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25/07/2019 :: Argentina, Estado español, Argentina

La pesadilla macrista continúa

x Mario Hernández
Panorama político y sindical

El 53% de los argentinos tiene problemas de empleo. El salario se hundió 8,8% en los últimos doce meses. El poder adquisitivo cayó 16,4% desde que asumió Macri. Se acentuó la desigualdad en la distribución del ingreso. La pobreza alcanzó al 35% de la población. La mitad son niños.

Empleo

Más de 50.000 trabajadores formales que quedaron desocupados pasaron a cobrar la prestación por desempleo en los últimos tres meses de 2018. Así, la cantidad de trabajadores formales despedidos sin causa que están cobrando el seguro de desempleo alcanzó a 118.268 personas, según los datos del Anses a diciembre pasado. En diciembre se otorgó a 17.276 trabajadores frente a 10.791 en diciembre de 2017.

El monto equivale a la mitad de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos 6 meses trabajados. No obstante, tiene un techo tan bajo ($ 4.428,77 a marzo 2019) que, en promedio cobraban $ 3.845, un 12% del sueldo promedio de los activos. Puede percibirse entre 2 y 12 meses como máximo.

Los alcanzados por la prestación cobran asignaciones familiares y cuentan con la cobertura de obra social y el período de cobro se reconoce como meses de servicios para la jubilación.

Según un informe difundido por el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) dependiente de la Universidad de Belgrano los argentinos que tienen problemas de empleo llegan al 52,7%. El estudio, basado en las cifras oficiales del INDEC relativas al primer trimestre de este año, incluye dentro de ese sector a aquellas personas que integrando la Población Económicamente Activa (PEA), se encuentran desocupados, un 10,1% los que se encuentran sub ocupados y demandan empleo (8,4%), los ocupados que buscan nuevas fuentes laborales de ingresos que involucran a un 9,1% de la población y, además, el 25,1% de la población que, contando con empleo considera que labora más horas de las que cree que corresponden y que, caso contrario, no podría reunir los bienes y servicios que necesita para vivir.

El informe, además, pone de relieve que, según las cifras oficiales, del total de los trabajadores asalariados un 35% no registra descuentos jubilatorios y, por lo tanto, forma parte de la población que trabaja en negro.

El director del CENE, Víctor Beker, que además que fuera Director del INDEC, detalló que "los segmentos más castigados por el desempleo son las mujeres de 14 a 29 años, con un 23,1%, y los varones de igual grupo etario, con un 18,5%.

Por último, destacó que "dadas las variaciones negativas registradas en los niveles de actividad en el período, con descensos del PIB del 5,8%, de la construcción del 6,8%, del consumo privado de 10,5%, de la industria manufacturera del 10,8%, y de la inversión de 24,6%, no debe llamar la atención su impacto en el mercado de trabajo", completa el economista.

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizotto, al tiempo que aseguró que el país debe avanzar con una reforma de las leyes laborales, señaló que el sector agropecuario tiene «prácticamente el 50% de los trabajadores no registrados».

Según el Boletín de Actividad mensual que publica la Asociación de la Industria Metalúrgica, Adimra, federación de cámaras que agrupa al conjunto de actividades pertenecientes a la rama metalúrgica, la actividad acumula en dos años una caída del 8,3 %.

Además el uso de capacidad instalada se ubica en el 51,1 %, lo que implica que prácticamente la mitad del equipamiento y maquinaria existente en el sector se encuentra inactiva.

El 36 % de los empresarios consultados indicaron que, durante los cinco primeros meses del año, redujeron las horas extras; un 15% redujo la jornada laboral; mientras que el 10 % respondió que había recurrido a la solicitud del programa de recuperación productiva (Repro) o proceso preventivo de crisis. Un 7 %, en tanto, respondió que había echado mano a la suspensión de personal en los primeros cinco meses del año en curso.

Salarios

Dos encuestas que monitorean los presupuestos de las empresas destinados al pago de salarios no regulados por Convenios colectivos de trabajo muestran aumentos anuales previstos en 34 y 35,7% promedio, contra una estimación inflacionaria del 40,3%.

Según lo estimado por el Instituto Estadístico de los Trabajadores, el salario real se hundió 8,8% en los últimos 12 meses y se encuentra en su pico más bajo de la década. Así, el poder adquisitivo cayó 16,4% desde que asumió Mauricio Macri.

La devaluación, la inflación y las paritarias a la baja fueron los ingredientes clave del cóctel explosivo que pulverizó los sueldos en términos reales durante la gestión de Cambiemos. Desde su asunción, cayeron 16,4%. El declive se profundizó desde diciembre de 2017 cuando se inició una racha de diecinueve caídas en fila.

En lo económico, este deterioro salarial, sólo comparable con la caída de 2001-2002, contribuyó a agudizar la recesión mediante el derrumbe del consumo. En términos sociales, significó la incorporación de unas cuatro millones de personas a la pobreza.

Las cifras oficiales confirman que el último año los salarios perdieron por casi 20 puntos contra la inflación. En los últimos doce meses, la mejora promedio en las remuneraciones llegó en abril al 36,7% según el Indice de Salarios que mide el INDEC, contra una inflación del 55,8%.

El INDEC informó el pasado 26 de junio que en el último año se acentuó la desigualdad respecto a la distribución del ingreso. El 10% de la población con mayores ingresos obtuvo 21,2 veces más que el segmento menos favorecido durante el primer trimestre de 2019. Solo hace un año, la brecha alcanzaba un 20,2%.

El INDEC muestra que le 10% más rico de la población se apropia del 32,8%. Y el 60% de la población más humilde tiene la misma riqueza que el 10% con mayores ingresos. Algunas políticas oficiales como el incremento anticipado en los montos de la Asignación Universal por Hijo y los créditos de ANSES para adultos mayores pretenden amortiguar esta caída en vísperas de elecciones.

La consultora de recursos humanos Randstad elaboró una encuesta que arroja una preocupante conclusión: cada vez son más los argentinos que, con tal de mantener su empleo, son capaces de resignar salario. Precisamente, el 60% de las personas que participaron del trabajo manifestaron que lo más importante es la seguridad laboral en tiempos de crisis.

El documento que elaboró la compañía de RR HH ofrece otros datos significativos: de los 3.970 trabajadores encuestados, un 34% afirmó estar dispuesto a resignar entre el 1 y 10% de su salario para tener un trabajo más estable. Otro 24% afirmó estar dispuesto a resignar más del 10% de su sueldo a cambio de mayor seguridad, mientras que el 26% indicó no estar dispuesto a resignar salario en favor de una mayor estabilidad laboral.

La pobreza en Argentina tiene rostro de niñez

El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia , estimó que en el primer trimestre de 2019 la pobreza alcanzaba ya a 14.175.000 argentinos, y la indigencia a casi 3.000.000 millones.

"En base a los datos de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, estimamos que en el primer trimestre de este año la pobreza alcanzó no menos del 35% y la indigencia poco más del 7%", aseguró el investigador.

De este modo, la pobreza experimentó un incremento de al menos 3 puntos respecto al 32% que marcó el INDEC para el segundo semestre del año pasado. En tres meses, 1.200.000 personas cayeron bajo la línea.

«Este es el punto de partida para que me evalúen», dijo el presidente Mauricio Macri en 2016 cuando dio los primeros datos de pobreza e indigencia.

El Observatorio de Pobreza del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) realizó, a partir de los últimos datos del INDEC, una proyección sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en la población de 0 a 17 años, llegando a la conclusión de que el 48,47% de los niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza (6,34 millones), es decir, prácticamente la mitad de los niños y adolescentes del país, mientras el 10,98% (1,4 millones) vive en condiciones de indigencia.

Estos datos implican que, de los 13 millones de niños y adolescentes existentes en Argentina, casi la mitad (6,34 millones) viven en hogares donde, con los ingresos que se perciben, no se alcanza a adquirir una canasta básica de consumo. De esos niños y adolescentes, 1,44 millones viven en hogares donde no sólo no alcanzan a adquirir una canasta básica de consumo, sino que tampoco logran adquirir con sus ingresos una canasta básica de alimentos, es decir, no pueden cubrir sus necesidades nutricionales mínimas.

El Gobierno desfinancia el sistema jubilatorio para cumplir las metas fiscales

El gobierno comenzó a usar plata del Fondo de Garantía de la Sustentabilidad (FGS) para equilibrar las cuentas públicas y cumplir con las metas fiscales prometidas al Fondo Monetario Internacional. De esa manera pudo presentar su balance del primer semestre con un saldo primario favorable de $ 30.221 millones, equivalentes al 0,1% del PBI. El resultado supera el piso de $ 20.000 millones pactados con el organismo para la primera mitad del año.

El dato saliente de la presentación efectuada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue que en junio los ingresos de capital (un rubro cuyo aporte casi siempre resulta marginal para la caja oficial) significaron $ 64.572 millones. De ese monto, $ 19.647 millones (casi un tercio) se explican por la transferencia del FGS para cubrir los pagos a jubilados y pensionados en virtud de la Ley de Reparación Histórica.

Hacienda también informó que «se estiman transferencias adicionales del FGS a la Anses, de julio hasta diciembre de 2019, del orden de los $ 10.000 millones mensuales». De esa manera, hacia fin de año los giros de ese fondo totalizarían cerca de $ 80.000 millones.

La medida ya estaba en los planes oficiales. El 12 de junio del año pasado, cuando el gobierno decidió recurrir al FMI, la carta de intención firmada por Dujovne y el entonces presidente del Banco Central, Adolfo Sturzenegger, anticipaba que «vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones». Así se refería al FGS, conformado por los títulos e inversiones que poseían las AFJP en 2008, cuando se decidió el fin de las jubilaciones privadas.

Desde entonces, ese fondo creció gracias a las inversiones de la Anses. Su uso fue mutando de fondo anticíclico para los momentos de recesión económica (así arrancó cuando la crisis de 2009) a financiar proyectos productivos y luego al propio Estado. Según el último informe del organismo, al 31 de marzo de este año el FGS estaba valuado en $ 1,863 billones, equivalentes a casi U$S 43 mil millones. Si bien uno de sus objetivos es respaldar el sistema previsional, hasta ahora sólo se habían utilizado los intereses de las inversiones financieras con ese fin. Ahora, comenzará a usarse el capital.

Además, en junio el FGS suscribió dos Letes en dólares, con vencimiento en octubre de este año y en enero de 2010, por U$S 957 millones. Y una colocación directa a la Provincia de Buenos Aires por un total de U$S 500 millones.

No obstante, el flujo de fondos que salieron del fisco fue gigantesco por los intereses de la deuda pública, que insumieron $ 317.423 millones, diez veces el superávit primario anunciado. De esa manera, el déficit financiero (saldo primario menos intereses) fue en el primer semestre del 1,3% del PBI.

Este número, al que el gobierno le resta importancia de manera sistemática, no pasó inadvertido para analistas y consultores. La calificadora estadounidense Moody's cambió la perspectiva de la deuda argentina de estable a negativa. Fundamentó su decisión en la incertidumbre política y en la expectativa de que el próximo gobierno tenga que refinanciar sus compromisos con el FMI.

Jubilados con préstamos pero en riesgo de quedar nuevamente sin medicamentos

Tal como sucedió en los meses previos a las elecciones legislativas de 2017, el Gobierno también está haciendo de los fondos que maneja Anses una herramienta de la campaña electoral. Los préstamos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH por $ 55.000 millones, unos 1.000 millones de pesos por día que fueron directamente al consumo, provienen del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, un órgano que hoy administra 1,86 billones de pesos o 42.000 millones de dólares.

La Anses tiene presupuestado desembolsar 124.000 millones de pesos. Hasta fines de junio se habían otorgado 2.260.000 créditos: 490.721 para jubilados, pensionados 125.813, beneficiarios de la AUH 1.205.120 y quienes reciben asignaciones familiares 445.016. El 38% fueron beneficiarios de la Provincia de Buenos Aires. Uno de cada 10 créditos entregados a un bonaerense, fueron a domiciliados en La Matanza, principal fuente de votos de las fórmulas Fernández-Fernández y Kicillof-Magario.

Por otro lado, el PAMI arrastra una deuda de 4.200 millones de pesos con los laboratorios por el convenio que estaba vigente entre abril y octubre del año pasado, que se vio afectado por la corrida cambiaria. Los medicamentos en el país están fuertemente dolarizados, por lo que el acuerdo previo estalló por los aires con la disparada del dólar y el esquema de ajustes trimestrales propuesto por la Obra social de los jubilados no fue suficiente para cubrir el reclamo de los laboratorios.

Esa dinámica de reajustes y renegociaciones generó un atraso en los pagos y una deuda millonaria con los productores de medicamentos que hoy está siendo negociada. El PAMI representa el 40% de las compras de medicamentos a nivel nacional.

Desde el sector laboratorios afirman que la deuda del PAMI supera los 8.000 millones de pesos, lo que plantea una fuerte diferencia con lo que reconoce la entidad conducida por Sergio Cassinotti. Las negociaciones continuarán en los próximos días, con el riesgo de que haya desavenencias insalvables. En ese caso, otra vez los jubilados podrían quedar atrapados en la pelea entre el PAMI y los laboratorios, que en más de un momento de la historia reciente les ha generado dificultades para adquirir sus medicamentos vitales en farmacias.

El gobierno pretende imponer la reforma laboral por decreto

El prestigioso abogado laboralista y ex diputado nacional, Héctor Recalde, denunció que el Gobierno estaría "por dictar un decreto imponiendo la flexibilización laboral. Sería absolutamente inconstitucional y, previendo que pueda suceder, ya preparé un recurso de Amparo para impedir su vigencia".

Un decreto serviría al oficialismo para recuperar un apoyo cerrado del bloque patronal que comenzó a dispersarse detrás de las candidaturas de Roberto Lavagna y Alberto Fernández que también han manifestado su intención de revisar la legislación laboral vigente.

Para Recalde, "(Dante) Sica hoy lo desmintió pero en una forma muy dudosa. Viniendo de este gobierno espero cualquier cosa. La pueden hacer regulando alguna ley vigente con una imaginación muy pérfida".

De hecho el propio Dante Sica había explicado que "hay mucho que se puede mejorar dentro del marco legal existente para mejorar la competitividad» y puntualizó, "no es que hay que sacar una ley, todos los sectores deben adaptarse y hacer cambios", en referencia a las mesas sectoriales.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, opinó que no solo hace falta una reforma laboral, sino muchas otras. « La Argentina necesita todas las reformas: laboral, previsional y que se cumpla la impositiva. No hay que tenerles miedo» , dijo.

La CGT «está dispuesta a conversar» con el Gobierno sobre una reforma laboral, pero no sobre «cuestiones que son inclaudicables», afirmó Héctor Daer, uno de los titulares de la central sindical, quien puso como ejemplo que la búsqueda de formalidad en el empleo «no sea un show de pasantías».

«Hay cuestiones que para la CGT son inclaudicables, como la integralidad territorial del Convenio colectivo de trabajo y la ultra actividad del Convenio, es decir, que pueda ser superado pero que no caiga en ningún momento (en cuanto a derechos)», indicó el dirigente gremial.

Para Pablo Moyano "quieren la reforma laboral para poder echar gente cuando se les cante, y la única forma de implementarla es atacar a los dirigentes que venimos luchando contra este modelo económico".

También se refirió a la situación de persecución que él mismo sufre desde que su padre, Hugo Moyano, se distanció de Mauricio Macri: "Hace rato que me vengo enfrentando a causas armadas, como la reventa de entradas, la venta de choripanes. Otra ridiculez para tapar el fracaso del modelo económico".

Moyano tuvo también palabras para El Tigre Verón, la serie de Artear que denigra a los dirigentes gremiales: «Una serie de Canal 13 nunca va a hablar bien de los dirigentes gremiales. Ojalá algún día hablen de los empresarios corruptos que extorsionan a los trabajadores».

"Hoy Polka lanza su nueva ficción sobre un sindicalista malo, feo, machista, mujeriego, que anda en negocios turbios y está enfierrado. Después no pregunten cómo se construyen estereotipos. Todo muy lejos de la esclarecedora visión que Raymundo Gleyzer describió en Los traidores , una película sobre un dirigente sindical peronista, que luego de años de militancia gremial devenía en burócrata corrupto", escribe Victorio Paulón.

"Las bases de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines (Fetsicara) del Frigorífico Ecocarne respondieron con valor y heroísmo colectivo al ataque de "malos, turbios y enfierrados" como el personaje central de El Tigre Verón de la ficción de Pol-ka, construido al estilo del Pata Medina, de la construcción de La Plata, o Juan Carlos Levi, de la Uocra Vaca Muerta, o el impresentable Caballo Suárez de marítimos. El colmo del oficialismo macrista sindical es el postulante al sillón vacante del sindicato de Minoridad, Horacio Mankowski, de quien el fiscal Alcorta Condomí acaba de requerir la detención, acusado de estafas reiteradas con tarjetas de débito para combustible a la administración bonaerense que conduce la propia María Eugenia Vidal. Las mentiras televisivas de Horacio Rodríguez Larreta ("hoy se cagaron a tiros entre ellos en un frigorífico, eso es lo que son") son intencionales y parte de un plan para imponer la reforma laboral una vez obtenido el beneplácito de la opinión pública", continúa Paulón.

"En la puerta de la planta de San Fernando, una patota atacó salvajemente a los trabajadores que querían ingresar. Hubo dos trabajadores heridos con balas de plomo después de que la policía de Vidal abandonó la zona durante cuatro horas, dejando una "zona liberada" para que los agresores actuaran a su antojo. Los trabajadores, que además son vecinos del lindero barrio San Jorge, salieron a rechazar la agresión y los echaron del lugar. Los agresores estaban identificados con José Beto Fantini, dirigente rosarino de la Federación de la Carne, un sindicalista ligado al gobierno macrista que, de la mano del ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, estuvo en el viaje a Europa representando a los sindicalistas oficialistas y participó en reuniones en la Casa Rosada con el presidente Macri. Es decir, que el patotero era de ellos", remata el secretario de Derechos Humanos de la CTA .

Como hay un auge en las exportaciones cárnicas, las patronales necesitan aumentar la producción y quieren lograrlo a costa de flexibilizar a los trabajadores para embolsar toda la ganancia. En repudio a los ataques sufridos, el sindicato Capital convocó a un paro de 24 horas en todos los frigoríficos y una movilización a la Secretaría de Trabajo porteña para presentar la denuncia.

Tras reunirse en la sede de SADOP nacional la Intersindical de Comunicación llamó a "resistir la violenta campaña que busca eliminar los derechos laborales".

Paritarias

La Mesa de Unidad Sindical de las Telecomunicaciones (MUS) firmó un preacuerdo con las empresas del sector para el primer tramo de la paritaria 2019/20.

Todos los sindicatos adheridos aceptaron un aumento del 12% que será otorgado a cuenta, durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.

Se cobrará 3% cada mes que serán calculados sobre la escala vigente al 1º de julio, incluyendo la revisión del 16% obtenida en mayo pasado.

A partir de noviembre, las partes comenzarán a discutir el resto de la paritaria, que finaliza en junio del 2020.

Asimismo, los gremios fijaron que de darse variaciones significativas del índice IPC podrán solicitar negociaciones antes del plazo establecido.

El paro previsto para jueves y viernes por parte del gremio de los colectiveros fue dispar. En algunos puntos del país fue suspendido, en otros se sintió con fuerza y en algunos aparecieron guardias mínimas.

En principio los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantuvieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo con la Federación de Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) donde llegaron a un acuerdo en los distritos de «Salta, Buenos Aires, San Juan, Neuquén, Misiones, Santa Fe, Corrientes y por las líneas municipales de Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Posadas» , según anunció la Secretaría de Trabajo en un comunicado.

Para el resto de los distritos no hubo acuerdo, pero la Secretaría tomó la decisión de establecer por resolución un 20% de aumento y una suma fija de 16.000 pesos en tres cuotas por única vez. La UTA anunció que en las provincias que se vaya acordando se levantará la medida de fuerza.

La paritaria del Neumático está cerca de un cierre. El Sutna informó que recibió una propuesta empresaria que "iguala la inflación acumulada hasta setiembre 2019" ya que sumaría un 67% en 15 meses.

En paralelo a la actividad electoral, María Eugenia Vidal decidió actualizar los salarios de los estatales bonaerenses otorgando un aumento del 12,5%, que cobrarán días antes de las PASO. La revisión, que estaba prevista en el acuerdo paritario firmado el año pasado, debía concretarse en setiembre, pero la gobernadora adelantó los tiempos. De esta manera, en lo que va del año llega al 24,5%.

Además, la gobernadora acercó posiciones con la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud de la Provincia (CICOP) y les propuso una suba del 34% que incluye una recomposición de bonificaciones, cláusula gatillo y una suba en la categoría a partir de la cual se calcula el básico. La propuesta fue aceptada "en disconformidad" el sábado por el Congreso del gremio.

En tanto, a los trabajadores judiciales, les otorgó una suba del 13% a cuenta de un futuro acuerdo. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) reclama discutir los 15 puntos perdidos por la inflación en 2018 y cláusula gatillo para 2019.

El Gobierno creó un suplemento salarial por disponibilidad permanente para el cargo o función para Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal con el «propósito de reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación» de esas fuerzas de seguridad.

Para el oficialismo es una manera de reforzar, además, uno de sus ejes de campaña y tratar de abroquelar el voto de ese sector tras la fórmula Macri-Pichetto.

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) declaró un paro de 48 horas para lunes y martes, por lo que las clases en este distrito no comenzarán el lunes 22 como estaba previsto tras el receso escolar, que se inició el 5 de julio.

ATECh fundamentó el paro en el incumplimiento del plan de reparaciones de edificios escolares comprometido durante el receso. «La otra razón es la demora para el pago de los jubilados, que recién terminarán de cobrar el fin de semana, la interrupción de las prestaciones de la obra social y el incumplimiento de la cláusula gatillo, que es el ajuste automático por inflación», informó.

Delegados autoconvocados de los docentes salteños que están impulsando un paro con movilizaciones y cortes en la Ruta Nacional 34 desde el lunes pasado informaron que el gobierno propuso la derogación del decreto Nº 974 de Urtubey que desató el conflicto. Según trascendió, la ministra de Educación, Analía Berruezo, y el secretario de Gestión Administrativa, Alejandro Gaudelli, confirmaron el pago del fondo compensador a partir de julio, que correrá por parte de la provincia luego de la cesación del pago por parte del gobierno de Macri. También, reacomodarán los gastos de traslado para docentes que trabajan en el interior y propusieron el estudio de proyectos para titularización de todos los niveles. El no descuento de los días de paro es una demanda sobre lo que no se avanzó.

Despidos

En los últimos días, 72 trabajadores recibieron los telegramas de despido debido a que los dueños decidieron el cierre definitivo de la fábrica de pinturas Belcar, ubicada en la localidad de San Justo.

La compañía está conformada por un «total de 90 trabajadores», de los cuales, a «alrededor de 72», pertenecientes a la planta de San Justo, les informaron «verbalmente» el despido el viernes pasado.

El mismo día, acudieron a una audiencia en el Ministerio de Trabajo, a la cual no se presentó Belcar. Entonces, l os trabajadores decidieron permanecer en sus puestos «en espera de una respuesta».

En las últimas horas trascendió que nuevamente la planta de Unitec Blue, ubicada en Chascomús, estaría pronta a dejar en la calle a otra tanda de trabajadores.

Si bien no hubo información oficial al respecto, las versiones que poblaron los medios locales hablan de un parate en la producción que derivaría en la baja de, al menos, 23 trabajadores. Desde 2016 a la fecha Unitec pasó de contar con 120 empleados a menos de la mitad.

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) seccional Buenos Aires presentó en la Legislatura un proyecto de Ley Antidespidos para que en las escuelas de gestión privada de la provincia el gobierno bonaerense sancione con quitas de subvención al colegio que despida a un docente.

«En lo que va del año registramos más de 300 casos de compañeras y compañeros que se acercaron a nuestro gremio denunciando esa situación, y estimamos que existen otros 200 casos recientes en toda la provincia» , precisa un comunicado gremial firmado por la Secretaria General, María Inés Busso.

«Hay un 15% de estos despidos que son por baja de matrícula, por alumnos que han emigrado a las escuelas de gestión estatal. El resto son despidos sin ningún tipo de causa, arbitrarios. Muchas son escuelas subvencionadas al 100% por el Estado, y utilizan ese dinero para pagar la indemnización» , denunció la dirigente sindical.

Hace cerca de un mes, la cadena de supermercados Emilio Luque con 21 sucursales en cuatro provincias del norte del país se declaró en quiebra al anunciar que no cuenta con fondos para pagar los salarios de sus empleados ni reponer mercadería.

Miguel Zelaya, representante de los trabajadores, comentó la situación actual de sus representados como «muy crítica y cada día que pasa, empeora».

«No se despidió a nadie, seguimos conservando la misma cantidad, tratamos de garantizar los 1.200 puestos de trabajo hasta último momento», señaló el delegado y precisó que les deben el sueldo de junio y el medio aguinaldo que debían haber cobrado en las últimas semanas.

Además relató que las sucursales continúan en horario normal, con ventas disminuidas por faltante («los ingresos son destinados a los sueldos»), el expendio vía tickets está suspendido y sólo se vende por medio de efectivo y tarjetas locales.

La empresa posee veintiún sucursales: ocho supermercados, siete mayoristas, cuatro autoservicios mayoristas y dos minimercados distribuidos, en Tucumán (13), Santiago del Estero (4), Salta (1) y Catamarca (1).

Luego de un juicio sumarísimo, un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 33 obligó al lavadero de jeans Sakin S.R.L. a reincorporar al delegado despedido José Luis Arébalo y a pagar los salarios adeudados, que habían sido el origen del conflicto.

El delegado fue despedido el pasado 12 de abril por acompañar una medida de acción directa en reclamo del pago de salarios (en ese momento les debían marzo y abril), junto con otros 30 empleados de la empresa que la decidieron en asamblea. Luego fueron despedidos otros 50 trabajadores por el mismo conflicto.

La empresa de fabricación de productos químicos Tecnomyl de Río Grande (Tierra del Fuego), despidió a una docena de trabajadores en medio de la conciliación obligatoria planteada por el gobierno provincial, lo que generó un acampe aún con temperaturas que han alcanzado los 17 grados bajo cero.

Carlos Zinser, delegado de laboratorios Craveri, denunció que "desde hace casi cuatro meses atraviesan situaciones muy violentas, donde no se les ha permitido el ingreso a la planta y cinco dirigentes fueron detenidos por la policía cuando intentaron ejercer el derecho gremial, «hecho sin precedentes desde el regreso de la democracia".

Zinser también confirmó que "los trabajadores continúan en una fuerte disputa por la reincorporación de los 47 despedidos pero también por todos sus derechos laborales, inclusive respecto a las indemnizaciones que la empresa pretende pagar sólo en un 50%".

Una enorme movilización de distintos sectores de ATE, de la CTA-Autónoma, la CGT y la Juventud Sindical Nacional ocupó en horas de la mañana y el mediodía del viernes la entrada al histórico edificio de la Biblioteca Nacional, en el corazón del barrio porteño de Recoleta, para denunciar que los despidos en el organismo ya son más de 300 en la etapa macrista.

El conflicto llegó a su punto más alto cuando en las últimas semanas el recorte de personal alcanzó a delegados gremiales, madres sostenes de hogar y hasta a una mujer que estaba internada en grave estado y que finalmente falleció.

Los trabajadores de Tía Maruca comenzaron a analizar cómo conservar los 400 empleos a pesar de los despidos. La posibilidad de una cooperativa o de compra son las opciones. Sin embargo, la empresa fue declarada con «alta insolvencia» por la complicada deuda que mantiene.

Los trabajadores todavía no cobraron la totalidad de sus sueldos adeudados ni el aguinaldo , y de acuerdo con el registro del Banco Central, la empresa tiene una deuda de poco más de $133,7 millones.

Ya son tres las empleadas despedidas por la firma textil marplatense Textilana y la decisión empresaria hace retornar el conflicto con las obreras textiles.

«Están utilizando un método muy perverso que les dio resultado hace un año y medio atrás del despido hormiga que se terminaron sacando de encima 100 trabajadores», afirmó María Demateis, delegada de la Comisión Interna.

Y siguió: «Estamos evaluando la posibilidad de hacer algunas medidas en la puerta de la fábrica y hacer las denuncias públicas y repudiarlo».

«Nos quieren imponer un convenio de producción a destajo a un sector de la fábrica y a todo aquel que se resista va a ser reemplazado por personal nuevo. La intención es esa: la renovación del personal», concluyó.

Camuzzi cortó el suministro de gas a Unión Papelera Platense, una fábrica recuperada de La Plata, cuyos trabajadores aseguraron que reciben boletas de gas por más de $ 8.000.000. Ante el corte, salieron a protestar en los accesos a la capital bonaerense.

Reclaman los movimientos sociales

El miércoles 17, las organizaciones sociales en conjunto con obreros y obreras ceramistas realizaron una jornada de cortes en varios puntos de la ciudad patagónica de Neuquén, en reclamo de ayuda social y trabajo. Piden es que s e reactive la obra pública con contratación de los integrantes de las agrupaciones y compra de material a las cerámicas bajo gestión obrera, actualización de los montos de los programas sociales de 4.000 a 7.500 pesos como abona Nación, y asistencia para enfrentar las bajas temperaturas, con la entrega normal de leña y bonos de gas, que no se cumple.

Los referentes de las organizaciones que se movilizaron vienen advirtiendo y reclamando hace mucho tiempo que no son atendidas las demandas sociales por parte del gobierno, y las familias vulnerables cada vez son más y se encuentran en peores condiciones.

Sostienen que en la provincia de Vaca Muerta la gente no recibe bonos de gas y tampoco hay viviendas. Cuestionan además que las regalías que ingresan de la actividad hidrocarburífera no se distribuye con equidad, para disminuir la desocupación generando obra pública, por ejemplo, para salvar el déficit habitacional. «El gobierno de Gutiérrez viene sosteniendo una férrea negativa de resolver las urgentes demandas en una provincia donde crece la pobreza y la miseria», señalan en un comunicado.

Reclaman además que se cumplan las reuniones pactadas que nunca se realizaron en la Subsecretaría de Trabajo, y que el ministro de Trabajo, Mariano Gaido los reciba. Las organizaciones son el Frente Darío Santillán, FOI, CTEP, la Corriente Clasista Combativa, el Polo Obrero y obreros ceramistas.

El Foro Agrario Soberano y Popular realizará el miércoles 24 desde las 11:00 un alimentazo en Plaza de Mayo , donde se venderán alimentos básicos como frutas, verduras, pan, harina y yerba al mismo precio que se paga en el campo o en las industrias .

La actividad coincide con el inicio de la exposición del campo concentrado y agroexportador en la Rural, que el Foro Agrario Soberano y Popular calificó como "la expresión de los pocos que ganan con este modelo".

El Foro Agrario Soberano y Popular reúne a decenas de organizaciones nacionales de pequeños y medianos productores, campesinos y campesinas, cooperativas, grupos ambientales, intelectuales, cátedras de facultades de todo el país, organizaciones gremiales estatales del sector rural, que tuvieron su primer encuentro en abril de este año en el Microestadio de Ferro.

En aquella reunión establecieron el Primer Programa Agrario , que propone medidas para garantizar que la Argentina alimente de modo sano y soberano a todas y todos sus habitantes y contenga a cientos de miles de productores y campesinos.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos ( MTE ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la CTA Autónoma realizaron el miércoles una jornada nacional de ollas populares.

Reclamaron por los proyectos a la espera de tratamiento parlamentario: la emergencia de adicciones, la de emergencia alimentaria, una ley de emergencia contra la violencia de género y otra de agricultura familiar. Por último, desean obtener una prórroga para la ley de emergencia social por cuatro años más.

Esclavos del Siglo XXI: Rappi y Glovo deberán blanquear a los trabajadores

El fallo que se conoció esta semana obliga a las empresas de plataforma a poner en blanco a todo el personal, y garantizar el equipamiento necesario. El plazo que dio la Cámara de Apelaciones es de 60 días.

La Justicia porteña falló nuevamente contra las empresas de delivery y las intimó a inscribir a sus trabajadores en el registro único porteño, capacitarlos y proveerles del equipamiento necesario. Además ordena al Gobierno porteño a controlar que todos los repartidores tengan acceso a casco y demás indumentarias de seguridad vial.

Se trata de una sentencia de segunda instancia emitida por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo encabezada por Carlos Balbín, Fabiana Schafrik y Mariana Díaz.

Recordemos que meses atrás el juez Andrés Gallardo ordenó al Gobierno porteño de Rodríguez Larreta a suspender el servicio de Rappi, Glovo y Pedidos Ya por considerarlos altamente inseguro para los miles de pibas y pibes que se ganan la vida en bici o moto. El fallo informa que el 70% de los mensajeros trabajaba sin seguro alguno, y un 67% transitaba sin casco.

Paralelamente, un fallo de la Cámara Laboral favoreció a la app de delivery Rappi, rechazando que hubiera un vínculo laboral con tres trabajadores a los que había bloqueado.

La resolución judicial implica que la empresa no deberá desbloquear a los trabajadores, ya que considera que no existe relación de dependencia entre las partes.

Los trabajadores habían sido bloqueados por la patronal por haber participado en la organización de un sindicato para defender sus derechos laborales.

En marzo la Justicia Nacional del Trabajo había resuelto que Rappi debía reincorporar a los trabajadores o abonar una multa de $ 2.000 diarios.

La patronal decidió hacer los pagos, antes que reincorporar a los trabajadores, dando un claro mensaje antisindical.

El fallo que se conoció este viernes sostiene la inexistencia de vínculo laboral. En ese marco, establece que los denunciantes deberán restituir la multa que había sido abonada. Si no lo hacen pueden ser sancionados civil y penalmente. Según el cálculo estimado, por el tiempo transcurrido, la cifra supera $ 110.000.

La decisión judicial avala la precarización laboral que sufren los repartidores de las app de delivery, justifica la persecución anti-sindical y perjudica económicamente a los trabajadores que exigen sus derechos.

La contrarrevolución de los aviones

Mientras la Asociación Argentina de Aeronavegantes movilizaba a la Secretaría de Trabajo el viernes pasado, para protestar contra el «vaciamiento de Avianca Argentina», el gremio y los trabajadores se enteraron por los medios que en la justicia ya se tramita un concurso de acreedores.

Avianca Holdings informó que aceleró la ejecución de su plan de ajuste por una deuda total neta que -según denuncian- llegaría a unos 4.600 millones de dólares, y obligaciones totales de 7.000 millones de dólares, a marzo de 2019.

«Habiendo acabado el proceso de conciliación obligatoria y voluntaria, hemos exigido a las autoridades de la Secretaría de Trabajo que convoque a la empresa para que nos diga de qué forma va a continuar el futuro de la firma y de las compañeros que están sin cobrar», señaló Alejandro Kogan, secretario de Prensa de Aeronavegantes.

A principios de junio, Avianca había informado que cesaba sus actividades por 6 meses para evaluar la forma en la que iba a continuar su negocio en el país.

El CEO de la compañía, Carlos Colunga, había expresado en aquel momento que «no podemos competir en las condiciones actuales porque, por ejemplo, en la ruta a Mar del Plata, Aerolíneas Argentinas nos pone un vuelo encima del nuestro, con un jet, a un precio más bajo y en 12 cuotas . Es imposible para nosotros competir así. Por lo tanto, hoy presentaremos ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), una solicitud para dejar de operar los vuelos regulares, no los chárteres, por 90 días y en ese lapso veremos cómo reformulamos el negocio».

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, exhortó a los trabajadores aeronáuticos a adecuarse a las nuevas prácticas de la industria. El grupo de Sindicatos Aeronáuticos Unidos (SAU) informó que "tal como lo vienen exigiendo las principales Cámaras patronales, el ministro de Transporte dejó planteada su intención de avanzar en una reforma laboral, que no es más que un eufemismo de la precarización que intentan imponernos en el país".

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