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El general del ejército español Javier Cabeza , denunciado por crímenes de guerra en Afganistán
La denuncia es por un bombardeo por el cual murieron diez niños y una mujer el pasado 6 de abril
El Comité René Cassin ha denunciado en España a cinco mandos militares de EEUU, Gran Bretaña, Italia y España por crímenes de guerra en el bombardeo de una aldea afgana donde murieron diez niños y una mujer el pasado 6 de abril.
La denuncia fue presentada ante la Audiencia Nacional, por considerar que la jurisdicción española es competente para conocer los hechos cometidos por españoles o por extranjeros fuera del territorio nacional, siempre que se trate de delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería.
El Comité René Cassin lleva el nombre del juez francés que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Su presidente, el abogado español Alberto Revuelta, dice que los bombardeos realizados por la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), para detener a dos comandantes talibanes, “pueden calificarse como crímenes de guerra, definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como infracciones graves de los convenios de Ginebra de agosto de 1949″.
La denuncia afirma que se trató de una actuación “manifiestamente excesiva en relación con la ventaja militar”.
Los denunciados son el general Joseph Dunford, jefe de los Marines de EEUU al mando de ISAF; el británico Nick Patrick Carter; el teniente general James I. Terry, de EEUU, responsable de Operaciones de Neutralización de la ISAF; el italiano Giorgio Battisti, jefe de Personal de ISAF, y el general español Javier Cabeza Taberna.
La conexión con España se produce porque su gobierno autorizó en 2011 la participación de unidades del ejército español en la ISAF para hacerse cargo del equipo de reconstrucción provincial de Badghis, dirigir la base de apoyo avanzada de Herat, donde se instaló el mando regional de ISAF, e instruir a varias unidades del ejército nacional afgano y de su policía, afirma Revuelta.
Además, España se adhirió a ISAF mediante un memorando de entendimiento que “infringe la Constitución española, que exige la autorización previa de las Cortes Generales para que pueda celebrar tratados o convenios de carácter militar”, dice la denuncia.
Por otra parte, doscientos militares españoles se incorporaron en 2011 al mando conjunto de la ISAF y “a pesar de este incremento de tropas, Defensa no solicitó la autorización del parlamento prevista por la ley para las misiones en el exterior” al considerarlo una simple rotación de efectivos, según Revuelta.
