El Puerto de Santa María (Cádiz): La rueda especulativa sigue su curso

Dentro de este contexto se enmarcan las investigaciones y posteriores juicios contra promotores, propietarios y antiguos integrantes de los ayuntamientos municipales. El pasado mes de Julio, se produjeron las primeras detenciones, 17 fueron los propietarios detenidos, a causa de la construcción de viviendas que bloqueaban las cañadas públicas. Posteriormente han pasado a disposición judicial, responsables de la construcción en el Pinar de Coig y el Barranco, al edificarse en espacio protegido. Estas investigaciones judiciales han llevado al ex alcalde Hernán Díaz y los dos anteriores responsables de urbanismo, Juan Carlos Rodríguez y Pedro Alamillos a comparecer como imputados en un posible delito de prevaricación, al no actuar contra la construcción de estas viviendas.

Aún así en comparación con el número de viviendas existentes, la actuación judicial es mínima por el momento.

Un ejemplo de la inoperancia de las autoridades en estos delitos es la situación que se vive en el diseminado de Cantarranas, donde 4 chalés ilegales y con orden de derribo desde el 2002, que hasta hace pocos meses no han comenzado las tareas de derribo, ya que los propietarios han interpuesto recursos durante todo este tiempo, alargándose así la actuación efectiva contra las viviendas ilegales.

Siguiendo en la dinámica especulativa, centrada en el Puerto, es reseñable la actuación de la trama de Obra Nueva que falsificaba certificados para legalizar viviendas. Después de su desmantelamiento en Chiclana, se pudo saber que los tentáculos especulativos se habían extendido por varios municipios de la Bahía, y el Puerto entre uno de ellos. Tras el cambio de gobierno, los nuevos gobernantes se han encontrado con un gran número de documentos, expedientes, etc. que apuntan directamente a la actuación de Obra Nueva en el Puerto, ya que los certificados de antigüedad de las viviendas están firmados por los mismos responsables de Obra Nueva en Chiclana. En el caso del Puerto, la situación se complica, ya que en Chiclana los imputados no trascendían al plano político cosa que si ocurre en el Puerto de Santa María. En algunos documentos que versan sobre viviendas legalizadas por decreto municipal, y construidas en lugares en unos casos urbanizable y en otros no, y además sin aprobarse primero el Plan Parcial. El Ayuntamiento ha contabilizado ya, alrededor de 104 casos de Obra Nueva, siendo algunos de ellos legalizados por el anterior teniente de alcalde de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez. Todas las actuaciones se realizaron al parecer durante la anterior legislatura en la cual el ex alcalde Hernán Díaz tuvo que dejar su cargo por delitos de prevaricación, siendo condenado a 7 años de inhabilitación.

Ahora dentro del doble discurso institucional, la teniente de alcalde a hecho un llamamiento a las empresas que pretenden urbanizar las zonas protegidas y no urbanizables, advirtiéndoles que no se permitirá ninguna construcción ilegal más, además de que les puede salir muy caro la construcción de nuevas viviendas, estas amenazas han sido declaradas despues de que permitieran la construcción de más de 5.000 mil viviendas. Así mismo se ha instado a l@s vecin@s que han pagado por estas urbanizaciones ilegales, que se dirijan a los promotores para que verifiquen la legalidad de las obras, ya que si la situación sigue por el mismo camino, serán l@s vecin@s l@s que tengan que pagar dos veces por una vivienda. Ecologistas en Acción ya hizo un llamamiento denunciando la tala indiscriminada de bosque, que se estaba realizando en la zona, y que ha llevado a la Junta de Andalucía a actuar para paralizar las obras e investigar a la empresa que ha llevado a cabo la tala.

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Grupo de Acción Social (GAS)