Correpi refuta con datos concretos que el gobierno de Kirchner pueda ser considerado "el gobierno de los DDHH"

El documento, que recopila hechos represivos ocurridos con posterioridad al 25 de mayo de 2003 y hasta fin de julio de 2006, demuestra que tanto en materia de gatillo fácil, torturas, muertes de personas bajo custodia y detenciones arbitrarias, como de represión política, el actual gobierno y sus aliados provinciales son responsables de índices superiores a los de sus antecesores desde 1983

Acompañados por referentes de organismos de DDHH, organizaciones gremiales, políticas y sociales, CORREPI dio detalles del informe en una conferencia de prensa en el hotel Bauen:

En lo que hace al segmento más trágico, pero a su vez más invisibilizado del ejercicio de la política represiva del estado, las muertes de personas indefensas a manos de fuerzas de seguridad estatales, el trabajo enumera, desde la asunción del gobierno del presidente Néstor Kirchner, más de 500 casos de asesinatos con el gatillo fácil o la tortura, en cárceles o comisarías.

Desde el 25 de mayo del año 2003 hasta el 28 de julio del 2006 han sido 505 las personas asesinadas por las Fuerzas de Seguridad. En su mayoría jóvenes pobres, los números en cada uno de los años de esta gestión son:

102 asesinados entre el 25/5/03 y el 31/12/03.

159 asesinados en el año 2004.

175 asesinados en el año 2005.

69 asesinados entre el 01/01/06 y el 28/07/06.

Desde la 10a. Presentación del Archivo, tomamos conocimiento de 95 nuevos casos de gatillo fácil o muertes en la tortura, en cárceles y comisarías en 10 provincias, 79 de ellos ocurridos con posterioridad al 10 de diciembre de 2005.

Las provincias de las que hemos recibido datos en relación a los primeros siete meses de 2006 son:

1. BUENOS AIRES, 20 casos.

2. CIUDAD DE BUENOS AIRES, 9 casos.

3. CORDOBA, 10 casos.

4. CORRIENTES, 5 casos.

5. JUJUY, 1 caso.

6. MENDOZA, 7 casos.

7. NEUQUEN, 1 caso.

8. RIO NEGRO, 1 caso.

9. SALTA, 1 caso.

10. SANTA FE, 5 casos.

11. SANTIAGO DEL ESTERO, 3 casos.

12. TUCUMAN, 6 casos.

Respecto de las modalidades, el 53 % de los hechos registrados entre el 25/05/2003 y fin de julio de 2006 corresponden a fusilamientos por gatillo fácil, y el 45 % a muertes en cárceles y comisarías. De estos últimos, muchos corresponden a casos de tortura seguida de muerte.

Destacaron los integrantes de CORREPI en la conferencia de prensa, respecto del relevamiento que posterior al 10/12/2005, que sólo se trata de los casos que les fueran informados en forma directa o que se publicaran en la prensa, ya que CORREPI realiza la búsqueda activa para actualizar el Archivo a fin de año, próximo a la fecha de presentación pública, y que ya cerrado el archivo que se describe en el informe tomaron conocimiento de media docena de casos más.

En el capítulo dedicado a la represión política se describen centenares de hechos de amenazas, hostigamiento, represiones a manifestaciones, desalojos violentos y ataques a organizaciones y militantes populares, así como un notable recrudecimiento de la "criminalización de la protesta" con el saldo de más de 6000 personas involucradas en causas penales por razones estrictamente políticas. Denuncia también el informe que el gobierno actual ha tenido, a lo largo de su gestión, más presos políticos que cualquier otro desde 1983.

Finalmente, Daniel Stragá, María del Carmen Verdú y Nicolás Espósito, que tuvieron a su cargo la presentación, resaltaron la creciente utilización de "grupos de choque" paraestatales, bajo la forma de patotas sindicales o de organizaciones políticas integradas al partido de gobierno, en una suerte de "tercerización" de la represión, como ocurriera con los estudiantes de la FUBA, los docentes neuquinos y puntanos y los manifestantes en Rosario o Tucumán, atacados respectivamente por APUBA, la UOCRA y Barrios de Pie, evitando así el costo político de la utilización de las fuerzas represivas regulares para disolver una medida o despejar un corte o una toma.

No dejaron de mencionar los integrantes de CORREPI que este gobierno, que tanto gusta mostrarse respetuoso de las normas internacionales en materia de DDHH, viene incumpliendo desde septiembre de 2003 la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Bulacio. Dijo sobre el punto Verdú: "El Estado Argentino, con éste o cualquier otro gobierno que utilice a las fuerzas de seguridad para garantizar el control social, no puede cumplir la sentencia del Caso Bulacio porque implicaría renunciar a sus más preciadas herramientas para someter a las mayorías oprimidas: las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. No es la impunidad del comisario lo que impide el cumplimiento de la sentencia, sino la defensa que hace el gobierno de la averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones, instrumentos esenciales para la represión sistemática de carácter "preventivo" sobre los más jóvenes, que también son los más pobres".

El INFORME DE SITUACIóN y el ARCHIVO DE CASOS 2003/2006 están disponibles para quienes lo requieran por correo electrónico a correpi@fibertel.com.ar, y están publicados en

www.correpi.lahaine.org.