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Estado español :: 12/12/2011

El 15M realiza un acto reivindicativo contra el peaje del tunel de Guadarrama.

Acampada Salamanca
Este peaje ilegal es fruto de la corrupción política

- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en Abril de 2010 la nulidad de la concesión de la obra pública porque se adjudicó de forma corrupta por parte del Ministerio de Fomento en 1999.

- El 15M de las provincias de Ávila, Guadarrama, , Salamanca, Segovia y Valladolid, se movilizan este sábado para presionar a los políticos, pidiendo la ejecución de la sentencia.

Entre las 12 y las 14 h miembros del 15M de Salamanca han simulado un peaje, entregando octavillas, en la rotonda de San José en dirección a la autovía A-6. Aquellos que prosigan su viaje hacia Madrid tendrán que pagar 8 euros para pasar a Madrid, dada la concesión ilegal realizada a la empresa Iberpistas en el año 2.000.

En 1999 cierta empresa de ingeniería ligada a Iberpistas realizó para Fomento el pliego de contratación que posteriormente le fue adjudicada ilegalmente a Iberpistas. La Fiscalía investigó a responsables del Ministerio de Fomento por prevaricación continuada, ante los incontables indicios de delito por parte de políticos, consultoras de ingeniería y constructoras.

El Ministerio de Fomento acordó la adjudicación a dedo de las obras, con la ampliación del peaje hasta 2050. Incluso Iberpistas recibió un crédito del Banco Europeo de Inversiones por más de 100 millones de euros, ya que carecía del dinero necesario para la realización de la obra. Todo un gran negocio para los accionistas y los políticos implicados.

En 1999, no casualmente, también se modificó la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, derogando la Ley Maura de 1904, que reconocía la responsabilidad personal directa de autoridades y funcionarios ante hechos administrativos irregulares. En aquellos momentos se proyectaron las radiales de Madrid, el peaje de Barajas o el AVE a Barcelona, todas ellas bajo sospecha de graves irregularidades.

Desde entonces organizaciones ecologistas y sindicales han emprendido una lucha ante los tribunales para que se reconociera el fraude de ley cometido. En Abril de 2010 al fin el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Comisión Europea vs. Reino de España, declaró la vulneración de la normativa europea de contratación, al no existir transparencia ni competencia en la adjudicación a Iberpistas de la concesión de obras públicas. Por esta razón España ha sido sancionada por la Comisión Europea.

El 15M

La Marcha Noroeste del 15M cortó el túnel de Guadarrama en Julio de 2011 denunciando estos hechos, solicitando la liberación del peaje y la responsabilidad de los implicados. Desde entonces el 15M de las provincias más afectadas planean acciones conjuntas para presionar a los políticos y llegar a la ciudadanía, auténtica víctima de la corrupción de éstos, al ver despilfarradas las arcas públicas y además pagar un peaje hasta 2050.

El 10 de Diciembre realizamos acciones en el entorno de las autopistas, con el objetivo de sensibilizar a las poblaciones afectadas, las únicas que mediante su opinión favorable a la liberación pueden persuadir a los políticos actuales a cumplir la sentencia y favorecer el crecimiento económico de la región y con ello la creación de empleo.

Por ello el 15M exige:

1. La liberación del peaje a partir de 2018. Esto permitiría la reducción de los costos de transporte de empresas y particulares. El contrato es nulo y por tanto todas las consecuencias del mismo deben desaparecer, entre ellas el cobro del actual peaje hasta 2050.

2. La asunción de responsabilidad civil y penal. El Tribunal declaró la irregularidad del contrato negociado y firmado por miembros del Ministerio de Fomento y la empresa Iberpistas. Todos los implicados deben ser investigados por corrupción y en todo caso sancionados económicamente, empezando por todos los ministros de Fomento hasta que el Gobierno ejecute la sentencia. Es impensable que la firma de un contrato público irregular no sea castigado con la más severa pena, en especial cuando está en juego la gestión de las arcas públicas y el desarrollo económico de la región.

 

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