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26/02/2019 :: Argentina, Argentina

Los empresarios aprovechan la crisis para ajustar y despedir con la complicidad del régimen

x Mario Hernández
Panorama político y sindical

Hace unos días, la embotelladora más grande de Femsa Coca Cola, la planta Alcorta en Pompeya, anunció el despido de unos 80 operarios y el inicio de un proceso preventivo de crisis. Los trabajadores denunciaron la maniobra como un ajuste, aprovechando la situación para aumentar la productividad: “lejos está de tener una crisis”, sostuvieron. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe del incremento en quiebras, concursos de acreedores y procesos preventivos en los años 2016/17/18. Reproducimos parte de sus conclusiones sobre los PPC:

- En los últimos tres años (2016, 2017 y 2018) el impacto negativo de la actividad económica se hizo sentir en un número importante de empresas que entraron en procesos preventivos de crisis (246 casos), concurso preventivo de acreedores (805 casos en CABA y PBA) y quiebras (2.177 casos en CABA y PBA).

- Según la Secretaría de Trabajo, entre 2016 y 2018 se presentaron a proceso preventivo de crisis 246 empresas, siendo solamente 108 los casos en 2018, el valor más alto desde 2005 . Se registra un cambio cualitativo de política pública en términos laborales : lejos de propiciar el sostenimiento del empleo en un contexto de caída de la actividad, los procesos preventivos de crisis están oficiando sólo de protocolo administrativo para autorizar despidos. No están cumpliendo el objetivo de propender a la resolución de los problemas de fondo en materia de viabilidad económica, cuidando los puestos de trabajo como objetivo en última instancia. Esta lógica se ubica en línea con la desjerarquización de la política laboral a partir del pasaje de Ministerio a Secretaría, y con la aplicación de una política pro empresarial explícita que se manifestó en el veto de la ley anti despidos en 2016 y en el abandono de mecanismos protectores como los subsidios al empleo (REPRO), por mencionar sólo dos hechos relativos al tema del informe.

- Los procesos preventivos de crisis se están convirtiendo, además, en formas de avanzar en la flexibilización laboral de facto . Esta herramienta es una forma de avance en “reconversiones” y ajustes que las grandes empresas buscan aplicar, ante la imposibilidad que el Ejecutivo encuentra en el tratamiento parlamentario de una legislación reducida en derechos laborales, la reforma laboral. Distintos sindicatos han advertido esta segunda intención que las grandes empresas persiguen al presentarse en la Secretaría de Trabajo: la búsqueda del visto bueno gubernamental para ajustar.

Dos mil empresas pidieron permiso para realizar cesantías

Desde que a mediados de noviembre, a través del DNU 1043/18, el Gobierno estableció que las empresas debían informar 10 días antes de efectivizar despidos sin causa, el Ministerio de la Producción y Trabajo recibió 7.666 solicitudes de cesantías por parte de 1.924 empresas hasta el pasado 1º de febrero.

Por la caída del consumo a causa de la baja del poder de compra de la población y el menor empleo, y en particular el desplome de la industria y de la construcción, en los últimos días más empresas anunciaron suspensiones y cesantías. Los rubros van desde maquinaria agrícola, hasta confecciones, textiles y medios de comunicación, pasando por fabricación de artefactos para el hogar, entre otros sectores.

Los datos oficiales consignan que a noviembre 2018, el empleo total registrado descendió de 12.350.200 a 12.177.900. Son 172.000 empleos menos, que ascenderían a 200.000 interanual cuando se difundan los datos de diciembre. La mayor caída corresponde a los asalariados del sector privado con 117.700 ocupados menos, de los cuales el grueso son de la industria (61.800), el comercio (30.800) y la construcción (18.800).

Suspensiones y despidos en la última semana

La metalúrgica Longvie volverá a suspender a gran parte del personal en Catamarca. Será luego del acuerdo celebrado con la UOM. La planta sólo funcionó dos semanas en los últimos meses. Las suspensiones serán por diez días durante febrero y diez más en marzo. En el primero de los casos, los trabajadores percibirán el 75 % de su sueldo, mientras que en el segundo el 70 %. La empresa ya había tomado medidas similares durante casi todo el año pasado, donde incluso realizó nueve despidos.

Un empleado del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires llevó hasta el acampe que los trabajadores de Cofco mantienen en las puertas de la fábrica en Valentín Alsina, una cédula donde la multinacional china afirma que las negociaciones fracasaron y que no participará de la próxima audiencia. En la segunda parte de la cédula, el Ministerio acepta sin cuestionamientos que la empresa rompa la negociación y da por caída la audiencia.

“Una vez más la cartera laboral funciona como extensión de la empresa y, como si fuera cadete de la multinacional, lleva la carta patronal a los trabajadores que no renuncian a la lucha”, sostiene un comunicado del sindicato aceitero.

Se llevaron a cabo siete audiencias en el Ministerio de Trabajo de la provincia gobernada por María Eugenia Vidal. En la primera se dictó la conciliación obligatoria, aún vigente. La próxima reunión entre la empresa y los trabajadores se iba a realizar el lunes 25.

La multinacional Walmart de la localidad de Neuquén confirmó que despedirán a 30 empleados. Los trabajadores respondieron con asambleas y analizan tomar medidas. El secretario gremial del CEC (Centro de Empleados de Comercio), Ramón Fernández, dijo que la situación conflictiva en el hipermercado “se viene dando desde hace unos 20 días, cuando la empresa propuso el retiro voluntario de 50 empleados, de los cuales sólo 19 accedieron apremiados por la situación económica”.

El viernes 22 los trabajadores de CONUAR nucleados en la UOM convocaron a un banderazo en la autopista Riccheri para reclamar contra los despidos acompañados de distintas organizaciones sindicales del sector nuclear.

Se trata de una empresa mixta entre la CNEA y el empresario multimillonario Pérez Companc. Esta historia no es nueva, hacia fines del año pasado vimos cómo la empresa estatal NASA despedía a cientos de empleados como resultado de la baja del acuerdo con China para construir una central nuclear de potencia con uranio natural y agua pesada. Como resultado de esta decisión también se encuentra en una grave crisis la planta estatal de agua pesada PIAP de Neuquén, con cientos de trabajadores en vilo por la continuidad de sus puestos laborales enfrentando un probable cierre y con cientos de retiros voluntarios. También hubo despidos en Dioxitek, otra empresa estatal del sector.

El caso Coca Cola tuvo una primera definición. El gobierno anunció que no abrió el procedimiento preventivo de crisis, pero acordó con la empresa el despido de decenas de trabajadores. En un comunicado oficial, aseguró que “a partir de la audiencia de hoy, y con la intervención de la cartera de Producción y Trabajo, las partes lograron acordar la disminución del número de desvinculaciones que planteaba la empresa de 75 a 32”.

El anunció generó malestar entre los trabajadores de la Planta Alcorta y sus familias. La Agrupación Marrón, opositora a la conducción del SUTIAGA (Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines), difundió un comunicando criticando cualquier pacto de despidos y llamando a acompañar la pelea contra el ajuste en Coca Cola y otras empresas.

Al respecto, trabajadores de la multinacional manifestaron: “Es un escándalo el acuerdo entre la empresa, el gobierno y el sindicato. El gobierno tuvo que salir a despegarse porque el anuncio del PPC generó un amplio repudio y burla popular ya que nadie puede creer que Coca Cola necesite despedir personal porque "no tiene ganancias”. Esto se logró también producto de la respuesta inmediata de los trabajadores y la Comisión de Mujeres que salimos a denunciar que Coca Cola no tiene pérdidas, sigue ganando millones y expandiéndose por el mundo, como lo demuestra con la última planta que acaba de adquirir en Uruguay por 250 millones de dólares. En los hechos el gobierno lo que hace es avalar 32 despidos y traslados por parte de una empresa a la que si no le otorga el PPC es porque está haciendo un chantaje burdo y lo que quiere es ajustar y flexibilizar".

Y agregaron: "Este trascendido, además, contradice lo que dijo el sindicato: que no iban a permitir ningún despido. Exigimos al sindicato y a Pablo Fernández, Secretario General del SUTIAGA, que cumpla y que ni un sólo trabajador se quede sin empleo, y que el cuerpo de delegados actúe en consecuencia, convocando a asambleas para votar un plan de lucha ante este nuevo ataque. Coca Cola viene llevando adelante el PPC en los hechos desde el año pasado, con despidos, apertura de retiros "voluntarios" en 2019, aprietes y descuentos compulsivos y persecutorios, vacaciones adelantadas, este nuevo anuncio no es más que un nuevo chantaje de una multinacional imperialista prepotente que quiere imponer sus leyes flexibilizadoras y de ajuste en el país. Además, incumple con los fallos de la justicia que la obligan a reinstalar a despedidos del 2018. Hay que pararle la mano de una vez", concluye el comunicado.

Luz y Fuerza (Córdoba) realizó un paro de 72 horas en protesta por despidos, violación del CCT, falta de personal y el pago en cuotas de la Bonificación anual por Eficiencia.

Un plenario de delegados de Foetra, sindicato de trabajadores telefónicos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, se declaró el jueves en estado de alerta y movilización frente a lo que consideraron una avanzada de Telecom para forzar retiros voluntarios y una reforma de los Convenios colectivos de trabajo.

La Federación Argentina de Trabajadores de las Telecomunicaciones (FATTEL), a la que Foetra está integrada, advirtió que “estos retiros no tienen nada de voluntarios, vienen combinados con una escalada de informes y sanciones disciplinarias para los compañeros que se niegan a aceptarlos, construyendo causales de despido”.

Por su parte, la Mesa de Unidad Sindical, que agrupa a FATTEL y las federaciones Cepetel, Foeesitra y Fommtra, se declaró en estado de alerta y movilización y en sesión permanente para “llevar adelante un inmediato plan de acción en caso de ser necesario por la defensa irrestricta de las fuentes de trabajo y los convenios colectivos”.

Este jueves se realizó una audiencia en la secretaría de Trabajo de la que participó la empresa y el Sindicato de Trabajadores del Neumático de San Fernando (Sutna). La misma no tuvo resultados favorables para los trabajadores. Alejandro Crespo, secretario general de la organización gremial, anunció que se movilizarían nuevamente en marzo.

Desde la lista Granate, Víctor Ottoboni, miembro de la comisión directiva del Sutna, cuestionó que en la audiencia la conducción no haya planteado el reclamo por el compañero tercerizado que “falleció el miércoles producto de las condiciones de trabajo por las altas temperaturas que se hacen más insoportables dentro de la fábrica”.

Además, Ottoboni indicó que “hace 17 días que comenzó el preventivo de crisis y el Sutna y la Lista Negra no llaman a asambleas en Fate. Es necesario impulsar un plan de lucha contundente”.

En el marco de una interminable sangría en los medios de comunicación, ocurrida desde la asunción de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo nacional, los trabajadores y trabajadoras de Editorial Atlántida continúan su lucha para revertir los despidos. Los despidos se sucedieron en las revistas La Valijita, La Súper Valijita, Para Ti Mamá, Para Teens y Para Ti Tejidos, ya que la empresa decidió en enero dejar de imprimirlas. En este contexto, los trabajadores y trabajadoras se manifestaron frente a la Secretaría de Trabajo, en el marco de la segunda audiencia de conciliación.

La empresa de materiales para la construcción Rabe cerró la sucursal que tenía en Moreno dejando a 37 trabajadores en la calle. En el marco de la caída en la obra pública, la empresa venía adeudando los sueldos de diciembre y enero.

Vidal miente

Docentes, auxiliares y el equipo directivo de la Secundaria Nº 45 de Altos de San Lorenzo repudiaron la utilización que se hizo del establecimiento por parte de la Gobernación, que fraguó un spot publicitario. “Lo que se muestra ahí no es nuestra escuela ni nuestra realidad cotidiana”, señalaron.

La declaración firmada por los docentes, auxiliares y el equipo directivo del colegio denuncia que: “aparece en el spot de Vidal que empezó a circular en los últimos días, un spot mentiroso que presenta una realidad muy diferente a aquella que vivimos cotidianamente quienes trabajamos en la escuela pública. La nuestra es una escuela secundaria, no es una escuela primaria como se muestra en el spot, los alumnos no concurren con guardapolvo ni tienen la edad de los chicos que se muestran allí”.

En ese marco, señalaron que al igual que lo sucedido en el caso del Jardín Nº 986 de Los Hornos, “el edificio de nuestra escuela fue usado para montar una escuela que no es la nuestra, una escuela primaria ficticia con chicos con guardapolvos impecables y mochilas nuevas que nada se parecen a los guardapolvos y mochilas de los niños que concurren a la escuela primaria que se encuentra a pocas cuadras en el mismo barrio, un barrio altamente vulnerable y con muchas necesidades sin resolver”.

“La filmación del spot se realizó durante el receso escolar, en el marco de la Escuela Abierta de Verano que desde hace tres años funciona en nuestro edificio, y para ello se utilizó a los niños del barrio que asisten a la misma. En ese marco llegó muy temprano un equipo de filmación que, al igual que en el caso de Los Hornos, incluyó extras y un abundante catering para la gente del equipo pero nada para los chicos y que no sólo disfrazó a los chicos sino que también pretendió quitar de las paredes las producciones que hacemos con los alumnos durante el año para que todo se adapte mejor a lo que ellos querían mostrar”, expresaron.

A su vez, fueron tajantes: “Nada de lo que se muestra en el spot refleja la realidad de nuestra escuela ni de la Escuela de Verano, como tampoco la de la escuela pública”. Según explicaron, la escuela de verano en este caso funcionó para 130 chicos para los cuales se designaron solamente cuatro docentes. “Esos 130 chicos debieron compartir dos piletas de lona, que se turnaban para usar, y que no fueron enviadas por la Dirección General de Escuelas sino que llegaron a través de donaciones conseguidas por el director. ¡¡Donaciones!! Al igual que fueron donaciones los regalos que se les dieron a los niños para Reyes. Esta Escuela de Verano se sostuvo principalmente gracias al esfuerzo del director y los docentes, como sucede durante el resto del año en el caso de la Secundaria 45”, remarcaron.

A la hora de describir lo que concretamente sucede en el colegio, indicaron: “nuestra realidad durante el año es la escuela que se inunda cuando llueve, las paredes con humedad, la falta de aulas al punto de tener que usar el laboratorio u otros espacios para las clases cotidianas, los días sin clases por pérdidas de gas, los ventiladores o estufas que no funcionan, la escuela que lucha para que no nos cierren cursos, sólo por mencionar algunas cosas. Somos los docentes, los directivos y los auxiliares los que durante todo el año sostenemos la escuela a pesar de todas estas condiciones”. “Por todo esto, nuestra escuela y su comunidad no merecen ser usados para un spot político, un spot lleno de mentiras no sólo en lo que dice sino también en lo que muestra. Lo que se muestra ahí no es nuestra escuela ni nuestra realidad cotidiana, una primaria falsa con niños con guardapolvos y mochilas que ni siquiera pudieron conservar después de la filmación, que fueron sólo para la foto”, afirmaron, y concluyeron: “Simplemente Vidal miente”.

Docentes

Docentes agremiados en Adosac (Santa Cruz) votaron paro por 24 horas para el 25 de febrero cuando inicia el ciclo lectivo para inicial y primaria y marchar en toda la provincia.

Esto se debe al reiterado incumplimiento por parte del gobierno de Alicia Kirchner hacia el sector docente a quienes no ofrece aumento desde hace algo más de 3 años. Adosac pidió que haya paritarias en la semana que pasó cuando aún no debían concurrir los niños y las niñas a las escuelas y de esta manera poder negociar y llegar a un acuerdo que permita el comienzo de las clases. La decisión del Ejecutivo fue llamar a paritarias el día 26 de febrero, es decir, el segundo día de clases. Ante esta nueva provocación se votó en asamblea no arrancar el 25.

El lunes y martes habrá una nueva reunión con docentes de la CABA. Las autoridades ofrecieron 23% para 2019 en tres tramos y 2% sobre el acuerdo paritario del año pasado. Los gremios reclaman 13,6% para los salarios del 2018. Ademys propuso a UTE debatir conjuntamente un plan de lucha en una asamblea abierta que se desarrolle el miércoles a partir de las 17:30 en el Auditorio de ATE, Belgrano 2527.

El lunes 25 se reúne la comisión técnica paritaria en la provincia de Buenos Aires. Los maestros esperan que los funcionarios lleven alguna propuesta para recuperar el salario perdido por la inflación el año pasado, lo que hizo fracasar la reunión anterior. Frente a las mesas distritales que lanzó Vidal para desactivar un eventual paro el 6 de marzo, los docentes le opusieron esta semana una campaña con la consigna “Gobernadora no se lleve la paritaria a marzo”, y el doble reclamo: salarios dignos y escuelas seguras.

Mientras tanto, en Santiago del Estero el aumento será del 40% más ayuda escolar de $ 4.200 por hijo en marzo.
Así, el cargo testigo de maestro de grado arrancará de $ 14.280. El mismo incremento percibirán todos los agentes de la administración pública santiagueña.

En Mendoza el incremento mensual será automático de acuerdo al índice de inflación provincial. Una modalidad similar para Neuquén donde la actualización será automática y trimestral de acuerdo al índice de inflación del Indec. En Misiones 11,5% en enero y febrero. En Río Negro, 15% escalonado para el primer semestre. En estas últimas jurisdicciones las clases comenzarán normalmente.

María Laura Torre, secretaria General Adjunta de SUTEBA, criticó con dureza la decisión del Gobierno Nacional de no encarar la paritaria nacional docente: “Tenemos el mismo derecho que los demás trabajadores”, afirmó. Respecto a las reuniones que consignó el ministro Alejandro Finocchiaro con varios sindicatos en los que no se debatió salario, Torre aseguró: “Nosotros no fuimos a una convocatoria que realizó el ministro, que la hace en el marco de un decreto que intenta violar una ley. La ley de paritaria existe”. De acuerdo a los números oficiales, comentó: “Desde que no tenemos paritaria nacional perdimos 44 puntos frente a la inflación”.

En un comunicado CONADU HISTÓRICA convoca a coordinar un plan de lucha nacional para defender los salarios y la Universidad Pública ya que el gobierno vuelve a demostrar que las llamadas cláusulas de revisión son una verdadera farsa.

Resolvió nuevamente en forma unilateral pagar un incremento de los salarios de sólo un 4%, ante un desfasaje o pérdida salarial en la docencia universitaria y preuniversitaria frente a la inflación de casi un 20% anual. Una nueva suma fija en negro, con lo cual ya más de la mitad de los incrementos salariales del último año son sumas fijas, con el consiguiente desfinanciamiento de las obras sociales, el sistema jubilatorio y la deformación de la escala salarial, que perjudica en particular a quienes perciben adicionales por zona desfavorable y títulos de posgrado.

Supuestamente la cláusula de revisión implicaba definir incrementos salariales acordes a la inflación. La fecha del 16 de enero como primera cláusula de revisión sólo tenía el justificativo de esperar a conocer el último dato de la inflación del mes anterior, diciembre. No se analizó ningún dato, la espera fue sólo dilación, pues el gobierno resolvió unilateralmente un pago de una suma arbitraria y en negro que nada tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos por el avance de la inflación.

Nueva provocación es afirmar ahora que la próxima “revisión” se hará el 18 de marzo porque los índices inflacionarios de febrero recién se publican el 15 de marzo. Es una farsa y una maniobra para dilatar las respuestas y consolidar la rebaja salarial más grande de los últimos 15 años.

Reclaman una inmediata convocatoria a la paritaria y mantienen el reclamo de un 20% de incremento salarial ya para compensar la pérdida ante la inflación de 2018 y un piso de incremento del 30% para el 2019 más el pasaje de todas las sumas fijas al básico. Llaman a todas las organizaciones gremiales de la docencia universitaria y preuniversitaria a unirse y coordinar un plan de lucha nacional para defender los salarios y la Universidad Pública.

Tal como lo resolvió el Plenario de la Federación, advierten que de mantenerse esta situación y no haber respuestas satisfactorias, no comenzarán las clases en las Universidades Nacionales.

Por su parte, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió un plan de lucha que incluye un Paro Nacional Universitario los días 6, 7 y 8 de marzo, entre otras acciones. Los días 6 y 7 desarrollarán una huelga en unidad con CTERA y el conjunto de las centrales de la educación, y ya se habla de una posible movilización para el 6. La huelga del 8 de Marzo, por su parte, se desarrollará en el marco del Paro Internacional de Mujeres al que el gremio se suma todos los años y que viene creciendo.

Represión en el "cuadernazo"

Tras la represión contra cooperativistas de Madygraf y fotoperiodistas en el marco del “cuadernazo” del miércoles 20 de febrero pasado, la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de la Argentina (AReCIA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y Periodistas Argentinas, presentaron ante la Justicia un Habeas Corpus preventivo para proteger a los trabajadores y trabajadoras de prensa en el marco de posibles represiones en manifestaciones.

La presentación contó con el patrocinio de la abogada Verónica Heredia, también abogada de la familia de Santiago Maldonado. En el recurso judicial se le solicita al juez que “ordene al Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstengan de realizar actos que amenacen o perturben la libertad ambulatoria de los y las trabajadoras de prensa mientras ejercen su profesión, especialmente durante la cobertura de manifestaciones y/o protestas contra decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional o el de la Ciudad de Buenos Aires”.

Asimismo, los referentes Sergio Ciancaglini de AReCIA, Fernando Tato Dondero de SiPreBA y Claudia Acuña de Periodistas Argentinas hicieron alusión en el escrito a la represión ocurrida en el Congreso el miércoles pasado: “uno de los fotógrafos detenidos es quien retrató el 14 de febrero de 2019, en el marco de la cobertura de la manifestación denominada ´Verdurazo´, el momento en que una señora mayor levantaba unas berenjenas de la calle mientras cientos de policías desalojaban la manifestación” y enfatizaron: “esa foto se viralizó en redes y generó una fuerte polémica por la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

En este mismo sentido desarrollaron: “Esta violencia ejercida por el Estado no sólo afecta los cuerpos de profesionales y trabajadores de prensa, sino también altera el desarrollo de la actividad periodística toda, ya que en estas condiciones es difícil garantizar coberturas informativas sin poner en riesgo a las personas que las realizan”.

Asimismo, detallaron: “como editores, como trabajadores de prensa, como periodistas, comunicadores y reporteros gráficos nos vemos así limitados por la violencia estatal tanto en los lugares de los hechos como en los momentos de decisión de qué coberturas realizar de acuerdo con las expectativas represivas, ya que no podemos ni obligar ni ser obligados a realizarlas en situaciones que no garantizan los mínimos derechos a la libertad de expresión y del trabajo periodístico”.

“Es urgente restablecer las condiciones democráticas de las protestas sociales, que son expresiones de desacuerdo con políticas de Estado y que, en tanto voz social colectiva, es necesario dar a conocer para enriquecer y fortalecer el Estado de Derecho. En primer lugar, debe garantizarse el derecho a la libertad ambulatoria a los y las trabajadores de prensa y por eso acudimos ante el señor juez a invocar la acción constitucional y convencional del habeas corpus preventivo”, concluyeron.

Luego de la represión que sufrieron las y los trabajadores de la ex Donnelley en el Congreso, el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro dijo a través de un comunicado de su Ministerio que la propuesta de Madygraf fue rechazada pese a haber realizado la mejor oferta, por tener supuestos faltantes en el sobre de las muestras presentadas.

Lo que omite de forma alevosa el Ministerio es nada menos que su propio informe, en el que admitió que el sobre de muestras requeridas fue presentado por la cooperativa en perfecto estado, que fue sellado el recibo de entrega por funcionarios sin objeciones de su parte y que con posterioridad ese mismo sobre llegó al área técnica abierto. Esa irregularidad se produjo dentro del propio Ministerio y es reconocido por los informes oficiales.

Esto puede verificarse en la providencia del 22/1/2019 que dice textualmente “se deja constancia que con fecha 12 de diciembre de 2018 esta secretaría recibió los sobres presentados por las empresas oferentes los que se encontraban abiertos”. Esta es la irregularidad que sucedió dentro del mismo edificio del Ministerio y que el Ministro quiere ocultar.

Como si faltaran pruebas, el propio Ministerio convocó a una nueva licitación. Es evidente que esto no sucedió por ninguna falta por parte de la cooperativa. Si así hubiera sido, simplemente la apartarían de la licitación y la otorgarían a otra firma como corresponde legalmente. La licitación se dio de baja por la grave irregularidad admitida por el Ministerio, la cual fue denunciada por la cooperativa. Con esto dejan sin la licitación a una cooperativa a pesar de haber presentado la mejor oferta y llaman a una nueva donde además modifican las reglas de juego a favor de las grandes empresas.

Gabriela Boquín, representante del Ministerio Público Fiscal, realizó una presentación este viernes con el fin de que la Cámara revea y revierta el fallo contra los trabajadores del grupo compuesto por: C5N, MinutoUno, RatingCero, Radio 10, Radio Pop, Vale, Mega, y Radio One.

Recordemos que el fallo negó la apertura de una cuenta inembargable para que trabajadores y trabajadoras puedan cobrar sus sueldos en tiempo y forma que había sido ordenada por el juez Javier Cosentino. La medida, adoptada por la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial integrada por los jueces Gerardo Vassallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto, motivó un amplio rechazo que se manifestó el pasado miércoles en una importante movilización a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Trabajadores y trabajadoras denuncian que se trata de una embestida del Gobierno con el fin de cerrar C5N por tratarse de un medio opositor, ya que el fallo de la Sala D se basa en un pedido realizado por la AFIP. Este jueves, desde su cuenta de Twitter la Comisión Interna de C5N alertaba sobre la intención de sacar la señal del canal de TDA. Mientras aguardan la respuesta judicial, los trabajadores continúan en pie de lucha en defensa de los puestos de trabajo y de la libertad de expresión.

Los trabajadores de la agencia Noticias Argentinas difundieron un comunicado:  

“Los/as trabajadores/as de la Agencia nacional Noticias Argentinas (NA) repudiamos el nuevo incumplimiento del pago salarial establecido por la Ley 20.744, art. 128 para el 4º día hábil.
A la fecha de hoy, sólo cobramos poco más del 50 % de nuestro sueldo, por lo que reunidos en asamblea resolvimos realizar un cese de tareas hasta las 16:00 del miércoles 20 de febrero.
Esta situación, además, se suma a los incumplimientos del cronograma de pago de los aportes previsionales, de la segunda cuota del bono de fin de año, entre otras irregularidades cometidas en los últimos cinco meses”.

Verdurazo en Plaza de Mayo

El miércoles 27 a las 16:00, con la consigna “Ante el hambre yo elijo la lechuga”, la UTT convoca a un verdurazo masivo a Plaza de Mayo. Las familias agrícolas donarán 20.000 kilos de hortalizas frescas. Será en respuesta a la represión sufrida el viernes 15 en Plaza Constitución.

Contra los tarifazos

A pesar de las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, miles de vecinos, grupos políticos y autoconvocados, a través de pancartas, banderas, cacerolas, cornetas y bombos protestaron el viernes contra los altos costos de los servicios públicos.

Fue alrededor de las 20:00 y hasta las 22:00 en más de 50 esquinas de la CABA, siendo las más concurridas en Caballito, Floresta y Flores, y en distritos de la provincia de Buenos Aires como San Martín, Ramos Mejía, Morón y Quilmes, entre otros.

ATE y la CTA-A, junto a organizaciones sociales y sindicales como la CTEP, la CCC, Barrios de Pie y 37 gremios del sector de la CGT que lidera Juan Carlos Schmid, llevaron adelante una conferencia de prensa en la sede de la Federación Portuaria, Marítima y de la Industria Naval (FEMPINRA) para brindar detalles sobre la Jornada Nacional de Lucha prevista para el martes 26 de febrero contra los tarifazos y el ajuste, en coincidencia con el Paro Nacional de ATE.

En Capital Federal, las organizaciones concentrarán desde las 11:00 en Suipacha y Diagonal Norte, desde donde marcharán al ENRE y al Congreso de la Nación para reclamar contra los tarifazos. La medida de lucha será también contra los despidos, por la reapertura de las paritarias, por salarios y condiciones de trabajo dignas, así como para que se termine con la represión y la criminalización de la protesta social.

Por los tarifazos y la caída del empleo, cada vez menos personas tienen dinero para poder costear un pasaje en el transporte público y la crisis se refleja en la disminución de pasajeros de colectivo. Según aseguró Roberto Fernández, titular de la Unión Tranviaria Automotor: “Se han reducido los servicios. Nosotros transportamos a la gente con menos recursos y  hoy se nota que ha caído más de un 10%, esto es gente que no va a su trabajo”. De este modo, no sólo menos gente viaja en colectivo sino que fue necesario reducir la cantidad de servicios, lo que podría impactar en una pérdida de puestos de trabajo.

El Sindicato de Trabajadores de Gas (Stigas) hizo una movilización a la sede central de Metrogas en reclamo de un aumento salarial del 50%. El reclamo salarial se da en medio de los tarifazos a los servicios públicos que hicieron multiplicar los ingresos de Metrogas, con dos subas anuales.

Trabajadores de las empresas de energía reclamaron por paritarias y denunciaron permanentes “amenazas” y “extorsiones” por parte de los directivos de las compañías. En un comunicado, los empleados aseguraron que pese a los intentos de negociar en buenos términos, no han podido generar un “espacio de diálogo para acercar posiciones” y explican que desde las empresas hay una respuesta “autoritaria” constantemente. El problema se da con las empresas Edesur, Edenor, Central Costanera, Central Puerto, Central Dock Sud y Sacme.

Ahora, la entidad pidió la intervención de la Secretaría de Trabajo, algo que también fue ignorado por las compañías. Desde que asumió Mauricio Macri las empresas de energía fueron altamente beneficiadas al cobrar sucesivos tarifazos a la población y ahora se niegan a garantizar buenos salarios para sus trabajadores.

“Hoy, creemos que siguen intentando llevarnos a un conflicto, sin saber cuáles son las intenciones, si bien creemos que surge de la necesidad de busca responsables por este pésimo servicio o tratar de disciplinarnos para imponer políticas laborales que bajen costos, afectando los acuerdos laborales logrados en 60 años de historia y seguir incrementando sus ganancias que hoy ya no pueden ocultar”, manifestaron.

#ElAguaValeMasQueElLitio

Ante el comunicado emitido por el Boletín Oficial de la gobernación jujeña, donde se anunció que la licitación de JEMSE prevista para el próximo 26/02 quedaba suspendida, la asamblea decidió mantenerse en vigilancia de su territorio.

Los pueblos de Salinas Grandes y la Cuenca de Guayatayoc agradecieron a todas las comunidades que apoyaron, a las instituciones y a la gente que colaboró en insumos, fuerzas y aliento para defender sus recursos y sus derechos consagrados constitucionalmente. “La lucha recién ha empezado” sostuvieron.

Sin embargo, para el director de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse), Carlos Oheler, uno de los proyectos más importante que tiene la provincia es la “exploración y explotación del litio”, decisión que se contrapone al reclamo de comunidades indígenas de la Puna.

Para el funcionario “las circunstancias que se presentan hoy en el mundo con la demanda del litio con todo el proceso que se está llevando adelante, tiene que ver con mitigar el cambio climático promoviendo el uso de energías renovables”. En el marco de esa promoción defendió la utilización de litio para creación de baterías y obtener así la acumulación de energía limpia.

“Acá hay una decisión política que se contrapone entre el gobierno y las comunidades que creo que hay que conversarla”, sostuvo Oheler, al indicar que el posicionamiento “anti minero” de los comuneros “tienen sustento en imágenes o cuestiones que están soportadas por la vieja minería”.

“Esa vieja minería que atropellaba a la gente y no dejaba beneficios a la gente, es una minería que hace por lo menos 20 años no está vigente en el mundo, porque tanto los inversores como las empresas mineras fueron cambiando sus formas de vincularse con los entornos, cuidando el ambiente y teniendo integración con las comunidades”, afirmó.

En relación a las dos empresas que realizaban estudios de exploración de litio en las cuencas de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, dijo que las mismas “no cumplieron acabadamente con los compromisos y autorizaciones que tenían”.

Como consecuencia “si se verifican los incumplimientos -en la justicia- las dos firmas intervinientes van a ser sancionadas y si no se darán las explicaciones que en caso corresponda”.

De manera simultánea, indicó, el gobierno de Jujuy remitió una nota a la Embajada de Canadá, “dando a conocer la situación de la supuesta inconducta” y solicitó al embajador que “instruya a las empresas canadienses que operan en la Puna a que deben respetar los protocolos provinciales, su vínculo con el ambiente y las comunidades originarias”.

Por su parte, las comunidades indígenas, rechazan todo tipo de exploración en las inmediaciones de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc por lo que impidieron los estudios preliminares para la extracción del litio y reclaman que se declare a ambos sitios como “patrimonio natural, cultural y ancestral de los pueblos originarios”.

Además, pidieron que la declaración considere a la región como “zona libre de emprendimiento de megaminería, minería de litio” y de cualquier otro proyecto que “dañe a la Pachamama (Madre Tierra) y atente la forma de vida de las comunidades”.

Se hizo Justicia

Tras la movilización del 24 de octubre pasado, varias personas fueron detenidas arbitrariamente durante las protestas en las inmediaciones del Congreso Nacional y el centro porteño contra la sanción del Presupuesto 2019. Esta semana, el fiscal Federico Tropea archivó la causa por daños, resistencia y atentado contra la autoridad, que se abrió contra cuatro extranjeros y 22 ciudadanos argentinos.

El fiscal penal, contravencional y de faltas de la Ciudad analizó la situación de cada uno de los imputados a partir de las cámaras de seguridad de la zona como principal prueba y constató que no hay elementos que sostengan las acusaciones.

Cabe recordar que pocas horas después de la represión y las detenciones, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmaban a la prensa, tras una reunión de Gabinete, que el Poder Ejecutivo impulsaría la expulsión de los extranjeros detenidos. “Buscamos expulsar lo más rápidamente a los extranjeros que ejercieron la violencia”, declaró Frigerio. En igual sentido, el senador justicialista Miguel Ángel Pichetto, líder del espacio Peronismo Federal, afirmó: “hay que echar a patadas a los extranjeros que delinquen”.

En tanto, otros referentes políticos, como Myriam Bregman del PTS-FIT, acercaron pruebas a la Justicia que demostraban que agentes de la Policía de la Ciudad rompieron vidrieras de un negocio para inculpar a manifestantes que se estaban desconcentrando.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia por la causa "Caseros", en la cual la Fiscal Celsa Ramírez pretendía enviar a juicio a siete trabajadorxs de subterráneos por la huelga del 22 de mayo pasado, en el marco de la paritaria. El Juez Norberto Tavosnaska rechazó los planteos de la Fiscal Ramírez en relación a los delitos de “asociación ilícita”, “entorpecimiento del transporte” y “atentado a la autoridad”.

En la resolución el Juez refirió que ese día, ante una huelga, la policía fue convocada como un “grupo de choque” para confrontar con trabajadores y trabajadoras que se encontraban ejerciendo derechos constitucionales.

El Juez fue claro en relación a que se estaba debatiendo un conflicto paritario y que el mismo no podía ser criminalizado; que el derecho de huelga tiene plena receptación constitucional y que el ejercicio de ese derecho, y de los derechos económicos y sociales en general, no puede en modo alguno constituir un delito.

Luego de 9 meses de lucha, la Jefatura Distrital reinstaló a los docentes Elizabeth Campodónico y Alejandro Oviedo, integrantes de la Lista Marrón en sus puestos de trabajo. Los delegados fueron separados de sus cargos en mayo de 2018 en medio de una lucha contra los cierres de cursos que, junto a la comunidad de padres, alumnos y docentes de la EES N° 6 "Alfonsina Storni" estaban enfrentando. Las inspectoras y directivos de esa institución intentaron judicializar el conflicto a través de una denuncia penal falsa que la Fiscalía N° 5 de San Martín desestimó a los dos meses "por no constituir delito alguno el hecho denunciado y tratarse de un conflicto gremial".

Sin embargo, el procedimiento basado en esa denuncia falsa, que violó los fueros gremiales de ambos delegados (amparados por la Ley 23551, en la Constitución Nacional y Provincial y en tratados Internacionales), sin pedido de desafuero, sin una investigación previa ni derecho a defensa siquiera, los mantuvo fuera de la escuela y con esto intentaron pasar un ajuste que de cualquier forma la comunidad organizada derrotó.

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