El régimen de Macri, por el camino de la flexibilización y la mano dura

Y de sus aliados provinciales, el reacomodamiento de las oposiciones y la consiguiente necesaria construcción de instancias que referencien un amplio espectro de la población que no se ve representada por las opciones políticas hegemónicas en el país.

Cambiemos encontró en la movilización del #1A la excusa perfecta para sincerar, y propagandizar tejiendo alianzas de diverso tipo, su proyecto de país: de restauración conservadora. Nunca con improvisación, pero sí con una inteligente maquinaria propia de gerentes de grandes empresas formados en las diferentes escuelas del marketing de productos diversos. Promueven las necesidades de los “consumidores” para luego satisfacerlas con algún nuevo producto prodigioso en el mercado. Así, insistiendo con la presencia de mayor delincuencia fue convenciendo con el discurso de la mano dura y el consiguiente incremento de presencia de fuerzas represivas en las calles, instalando a su vez la otra nueva necesidad que está en el fondo de todas sus dramatizaciones políticas: profundizar la flexibilización laboral, quitando los derechos recuperados al movimiento obrero y al pueblo y establecer definitivamente a las empresas transnacionales asociadas con empresarios locales como únicos capaces de construir la gran nación argentina. La restauración conservadora de las clases dominantes avanza y pone en escena todas las políticas que garanticen mayor ganancia para unos pocos a costa de los despidos, peores condiciones de trabajo y pobreza para millones que son los sobrantes de esas medidas.

La flexibilización laboral como meta

En 2017 el gobierno habilitó el regreso de viejas recetas vendidas, una vez más, como novedosas: ampliar jornadas laborales, congelar paritarias u obligarlas a la baja, limitar el derecho a la protesta, establecer nuevas formas de contratación en empresas que desconocen beneficios para las y los trabajadores o seguir postergando la implementación efectiva de la ley de Emergencia Social o la de violencia hacia las mujeres. Al detenernos en las medidas que llevan adelante grandes empresas en los últimos tiempos encontramos ejemplos como los de la metalúrgica del grupo Techint, Siderca Campana que intenta implementar jornadas laborales y francos de 6×1 en vez de 6×2 que, como señalan delegados de la fábrica, significa no solo el aumento de horas de trabajo (300 más al año y 45 días totales más) sino que reducen puestos porque lo que cubren 500 trabajadores lo pueden resolver con 250.

Se intentan actualizar políticas de flexibilización laboral de los años 90 convocando a “trabajar más y cobrar menos salarios”, o insistir con el excesivo “ausentismo del personal”. Van avanzando estrategias diversas en cada rama de trabajo con el silencio o anuencia de cúpulas sindicales que prefieren seguir preservando sus negocios que defender derechos. Son diferentes medidas que se definen desde el ejecutivo con cada rama de producción e incluso con alguna empresa. Se suspenden 600 trabajadores en Volkswagen Pacheco por un año o un año y medio (hasta el invierno 2018). En la fábrica de Alpargatas en Tucumán se suspenden 1100 trabajadores entre el 11 y 18 de abril y la totalidad de los mismos (1.330) para la segunda semana de mayo, además de suspensiones parciales que ya se llevan a cabo en las plantas que esa empresa tiene en Catamarca, Florencio Varela y La Pampa. Los trabajadores de la industria química no están en mejores condiciones, tampoco la lechera con disminuciones salariales y peligros de despidos o los siempre precarizados obreros de la construcción.

Las cúpulas sindicales de los gremios más numerosos de la CGT evalúan los alcances del paro del 6 de abril más para asegurarse el control de determinadas cajas o internas políticas que para beneficiar a sus representados de los que cada vez se alejan. En este sentido negociarán la elevación de algunos puntos los techos paritarios del 18% establecido pero sin cuestionar las medidas de fondo que flexibilizan el empleo. Por abajo, en tanto, las broncas crecen y la masividad y contundencia del paro general del 6 de abril no debe leerse solo en clave de la falta de trasporte para trasladarse sino también en que de los salarios cada vez alcanzan para menos porque siguen subiendo los precios de los productos y servicios. Según cifras del Indec, la última medición realizada con valores de febrero, indica que una familia tipo (dos adultos y dos menores), necesitó $13.673,50 para no ser considerada pobre y $5.626,95 para no ser indigente; hoy, 12 millones y medio de personas son pobres en el país.

Las legislativas del 2017 y ganar votos con la mano dura

Las políticas y el discurso hegemónico de los medios que apoyan este proyecto político, se desarrollan en el marco de las elecciones legislativas que el gobierno está dispuesto a ganar como sea. Las pujas de poder entran en un nuevo momento que no están ajenas al armado de listas oficialistas y opositoras. El PJ se reacomoda y dentro de él, el kirchnerismo que sigue intentando acercar posiciones con sindicatos de la CGT porque ya hizo la lectura que parte de su derrota se debió al alejamiento de la presencia en sus listas de los poderosos gremialistas enrolados en la dirección de la central obrera. El tablero electoral está en marcha y se tejen y destejen alianzas momentáneas atadas a acuerdos que todavía no están claros hasta donde van a llegar.

El gobierno de Cambiemos, con pirotecnia verbal en la voz de Macri, quiere convencer de las maravillas de los sacrificios e implementa las políticas represivas necesarias para poder garantizar ese proyecto de país en detrimento de mayorías que seguramente, sospecha, están mucho más organizadas que durante la profundización de políticas neoliberales de los ´90.

Así, el discurso represivo entra en vigencia con más fuerza y el marketing de la “mano dura” se lleva a la práctica con más compra de equipamiento para las fuerzas de seguridad. Como señala Federico Trofelli en Tiempo Argentino: “La ciudad de Buenos Aires prevé utilizar casi 127 millones y medio de pesos de los vecinos para equipar a la flamante policía local y convertirla en una poderosa legión de 1600 uniformados alistados para combatir manifestantes”. Medidas semejantes se llevan adelante en la provincia de Buenos Aires, en las policías locales de cada municipio provincial que suman más efectivos, junto con la Policía Federal y la Bonaerense. Un incremento de presencia represiva con Gendarmes y Prefectos en cada rincón del territorio y registro de situaciones de grupos anónimos irrumpiendo en reuniones o locales sindicales, confecciones de “listas negras”, multas, denuncias penales, amenazas de quita de personerías gremiales y detenciones de activistas sociales, acciones todas que desconocen derechos constitucionales.

Las acciones represivas, su festejo y justificación de Cambiemos, van en escalada: la represión por fuerzas de civil en la movilización del día de las mujeres el 8 de marzo cuando ya se habían concluido las manifestaciones, el ingreso policial al comedor los “Cartoneritos” en Lanús, los gases en Panamericana y el Puente Pueyrredón el día del paro general, el exagerado operativo para el desalojo de los trabajadores de AGR-Clarín (cerca de 45 camiones con infantes armados, motos y patrulleros), la represión al barrio Quom en Rosario y similares operativos en el sur, Norte y Oeste del país, instalaron un clima de represión como una necesidad casi irreductible. La semana terminó con el ingreso de la policía de Jujuy a la Universidad llevando detenido al consejero y presidente del Centro de Estudiantes Ciencias Agrarias, Joaquín Quispe, sin orden legal alguna y violando la autonomía universitaria, que se suma en esa provincia a la detención de Milagro Sala y demás dirigentes de la Tupac Amaru.

Dos días antes de la represión a los docentes el domingo 9 de abril, cuando intentaban instalar la escuela itinerante en la Plaza Congreso como medida de reclamo de la legislada e incumplida paritaria nacional, las autoridades gubernamentales presentaban en el congreso una ley para modificar el Código Penal que tiende a eliminar cualquier tipo de protesta y disidencia con las políticas estatales. Ileana Arduino, abogada y miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) señala la anticonstitucionalidad de los alcances de esa ley: “Convierte el derecho constitucional de peticionar a las autoridades en un delito porque propone castigar como amenaza la participación misma en una manifestación”, las penas oscilan entre los 2 y 6 años los cortes de rutas o hasta 10 si la protesta se da en el marco de una petición para conceder una concesión de algún poder público. Se legaliza así la criminalización de la protesta pero además es tan ambiguo en sus detalles que la fuerza represiva a cargo es quien termina definiendo agravantes, delitos y detalles de los motivos de detención. Un verdadero avance sobre derechos constitucionales elementales desafía a las organizaciones populares a construir amplias articulaciones para impedirlo.

Abril, un mes cargado de historias y desafíos

En abril 2015 dejaba este espacio terrestre el escritor Eduardo Galeano. En su libro Los hijos de los días decía del 12 de abril: Un día como hoy del año 33, día más, día menos, Jesús de Nazaret murió en la cruz. Sus jueces lo condenaron por incitación a la idolatría, blasfemias y superstición abominable. Unos siglos después, los indios de las Américas y los herejes de Europa fueron condenados por esos mismos crímenes, exactamente los mismos, y en nombre de Jesús de Nazaret se les aplicó castigo de azote, horca o fuego.

En 1995 y 1997 un 12 de abril las fuerzas represivas mataban en Tierra del Fuego y en las puebladas de Cutral-có y Plaza Hunicul respectivamente a Víctor Choque y Teresa Rodríguez, 2 trabajadores víctimas de las políticas neoliberales del menemismo. En este mes de 2017 todavía los y las docentes siguen sin una paritaria, los estatales de ATE movilizados y de paro y millones de trabajadores y trabajadoras precarizados sin aumentos y buscando caminos que unifiquen luchas, reclamos y defensas de derechos con la certeza que ni uno solo de ellos se logró sin reclamos, huelgas y movilizaciones. El 19 de abril en el Hotel recuperado Bauen gestionado por sus trabajadores y trabajadoras, realiza un festival y vigilia en Callao porque el sistema judicial que, más que nunca mira para el lado de los ricos, intenta desalojarlos. Rodeándolos de solidaridad, dirigentes de partidos políticos, organizaciones sociales, delegados gremiales, organizaciones y personalidades de los derechos humanos y la cultura, aunarán una vez más sus voces para impedir el Desalojo.

Marcha