La reforma de la política migratoria cubana

Acaban de ser anunciadas las esperadas medidas que reforman la política migratoria cubana. Según la nota informativa del gobierno, “paulatinamente se adoptarán otras medidas relacionadas con el tema migratorio, las cuales, sin dudas, coadyuvarán también a consolidar los prolongados esfuerzos de la Revolución en aras de normalizar plenamente las relaciones de Cuba con su emigración”.

O sea, las modificaciones plasmadas en la Gaceta Oficial forman parte de un proceso cuyo objetivo final consiste en “normalizar” las relaciones del país con los emigrados, de lo que se infiere que, por sí mismas, estas medidas no constituyen una solución definitiva a esta problemática. Vale entonces que analicemos en qué sentido significan un avance respecto al pasado y cuáles son los aspectos que aún requieren ser superados para la “plena normalización” de las relaciones con la emigración.

Las actuales modificaciones significan un enorme paso de avance respecto a las normas vigentes hasta enero de 2013, toda vez que, más allá de eliminar trámites burocráticos innecesarios, constituyen un distanciamiento relevante con los criterios que determinaron la política en curso, a saber, el rechazo a la emigración y su equiparación con la actividad contrarrevolucionaria.

Estos criterios no surgieron de la nada ni fueron aberraciones de la política nacional. El aliento a la emigración ha formado parte de la hostilidad de la política norteamericana hasta nuestros días y tanto la composición social de los primeros emigrados, como las intenciones políticas prevalecientes en ellos se han correspondido con este objetivo. Como es de suponer que la hostilidad norteamericana continuará siendo una constante en el futuro predecible de las relaciones entre ambos países, el asunto no es ignorarlo, sino adecuar la respuesta a los condicionamientos en que esta dinámica opera.

La realidad es que las reformas son ahora posibles debido a que la política norteamericana en este sentido ha entrado en crisis como resultado de la propia composición de los nuevos emigrados y sus necesidades e inclinaciones políticas. No obstante, no puede verse solo como un asunto táctico orientado hacia la política exterior del país, sino que constituye una necesidad de la propia sociedad cubana debido al impacto que han tenido estos mismos cambios en la evaluación que hacen los cubanos del fenómeno migratorio y las relaciones con los emigrados.

Aunque la tendencia de la política migratoria cubana ha sido flexibilizar sus aspectos originales más restrictivos, la permanencia en el tiempo de algunas medidas, como las que ahora han sido derogadas, no solo implicaban un anacronismo, sino que tenían consecuencias políticas contraproducentes al interior de nuestro país. Si bien la emigración apunta a sostenerse como un fenómeno endémico de la sociedad cubana, no solo por el aliento que recibe de EEUU y las facilidades excepcionales que este país brinda a los cubanos, no es menos cierto que es la resultante de contradicciones endógenas, la más importante de las cuales es el desequilibrio existente entre el desarrollo humano promovido por el proceso revolucionario y la incapacidad del mercado laboral para absorber a esta fuerza calificada a plenitud.

Aunque este argumento no aparece en el decreto-ley emitido, ni en las notas oficiales que lo fundamentan, desde mi punto de vista ello resulta indispensable para comprender la relevancia de las reformas aprobadas, no solo de cara al inmediato impacto en la actual emigración, sino al que pudiera tener en la futura.

La ley cubana aún contempla restricciones migratorias por necesidades de la seguridad del país, el bien público y problemas legales que son comunes en todo el mundo. Sin embargo, una singularidad de esta ley es que establece mecanismos especiales para ciertos sectores de dirigentes, empresarios y profesionales, considerados “vitales” para el país.

El robo de cerebros constituye un problema que limita, como pocos, el desarrollo de los países del Tercer Mundo, por lo que no puede ser extraño que Cuba establezca mecanismos de control para atenuar sus efectos más negativos. Sin embargo, el nivel de excepciones que se establezca, los procedimientos para evaluar los casos, así como el grado de flexibilidad que se aplique en las aprobaciones, determinará que estas excepciones no se contradigan con la apertura de las actuales regulaciones afectando la política en su conjunto.

Pero incluso, aunque se aplicasen con racionalidad y de manera muy limitada, tal y como las autoridades cubanas han dicho es el propósito, hay que ser consciente que el criterio que las inspira parte de suponer que los flujos migratorios pueden ser controlados mediante normas restrictivas. La vida contradice tal concepción. La práctica de restricciones ha estimulado y estimula actitudes negativas para el conjunto de la sociedad y del proyecto actualizador, como son el desinterés por asumir responsabilidades o alcanzar un mayor nivel profesional.

De todas formas, lo que parece la principal limitación de las reformas adoptadas para alcanzar la meta de normalizar plenamente las relaciones con la emigración, es la falta de un criterio más amplio para establecer la posibilidad del retorno. Ciertamente las actuales regulaciones flexibilizan el asunto al extender a dos años renovables la posibilidad de que una persona permanezca en el exterior antes de ser considerado un “emigrado”. No obstante, el simple hecho de seguir contemplando la emigración como una opción definitiva tiene implicaciones políticas e ideológicas que impiden que el emigrado conserve una relación normal con su patria y expone a las familias cubanas a la tragedia de una separación que no parece tener solución en el tiempo.

Evidentemente, la nueva política migratoria aún no hace suyo el criterio de que lo más conveniente para el país es apreciarla en su carácter circulatorio, lo cual para nada tiene que desconocer la problemática política implícita en este fenómeno, sino, por el contrario, la encara de forma más efectiva. En definitiva el fortalecimiento del sentimiento nacional será siempre el mejor escudo de la nación.

Progreso Semanal