Los 100 clanes quieren alambrar la Amazonía

Los 100 clanes que son dueños de la tierra y la vida en el oriente de Bolivia quieren perpetuar su poder y marcar como suya la rica Amazonía, de la mano de unos estatutos autonómicos puestos a votación este domingo en sendos referéndums en las tropicales regiones de Beni y Pando y en abierto desacato al gobierno del indígena Evo Morales.

El estatuto, que se prevé que sea aprobado mayoritariamente a pesar de que es ilegal e inconstitucional, tal como aconteció en Santa Cruz el pasado 4 de mayo, otorga poderes especiales a las autoridades regionales para regular el ingreso y asentamiento de los bolivianos que provengan del altiplano y los valles.

Así, por ejemplo, el artículo 6 del estatuto autonómico de Beni establece que 'las migraciones e inmigraciones de grupos organizados de ciudadanos bolivianos y extranjeros que deseen asentarse en el departamento del Beni deberán ser aprobadas por dos tercios de la Asamblea Legislativa Departamental, previo consenso con la Asamblea Legislativa Provincial y concordancia con el plan de desarrollo departamental'.

Esto significa, según denunció el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, que los nacionales que deseen ingresar a los cerca de 300 mil kilómetros cuadrados de la región amazónica boliviana, colindantes con Brasil, deberán obtener un pasaporte o visa, lo que sólo se usa cuando un ciudadano viaja a otro país o a otro continente. Esta disposición también podría ser utilizada, según advirtió la Confederación Indígena del oriente, para expulsar de la región a todos los migrantes y originarios del altiplano.

Con ello, la oligarquía y los 100 clanes estarían virtualmente alambrando esa región que cubre casi la cuarta parte de todo el territorio nacional y que se caracteriza por grandes extensiones de bosques y pantanal, inmensas praderas aptas para la agricultura y la ganadería, ríos caudalosos y una incomparable riqueza en biodiversidad.

Los estatutos autonómicos, redactados por especialistas afines y a sueldo de los gobiernos prefecturales y los 100 clanes, sin participación directa de los ciudadanos, contempla la conformación de un Parlamento regional con capacidad para dictar leyes por encima de las nacionales, da prerrogativas de Presidente al prefecto o gobernador, le faculta para armar su propia milicia o fuerza pública, y les otorga poderes especiales para definir el uso y acceso de tierras, el pago de impuestos y otros aspectos de la vida política y económica de la región.

En las regiones orientales de Beni y Pando, la oligarquía, al igual que lo hizo en Santa Cruz, levantó demagógicamente la bandera de la autonomía y prometió mejorar la calidad de la vida de la gente y lograr la prosperidad de la región con lo que han ganado un masivo apoyo de la población urbana y de casi todas las organizaciones sociales, empresariales y vecinales, con la única excepción de los campesinos, los pobladores de los barrios más pobres y minoritarios sectores de izquierda. En esta región, abandonada por el Estado y los gobiernos de turnos, aislada del eje económico y político del país, hay un fuerte resentimiento contra el centralismo entre la población de casi medio millón de habitantes, de los cuales un 70 por ciento está sumida en la pobreza e indigencia. Es, por tanto, un fértil campo de cultivo para la demagogia de una oligarquía que desprecia a los indios y explota a los más pobres.

Avanza la conjura separatista

Con la aprobación de los estatutos autonómicos de Beni y Pando ya serán tres regiones, de las nueve que tiene Bolivia, donde se consolida con votación popular la existencia de gobiernos paralelos y en abierto desacato al gobierno central de Evo Morales, que ya no sabe, ni puede ni quiere detener la rebelión oligárquica. Para el 22 de junio está previsto otro referéndum en Tarija, en el sur del país, colindante con Argentina, con lo que serán cuatro los departamentos en rebeldía (ver: La oligarquía da un paso atrás y tres adelante).

En otras dos regiones de los valles, como Chuquisaca (donde está la capital Sucre, escenario de humillantes vejámenes contra los campesinos) y Cochabamba, la oposición derechista y oligárquica también cuenta con enorme fuerza en las ciudades, quedando Evo Morales con el apoyo de sólo tres regiones del altiplano y de gran parte del campo en los valles.

En el oriente y los valles, la realización de los referéndums venciendo la oposición de Evo ha generado mucha euforia entre los 100 clanes familiares, que son dueños de 25 millones de hectáreas de tierras fértiles, cinco veces más que la que tienen en conjunto dos millones de campesinos pobres que subsisten en los minifundios y cultivan en tierras degradadas por la erosión y el uso intensivo.

Favorecidos por la defección del presidente Morales, que ha levantado las manos ante el poder de la oligarquía y ha instruido a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a las organizaciones sociales de campesinos e indígenas para que no impidan por la fuerza la ilegal consulta, los prefectos (gobernadores) y dirigentes de las organizaciones cívicas y empresariales ya cantan victoria y siguen amedrentando a los disidentes.

La oligarquía y los 100 clanes creen que con el voto popular y el poder que tienen en la calle, ya han derrotado todas las pretensiones de Morales sobre las tierras, los recursos naturales y el funcionamiento de la economía, creen que ya han frenado y enterrado la rebelión de los pobres que echó abajo a los gobiernos neoliberales en el 2003 y 2005 y que amenazó el poder de las transnacionales y la vigencia del neoliberalismo en Bolivia, una nación con 10 millones de habitantes y 6 millones de pobres. Ellos creen, incluso, que aunque no puedan lograr poner fin al mandato de Evo Morales el próximo 10 de agosto, en el referéndum revocatorio, ya han consolidado su poder en las regiones.

Persecución y odio racial

En el oriente y los valles la población urbana, especialmente la clase media, respalda masivamente a los prefectos y comités cívicos derechistas porque ellos han levantado la bandera de la autonomía, que demagógicamente muestran como la única vía para mejorar la calidad de vida de la gente, sumida en la pobreza y siempre olvidada por los gobiernos nacionales.

El masivo apoyo a los oligarcas se da en la misma medida en que se repudia la política de Evo que rechaza la autonomía, recorta los recursos a las regiones y no mejora en nada la economía ni la vida de los trabajadores y las empobrecidas clases medias. En rigor, todos ellos, los de abajo, están peor que antes como resultado del alza del costo de vida y los salarios miserables que pagan el Estado y los empresarios, a pesar de que estos últimos están logrando millonarios ingresos adicionales por el alza del precio de las materias primas exportadas.

Los líderes derechistas también han exacerbado en el oriente y los valles los arraigados y centenarios sentimientos de menosprecio contra los altiplánicos y campesinos y los han transformado en odio racial y violencia organizada contra los más humildes y los más pobres, que son perseguidos, humillados y vejados.

Evo frena la lucha popular

Mientras tanto, paralizado por su suicida política de concertación con la oligarquía que lo desprecia y detesta, el presidente Evo Morales continuó frenando las protestas de campesinos y obreros en contra de la envalentonada burguesía agrofinanciera, que no se da tregua en su tarea de escindir al país en dos.

La suspensión de las movilizaciones sindicales se origina en la política gubernamental de intentar lograr un acuerdo de largo aliento con la burguesía para potenciar el 'capitalismo andino', además de evitar que los sindicatos más radicales, como los mineros y maestros, ganen más fuerza en su exigencia para que Morales deje de conciliar con la derecha y cumpla con las exigencias del pueblo acabando con el neoliberalismo y el saqueo transnacional de las riquezas naturales, expropiando la tierra a los latifundistas y entregándola a los campesinos y mejorando la calidad de vida de los trabajadores con más empleo y mejor salario.

La estrategia de los ricos

La rancia oligarquía boliviana, que tiene un visceral y profundo odio contra los indios, contra los pobres, dejó hacer a Morales durante gran parte del 2006 para que hiciera lo que ella no podía hacer: desvirtuar las luchas populares por la nacionalización del gas y el petróleo, legalizar los contratos con todas las transnacionales que el pueblo quería expulsar del país y armar una Asamblea Constituyente entre los representantes del MAS y los de la oligarquía, sin la participación directa de las organizaciones que derrocaron a los ex presidentes neoliberales Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.

De ahí en más, oleados y sacramentados los contratos petroleros, puestas a salvo y acrecentadas las millonarias ganancias de los pulpos transnacionales del gas y el petróleo, la oligarquía, con el apoyo y cobertura de la Embajada de Estados Unidos, frenó, bloqueó y ganó las calles, enarbolando la bandera de la autonomía, fortaleciéndose con cada error de Morales, ganando fuerza con cada concesión de Morales.

Ahora, la oligarquía y los 100 clanes se empeñan en lograr un masivo y contundente apoyo electoral en los referéndums, para consolidar su dominio en las regiones del oriente y los valles, y lograr la base que les permita ratificar en el referéndum revocatorio del 10 de agosto que son ellos, y nadie más que ellos, los dueños de la mitad de Bolivia y que Evo Morales sólo podrá gobernar en el altiplano.

Dueños y señores del Beni

Y esto lo saben los dueños y señores del Beni, en las ubérrimas llanuras del norte oriental de Bolivia. Allí, es el reino de los clanes de los Guiteras, Llapiz, Sattori, Bruckner, Quaino, Dellien, Avila, Nacif, Antelo, Salek. Allí, 10 familias tienen un poco más de medio millón de hectáreas (534 mil), que es, en extensión, 500 veces más grande que toda la ciudad de Trinidad, la capital beniana.

Allí, como en Santa Cruz y Pando, una vaca vale más que una familia campesina. Allí, el poder político y económico se reparte entre padres, hermanos e hijos. Unos son autoridades regionales, otros diputados y concejales, otros son jefes militares y dueños de empresas.

Allí también imperan los Gasser, Elsner, Carruty y los Bauer Elsner. Todos ellos, que provienen de familias europeas, son los dueños de los principales negocios, accionistas de la banca y manejan a su antojo los cargos públicos, la justicia, la prensa y la administración pública. No es casual, por ello, que el prefecto (gobernador) sea uno de ellos: Ernesto Suárez Sattori, un ganadero latifundista y ex parlamentario de la fascista ADN (Acción Democrática Nacionalista del ex dictador Hugo Banzer).

Los amos de Pando

Más al norte, en Pando, es el reino de los Sonnenschein, Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz, Claure, Villavicencio Amuruz, que gobiernan de la misma forma que sus pares de Santa Cruz y Beni.

Estas ocho familias concentran cerca de un millón de hectáreas de tierras fértiles, que equivalen a dos mil veces la extensión de la capital Cobija, donde gobierna con ellos otro millonario ganadero, el ultraderechista Leopoldo Fernández.

El gobernador Fernández es uno de los amos y señores de Pando y su influencia es tal que incluso el propio Morales le ofreció, hace un año y medio, que sea candidato por su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), para gobernar la rica región fronteriza con Brasil. Fernández lo rechazó, él no quiere nada con los indios.

Clanes racistas

Estos clanes son visceralmente racistas y están convencidos de que los campesinos, a los que explotan como en los tiempos del feudalismo, valen menos que sus vacas, por lo que no conciben que uno de ellos sea el actual presidente de Bolivia.

Estos grupos oligárquicos han estado, desde siempre, imbricados con el poder político. Han cogobernado con las dictaduras militares y han lucrado al máximo con los regímenes neoliberales democráticos y saben, muy bien, conservar sus privilegios.

Por ello, tras estar arrinconados parcial y temporalmente desde octubre del 2003, cuando una insurrección popular derrocara al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, al que respaldaron hasta último momento, los latifundistas comenzaron a recobrar el poder político regional, mediante la abierta confrontación con el titubeante, conciliador y suicida régimen indigenista de Morales, que busca, en el fondo, que las rancias élites de oligarcas compartan el poder con las emergentes élites indígenas.

El rol de la embajada

La conspiración de los clanes cuenta con el indisimulado apoyo de la administración de George Bush. Según ha denunciado el gobierno, la Embajada de Estados Unidos es la que promueve y financia los intentos separatistas de la oligarquía. Las estrechas relaciones del embajador estadounidense Philip Goldberg con los principales líderes de la rebelión como el prefecto Rubén Costas y el líder fascista Branko Marinkovic de Santa Cruz, y el financiamiento de la agencia norteamericana de cooperación Usaid a los políticos derechistas de oposición, son prueba de ello y marcan la evolución de la política de Washington con relación al presidente Morales.

Hasta el 2002, el dirigente cocalero Evo Morales era considerado como el enemigo número uno de Washington. En ese entonces, el embajador Manuel Rocha amenazaba abiertamente a los bolivianos con suspender la ayuda económica y cortar relaciones diplomáticas si éstos se animaban a votar por Evo, al que consideraban ligado al narcotráfico.

Sin embargo, en el periodo 2003 - 2005, cuando el levantisco pueblo boliviano derribó a dos gobiernos neoliberales (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa) y amenazó con expulsar a las transnacionales petroleras y mineras que saqueaban Bolivia, nacionalizando el gas, las minas y las tierras, Washington revalorizó el papel de Morales y decidió, aunque de mala gana, convivir con él, más aún cuando éste ganó las elecciones de fines del 2005 con el 54 por ciento de los votos.

Ya en el poder, Morales atemperó los ánimos populares sobre la expulsión de las transnacionales y logró nuevos acuerdos con las petroleras, legalizando sus contratos y garantizando sus propiedades, sus inversiones y ganancias. Otorgó también amplias garantías para la propiedad y la inversión privada que cumplan con las normas y leyes.

Todo ello agrada a Washington, aunque no es suficiente para anular el creciente apoyo estadounidense a la causa de la oposición oligárquica. El alineamiento de Morales con los regímenes de Cuba y Venezuela, su tolerancia al cultivo limitado de coca, su permanente y estridente retórica antiimperialista y la amenaza de que los sectores radicales de indígenas y trabajadores desborden al presidente indígena hacen que la Embajada no confíe en Evo y busque, por el contrario, limitar su poder al altiplano, tal como actualmente ocurre.

La administración Bush fogonea contra Morales y ha enviado a su mayor experto en el separatismo como Philip Goldberg, que ya trabajó entre 1994 y 1996 como asistente especial del embajador Richard Holbrooke, uno de los estrategas de la desintegración de Yugoslavia y de la caída en 2000 del presidente Slobodan Milosevic. Goldberg promovió la separación de Serbia y Montenegro y también estuvo en Kosovo, generando conflictos entre serbios y albaneses. Ahora está en los andes bolivianos, alentando la rebelión de los 100 clanes.