Obedeciendo al capital

El viernes 20 de mayo el presidente Alberto Fernández tuvo un “baño de masas” como figura principal en un acto celebrado en instalaciones recreativas de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), al que concurrieron, según los organizadores, entre 15 mil y 18 mil trabajadores del sector.

La actividad estuvo dispuesta como celebración de lo que se promocionó como la recuperación de 200 mil puestos de trabajo en la rama de la construcción. Lo que compensaría ampliamente los empleos perdidos durante el gobierno de Mauricio Macri y en el período pandémico.

La dirigencia gremial del sector mostró así, una vez más, la vocación estrechamente corporativa que impregna al sindicalismo burocrático de nuestro país. Poco parece importar que la recuperación de 2021 ha sido muy despareja según los sectores y que la precarización del empleo continúa con su prolongado avance.

La mira está puesta en exclusiva en los trabajadores afiliados al sindicato. Lo que marca también una complacencia. Es clara la renovación de poderío económico y político que significa para la organización el contar con mayor número de afiliados de los cuales extraer recursos.

Esto se complementa con la invitación al jefe de Estado para que pronuncie uno de los dos únicos discursos del día. Gremialistas como Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, suelen alinearse con cualquier gobierno, siempre que no se le ocurra afectar sus intereses corporativos.

El resultado es que en la dura interna entre el presidente y quienes lo rodean y los partidarios de Cristina Kirchner, Martínez esté encolumnado con el elenco gubernamental. De todas formas, el sindicalista de la construcción parece dispuesto a alternar la cal con la arena. Se anuncia para la semana que viene una reunión de la CGT para disponer “acciones de protesta” contra la inflación.

Ocurre que es demasiado evidente que los aumentos salariales de apariencia abultada que se pactan en paritarias, son devorados con rapidez por una inflación con proyecciones crecientes para el presente año.

Esa disposición “crítica” le sirve además para mantener cierto “ecumenismo” en el campo sindical. Entre los asistentes al acto estuvo Pablo Moyano, ligado a posturas más “combativas”, aunque esté disimulándolas bastante en el último tiempo.

La palabra presidencial.

El presidente se sumó en su alocución a las manifestaciones de alegría por la “recuperación” de empleos y trazó algunos otros puntos para un balance positivo de su gestión. Asimismo reivindicó su identidad peronista y su compromiso con la “distribución del ingreso”. Aunque incurrió en un tic persistente: Alternar genéricas acusaciones a la “especulación” con el llamado a los empresarios para que tomen parte en iniciativas de equidad en el reparto. Un verdadero disparate, vistas las conductas concretas del gran capital respecto a precios y salarios.

Así afirmó: “…estamos generando empleos, nos está costando mucho que la distribución de ingresos sea justa, porque – como siempre pasa, en la Argentina – algunos acaparan ganancias en perjuicio de la mayoría, que trabaja. Miren, todo el Gabinete Nacional, cada ministro mío tiene una misión central que cumplir, en este momento, y es que el salario crezca y es que el bolsillo de los argentinos crezca y es que los salarios le ganen a la inflación, y es que recuperemos el salario de una vez y para siempre.”

Y poco después dijo: “…tenemos que trabajar todos empresarios y trabajadores para que en la Argentina el ingreso se distribuya de un modo más equitativo, de un modo más igualitario.” Discutir con los zorros la protección de las gallinas.

Más allá de estos posicionamientos previsibles se esforzó por acercar una mirada conciliadora hacia sus oponentes en la interna, impulsada a partir del hincapié en la común contraposición con el “neoliberalismo”. Así exhortó a modificar el eje de la discusión, convirtiéndola en una batalla para defender los derechos de lxs trabajadorxs:

“Nos hacen discutir entre nosotros mucho, están todos pendientes de qué decimos uno del otro, pero miren, en verdad lo que estamos discutiendo, en la Argentina, es lo que queremos preservar los derechos que, desde 1945 hasta hoy, ganaron los que trabajan y los que quieren quitar esos derechos.”

Y a renglón seguido dibujó el perfil de una reforma laboral arrasadora, de la que sería portador un eventual gobierno de la derecha en 2023:

“Esa es la verdadera discusión, compañeros y compañeras, que nadie nos confunda; la verdadera discusión – se ve todos los días porque lo dicen al descubierto en los canales de televisión – están en los que quieren que, cuando un trabajador, sea despedido que nadie le pague una indemnización; están en los que quieren que las vacaciones dejen de ser pagas; están en los que cuestionan las obras sociales…”

Es cierto que un avance frontal contra las condiciones de vida y de trabajo constituye una línea de acción más que probable si llegan al gobierno los voceros directos del gran capital. Lo que parece dudoso es que el actual gobierno constituya un antagonista decidido de una ofensiva de esas características.

Los actuales gobernantes recaen una y otra vez en una pasividad entre resignada y cómplice ante cada posibilidad de poner límites siquiera mínimos a los intereses de los capitalistas. Un ejemplo elocuente se presentó en el mismo día de ayer.

Ni un tantico así

El presidente insinuó en una entrevista radial que quería convencer a la oposición de tratar una ley que incremente las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz. Lo fundamentó en que ese tributo sería la forma más efectiva de “desacoplar” los precios internos de los internacionales, con el consiguiente efecto antiinflacionario.

Bien rápido el mandatario fue desmentido por el propio ministro del área, Julián Domínguez, que fue enfático en que no se está pensando en ese incremento. Y que no se enviará ningún proyecto de ley con ese propósito. Está visto que los grandes exportadores no necesitan de sus entidades representativas ni de la oposición de derecha para la veloz defensa de sus intereses. Tienen sus voceros en el seno del gobierno.

Así, el balance de la jornada del 20 orienta a que el presidente puede contar con el respaldo sindical a la hora de administrar una realidad que continúa horadando los ingresos de los trabajadores y trabajadoras y somete a muchos de ellxs a una continuada pérdida de derechos. Y que no cuenta con el aval ni de su propio equipo de gobierno si se trata de poner algún límite al poder empresario. Con el que, además, cuenta para solucionar los problemas que el propio capital provoca.

En esas condiciones, mantener la confianza en la orientación “popular” del gobierno de Fernández sólo puede ser un signo distintivo de una benevolencia desmesurada. O bien de una elevada dosis de deshonestidad intelectual.

La Haine