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29/01/2018 :: Mundo

Masivas manifestaciones en Honduras contra la asunción del narco-presidente fraudulento

x Agencias / La Haine
Violenta represión en las calles de Tegucigalpa contra los que protestaban por una reelección ilegítima

El narco-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reasumió ayer su cargo como jefe del Estado para los próximos cuatro años. Orlando gobernará un país dividido en el que la gente no reconoce su victoria electoral fraudulenta y donde crecen las voces que señalan el giro autoritario en su gestión.

Mientras prometía un futuro mejor para el país, aunque en realidad se refería a sus socios ricos, miles de personas llegadas de todo el país hasta Tegucigalpa, protestaban en contra de una reelección ilegítima y una turbia victoria electoral que supuestamente ganó en noviembre por poco más de 50.000 votos.

La militarización total de la capital y la violenta represión a las protestas provocaron saqueos, quema de llantas y daños a los negocios de la oligarquía. Los manifestantes lanzaron bombas molotov hacia la estación del privatizado Trans-450 ubicado en el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de Miraflores, provocando un incendio.

Asimismo, otros grupos de manifestantes que huían de la persecución policial quebraron los vidrios de varios locales de lujo de la zona, realizaron saqueos y pintaron paredes con insultos alusivos al narco-presidente.

En su ánimo de llegar hasta el estadio donde se realizó la toma de posesión sin pueblo, los manifestantes se enfrentaron a las fuerzas represivas, que atacaban con violencia desmedida. A la altura del Obelisco, los activistas armaron barricadas cerrando los accesos con piedras y llantas incendiadas.

Los represores lanzan gases lactimógenos contra los manifestantes.

La oposición, liderada por el candidato que ganó realmente las elecciones, Salvador Nasralla, y el ex-presidente derrocado por un golpe de Etado, Manuel Zelaya, no reconoce los resultados de las elecciones del pasado 26 de noviembre que, fraude mediante, dieron la victoria al mandatario ultraconservador por unos 50.000 votos. La burla oficial desató una ola de protestas en todo el país, en las que la represión policial y militar ha dejado hasta el momento al menos 34 muertos, según cifras de organizaciones de Derechos Humanos, decenas de heridos y negocios de lujo quemados y saqueados.

Desde hoy el narco-presidente Hernández tendrá que gobernar un país de más de nueve millones de personas, con altísimos niveles de pobresa y del que salen anualomente unos 75.000 emigrantes. Es un mandatario del que se sabe que, además del fraude electoral, participa en hechos de corrupción y narcotráfico. El presidente del congreso, de su partido, ha sido acusado de apropiarse de fondos destinados a organizaciones no gubernamentales y al jefe de la policía lo acusan de encubrir el envío de una tonelada de cocaína.

En los últimos años el narco-mandatario hondureño ha ido apropiándose de las instituciones hasta lograr una polémica reelección que estaba prohibida por la Constitución. Tanto es así que al ex-presidente Zelaya le hicieron un golpe de Estado por proponer lo mismo, la reelección, aunque el motivo de fondo fue que participaba en el Alba y tenía buenas relaciones con Venezuela y Cuba, cosa que EEUU no permite en Honduras, donde tiene su base militar más grande de Centroamṕerica.

A ello suma el control del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia y hasta del Defensor del pueblo. La única institución que se escapaba a su control es la Misión de Apoyo Contra la Corrupción (Maccih), creada a imagen y semejanza de la Cicig de Guatemala y supuesto intento de la OEA por combatir la impunidad.

Sin embargo una reciente reforma ha dejado a esa comisión sin competencias para investigar casos de corrupción de los últimos 12 años. Conocido como el “pacto de impunidad”, gracias a ello cinco diputados acusados de quedarse con dinero público fueron liberados y se suspendió otra investigación en curso que implicaba a otros 60 diputados, incluido el presidente del Congreso, con pruebas de quedarse con millonarios recursos dedicados a proyectos sociales.

Con esta reforma tampoco podrán investigarse escándalos como el que afecta a la compra de medicinasa precios escandalosos por el Seguro Social o los sobornos de la constructora Odebrecht a funcionarios de los gobiernos de Roberto Micheletti o Porfirio Lobo.

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