Elecciones en Bolivia en medio de persecuciones y amenazas

Desde hace dos meses, los bolivianos se encuentran todos los días con noticias sobre la investigación, el procesamiento o el arresto de uno o de varios de los ex colaboradores y simpatizantes del exiliado ex presidente Evo Morales, sobre quien, además, pesa una orden internacional de captura solicitada por el régimen transitorio de Jeanine Áñez.

La noticia más reciente fue la detención del ex ministro de Gobierno Carlos Romero, acusado por la fiscalía golpista de un caso de corrupción. Romero entró a la cárcel judicial luego de haber estado secuestrado informalmente -primero en su domicilio y luego en una clínica médica- por grupos de civiles que se llaman a sí mismos "la resistencia" y que tienen el aval de la policía para imponer su ley en las calles. Morales los considera, con razón, "grupos paramilitares y fascistas".

Estas bandas civiles también operan cotidianamente en las inmediaciones de la embajada de México en La Paz, en la que están refugiados varios ex ministros y líderes del Movimiento al Socialismo (Mas) de Morales, quienes no pueden ni podrán obtener, del régimen de Áñez, salvoconductos para salir del país. Los miembros de estas bandas se turnan para revisar los automóviles que entran y salen del exclusivo barrio La Rinconada, donde se encuentra la residencia diplomática.

Actúan por ahora en dos ciudades, La Paz y Cochabamba, escenario de la mayor parte de los duros choques entre seguidores de Morales y fascistas antes de su derrocamiento. La "resistencia" al Mas está compuesta por vándalos organizados de clase media y por jóvenes estudiantes derechistas que, durante la crisis, se armaron con palos, cascos y escudos improvisados para enfrentar a las columnas de trabajadores y de campesinos que pretendían neutralizar las protestas en contra de lo que la derecha llamó el "fraude electoral del 20 de octubre", las elecciones en las que Morales fue legalmente proclamado reelecto y que llevaron a la crisis política prefabricada y al golpe de Estado.

En la mira

El hombre más odiado por la "resistencia" es uno de los líderes del Mas asilados en la residencia mexicana, Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia y mano derecha de Evo. Quintana está procesado por "sedición y terrorismo". Junto a él están atrapados en la casa diplomática los ex ministros de Justicia, Héctor Arce; de Cultura, Vilma Alanoca; de Gobierno, Hugo Moldiz, y de Defensa, Javier Zavaleta, todos ellos también enjuiciados por los golpistas por distintos delitos comunes; los acompaña Nicolás Laguna, el antiguo encargado de informática del Estado, acusado de "fraude electoral", así como otros altos cargos que, hasta ahora, no enfrentan procesos judiciales, pero tampoco obtienen salvoconductos.

Varias de las acusaciones se deben a algo que los imputados dijeron alguna vez: Morales es acusado de "terrorismo y sedición" por haber llamado a un dirigente campesino y haberle pedido bloquear a las ciudades con rigor, de modo que "no entren alimentos" en ellas. Hace poco, el ex presidente se consiguió otro juicio del golpismo por haber afirmado, en Argentina, que si algún día volviera al poder, tendría que organizar milicias armadas, como hicieron los chavistas en Venezuela, para asegurar su mando.

Quintana es acusado de "terrorismo y sedición" por haber declarado a la agencia rusa Sputnik que un golpe de Estado contra Morales se debía combatir intensamente, convirtiendo a Bolivia en "un moderno Vietnam". El régimen encarceló a la niñera de este personaje, así como a un mensajero que trabajaba con Romero. Estas y otras detenciones controvertidas, como la de una doctora que atendió en una clínica a un izquierdista herido de bala o la de unos jóvenes funcionarios que se dedicaban a hacer memes en contra del régimen en computadores estatales, han tenido apoyo en los principales medios de comunicación, los que aplauden al régimen de Áñez y celebran la existencia de la "resistencia". Junto con Romero, decenas de personas son enjuiciadas ilegalmente por "corrupción"; también se investiga el patrimonio de 600 ex ministros, ex viceministros, ex directores, gobernadores y alcaldes del Mas.

En riesgo

Además de policial y judicial, la presión sobre el Mas es política. Andrónico Rodríguez, vicepresidente de los sindicatos cocaleros y precandidato del partido izquierdista, anunció que este 22 de enero, el día en el que el mandato de Evo Morales se habría cumplido, comenzará otra etapa de la "resistencia pacífica al fascismo", con lo que sugirió que se realizarían movilizaciones de protesta. En respuesta, el actual ministro de Gobierno del régimen, Arturo Murillo, tuiteó: "Andrónico, cuidado, el radicalismo pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro". Rodríguez tuvo que salir a aclarar que no pensaba cometer ningún delito y denunció que el régimen buscaba asfixiar a la dirigencia sindical con procesos y detenciones.

En un intento de frenar la ola represiva, el Mas aprobó en la Asamblea Legislativa una ley de cumplimiento de los DDHH, que exige al régimen de Áñez pagar indemnizaciones a las familias de las 29 personas que murieron en la represión de las manifestaciones en su contra, poco después de su llegada al poder, y abre la posibilidad de que los dirigentes sindicales y políticos que se sientan injustamente perseguidos presenten recursos ante la justicia. El golpismo ha considerado esta ley "innecesaria" y anticonstitucional.

Todo esto sucede con el apoyo de los segmentos medios y altos de la población, los que han convertido al terrorista Murillo en una figura popular. El ministro, que antes de llegar al poder era cuestionado por la torpeza de su roces con Morales, hoy recibe aplausos cuando entra en algún café de La Paz.

En campaña

La "pacificación del país", que es como se llama oficialmente a las citadas medidas en contra del Mas, ha convertido a la presidenta Áñez en la dirigenta política contraria a Evo con la mayor intención de voto (15 por ciento, según una encuesta realizada por Ciesmori para la televisión Unitel. El ex presidente Carlos Mesa, en cambio, sólo tiene el 13 por ciento). Pero Áñez aseguró que no se candidateará en las elecciones programadas para el 3 de mayo. En cambio, quiere impulsar a los diferentes candidatos a unirse en contra del Mas, que tiene la mayor intención de voto con amplia diferencia. Aunque, al mismo tiempo, este partido sea rechazado por los electores de derecha: evitar que los "tiranos" y los "narcoterroristas" saquen la cabeza en las nuevas elecciones se ha convertido en la principal preocupación de la población de mayores ingresos comprometida con el derrocamiento de Morales.

La presión por la constitución de un frente antimasista unido no ha logrado impedir que muchas personas expresen su deseo de convertirse en candidatos en la inscripción de principios de febrero. Mesa se proyecta como la opción de derecha, un puesto que probablemente le será disputado por el empresario Samuel Doria Medina, quien fuera el retador de Morales en las elecciones de 2014 y perdiera por goleada. Otro ex presidente, Jorge Quiroga, aspira a representar a la ultraderecha tradicional. El empresario fascista Luis Fernando Camacho, referente de la "resistencia" y principal dirigente del autodenominado "movimiento cívico" que se atribuye haber tumbado a Morales, ha formado una candidatura con su colega Marco Pumari. Esta fórmula constituye la expresión de la nueva ultraderecha, caracterizada por su religiosidad, sus "grupos de choque" y su fuerte presencia en las redes 'sociales'.

Se preveía que Camacho y Pumari se convertirían rápidamente en la principal opción del antievismo, pero hasta ahora no han conseguido despegar en las encuestas, posiblemente porque el primer acercamiento político entre ellos terminó en un estruendoso fracaso. A principios de diciembre, Camacho dijo que no iría a las elecciones con Pumari y luego divulgó el audio de una conversación con este, en el que lo criticaba por haberle pedido, a cambio de su apoyo, 250 mil dólares y el control de la aduana de Potosí, la región de la que Pumari es oriundo. Este no negó haber tenido esta conversación, pero dijo que quería el dinero para financiar su campaña electoral y que la nominación de un representante cívico en la dirección de la aduana regional era una "reivindicación del pueblo de Potosí".

La Asamblea Legislativa sigue estando en manos del Mas, pero la brigada parlamentaria de este partido se halla neutralizada por la violencia del régimen en las ciudades, el absoluto alineamiento con el golpismo de militares, policías, fiscales y jueces, y su propia división entre un grupo "conciliador" y otro "leal" a Morales. El Tribunal Constitucional, que hoy como antes obedece las instrucciones del Ejecutivo, amplió el mandato de los parlamentarios, que debía acabar el 22 de enero, hasta la transmisión de mando, que se calcula para mediados de año.

Brecha / La Haine