Tercera nacionalización petrolera de Bolivia en 70 años

La decisión de Morales tiene el espíritu de uno de sus mentores, Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder socialista que nacionalizó las instalaciones de la estadounidense Gulf Oil Company en 1969, cuando era ministro del gobierno militar de Alfredo Ovando Candia.

Antes, en 1937, el también presidente militar David Toro aplicó esa medida a la empresa norteamericana Standard Oil, en la primera nacionalización registrada en Suramérica.

La Standart fue acusada de fraude fiscal por la explotación de los primeros yacimientos de petróleo del país, descubiertos a finales del siglo XIX.

Según la nueva norma boliviana, "los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienable e imprescriptible del Estado, razón por la cual constituye propiedad pública inviolable".

Apunta que "los contratos de explotación de riquezas nacionales deben ser autorizados y aprobados por el Poder Legislativo", requisito que no han cumplido las trasnacionales que actualmente operan en el país, a pesar del plazo establecido en la Ley de Hidrocarburos.

Sostiene que la privatización parcial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB, estatal), hace una década, significó "no sólo un grave daño económico para el Estado sino, además, un acto de traición a la Patria al entregar a manos de extranjeros el control y la dirección de un sector estratégico".

La nacionalización "se inscribe en la lucha histórica de las naciones y pueblos originarios por reconquistar las riquezas como base fundamental para recuperar nuestra soberanía de nuestro país", dice el decreto.

El primer artículo del "decreto supremo" de Morales dice que "el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluta de estos recursos".

Las petroleras con presencia en Bolivia deben entregar a YPFB toda su producción de hidrocarburos.

YPFB tomará control de la comercialización, "definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización".

Las petroleras tienen seis meses de plazo para acordar con las autoridades bolivianas sus nuevos contratos.

"Al término de este plazo, las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país", advierte el documento firmado por Morales y sus dieciséis ministros.

Para los campos de gas natural de mayor producción, se creó una "participación" del 32 por ciento del valor de la producción, obligación, adicional a los actuales tributos y participaciones, que ya suman 50 por ciento.

Para garantizar la continuidad de la producción, "YPFB tomará a su cargo la operación de los campos de las compañías que se nieguen a acatar o impidan el cumplimiento de los dispuesto", agrega el "decreto supremo".

YPFB "toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinado, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país".

El decreto también confisca y transfiere a YPFB las acciones estatales en tres empresas petroleras en las que el Estado estuvo representado hasta ahora por dos Administradoras de Fondos de Pensiones.

A partir de hoy, YPFB tendrá más del 50 por ciento de las acciones de las empresas mixtas productoras, refinadoras y de transporte que fueron parte del patrimonio estatal hasta hace una década.

El último artículo que, además de los ministerios e YPFB, la nacionalización debe ser ejecutada por las Fuerzas Armadas, que comenzaron ayer mismo a ocupar instalaciones petroleras en todo el país.

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