Indígenas del Chaco argentino ganaron una batalla

El gobierno de la provincia del Chaco, en el noreste de Argentina, y el Instituto del Aborigen Chaqueño acordaron que se lleve a cabo la titularización de tierras donde viven comunidades indígenas. Además se revisaran las ventas de terrenos fiscales a particulares.

El convenio puso fin a la huelga de hambre que durante 31 días realizaron nueve aborígenes mocovíes, wichis, tobas y de otras etnias en el cuarto piso de la Casa de Gobierno provincial, en la ciudad de Resistencia. El 21 de julio los manifestantes decidieron acampar frente a la casa de gobierno luego de más de 40 días de espera de una solución oficial.

El acuerdo llegó en el límite de la resistencia física de los huelguistas ya que tres de ellos fueron hospitalizados durante los últimos días debido al deterioro físico que sufrieron.

Los ministros de Gobierno, Hugo Matkovich, y de Economía, Roberto Dell`Orto, suscribieron con el director del IDACh, Orlando Charole, el documento que normalizará la ocupación de 140 mil hectáreas habitadas por los aborígenes. El entendimiento marcó además el fin del campamento aborigen instalado hace tres meses en la plaza 25 de Mayo y en inmediaciones de la sede gubernativa.

Al abandonar el edificio, los huelguistas Inocencia Charole y Leandro Pérez expresaron su satisfacción por las respuestas obtenidas, pero advirtieron que no permitirán que "esta lucha haya sido un esfuerzo en vano".

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en Argentina hay unos 400.000 indígenas pertenecientes a 20 etnias diferentes. En particular en Chaco viven 60.000 de ellos que conforman los pueblos toba, mocoví y wichí. Allí se registran los índices más elevados de pobreza e indigencia del país.

La huelga había comenzado el 21 de julio tras un mes de infructuoso intento de diálogo de los dirigentes indígenas con el gobierno provincial. Ese día, las autoridades entregaron una "propuesta" que no satisfizo las peticiones de las comunidades, entonces los representantes aborígenes decidieron permanecer en la sede gubernamental e iniciar la medida de fuerza.

El acuerdo entre el gobierno provincial y lo indígenas pone algo de justicia al reparto de la tierra a las comunidades originarias. Según el no gubernamental Centro de Estudios e Investigación Nelson Mandela, de los 3,9 millones de hectáreas de tierras fiscales que había en esa provincia en 1995, quedan hoy apenas 660.000. Sin embargo, las comunidades, que por ley debían ser las principales beneficiadas, quedaron fuera del reparto, que beneficio a terratenientes privados amgiso de los políticos, corupción mediante.

El compromiso incluye la titularización de algunas tierras, la entrega de tierras fértiles y viables desde el punto de vista productivo, además de la revisión de ventas a particulares consideradas sospechosas. También se acordó un aumento del presupuesto del Instituto de Aborigen.