional estarán en las calles acompañando la marcha de docentes convocada por los cinco gremios con representación en todo el país (UDA, Ctera, Sadop, CEA y Amet) desde el Congreso Nacional hasta el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación.
El día posterior adherirá activamente a la movilización convocada por la CGT "en defensa del empleo y el salario", marchando junto a las dos CTA hacia el Ministerio de la Producción para denunciar el ingreso de importaciones que perjudican al sector y la caída de la producción industrial nacional.
Por último, el día 8 de Marzo participarán del Paro Internacional de Mujeres, movilizando en unidad con todos los sectores sindicales y formando una gran columna de trabajadores y trabajadoras. Posteriormente, en la semana del 13 al 17 de Marzo se realizarán asambleas en todos los sectores con perspectivas de convocar a un nuevo plenario de la seccional Ciudad esa misma semana.

¿Fin de la crisis laboral?

Mientras el titular de los petroleros, Guillermo Pereyra, estaba de gira con Macri por España, más de un centenar de despedidos por el ajuste en YPF tomaron El Orejano, una de las áreas de mayor producción de gas no convencional de Vaca Muerta. Así lo resolvió una asamblea de trabajadores en Rincón de los Sauces sobre la Ruta 6, en reclamo de sus puestos de trabajo tras la decisión de YPF en diciembre pasado de bajar 33 equipos.
La petrolera les informó el miércoles una nueva fecha de conciliación para el próximo 2 de Marzo con la posibilidad de un anticipo de sueldo. Pero la noticia enfureció a los operarios, que se trasladaron ochenta kilómetros y tomaron el yacimiento. Además, cortaron el flujo de petróleo por ducto que une a los yacimientos de Rincón de los Sauces con las refinerías de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza.
En medio del conflicto por el intento de traslados compulsivos a varios trabajadores por parte del Organismo Provincial de Niñez a cargo de Pilar Molina, la dirección del CREU encomienda tareas a personal policial en sectores de trabajo que corresponden a operadores y administrativos poniendo en riesgo la integridad y derechos de los jóvenes y contradiciendo el argumento de que "sobra personal".
Luego de haber logrado un impasse en el conflicto, mientras tanto se concreta la reunión entre Pilar Molina y los dirigentes de ATE Provincia y ATE Sur, la próxima semana, los trabajadores repudian esta acción de la dirección del CREU.
La fábrica de alfajores "Rockero", dependiente de la firma BRANDMIX S.R.L. de la localidad de Salto (Provincia de Buenos Aires), que tiene más de 150 trabajadores, bajó las persianas en los últimos días, dejando a la deriva a sus empleados.
Cuentan los trabajadores que la venta y la producción venían mermando en los últimos meses. Tanto es así que vieron que los dueños de la fábrica querían llevarse las máquinas. Advertidos por lo sucedido, los empleados decidieron quedarse adentro del inmueble para, no solo cobrar sus sueldos, sino también mantener la fuente de trabajo.
Mastellone Hermanos cerrará la planta clasificadora en Rufino (provincia de Santa Fe) a mediados de año, debido a "la caída en el recibo de materia prima". Para los empleados la alternativa es trasladarse a otras fábricas de la compañía ubicadas a casi 400 kilómetros.
La fábrica, que cuenta con 22 empleados, dejará de operar el próximo 31 de julio, debido al "estancamiento en la actividad" y a la "caída en el recibo de materia prima", aunque también se sumarían el descenso de las ventas a Brasil, los tarifazos y otros factores.
Parte de la producción de La Serenísima de Rufino pasará a Junín y a Canals. La cuestión es que a los 22 empleados de la planta no los despidieron, pero la alternativa que les dieron desde la compañía es ser trasladados a dependencias que están a casi 400 kilómetros: una quesera de San Luis ubicada a 360 kilómetros o a General Rodríguez, a 375 kilómetros, donde hay una planta clasificadora y envasadora.
Tal como habían acordado el sindicato y la empresa, el jueves 23 de febrero comenzaron las suspensiones en la planta de la multinacional alemana Volkswagen en Pacheco.El plan de suspensión es durante 18 meses. Sin embargo, los anuncios que están haciendo firmar rigen por 30 días. Esto lo hacen, por un lado, para seguir generando incertidumbre en la fábrica. Además, para ir presionando a los que están adentro con el recambio si no se adaptan a los altos ritmos de producción o el magro aumento salarial que quieren pactar.
Pero eso no es todo. Desde la mañana la empresa acudió al gobierno para que mande cientos de efectivos de Gendarmería que están apostados en la Autopista Panamericana. Otros cientos de policías de la Provincia, autorizados por el gobierno provincial, patrullan los alrededores de la planta. Un mensaje intimidatorio de que no se pueden rechazar las suspensiones.
La pérdida de puestos de trabajo está desembarcando fuerte en el sector servicios. Una muestra de ello es lo que ocurre en el área de Seguros, donde el gremio ya cuenta unos 700 despidos en el último semestre.
Según explicó Jorge Sola, titular del gremio del Seguro, "la mayoría de los despidos se produjeron por las caídas de la Aseguradora Federal y de Interacción ART en los últimos meses". Por estas horas la principal preocupación del gremio está puesta en la reestructuración que informara el Grupo Provincia. Es que la entidad confirmó que cualquier agencia que actualmente no deje una rentabilidad mayor al 20% de ganancias, sufrirá recortes presupuestarios, que obviamente impactarán en el personal.
Al momento el Grupo Provincia ya comenzó con despidos en los puntos de atención de Rosario y Córdoba y se teme que la sangría continúe en las próximas semanas, al ritmo del ajuste.
En el Grupo Provincia trabajan unos 1.200 empleados, que ahora ven peligrar su continuidad laboral, por lo que el gremio se declaró en estado de alerta y movilización y ya inició las denuncias en el Ministerio de Trabajo.
La Federación Gráfica Bonaerense (FGB) junto a la Comisión Interna de AGR-Clarín,  con el  acompañamiento de gremios que integran la Corriente Federal de Trabajadores, de la CTA, organizaciones políticas, sociales y agrupaciones de izquierda marcharon desde el edificio de la FGB ubicado en Paseo Colón e Independencia hasta la Plaza de Mayo. El motivo fue el repudio por los 380 trabajadores despedidos en AGR reclamando la reapertura de la empresa con la conservación de los puestos de trabajo.
Las obreras de Neuquén Textil resolvieron en asamblea cortar el Puente Neuquén-Cipolletti el martes pasado, acompañadas por organizaciones gremiales, políticas y estudiantiles que conforman la Multisectorial en solidaridad con su lucha.
La delegada de las obreras Marina Catilao señaló: "Las obreras cansadas de que el gobierno siga mirando para otro lado, sin dar respuestas concretas a nuestro reclamo, resolvimos en asamblea profundizar nuestra lucha y cortar el puente carretero el día martes desde las 9:00. Somos 36 obreras, mujeres, madres y jefas de hogar que reclamamos la continuidad de nuestras fuentes de trabajo. Exigimos que el gobierno tome las medidas necesarias para que los empresarios que se robaron las máquinas las devuelvan y podamos trabajar".
Entrada la madrugada del miércoles 22 de febrero pasado, los trabajadores de ATANOR S.A. se encontraron sin poder ingresar a sus respectivos puestos de trabajo. En el portón de entrada un pequeño cartel les notificaba, sin la menor consideración, que la fábrica había decidido cerrar sus puertas.
Horas más tarde la Ciudad de Baradero se despertaría conmocionada por la lamentable noticia, y los reclamos de los trabajadores se harían oír en la plaza central frente a la Municipalidad. A pesar de que, posteriormente (gracias a la rápida reacción de los trabajadores), se dictaminó la conciliación obligatoria, las sesenta familias afectadas por este cierre repentino están viviendo la peor de las incertidumbres ante un panorama laboral que se presenta muy poco esperanzador a futuro.
ATANOR S.A. es una fábrica que produce insumos -ácido acético, acetato de etilo, de butilo y triacetina- para la industria textil, alimenticia, de artículos de limpieza y cosmética. Los productos de estas industrias se vieron gravemente afectados, entre otras cosas, por la caída del consumo.
El cierre de ATANOR S.A no es casual, ni un hecho aislado, sino que se inscribe en el dramático escenario que desde el 10 de diciembre de 2015 se viene gestando en nuestro país y del cual el Presidente evitará hablar el próximo 1° de marzo en la apertura de las sesiones parlamentarias: inflación del 40%, caída de la industria a los niveles de 2002, desocupación del 10%, caída de casi 4 puntos del PBI, déficit fiscal duplicado, mercado interno en recesión, fuga de capitales y espiralización de la deuda externa.
El mapa laboral argentino se completa con que el 43% de los 18,3 millones de ocupados, unos 7,9 millones entre asalariados no registrados y cuentapropistas de bajas categorías, se desempeñan en empleos precarios, inestables y de baja retribución, según los datos de la Fundación Mediterránea.

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego está entre las provincias que más acusaron recibo de las medidas gubernamentales, fundamentalmente las que atentaron contra la producción y en favor del ingreso de importados.
Por ello, Oscar Martínez, secretario general de la UOM de Río Grande, y diputado nacional del Bloque Movimiento Solidario Popular, disparó contra el Gobierno Nacional y señaló que su plan es "la desindustrialización de la provincia con la excusa de bajar el déficit fiscal, lo que provocaría un despoblamiento de la misma".
Martínez explicó que "la devaluación, la inflación, los tarifazos y la apertura de las importaciones, son medidas que afectaron la industria nacional y como consecuencia de ello al resto de los trabajadores, porque afectan el poder adquisitivo, y se come lo que pueda recuperarse en las paritarias".
"En Tierra del Fuego hemos informado recientemente que desde diciembre de 2015 al mismo mes de 2016, se perdieron 6.000 puestos de trabajo, esto es gravísimo", agregó el metalúrgico. En Tierra del Fuego "se fabricaban celulares, televisores, computadoras, cocinas, microondas, cámaras fotográficas, decodificadores, aire acondicionado, lavarropas y pequeños electrodomésticos. Toda esta producción era comprada por el mercado nacional, que nos ayudó a recuperar y hacer crecer la industria destruida en los '90, hoy los despidos y las suspensiones llegaron a Tierra del Fuego. Y el gobierno parece no estar enterado", concluyó.
Con el objetivo de incrementar la población, el gobierno de facto de Alejandro Lanusse creó en 1972 el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, que otorga beneficios fiscales a los fabricantes hasta 2023, fecha en que vence la última prórroga. Es decir, el origen fue por razones geopolíticas, teniendo en cuenta que, en ese momento, la isla tenía apenas 7.000 habitantes, en su mayoría chilenos.
Hasta 1989, el régimen fueguino permaneció abierto. El perfil de las industrias electrónicas se fue profundizando a lo largo del tiempo. En 1978, contaba con 24 fábricas (textiles, plásticos y electrónicas) y 600 puestos de trabajo. En 1986 fue uno de los mayores picos de ocupación, con casi 7.000 operarios contratados.
En 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde reabrió el régimen para permitir la radicación de nuevas empresas, extendiendo su vigencia hasta 2013. Ese año se ensamblaron poco más de 1 millón de productos electrónicos. Con el despegue económico, las cifras llegaron a casi 8 millones de unidades en 2007.
En 2009 el gobierno reimpulsa el régimen y sanciona la Ley 26.539 que estableció un aumento del IVA a diversos electrónicos importados (celulares, DVD, GPS, monitores y decodificadores de TV, entre otros). También hubo dos decretos para bajar tributos internos a la producción fueguina. La producción creció en forma vertiginosa en los años sucesivos: 14 millones en 2010 hasta llegar a 26 millones de electrónicos ensamblados en 2013, de los cuales más de la mitad -13,5 millones- fueron celulares.
A lo largo de su historia, el mayor beneficiario fue la industria electrónica que abarca un total de 13 grupos empresarios, entre ellos, Brightstar, NewSan, TPVision (Philips), Mirgor, BGH, Carrier, Radio Victoria, Digital Fueguina (Garbarino) y Electrofueguina (Frávega).
Por otro lado, el régimen promocional en su conjunto, incluyendo textiles y empresas del plástico, tenía 12.168 empleados directos. De ese total 10.800 eran operarios calificados de los fabricantes de electrónicos.
El plan que plantea la apertura de la importación de productos informáticos desde principios de abril, a través de la reducción a cero de los aranceles sobre bienes que pagaban un 35%, tornaría obsoleto el entramado productivo de la isla.
Para el legislador y economista del FIT-PO, Marcelo Ramal, la idea de la inviabilidad surge del gobierno que decidió trasladar el ajuste y la crisis fiscal a los metalúrgicos. "No tocan los beneficios de los monopolios de la industria electrónica (exención del IVA para compras y ventas, del Impuesto a las Ganancias, del pago de los derechos de importación, etc.), sino los puestos de trabajo", afirmó.
Ramal agregó: "La reconversión de la isla debe ser discutida por un Congreso de trabajadores a partir de la defensa del derecho al trabajo y de las conquistas laborales y sociales. Los costos de la reconversión deben ser afrontados por las patronales que deberían publicitar los costos reales de sus empresas, los beneficios acumulados y las operaciones de comercio exterior y fiscales durante la última década".

Con la sangre en el ojo: Triaca pidió juicio político para los camaristas que homologaron la paritaria de bancarios

En una decisión inédita, el Gobierno nacional presentó el pedido de juicio político para los camaristas que -durante la feria judicial- avalaron la paritaria que los bancarios habían firmado con algunas cámaras empresarias en noviembre del año pasado. Los cargos que apuntaron contra los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, que integran la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo son: mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, incumplimiento de la Constitución Nacional, arbitrariedad y falta de imparcialidad.
Gibert y Marino dictaron a fin de enero una cautelar en la que consideraron válido el acuerdo que los gremios habían firmado con Adeba (bancos privados de capital nacional) y Abappra (bancos públicos), y ordenaba que todos los bancos, incluidos los extranjeros nucleados en ABA que lo rechazaban, debían pagar según los términos de lo acordado en noviembre del año pasado. Además, los jueces habían ordenado al Ministerio de Trabajo (Poder Ejecutivo) que se abstuviera de intervenir en las negociaciones.
El Banco Central y ABA cuestionaron la decisión de la Justicia, por lo que la misma Cámara -ya con sus magistrados titulares y no con los de feria- ratificó a mediados de febrero que los términos de la cautelar de enero eran claros e insistió en que tanto el Gobierno como los bancos debían acatarla.
Desde la Asociación Bancaria, el gremio conducido por Sergio Palazzo, calificaron la decisión del Gobierno como "torpeza" y la consideraron "un hecho de inusitada gravedad institucional".
El repudio llegó también desde la Agrupación Nacional de Abogados de Trabajadores, que manifestó su "profunda preocupación respecto a las amenazas y amedrentamiento a los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, por parte del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca".
"Habla a las claras del intento de sometimiento de los jueces del trabajo a las políticas flexiblizadoras, en un marco de continuo ataque a la justicia Nacional del trabajo", indicaron los abogados en un comunicado, y llamaron a las agrupaciones de abogados a declararse "en estado de alerta".
Después de meses de tensión, la paritaria bancaria cerró con una recomposición del 24,28% pagadero en una sola cuota a partir de enero de este año, tal como estaba previsto en el acta firmada en noviembre del año pasado. Esa situación, vivida evidentemente como una derrota por el Gobierno, derivó en esta presentación.
Sin embargo, no todas son malas noticias para el gobierno en el ámbito judicial. En la provincia de Buenos Aires, los jueces Gustavo Spacarotel, Juan de Santis y Claudia Milanta emitieron un fallo que permite a la provincia descontar a los docentes los días de paro. No obstante, la Provincia decidió volver a convocarlos para hacerles una nueva propuesta el martes por la tarde. La misma contemplaría algunos cambios en distintos puntos intermedios, de acuerdo a versiones publicadas por Clarín, como pueden ser el régimen de antigüedad o la modificación de algunas actividades que no son remuneradas y podrían pasar a serlo.
Hasta el próximo lunes, la discusión salarial pasaría por distintos tramos. Primero, la reunión del martes con Vidal. En caso de no llegar a una solución, la Provincia podría acudir a una conciliación obligatoria. Si los gremios docentes no la acatan, Marcelo Villegas, Ministro de Trabajo bonaerense, deslizó que existe la posibilidad de que las paritarias se cierren por decreto.
Los gremios del sector judicial lanzaron el miércoles un paro de actividades con una nueva movilización al Palacio de Justicia por el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
El otro freno al traspaso proviene de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que el 3 de febrero hizo por primera vez un paro junto a los empleados.
Desde agosto de 2016 el gobierno nacional se propuso comenzar con el traspaso de los juzgados. Facundo Sosa, secretario general de la Comisión Interna del fuero penal (UEJN) señaló que "pretenden traspasar parte de la justicia penal empezando por los juzgados vacantes aprovechando que hay jueces no nombrados. Van a avanzar también sobre los juzgados laborales".
En julio el presidente Macri había pedido una "justicia laboral más equitativa" y la responsabilizó por la demora en la llegada de inversiones por una serie de fallos favorables a los trabajadores que van desde la reinstalación de delegados, pasando por cautelares para el cumplimiento de paritarias salariales, hasta el reciente fallo de inconstitucionalidad de la Ley de ART declarado por el juez Alejandro Aníbal Segura.
El 10 de febrero los jueces laborales José Ramonet y Carlos Pose dictaron un embargo sobre las cuentas de Artes Gráficas Rioplatense (AGR-Clarín) para que pagaran la quincena adeudada a los trabajadores que están ocupando la fábrica por el cierre fraudulento de la empresa. El año pasado, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, había fallado a favor de los trabajadores docentes de la provincia que reclamaban la devolución de los descuentos por los días de paro ocurridos en el marco de la discusión paritaria. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, explicó que "hasta dónde irá el gobierno es difícil de predecir. Lo que está claro es que es una política. No son medidas aisladas".

La Corte Suprema volvió a alinearse con las necesidades políticas del gobierno

El martes pasado la Corte dictó un fallo tras una apelación del Enacom a partir de un amparo iniciado por trabajadores despedidos del AFSCA al inicio de la gestión macrista. En una sentencia por mayoría y el voto negativo de Elena Highton de Nolasco, los trabajadores del Estado que quieran defenderse de un despido sin causa o por persecución política, tendrán que hacerlo en el fuero Contencioso Administrativo que trata a las dos partes como iguales, y no en el Laboral que entiende la relación entre empleador y empleado como un vínculo desigual y por eso suele esgrimir un principio pro-operario.
Leandro Macia, de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, señaló que: "La Corte viene interviniendo, desde el año pasado, con fallos que van en contra de los trabajadores. Lo que se está viendo es que la Corte y el gobierno están actuando en sintonía desde que comenzó el gobierno de Macri. Esto es un ataque al fuero del trabajo".
El jueves pasado, la mayoría que responde al oficialismo en el Consejo de la Magistratura, anunció a través de una orden del día, que el Cuerpo de Auditores del Consejo pondrá en marcha una auditoría en todos los juzgados de primera instancia y salas de la Cámara Nacional del Trabajo. El efecto buscado es provocar amedrentamiento tras el objetivo de disciplinar al fuero laboral.

Para cubrir las necesidades básicas una familia tipo necesita $ 21.287

La Junta Interna de ATE-INDEC actualizó el cálculo de cuánto debería ganar un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores, a diciembre de 2016, para cubrir sus necesidades básicas. El resultado es de $ 21.286,80, valor que se compone de $ 6.806,60 (Canasta alimentaria mínima) y $ 14.480,2 (Otros bienes y consumos mínimos).
En noviembre de 2015, el pan se vendía a 25 pesos el kilo. En febrero de este año, se lo podía encontrar a 45 pesos en las panaderías del Area Metropolitana de Buenos Aires. Se trata de un aumento del 80%. Es el alimento que más creció desde que el macrismo asumió la presidencia: el resto de los alimentos promedian un 40% de incremento.
Los datos surgen de un informe del centro de estudios CEPA: "El 20 de febrero de 2017 el precio del pan se incrementará entre un 15% y un 20%, según lo acordado por los empresarios panaderos del sector. Con el aumento informado el pan acumula un incremento del 83% desde noviembre de 2015 en la zona de CABA y el Gran Buenos Aires", resume el estudio.
El aumento se debe a dos factores. En primer lugar, por la suba en el precio de la harina, a partir de que el trigo (su principal insumo) se vende en el mercado local a precio internacional luego de que el macrismo decidiera quitar las retenciones a la exportación de ese cereal. Su precio creció un 104% durante el año pasado.
El segundo motivo es el tarifazo, sobre todo en el gas: según estimó CEPA, una panadería promedio pasó de pagar 1.000 pesos de gas a 9.000 a partir de los diferentes tarifazos establecidos por el gobierno. Además, las panaderías deben pagar más por la electricidad y el agua, dos servicios que también subieron en 2016 y que lo volverán a hacer este año. Todas malas noticias para la mesa de los argentinos.

La Bordó le ganó a la burocracia de Sassia en la Línea Sarmiento con el 73,47%. En la Unión Ferroviaria del Ferrocarril Sarmiento hay 2.328 trabajadores, el total de votantes fueron 1.358 (más que en las elecciones anteriores). Resultado final: BORDO 989 - VERDE 357.

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