La recomposición del oficialismo. Alcances y límites del mileísmo recargado

El imperio avanza, pese a todo

Para examinar la coyuntura argentina de hoy se requiere partir de forma muy breve del cuadro latinoamericano y su relación con el imperio. En estos días se confirmaron las victorias electorales de la ultraderecha en Colombia y Perú.

En el país de Camilo Torres a través de Abelardo de la Espriella, de fuertes vínculos con el exnarcopresidente y asesino Álvaro Uribe. En Perú con Keiko Fujimori, hija del dictador de la década de 1990 que terminó refugiado en Japón. Para no ir preso por sus muchos delitos, entre robos, atropellos institucionales y asesinatos.

Un componente llamativo de los resultados es que en ambos casos los candidatos de derecha se impusieron gracias a los sufragios de los residentes en el extranjero. Un tema a evaluar en el futuro.

Se ha dicho con acierto que Brasil ha quedado bajo cerco en América del Sur, rodeado por gobiernos de ultraderecha. Sus vecinos son devotos del "Escudo de las Américas". Y de los demás instrumentos imperiales para la afirmación de su dominio absoluto sobre el continente. Quien quiera persistir en la consideración de Uruguay como una parcial excepción, puede hacerlo.

Ese vuelco sobe Nuestra América no es puro repliegue de parte del gigante norteamericano en declive. Más bien es búsqueda de un trampolín para la recuperación de su predominio a escala mundial. La pérdida de primacía frente a China le ha indicado el camino del "hemisferio occidental" para rehacerse. Busca colocaciones ventajosas para sus inversiones. Y la reafirmación de su dominio político, militar y cultural.

El fiasco en Irán tiene como antecedente de signo opuesto la exitosa extorsión a Venezuela posterior al ataque y secuestro de enero de este año. Y la búsqueda de la implosión de la revolución cubana. Mediante tremendos padecimientos del conjunto de su pueblo, inducidos por el continuo agravamiento del bloqueo y las presiones más variadas.

En la misma línea se presenta el incremento de las coacciones sobre México. Y más en general, el combate activo para el desplazamiento de la influencia e inversiones chinas de todo el espacio continental.

Las imposiciones brutales de Trump y sus colaboradores se proyectan incluso en temas que podrían parecer muy secundarios. La presión directa sobre la FIFA y la subsiguiente genuflexión de este organismo en cuanto a la anulación de una pena por expulsión para un jugador de EEUU no debe ser tomada a la ligera.

Es una muestra más de que, si de ellos depende, ninguna regla, en el ámbito que sea, podrá sostenerse frente a la voluntad y el poderío del imperio.

En el cuadro del alineamiento proimperial latinoamericano, no es novedad que el presidente argentino procura un lugar destacado. Más aún, pionero. Que marque el rumbo a seguir por los demás gobiernos de la región. Y si se pudiera, del mundo.

La no confirmación de una entrevista con Trump y la postergación de una reunión empresaria en la que iba a exponer Milei impidieron que en estos días viajara a Washington. Hubiera sido su viaje número 18 al imperio del norte desde que es presidente. Para el reforzamiento una vez más del tejido de negocios y la pleitesía del caso.

También avanza la articulación subordinada con las fuerzas militares estadounidenses, en la que las consideraciones de autonomía no ocupan ningún lugar.

En cuanto a la creciente incidencia y proyección futura de las inversiones provenientes del imperio del norte, resulta pertinente una cita textual de un flamante escrito de Claudio Katz:

"Las firmas estadounidenses han sido ubicadas en lugares de privilegio para capturar el uranio, el litio y las tierras raras y ya miran con interés el poderoso agronegocio local. Hay también sondeos de las compañías yanquis para apoderarse de firmas locales aprovechando su desvalorización bursátil, al cabo de un duro ciclo de recesión, apertura comercial y abrupta caída de ventas."

Pasemos ahora a la política argentina.

¿Un gobierno que se rehace?

La salida de Manuel Adorni dejó al gobierno golpeado y con una carga de desprestigio. Quedó desvirtuada por completo la idea de "la moral como política de Estado". No sólo se trata en este caso de la existencia de corrupción, sino de la voluntad del gobierno de negarla y encubrirla con obstinación y contra toda evidencia.

De paso llegó una pequeña ayuda de los jueces amigos. Del poder judicial apuntan a un refuerzo de la impunidad en la causa que de modo más directo puede afectar al presidente y a su secretaria general.

Nos referimos al caso de la criptomoneda Libra, en el que una disposición del juez federal de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo Martínez de Giorgi apartó de la causa a los cinco querellantes que sostenían la acusación privada por considerarse damnificados por una estafa. En la que Milei tuvo plena participación. Más aún, su aval a la "cripto" fue lo que hizo posible la maniobra. Según el magistrado, no estaría probado el perjuicio de los querellantes.

La decisión tiene por lo menos una arista vergonzosa. Previo a la resolución de Martínez de Giorgi, su esposa fue nombrada a cargo de un juzgado federal de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. El intercambio de favores parece transparente. Ya ha sido denunciado. La descomposición de la institucionalidad en Argentina es el dato que emerge con mayor alcance.

Entre los efectos concretos de la nueva situación procesal se cuenta que queda a exclusivo cargo de la acusación el fiscal Eduarto Taiano, conocido por su reticencia a la hora de las investigaciones serias. Mientras tanto sigue el statu quo en ese proceso, donde no se ha llamado a indagatoria a ningún partícipe y hasta se remolonea en la citación de testigos.

El reemplazo del jefe de gabinete renunciado por Diego Santilli anula a su vez el discurso "anticasta". Se entroniza en un rol protagónico, apenas un paso detrás del presidente, a un consumado partícipe de la "vieja política". La misma que La Libertad Avanza (LLA) habría venido a desplazar. Si es cierto que el impulso "anarcocapitalista" es temible, no era "la casta" la que debía tenerle miedo, por más que lo cantaron hasta la ronquera.

Santilli tiene vínculos de política y negocios que lo constituyen en un eficaz operador de intereses concentrados. Lidera una sociedad de desarrollos inmobiliarios llamada Sanfor Investments y tiene participación en más de una decena de sociedades off shore, algunas radicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas.

La jura del flamante ministro coordinador contó con la presencia de 13 gobernadores provinciales. Una muestra adicional de la relación cordial de los mandatarios locales con el gobierno nacional. El alineamiento con las orientaciones generales de las políticas públicas proseguirá.

No es sólo la provisión de fondos y variantes coyunturales de "toma y daca" por ejemplo en materia de obras públicas. Los mandatarios provinciales ansían que sus territorios obtengan las oportunidades de negocio en hidrocarburos, minería y energía que provee el gobierno. Que perdure y se profundice el auge exportador que ya está en marcha.

Además esperan las ventajas emanadas del trato con un funcionario de proverbial aptitud para ser amable con todos. Y amplia experiencia en cargos legislativos y ejecutivos, lo que le permite el establecimiento y sostén de un amplio arco de relaciones. El que incluye a los gobiernos provinciales en lugar destacado.

En esas circunstancias hoy el discurso del gobierno en procura de consenso se repliega en particular sobre el ámbito económico. Su activo principal es la baja de la inflación con los altos índices del gobierno anterior como punto de partida. La estabilidad del dólar es otro factor, más bien circunscripto a sectores de elevado poder adquisitivo que viajan al exterior o compran bienes durables importados.

El "equilibrio fiscal" si bien de efectos nulos cuando no negativos para las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías también penetró en amplios sectores como un "logro" apreciable. Que apuntaría a la superación de los "excesos populistas" propios del peronismo.

Un componente extraeconómico que continúa en pie como fuente de consenso es la política de "ley y orden". Expresada en el punitivismo frente a la "inseguridad", la "limpieza de calles" (desde piquetes hasta manteros), el desalojo o allanamiento de viviendas precarias, el antifeminismo, la política contra migrantes e indígenas.

Poco nota el ciudadano o ciudadana "de a pie" si son autoridades nacionales o locales las que llevan la iniciativa. Unas y otras compiten ya hace tiempo a ver quién muestra mayor odio hacia trabajadores y pobres. Y se apresuran en la determinación de una "legalidad" que parte de la definición como enemigo de quienes no disfrutan de la estabilidad y la posesión de propiedades que deberían caracterizar a "los argentinos de bien".

Con peso menguante pero aún subsistente aparece el discurso antiestatista: La liberación de la tutela del Estado empobrecedor, la confianza en el puro esfuerzo individual y no en los derechos colectivos, "ser mi propio patrón". El correlato insoslayable es la negación, desconfianza o indiferencia frente a cualquier forma de movilización u organización que pueda ser interpretada como "política".

Última pero no menos importante, está la convicción en amplios sectores de la población de que nada podría ser peor para el país y sus existencias individuales y familiares que un retorno del kirchnerismo al gobierno. El antiperonismo, además, casi nunca mira hacia su izquierda. Si la derecha se unifica detrás del "mileísmo" allí pondrán su voto la mayoría de sus cultores, más allá de discrepancias y decepciones con la actual gestión.

En un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas basado en varias encuestas de opinión comparadas, se señala una situación paradójica. Milei pierde aprobación de gestión pero retiene competitividad electoral. El documento lo atribuye a la carencia de una propuesta opositora unificada. Ese panorama es corroborado por el hecho de que los sondeos muestran un "empate técnico" en la proyección para una eventual segunda vuelta.

Otra observación coincidente es que al día de hoy el potencial electorado de LLA coincide casi a la perfección con el tradicional de PRO y la coalición "Juntos por el Cambio". El perfil es de "sectores altos y medios-altos", si utilizamos el lenguaje ocultador de las pertenencias de clase que predomina en los sondeos.

El voto popular, de raíz peronista, que recolectó sobre todo en los comicios de 2023 se ha disipado. El descontento "plebeyo" ya no encuentra en el mileísmo un canal de salida. Habría que explorar cuánto de respaldo a una perspectiva de izquierda puede aflorar entre esos desilusionados del peronismo que a su vez se quemaron los dedos en su fugaz apuesta "libertaria".

Después del cimbronazo la administración de LLA retoma a pleno su agenda y emprende una nueva carrera de acumulación política en su favor. Confían en poder sostener algunas "buenas noticias" económicas de cara a la población.

Todo para el capital

Cuenta el gobierno además con la ayuda sostenida de todos sus aliados en función de intereses bien concretos. Como el gobierno estadounidense y los tecnomagnates internacionales y locales. Y el gran capital con inversiones en el país que lo respalda aunque no todos sean beneficios para ellos.

Se prodigan los proyectos de nuevas normas en favor del capital. Signadas por la desregulación total, exenciones tributarias y cambiarias y eliminación de restricciones para el saqueo de recursos. Algunas ya han desplegado su rodaje en el poder legislativo.

Entre ellos cabe el destaque para el proyecto conocido como "inviolabilidad de la propiedad privada". Que facilita desalojos, dificulta expropiaciones e impulsa en general la desposesión de sectores populares.

Las expropiaciones han sido una herramienta para las empresas recuperadas y variados proyectos sociales. Se busca también por esa vía la desarticulación de esos proyectos y la protección de los dueños contra cualquier contingencia. Los plazos para determinar las expropiaciones se vuelven perentorios. Y las indemnizaciones se encarecen. Las causales de "utilidad pública" se restringen y dificultan su aplicación.

Al mismo tiempo se levantan prohibiciones o limitaciones. Caería la interdicción para la reventa de tierras incendiadas. Y las restricciones para la compra de tierras por extranjeros, incluso en áreas de frontera o de importancia estratégica. La soberanía territorial está en venta. En la línea que marcaba el derecho romano hace dos milenios. El dueño puede no sólo usar sino también abusar de su propiedad.

No nos ocuparemos acá del "súper RIGI" (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), máximo compendio de ventajas para el capital más concentrado, en especial el ligado a la alta tecnología.

Para estos objetivos de reformas regresivas los "libertarianos" cuentan con asociados muy consecuentes. Varios de los gobernadores "amigos" provienen de provincias que aspiran a ser una suerte de economías de enclave.

No se trata sólo de que los poderes provinciales quieran conseguir obras públicas y participación en los recursos tributarios en sus territorios. También juega, y mucho, la identificación con renglones decisivos del saqueo organizado en curso.

La ofensiva contra el Estado

El gobierno prosigue en su empeño de desmantelamiento del Estado nacional. El ahogo presupuestario es un eficaz instrumento para ese fin. Por ese medio se impide la renovación del equipamiento así como las obras de adaptación de la infraestructura. En particular se avanza en el deterioro al extremo de los salarios. Sólo la resistencia activa de los afectados y afectadas puede detenerlo en ese camino.

Otra línea de acción, bien directa, son los despidos de personal. Una medida que la gestión "libertaria" ha multiplicado por decenas de miles de empleados del Estado. Pretextos de modernización y eficiencia ocultan mal los propósitos de destrucción. O de facilitación de privatizaciones con asiento en el previo deterioro inducido, como ya ocurrió en la década de 1990.

En los últimos días hubo despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estas desvinculaciones integran un ataque directo al sistema científico y tecnológico. Con respecto a CNEA se comenta que una finalidad es que pase a ser un centro formador de profesionales que luego sean contratados por empresas privadas de sectores afines.

El organismo nuclear tiene un sector que podría entregarse completo. Es todo el ciclo de la minería del uranio, mineral muy codiciado a nivel mundial. Por lo pronto han decidido el desmontaje del proyecto CAREM, un reactor de potencia de concepción propia en el que el organismo atómico trabajó durante muchos años. El personal se movilizó a las sedes de los dos organismos. La respuesta fue el bloqueo policial y la represión.

Hubo también una manifestación frente al Polo Científico. La motivó el inminente despido de 379 becarios posdoctorales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), las pérdidas salariales y el recorte presupuestario.

Vemos aquí que hay tres organismos del sector científico-técnico atacados. Cada uno organiza protestas y movilizaciones. Pero no hay unión y coordinación entre los tres ni con otros que sufrieron también ataques, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o el Servicio Meteorológico Nacional.

Nada que no sean las luchas articuladas entre sí y rodeadas de solidaridades amplias estará en condiciones de detener esa ofensiva. De lo contrario, los cierres, las desregulaciones, privatizaciones y despidos masivos seguirán en el plan cotidiano.

A su vez estas agresiones contra los empleados estatales tienen su correlato en las empresas privadas. Allí el aparato estatal presta todo el respaldo que sea necesario, ya en el plano jurídico o en el de la acción represiva. A la hora de los despidos, suspensiones masivas e incluso el cierre definitivo de la empresa en su totalidad o de alguna de sus plantas.

La "reforma política"

Un proyecto que está en danza en la próxima agenda legislativa es el de nueva ley electoral. Karina Milei la proclamó como de prioridad absoluta para el oficialismo. Lo hizo frente a las legisladoras y legisladores de su partido, conminados a la obediencia.

La propuesta principal es la supresión de las primarias abiertas obligatorias. La alternativa si no alcanzan los votos en ambas cámaras (la legislación electoral requiere mayoría absoluta de los miembros de cada cámara) es que las PASO sean suspendidas para el turno electoral de 2027.

Una de las funciones decisivas conferidas a Santilli es la negociación de los votos del oficialismo vergonzante, al que analistas pudorosos insisten en darle el trato inexacto de "oposición dialoguista".

El objetivo es evidente. Que el peronismo termine con listas divididas en las próximas elecciones presidenciales, ante la extrema dificultad del establecimiento de acuerdos para una nómina unificada. Lo que podría hacer imposible su triunfo.

Las disensiones hasta ahora inconciliables en el interior del espacio kirchnerista le agregan factibilidad a esta tentativa de acercamiento a un triunfo electoral no por la vía de la conquista de sufragios sino de la adecuación interesada de la ley aplicable.

No debe olvidarse que esa manipulación se suma a otra más potente y deleznable. Nos referimos a la proscripción de la ex presidenta por la vía judicial. Y su detención en condiciones que la apartan de un rol de liderazgo efectivo. Esa situación límite obra hasta ahora contra el sentido de promoción de la unidad y la comunidad de acción.

El efecto hasta el momento es el contrario. Genera disputas internas sin ningún interés para la gran mayoría de la población. La que sufre embates que no comienzan ni terminan a través de ninguna interna partidaria. Los sujetos involucrados no parecen entenderlo. O ser incapaces de acción en consonancia con sus percepciones.

La reforma podría ir acompañada de la habilitación de listas colectoras. Lo que significa que haya categorías de cargos en el que un partido lleve lista propia y otra con candidatura unificada con otro partido. De modo de favorecer los intereses de partidos nacionales o de las provincias, deseosos de "colgarse" de la postulación presidencial de LLA.

No se permitirían más de dos colectoras, para evitar proliferaciones peligrosas en las opciones de los partidos provinciales.

Han recibido mucha menor atención otros aspectos del proyecto, que pueden tener efectos relevantes sobre la conformación general y permanente del sistema de partidos.

Se elimina el financiamiento público para campañas y la publicidad gratuita. También se produce la drástica elevación del tope de los aportes privados. Se sigue así el modelo estadounidense en el que son las empresas las grandes financistas de las elecciones. Con la contraparte de influencia que eso les permite ejercer sobre futuras decisiones.

Los más ricos ponen y sacan candidates. Las grandes cenas con invitados millonarios reemplazarían a cualquier aporte estatal, directo o indirecto. Si nos desplazamos del centro a la periferia, la descarada injerencia del gobierno estadounidense puede dar cuenta de los esfuerzos de campaña.

Asimismo se elevan los requisitos para el reconocimiento de partidos políticos: Se aumenta el mínimo de afiliados exigidos al 0,5% del padrón en cada distrito. Y se implementa un sistema biométrico de afiliación.

Los partidos nacionales deberán tener presencia en al menos 10 distritos, lo que duplica el requisito actual. Perderán su personería jurídica si no cumplen con las nuevas exigencias.

Es sabido que estas cortapisas caerían sobre todo en las espaldas de los partidos de izquierda. Son esas fuerzas las que, por obvias razones, no esperan recaudar aportes empresarios. Y tampoco tienen capacidad económica suficiente como para la contratación de espacios extensos y frecuentes en los medios de comunicación.

El afianzamiento de la hegemonía electoral de las fuerzas afines al sistema es el objetivo implícito. En lo posible que la mesa comicial esté servida sólo para los actuales o potenciales administradores de las desigualdades e injusticias del sistema.

Nuevas reformas económicas

El paquete de reformas avanza, con otras que se agregan a las que ya se encuentran en curso o tienen sanción de una de las dos cámaras.

Destaca la de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), proyecto cuyo texto aún se halla en elaboración. Establecería la prohibición absoluta de que se financie al gobierno mediante emisión monetaria. La concepción sería la de "independencia" del Banco. Y buscaría el blindaje de su autonomía frente a cualquier medida administrativa que pretenda alterarla.

También restringe los objetivos de la entidad, reduciéndolos a los ligados de modo estricto con la "preservación del valor de la moneda". Lo que implicaría la supresión de las finalidades establecidas en 2012, durante el segundo gobierno kirchnerista. Allí se establecía: "promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social".

Según los diseñadores de la política económica, si se consumara la reforma proyectada, quedaría impedida para siempre la financiación del tesoro nacional por la banca pública. Como en otros casos la intención no es sólo la introducción de las reformas. Se buscan mecanismos que dificulten en grado sumo cambios que las reviertan.

También que se "despolitice" la conducción de la entidad. Lo que en lenguaje de la derecha quiere decir que no haya espacio para que asuma la dirección cualquier equipo que no esté integrado por "técnicos serios" que profesen de la a la z los rasgos ideológicos del liberalismo más radical.

Otro terreno de perspectiva estratégica es el de la modificación de la ley de sociedades.

Un aspecto destacable en ella es la posibilidad de creación de sociedades "no humanas". Se crean dos nuevas figuras. Las "sociedades automatizadas" y las "organizaciones autónomas descentralizadas". Las primeras operan sin intervención de sujetos humanos, por medio de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial.

Las organizaciones autónomas, otra variante, serían una organización de personas que se reúne alrededor de un interés, que integra su capital en criptomonedas y que coordina sus acciones mediante un conjunto de reglas transparentes escritas "como código de computadora en un contrato inteligente, y publicadas y aseguradas en blockchain."

A estos cambios con pretensiones de innovación de punta a escala mundial se suman otros de índole más tradicional. Como que las sociedades no tengan ningún límite a través de la fijación de su objeto. Una vez constituidas podrán dedicarse a cualquier actividad. La búsqueda de ganancias en el ámbito más conveniente será la única norma vigente.

Incluso en temas que podrían verse como más de detalle, el empresariado se lanza hacia el levantamiento de cualquier restricción. Así el proyecto de derogación del "etiquetado frontal" (alertar si un alimento procesado supera los límites recomendados de calorías, azúcares, sodio o grasas). Responde a un reclamo de las grandes alimenticias, que abominan de disposiciones que puedan condicionar de algún modo su posición dominante en el mercado.

El propósito de alerta a la población sobre el consumo de ciertos productos sería dejado de lado en función del más puro interés mercantil. También las restricciones de comercialización de productos dañinos a las infancias y la educación en materia de alimentación saludable.

El sufrimiento de las mayorías

Del lado de quienes soportan la agresión de la ofensiva desbocada del empresariado que hoy vivimos hay problemas que se agravan cada vez más.

Para mencionar sólo dos ejemplos: Los continuos aumentos de tarifas de los servicios públicos y el transporte. Acompasadas por el declive de las prestaciones de uno y otro. Esperas interminables de los medios para el traslado. O interrupciones inesperadas de las prestaciones de electricidad y sobre todo de gas. Para no hablar de los costos y dificultades de quienes, por fuera de la red, dependen de garrafas caras y no siempre fáciles de conseguir.

También está el endeudamiento en mora, resultante directo de la mengua en los ingresos. La toma de crédito, a menudo usurario, se erige en la única posibilidad de acceso al consumo, incluso de productos básicos.

La morosidad alcanza niveles deletéreos entre los jóvenes de hasta 35 años que obtuvieron créditos. Casi cuatro de cada 10 jóvenes de hasta 35 años que tienen préstamos o créditos vigentes se encuentran en situación de demora en los pagos.

Según datos oficiales del Banco Central (BCRA), los retrasos aumentan cuando menor es la edad del deudor. Entre los jóvenes de 18 a 25 años trepa al 42,8%. Las personas de 26 a 35 años, se ven afectadas en el 39,3%. La proporción mayor de los atrasos se produce en los créditos no bancarios (Fintech, con Mercado Pago, de Marcos Galperín, al frente.)

La tasa de incremento de precios interrumpió su camino ascendente en el último par de meses. Pero otros padecimientos continúan y se potencian. Cae el consumo de bienes básicos, desciende el poder adquisitivo de los salarios. Aumenta la precariedad y baja la calidad del empleo.

Se derrumba el nivel de respuesta de los servicios a cargo del Estado, con la salud y la educación al frente. Se incrementan los alquileres. Ya casi no quedan los regidos por la vieja ley con ciertas salvaguardias, ahora reina el libre albedrío de los propietarios.

"Donde haya una necesidad surge un mercado" ha dicho y repetido el ministro Federico Sturzenegger, a cargo del desmantelamiento y enajenación del Estado. Para el justiprecio de los alcances de esa afirmación, siempre deberá tenerse en cuenta que, en el idioma encubridor de la economía política convencional, "necesidad" es aquello que en buen romance se llamaría "demanda con capacidad de pago."

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Superado el gravoso episodio Adorni el camino del gobierno de extrema derecha continúa con decisión y firmeza. Cabe una vez más la aclaración de que no se trata de "crueldad" ni de "locura", aunque bastante haya de ambas. Hay una coherencia digna de mejor causa y una racionalidad de fondo que se abre paso entre las desmesuras y los insultos.

Queda además en claro, o debería, que un tropiezo más o menos no terminará ni con el gobierno ni con las posibilidades de reelección en 2027. Lo que más se visualiza es la metamorfosis de la pretensión de ser "el mejor gobierno de la historia" y el que "viene a terminar con la casta". Ahora más bien el foco está orientado a una reedición del thatcheriano "No hay alternativa".

"Somos nosotros o el caos populista". Y no hay quien los desmienta desde un proyecto que suscite esperanzas. Con aptitud para hablarle a la vez a la razón y a las emociones.

Todavía no tienen en contra a un descontento masivo y movilizado. La sociedad argentina alberga muchos espacios susceptibles de volcarse en una impugnación activa, dispuesta al choque si fuera necesario.

Para ello se necesita como mínimo que emerjan con claridad quienes apuestan a una verdadera democracia desde abajo y no a la "rosca política", a la postre siempre servil hacia los dueños del mundo y del país.

Las mayorías populares necesitan de manera imperiosa una alternativa popular. Que se atreva al enfrentamiento con quienes procuran su disciplinamiento definitivo. Expresado en privaciones, pérdida de derechos y dilución de la identidad.

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