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Estado español :: 29/07/2006

Críticas a la Ley sobre la Memoria Histórica aprobada por el PSOE

La Haine
El Gobierno español aprobó ayer el proyecto de ley relativo a la Memoria Histórica las víctimas de la guerra de 1936 y del franquismo, que, salvo a PSOE y CiU, no satisfizo a los grupos políticos, en especial a sus principales impulsores: IU-ICV y ERC, que fueron muy críticos

Partidos y organizaciones supuestamente republicanas criticaron ayer con dureza el proyecto de ley relativo a la Memoria Histórica, por el que supuestamente se establecen medidas a favor de las víctimas de la guerra de 1936 y del franquismo. Sólo CiU apoyó un proyecto que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cree que «ayuda a cicatrizar sin reabrir, contribuye a sumar y no a dividir» y permite «cerrar con honor para todos un capítulo trágico de la historia».

El presidente portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares lamentó la falta de «valentía» del Gobierno. Criticó que la ley no cumple las expectativas de los republicanos ni de los antifranquistas y, por el contrario, el Ejecutivo opta por «evitar la confrontación con la derecha».

ERC, a través de su portavoz, Joan Tardá, acusó al Gobierno de «indignidad» y «deslealtad» por aprobar una ley que es, a su juicio, «un profundo acto de cinismo» y una «opera bufa».

Duras críticas recibió también por parte de diferentes coordinadoras relacionadas con las víctimas de la represión del franquismo, como el Foro de la Memoria, que tachó el texto de «absolutamente decepcionante» y acusó al Gobierno de volver a defraudar «las expectativas de las víctimas del fascismo».

«Decepcionante» fue también el calificativo que recibió de Amnistía Internacional, que dijo que «se aleja» de las normas internacionales de derechos humanos, «olvida» la justicia, «no repara adecuadamente a las víctimas y no avanza de manera sustancial en la búsqueda de la verdad».

La ley prevé que las víctimas de la guerra del 36 y de franquismo o sus familiares «puedan pedir su reparación moral mediante una declaración pública de reconocimiento que resolverá una comisión nombrada por el Parlamento». Establece la retirada de «símbolos que exalten sólo a una de las dos partes contendientes en la guerra y especifica el régimen de uso del Valle de los Caídos», mientras que no anula los juicios sumarísimos durante la contienda del 36.

Por su parte, La secretaria general de la Asociación Guerra y Exilio, Dolores Cabra, afirmó que la ley parecía hecha por «fascistoides».

 

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