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13/09/2018 :: Argentina, Argentina

Ismael Ramírez, ¡presente! ¡Ahora y siempre!

x Mario Hernández
Ismael Ramírez, de 13 años, fue asesinado por la policía durante la noche del pasado lunes 3 de septiembre en Chaco

Fue cuando integrantes de la comunidad Qom de Sáenz Peña, Chaco, pedían la devolución de las tarjetas alimentarias que el dueño del supermercado "Impulso" les había retenido para remarcar los precios luego de los anuncios de Macri. El fantasma del saqueo como clave para explicar lo sucedido, giró en los medios de comunicación y en los funcionarios municipales, provinciales y estatales.
La convocatoria llegó por whatsapp y redes sociales: un grupo de personas iban a encontrarse frente al supermercado "El Impulso" del barrio de 713 viviendas conocido como El Obrero, en Sáenz Peña, Chaco, para reclamar alimentos. En un principio, había alrededor de 50 personas, pero a medida que pasaron las horas el número llegó a ser de alrededor de 200.
Pasadas las 20:00, comenzaron las corridas, los gritos y al poco tiempo los disparos. La policía llegó al lugar avisada de la situación por los dueños del supermercado, al que según dicen, planeaban saquear. De acuerdo a la versión policial, los disturbios comenzaron antes de que ellos llegaran al lugar. Sin embargo, los innumerables videos que se compartieron en redes y en medios, muestran un gran operativo policial a balazos de goma, dispersando gente.
La tía de Ismael, María Romero, de la comunidad Koa, expresó: "En este momento, como comunidad, estamos pasando un dolor inmenso por la muerte de Ismael Ramírez, un chico que estudiaba, iba a la escuela", y agregó que por esto realizaron una movilización pacífica frente a la fiscalía en Sáenz Peña (que se repitió en varias ciudades chaqueñas) para pedir justicia por Ismael, y agregó: "Todos hablan de saqueo. Esa palabra, nosotros como pueblo no sabemos qué significa, no sabemos qué es saqueo, porque como madres  tenemos la obligación de mandar a la escuela a nuestros hijos para que el día de mañana sean alguien con un título bajo el brazo, eso queremos para nuestros hijos". También manifestó que ellxs no mandaron a sus hijxs a romper vidrieras, como "muchos dicen en las redes sociales, que nosotros tuvimos la culpa".
"El arma es un arma tipo tumbera así que puede haber habido un entrecruzamiento de armas tumberas entre los mismos grupos que salieron a agitar, y lamentablemente hubo la muerte de un chico de 13 años", de esta manera -y a pesar de que videos y testigos hayan declarado otra cosa- la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refería al hecho que terminó con la vida de Ismael, en una entrevista. También agregó que la agitación de los saqueos había sido hecha por los jóvenes de las comunidades aborígenes de la zona y al respecto expresó que "hay un barrio en Sáenz Peña, aborigen, que tiene mucha gente joven, y que desde el sábado había mucha agitación por medio de whatsapp de que iba a haber el lunes un saqueo a las 7 de la tarde, y claro, ya todo el mundo sabía: lo sabía el dueño del almacén o del supermercado, lo sabían los vecinos, lo sabía el intendente, lo sabíamos nosotros, lo sabía la policía provincial, el gobierno, lo sabíamos todos", sin em
 bargo, ni el gobierno provincial, ni el municipal o el nacional tomaron parte en el asunto para prevenir la situación, y esto no solo lo mencionan lxs testigxs, sino la propia ministra, que asume que los uniformados llegaron después de que todo sucedió, en un acto de abandono que puede llevar a presumir un hecho de instigación a la violencia por parte del Estado, por omisión.
En la entrevista, la ministra brindó también información acerca de que ya sabían anticipadamente de otros "saqueos organizados"; sin embargo, en esos casos sí tomaron medidas de precaución para que no sucedieran: "En Mendoza ya estaban organizados por cadenas de Whatsapp, se sabía dónde iban a ir, la policía de Mendoza estuvo con anticipación en los lugares donde se intentaban organizar los saqueos. Hay varias personas detenidas, muchos de ellos con militancia en organizaciones opositoras al gobierno que tenían un objetivo político muy claro, grupos kirchneristas".
El fiscal a cargo de los hechos que sucedieron el lunes por la noche en Sáenz Peña, Marcelo Soto, salió minutos después de las declaraciones de la ministra de Seguridad a respaldar y reafirmar la teoría de los saqueos.
A la pregunta de si hay detenidxs por el asesinato dijo que "no hay detenciones por el hecho de Ismael", pero aclaró que tiene detenidxs "por el otro hecho, destrozos a los vehículos policiales, a los comercios, daños a la propiedad privada, por eso hay detenidos".
Del operativo del lunes por la noche en Sáenz Peña participaron policías locales, Gendarmería y Policía Federal. "Nosotros hemos secuestrado no menos de 5 o 6 tumberas del lugar del hecho, por eso inferimos que la bala hallada en la autopsia es de alto calibre, como de tumbera". Si bien hay videos del comerciante y un vecino que salen con armas de puño, "esas no han sido secuestradas pero sí secuestramos tumberas", remarcó el fiscal y terminó comentando que "ninguna de las personas que portaban armas de puño están detenidas".
En este marco, se vio en las redes sociales una perversa campaña para intentar ensuciar al niño fallecido mostrándolo en poses amenazantes con armas de fuego. Estas fotografías fueron desmentidas inmediatamente por sus familiares y amigos, algunas porque directamente no eran él y otras porque fueron producto de un montaje.
Daniel Ramírez, hermano del nene de 13 años asesinado en Sáenz Peña, Chaco, escribió una emotiva carta, donde aclara: "El lunes por la noche fuimos a buscar a mi mamá que había ido a visitar a unos conocidos. De casualidad pasábamos frente al supermercado cuando de repente escuché un tiro. Miré al costado y mi hermano ya estaba tirado. Le hablé y le hablé, pero no me respondía. Los vecinos llamaron a la ambulancia en vano porque la Policía no dejó que pasara. Al llegar al hospital no lo pudieron salvar".
Ismael Ramírez, tenía 13 años, era hincha de Rosario Central, y el lunes 3 de septiembre, la crisis económica, la desidia de los gobiernos, la corrupción, las fuerzas policiales y parapoliciales, el Estado -que es el principal responsable- acabaron con su corta, inocente y pequeña vida de un disparo en el pecho.
El miércoles la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTA-A) se movilizó desde los distintos barrios de Capital Federal y Gran Buenos Aires al centro de la ciudad más rica del país para gritar frente al Ministerio de Desarrollo Social que: "En el país del pan, el hambre es un crimen, y donde hay un crimen, hay asesinos".
Paralelamente se marchó desde Constitución y desde el Ministerio de Agroindustria. Hubo expresiones similares y cortes de ruta en todo el territorio nacional. Una delegación fue recibida por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, donde se les planteó la demanda inmediata de mayor cantidad de alimentos, ya que en los últimos meses la gente que acude a los comedores ha crecido y hay listas de espera de familias enteras en todos los comedores y merenderos del Area metropolitana y en distintos puntos del país. Asimismo se solicitó al Ministerio obtener medios salarios sociales complementarios.
Ante los últimos anuncios del gobierno, y la insistencia con el FMI, el Coordinador Nacional de la FeNaT, Omar Giuliani, remarcó: "No vamos a comernos el verso de que vivimos en un país pobre. Este es un país enormemente rico y venimos acá a discutir lo que nos corresponde. No queremos las migajas de un gobierno que está en crisis: esto no es una crisis, es una forma que tienen para saquearnos, para acumular ellos mientras nosotros estamos en la pobreza".
Los Movimientos Populares nucleados en CTEP, Barrios de Pie y la CCC, que se encuentran en alerta y movilización llevando adelante un plan de lucha bajo la consigna "Fuera el FMI, Basta de Hambre", realizarán este miércoles 12 de septiembre desde las 11:00 Ollas Populares en la Avenida 9 de Julio por la Emergencia Alimentaria.

Derrumbe económico

"La semana que viene recién tendremos los relevamientos de los primeros 15 días del mes, pero nuestra percepción, debido al salto del 35% del dólar en agosto, es que la inflación de setiembre tendrá un piso del 6%", sostuvo Lorenzo Sigaut Gravina, de Ecolatina.
El traslado a precios fue muy directo en alimentos y combustibles, que registraron subas de hasta el 12% solo en los primeros días del mes. También en octubre el impacto seguirá sintiéndose. La inflación estaría en el 44% a fin de año.
Los supermercados y mayoristas estaban recibiendo desde el miércoles listas de precios con ajustes al alza del 15% en promedio, confirmó el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Alberto Guida.
Guida dijo que ese ajuste será "trasladado en lo mediato" a las góndolas pero estimó que la mayor parte del pase a precios de la suba del dólar se dará el mes que viene cuando se hayan terminado de ajustar los insumos industriales.
El entonces ministro de Energía, Javier Iguacel, firmó una resolución para que las provincias se hicieran cargo de la tarifa social. El viernes el ministerio de Hacienda, a través de un comunicado anunció que "en el marco de las conversaciones con las provincias, y dadas las nuevas competencias del Ministerio de Hacienda en relación a la energía, el ministerio suspenderá la entrada en vigencia de la resolución 122/2018 aprobada el pasado 3/09/2018 para su evaluación y eventual modificación".
El traspaso de este gasto a las provincias era considerado un punto muy importante para avanzar en la reducción del déficit, uno de los objetivos primordiales del Gobierno. Sin embargo se habría avanzado sobre este punto como parte de un acuerdo entre Nación y los Gobernadores para poder consensuar el presupuesto para el año próximo, un punto clave exigido por el FMI.
Si bien aún no se conoce la renegociación entre el Gobierno y el FMI, se estima que Nación quiere realizar un ajuste en las cuentas públicas por $ 500.000 millones, de los cuales $ 100.000 millones deberían aportar las provincias. A cambio de esta "concesión" las provincias junto con funcionarios del Gobierno nacional continúan negociando cómo descargar la crisis sobre los trabajadores.
Empresarios y el sindicato de la construcción esperan al menos 40.000 despidos en los próximos meses en el sector, debido a la parálisis que sufrirían muchas obras de infraestructura por la crisis económica que azota al país.
El derrumbe del sector ya había sido golpeado por un escándalo de corrupción que estalló con los "cuadernos de las coimas" en la obra pública durante el kirchnerismo. Pero esta recesión se ahondaría por la aceleración de la ya alta inflación, que provocó un desplome del peso frente al dólar.
Ante los temores de los inversores por la marcha de la economía, muchas empresas de la construcción no logran conseguir el financiamiento necesario para avanzar con obras de infraestructura pactadas con el gobierno de Mauricio Macri.
Tan sólo en los primeros siete meses de 2018 se registraron 12.532 casos de despidos en el empleo público, de los cuales 7.652 corresponden al ámbito gubernamental y 4.880 a despidos en empresas de capital estatal, de acuerdo al Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
También en el sector privado avanzan los despidos y suspensiones. Según datos aportados por el CEPA, solamente entre diciembre de 2017 y julio de 2018, tuvieron lugar al menos 31.191 despidos y 4.949 suspensiones.

Conflicto educativo

Las direcciones de CONADU y FEDUN evaluaron como un avance la oferta de un 25% de aumento. La CONADU-H y siete asociaciones de base de la CONADU rechazaron la oferta considerándola una rebaja salarial y el regreso de las sumas grises.
Los grupos mediáticos Clarín y La Nación intentan instalar que el paro universitario finalizó. De la misma manera que el Gobierno y las federaciones firmantes. Sin embargo, el Congreso Extraordinario de CONADU Histórica que sesionó en Buenos Aires con la presencia de 77 delegados de 24 asociaciones de base, resolvió rechazar la propuesta salarial del gobierno por los siguientes motivos:
1. Incluye sumas fijas que no forman parte del básico, siendo esto un retroceso de más de 13 años de la lucha docente que conquistara el blanqueo salarial tras dos meses de huelga en 2005.
2. No incluye la clausula gatillo ante el desborde inflacionario.
3. Resulta insuficiente ya que no cubre el 30% solicitado por esta Federación frente a una inflación estimada por el propio gobierno del 42%.
4. Estas sumas fijas, al no ser bonificables, no contemplan los adicionales por título y zona desfavorable. Estos ítems no implican un gasto considerable sino que están referidos a una voluntad política de terminar con los pagos de zona como se intentó con las asignaciones familiares y se intenta con los jubilados de la Patagonia.
Por todo lo expuesto, ratifican el pliego de reivindicaciones: 30% de recomposición salarial al básico, más cláusula gatillo. Aplicación del Convenio Colectivo. Salario para los ad honorem y pase a planta de los contratados.
Asimismo, se ratifican la continuidad del plan de lucha con cese total de actividades para la semana del 10 al 15 de septiembre, confluyendo el 12 con los cortes y movilizaciones de la CTA Autónoma y sus sindicatos y el día 13 con las movilizaciones educativas en todo el país y solidarizándonos y participando activamente de las actividades que surjan de las asambleas y tomas estudiantiles de todo el país.
Mientras tanto, lxs docentes de COAD (Rosario), organización de base de la Conadu, continúan el paro y convocaron a ASAMBLEA GENERAL DOCENTE para el lunes 10/09 a las 17:00 a los fines de evaluar la situación de la negociación salarial y la continuidad del Plan de Lucha.
En Rosario, estudiantes de todas las casas de estudio se reunieron el miércoles en una masiva asamblea inter facultades en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Al momento del inicio de la asamblea, más de mil estudiantes ocupaban la calle Entre Ríos, entre Santa Fe y la peatonal Córdoba.
La asamblea fue parte del movimiento estudiantil que emergió al calor del paro de COAD y de los y las docentes de la Universidad, con asambleas, tomas y dos movilizaciones de miles de estudiantes, dando volumen al conflicto universitario y expresando la bronca de la juventud frente a los planes de Macri y el FMI.
La toma de Filosofía y Letras de la UBA ya lleva 10 días con clases públicas. El viernes votaron extenderla hasta el lunes, día que realizarán una asamblea general, para resolver qué harán, pese al cierre de la paritaria docente de FEDUN-CGT y CONADU-CTA.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunció un paro y movilización para el próximo jueves 13 de septiembre.
La marcha nacional se dirigirá al Congreso cuestionando el Presupuesto "de Macri y el FMI".
Entre los reclamos están "la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, defensa de nuestro salario, condiciones dignas para enseñar y aprender, mayor presupuesto para Educación y defensa de la Universidad Pública", entre otros. El Frente Gremial Docente en la Provincia de Buenos Aires informó que la huelga será de 48 horas y comenzará el 12.
Hace dos semanas fue la última reunión de la paritaria en ese distrito. No hubo acuerdo. El gobierno propuso 20,7% de incremento (19% más un suplemento) y el compromiso de revisión de esa pauta en octubre. Fue rechazado y llevaron adelante una medida de 3 días sin clases.
Al pedido de incremento se suman los problemas de infraestructura después de la muerte trágica de dos docentes en Moreno, el 2 de agosto. En ese distrito desde entonces, 70.000 chicos no tienen clases porque la comunidad educativa decidió suspender el dictado hasta que les garanticen condiciones de seguridad en los edificios escolares.
Los sindicatos bonaerenses (FEB, Suteba, Sadop, Uda, Amet, Udocba) exigen que se declare la "emergencia edilicia" y rechazan el "congelamiento salarial, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de los salarios de los jubilados".
La defensa de los 29 profesorados de la Ciudad de Buenos Aires que se manifiestan en rechazo al proyecto de creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UniCABA) comenzó con una marcha desde el Palacio Pizzurno el martes pasado a las 17:00, y culminó en Perú 160, sede de la Legislatura porteña, donde se montó una Carpa Educativa.
Hasta el viernes se desarrollaron paneles con especialistas, talleres, intervenciones artísticas, proyecciones audiovisuales y clases públicas, además de charlas con legisladores de los diversos espacios que integran el Parlamento, asambleas estudiantiles, y clases sobre Educación Sexual Integral (ESI).
El viernes, en el medio de la sesión de consejeros escolares, estudiantes de más de 10 escuelas, junto a familias y docentes, ocuparon el Consejo Escolar de Morón, en el marco de reclamos de infraestructura.
Ante la denuncia de un auxiliar que recibió una descarga eléctrica la semana pasada en la escuela de Teatro, la Presidenta del Consejo, María Julia Traverso de Cambiemos planteó que desconocía el caso y hasta puso en duda esa información.
Por último, las escuelas se llevaron por escrito un compromiso del Consejo. También se votaron varias medidas para llevar adelante esta semana que profundizan la organización y coordinación desde las escuelas, siendo conscientes que no se puede depositar confianza en una institución que mira para otro lado ante los problemas estructurales de la escuela pública, que se mantienen hace décadas no resueltas por el anterior gobierno, y que Mauricio Macri y Vidal profundizan con su plan de ajuste.

Conflictos estatales

La CTA-Autónoma anunció que este 12 de septiembre para y se moviliza en todo el país contra el ajuste, por trabajo, producción y soberanía.
El mediodía del viernes cientos de trabajadores y trabajadoras se convocaron en la puerta del Ministerio de Trabajo para rechazar la degradación de la cartera laboral, que la reducirá a una simple Secretaría del Ministerio de Producción, y para denunciar el peligro que supone para las tareas sociales que lleva a cabo y el riesgo que implica para las fuentes laborales.
Un comunicado de la Junta Interna de ATE destaca la intencionalidad política de las medidas: "desmantelar el Ministerio de Trabajo para dejarlo con funciones reducidas y subordinado al Ministerio de Producción es un claro mensaje para el conjunto de las y los trabajadores: los derechos laborales pasan a depender hoy del capricho y el lobby empresarial". Y agregan: "de la misma manera, el traspaso de la ANSeS y la Secretaría de Seguridad Social al ámbito de Desarrollo Social indica que nuestra jubilación, que no es otra cosa que nuestro propio salario que hoy da de comer a nuestros viejos, deja de ser un derecho laboral para transformarse en un beneficio social que hoy te lo dan y mañana te lo quitan".
Hernán Izurieta, delegado general de la Junta Interna, destacó que la decisión del presidente Macri "es una declaración de guerra total a las trabajadoras y trabajadores. Este decreto infame que reduce a la mitad la estructura de los ministerios es un ataque frontal a los estatales que no tenemos dudas, por más que los funcionarios nos chamullen, que esto conduce a miles de despidos en la administración pública nacional".
Trabajadores de distintas áreas de la salud, organizaciones sociales y pacientes realizaron el miércoles un "abrazo" al edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social para rechazar la transformación de la cartera sanitaria en una secretaría.
La movilización fue convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), UPCN y ATE, entre otros gremios, organizaciones sociales y de pacientes que integran el "Movimiento por el Derecho a la Salud".
Los manifestantes rodearon el histórico edificio ubicado en la esquina de la Avenida 9 de Julio y Moreno para repudiar la decisión del Gobierno de bajarle el rango a la cartera sanitaria y transformarla en una secretaría dependiente del reformulado Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley.
Trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de los organismos que dependen de la cartera protagonizaron una multitudinaria asamblea en la puerta de la Sede Central de la cartera, en repudio al desfinanciamiento destructivo del Ministerio mediante la eliminación del sistema de ENTES de cooperación técnico-financiera y el traspaso de sus fondos, y por la reincorporación de los despedidos.
Los delegados de la Lista Verde, ANUSATE, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, informaron que está circulando un proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), presuntamente elaborado por el Ministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujovne, que intenta incluir los fondos  recaudados por los Convenios de Cooperación Técnica y Financiera.
El proyecto de DNU en cuestión establece en su artículo segundo que, antes del 1º de enero del 2019, se deben rescindir todos los contratos de personal celebrados por los Entes de Cooperación, y eliminar los pagos de incentivos que se le abonan a los trabajadores de la Administración Pública Nacional.
La aplicación de este decreto significará, en caso de ser aprobado, que sean despedidos cerca de 10.000 trabajadores contratados por Ley de Contrato de Trabajo que tienen una relación de dependencia con los Entes de Cooperación y que a casi 2.000 trabajadores de la planta del Estado se les reduzca a la mitad su salario por la eliminación del incentivo.
Algunos de los organismos que tienen trabajadores contratados por los Entes y se encuentran  afectados por el decreto son, entre otros, el Registro del Automotor, el Registro de la Propiedad Inmueble, la Dirección Nacional de Reincidencia, la Inspección General de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos y las instalaciones de la Ex ESMA, el Programa "Las Victimas contra las Violencias", los  Centros de Atención a Justicia (C.A.J.), el INADI, Derecho de Autor, el Ministerio de Seguridad y diversos programas que presta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
También los trabajadores de diversas delegaciones de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) rechazaron el lunes la eliminación de los Entes Cooperadores. Realizaron una concentración frente al Ministerio de Hacienda y en una virtual asamblea del gremio rechazaran los nuevos recortes en la administración pública.
La agrupación H.I.J.O.S. Capital denunció que el Gobierno nacional pretende despedir a trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y que no depositó los sueldos correspondientes al Ente Espacio para la Memoria y Derechos Humanos.
Los trabajadores y las trabajadoras del Espacio Memoria se encuentran en estado de asamblea permanente por la falta de cobro de sueldos. Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, que también funciona en el mismo predio, hubo 100 despidos por parte del ex Ministerio de Modernización.
Los trabajadores de la AFIP realizaron el lunes un "apagón informático" en todas las sedes del país para repudiar el ajuste en el ente recaudador. Hace dos meses denunciaron la aplicación de la Disposición 204/2018, que disminuyó al 0,55 % la cuenta de jerarquización y, como consecuencia, sus salarios.
La medida de fuerza comenzó a las 13:00 y se extendió hasta el fin de la jornada laboral. Por último, advirtieron que continuarán con el plan de lucha, que contempla suspensiones en la atención a los contribuyentes y el quite de colaboración. "El 17 de septiembre, en la Sede Central de la AFIP, vamos a demostrar nuevamente la firme convicción que tenemos los trabajadores en la defensa de nuestros derechos y de nuestro Organismo", concluyeron.
La Asociación Judicial Bonaerense realizó un paro total de actividades con movilización a la Suprema Corte de la provincia en La Plata. Exigen la continuidad de la paritaria salarial "suspendida unilateralmente" por el Ejecutivo a fines de mayo.
A su vez, reclamaron que se haga efectiva la medida cautelar dispuesta por el Tribunal de Trabajo 3 de La Plata el pasado 13 de julio. Esta resolución obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios de empleados y funcionarios judiciales de acuerdo a la variación de inflación que publica mensualmente el Indec y a reanudar las negociaciones.
En una extensa y concurrida Audiencia Pública realizada en el Salón de las Provincias del Senado de la Nación, ATE reclamó por la reactivación de Astillero Río Santiago y contra el vaciamiento de Fabricaciones Militares. En la reunión, convocada por la Comisión de Industria de la Cámara Alta del Congreso, participaron además representantes de sindicatos marítimos, especialistas y legisladores nacionales.
En la audiencia surgió la iniciativa de citar al Ministro de Defensa Oscar Aguad, para que explique el vaciamiento de las plantas estatales. Además se insistió en la importancia de unificar distintos proyectos de ley para avanzar en el tratamiento de la reactivación y las reincorporaciones de todos los despedidos y despedidas.
Al no haber tenido aún ninguna respuesta sobre los más de 600 despidos en el Ministerio de Agroindustria, se realizó una jornada de lucha en las puertas del Ministerio y un corte de la avenida Paseo Colón, con importantes delegaciones de estudiantes y trabajadores que acercaron su solidaridad.
Los trabajadores del organismo resolvieron seguir la permanencia pacífica en el ministerio hasta el lunes en el que se esperaba la llegada de los despedidos de las distintas delegaciones de las provincias. De esta forma, se preparan para intervenir con fuerza en el paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) el 12 de septiembre.
Trabajadores de la agencia nacional de noticias Télam volvieron a movilizarse este miércoles para reclamar la reincorporación de los 357 despedidos de ese medio estatal, en una jornada en la que se cumplió el día número 73 de paro y permanencia pacífica en la redacción.
Acompañados por periodistas de distintos medios, gremios y agrupaciones políticas, los trabajadores de Télam marcharon el miércoles desde el Obelisco por la avenida Corrientes hasta el Centro Cultural Kirchner (CCK).
La semana pasada se eliminaron más de 50 puestos laborales en la empresa Trenes Argentinos Cargas y de Capital Humano Ferroviario (ex ARHF); así como también, cierre de talleres en distintos puntos del país y ofrecimiento de retiros voluntarios en las distintas líneas.
Un trabajador ferroviario dio cuenta de la situación: "No son sólo esos 50, hay más. Desde que asumió Cambiemos hubo más de 2.500: 1.300 en Ferrobaires, más de 1.000 en el Roca. La semana pasada saltaron 35 del Belgrano norte. Y después tenés los retiros voluntarios, que son despidos por abajo; además de las jubilaciones anticipadas".
Los trabajadores indican que el detonante en el sector fue el cambio del Convenio Colectivo. Lo señalan como una traición sindical. Con las modificaciones cedidas por Sergio Sasia, el titular de la Unión Ferroviaria (UF), se dio lugar a la flexibilización laboral, y a que unifiquen las categorías: esto obliga a un trabajador a realizar tareas para las cuales no está capacitado, y sin condiciones mínimas de seguridad e higiene.
Sasia, Secretario General de la UF, es un sindicalista cercano a Mauricio Macri. Fue uno de los que firmaron paritarias en connivencia con el tope oficialista: un 15 % en dos tramos.
Los trabajadores denuncian que el Gobierno participa del desguace ferroviario: "El Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, es empresario automotor, entonces, el negocio es simple: te cierran los ramales, te quedan disponibles las tierras -ahí entra a jugar la inmobiliaria de Marcelo Orfila, el presidente SOSFE y de Trenes Argentinos-, y te quedan los pueblos aislados, por lo que vas a necesitar un transporte automotor: colectivo o camión".

Despidos y suspensiones

Luego de meses de intensos rumores, versiones de todo tipo y un constante flujo de retiros voluntarios (150), que empezó a achicar la planta de empleados abocados a la producción de helados, la firma del poderoso Grupo Pegasus, que supo ser comandado por Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete, confirmó la peor noticia: Freddo baja la persiana.
Las malas noticias llegaron de la voz del abogado de la firma y de la gerente de Recursos Humanos. Explicaron que dejarán de producir y que están en negociaciones con el gremio de Pasteleros, que representa a los operarios, y la Secretaría de Trabajo para que se paguen las indemnizaciones con algún porcentaje extra y algún seguro de desempleo ampliado.
Buscarán un nuevo proveedor para los locales, aunque tampoco es seguro que logren subsistir a esta debacle. Casi dos tercios de los 200 locales que opera en la actualidad Freddo son propios, con lo cual cerca de 120 establecimientos están a merced directa de Pegasus. El resto son franquiciados, por lo que podrían migrar o reconvertirse.
Mediante una asamblea informativa convocada por el SMATA en General Motors de la localidad de Alvear, se le notificó a los trabajadores que habrá suspensiones masivas durante un mes, a partir del 17 de septiembre hasta el 17 de octubre. Luego, trabajarán dos semanas al mes, de manera rotativa hasta el 31 de enero del año próximo.
Además, por las reducciones de las horas de trabajo, solo quedarían trabajando el turno mañana y el turno tarde, por lo tanto los trabajadores pasarán a cobrar solamente el 70% del salario básico. Pero la rebaja salarial es mayor aún porque tampoco se cobrarían los premios como productividad y presentismo, lo cual significaría una brutal rebaja salarial.
El Sindicato de la Alimentación realizó un bloqueo en los accesos de la planta Mondelez, para reclamar la reincorporación de los trabajadores despedidos. Advirtieron que la firma comunicó que las cesantías serán 200.
"Los despidos no tienen nada que ver con su situación patrimonial, ya que la empresa ganó más de $ 983.000.000 en el primer cuatrimestre de este año. Las ganancias no las resignan ya que incrementan el valor de sus productos al compás de la inflación", señalaron.
Las y los trabajadores de la fábrica Canale iniciaron un plan de lucha. La medida abarca a los 500 operarios efectivizados y a otros 500 que se encuentran bajo contrato temporario; e incluye a las plantas de Lavallol (Buenos Aires), Tupungato, Tunuyán y Real del Padre (Mendoza) y de Camino SA. (Catamarca).
La medida fue resuelta luego de que fracasara el diálogo con el empresario, a quien acusan de adeudar dos meses de salario, de cortar las obras sociales y de suspender a cientos de operarios.
Los últimos 60 trabajadores de la fábrica de zapatillas Gaelle, ubicada en la localidad de Piñeiro, Avellaneda, se encontraron el jueves 22 de agosto, con las persianas bajas y carteles en la puerta de la planta donde se les informaba un cese de las actividades. Debido a la baja en las ventas y a la apertura de las importaciones, la empresa comenzó en mayo de 2016 con el despido de la mayoría de los 300 operarios que tenía hasta ese momento. Los despidos y retiros voluntarios del personal se realizaron en pequeños grupos durante todo este tiempo hasta llegar a los 60 que quedaban hasta ayer cuando los titulares de la empresa decidieron cesar las actividades.
La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina advierte que se perdieron 6.000 puestos de trabajo en el sector desde la apertura de importaciones dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri. Por eso reclamaron al Gobierno nacional el cierre de las importaciones por el plazo de un año.
La cadena de supermercados Walmart decidió cerrar la sucursal que está ubicada en el shopping DOT y venderá 12 de sus locales más pequeños a DIA%. La medida afecta casi 200 empleados, que no serían reubicados en su totalidad y que por estas horas denuncian despidos masivos. La firma posee 106 locales en el país y emplea a 10.800 personas en un sector en pleno retroceso.
Según el INDEC, por las menores ventas y las nuevas alternativas de consumo, entre 2015 y 2017 hubo una reducción de 5.405 puestos de trabajo en el sector, una baja de más del 5%.
El 5 de julio de este año la patronal de la cerámica San José en la provincia de San Juan, decidió suspender a todo el personal por 28 días. Desde entonces la fábrica está cerrada y los trabajadores perciben una mísera suma de 4.000 pesos por mes.

Paro en el cordón industrial de Rosario

El pasado martes el cordón industrial de Rosario estuvo de paro. La confrontación de las políticas de ajuste, el rechazo a los despidos y la defensa de la soberanía, fueron los ejes fundamentales. Los piquetes empezaron de madrugada y al mediodía se dio un acto con referentes de las distintas centrales obreras y gremios. En Villa Constitución también hubo acto en la Plaza Central.
Se estima que el paro regional tuvo un acatamiento del 95%. En Rosario, hubo desobligación de Amsafe (docentes) de 10 a 15 horas y ATE paró en todos los niveles. Heterogéneo fue el mapa de referentes que al mediodía tomaron la palabra en la Rotonda de los Trabajadores en el ingreso a San Lorenzo, de cara a cientos de trabajadores de diversos sectores, incluso legisladores y legisladoras provinciales y locales. Los oradores y oradoras plantearon la defensa irrestricta de la educación y la salud públicas. A lo largo de las alocuciones, se escuchó reiteradamente 'el hit del verano' que tiene al Presidente Mauricio Macri como protagonista.
Con un plenario realizado en el auditorio de Luz y Fuerza Córdoba, sindicatos, gremios, centrales sindicales, organizaciones sociales, barriales, estudiantiles y políticas de la provincia analizaron la situación del país.
La convocatoria corrió por cuenta de la CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña que lidera Mauricio Saillén, y sumó a la CTA de los Trabajadores que comanda Pablo Carro y las 62 Organizaciones que encabeza Sergio Fitipaldi. Allí se resolvió exigirle a la CGT Nacional que adelante la fecha del paro nacional previsto para el 25 de septiembre. "Tenemos que impedir que se apruebe el presupuesto que contempla el acuerdo con el FMI", señalaron en un comunicado.
También la CTA Autónoma que lidera Pablo Micheli pidió adelantar el paro general de 36 horas que lanzó la semana pasada en coordinación con la CTA de los Trabajadores y Camioneros por la aceleración de la crisis que se desató con la devaluación.
Por su parte Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, confirmó el compromiso de una reunión para adelantar el paro: "Necesitamos volver a unificar una fecha antes del 24 de septiembre".

Convenios

Las y los trabajadoras/es organizadxs del Grupo Telecom denuncian la firma de un acta rubricada por Telecom/Cablevisión (Clarín), por la Federación Argentina de las Telecomunicaciones (FATEL) de la cual es parte Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) y por la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (FOEESITRA), que habilita un aumento en la jornada laboral para las áreas técnicas. Dicha firma se ha realizado a espaldas del conjunto de los trabajadores de las telecomunicaciones, en una clara violación al estatuto.
El acta establece, por un lado, un aumento de la jornada de las 140 horas mensuales actuales a 178.5, a cambio de una compensación salarial, en el marco de una paritaria cerrada recientemente con solo un 16.5% para este año, cuando la inflación ya se estima en un 40% anual.
Por otra parte, establece que las y los trabajadores que no quieran realizar el cambio, pueden permanecer con el esquema actual de contratación y la empresa debe garantizarles realizar, al menos, un sábado por mes de 5 horas extraordinarias. Con el esquema actual, la enorme mayoría de las y los trabajadores del sector realiza habitualmente dos o tres sábados de horas extras. Existe claramente un aumento en la jornada laboral, pero también un claro ajuste en el salario. Además, los trabajadores explican que en este nuevo acuerdo, se avanza en la polifunción de los trabajadores del sector.
Asambleas en Fate, Pirelli y Bridgestone pusieron a consideración la propuesta de aumento salarial del 28%, la cual incluye un bono extraordinario y cláusulas de revisión. Además se votará un pronunciamiento del Sutna ante la actual situación económica y social.
La Federación de Camioneros firmó, en los últimos días de junio, un acuerdo paritario que entre porcentajes y adicionales sumaba 25%. Fue el primer gremio en llegar a esa cifra, cuando el gobierno insistía con una inflación del 15 a 20%. El acuerdo incluía una cláusula de revisión.
"Hoy la crisis económica y social en Argentina es preocupante y las proyecciones oficiales admiten que la inflación rondará el 42% con una recesión del 2,4%", asegura el comunicado de la Federación que dirigen los Moyano.
Por lo tanto, "dando cumplimiento a la cláusula de revisión firmada con la Cámara Empresarial, solicitará de manera urgente la reapertura de paritarias, motivo por el cual Camioneros ya se encuentra en estado de alerta y movilización, anticipando un deterioro productivo, laboral y social más profundo que el previsto que afecta fuertemente a los trabajadores".

Basta de asesinatos laborales

El lunes 10 de septiembre, los integrantes del espacio Basta de Asesinatos Laborales realizaron una marcha exigiendo justicia por los trabajadores fallecidos en sus puestos de trabajo y exigiendo condiciones de seguridad e higiene para no tener que lamentar más víctimas.
La cita fue en las puertas de la sede del INTA (Av. Rivadavia 1439). Desde allí marcharon hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires (Av. Callao 237) y luego a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Sarmiento 1962).
Esta movilización se dio en el marco del segundo aniversario de los crímenes de David Ramallo (Línea 60), Diego Soraire (INTA-Castelar) y Richard Alcaraz (obrero de la construcción), y al cumplirse el primer mes del fallecimiento de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, en la escuela 49 de Moreno. Y tuvo como eje principal visibilizar que en Argentina fallece un trabajador en su puesto de trabajo cada 20 horas. Un promedio de 450 muertes laborales al año, solo de trabajadores formales. Y esa cifra va en aumento.

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