En Granada se desahucia hasta a los muertos

Ni bajo tierra está nadie libre de los desahucios. A las miles de familias granadinas expulsadas de sus hogares (fueron 1.491 en 2012) se les suman ahora aquellos cuyos restos reposan en el Cementerio Municipal de Granada. La Empresa Municipal del Cementerio y Servicios Funerarios de Granada (Emucesa), encargada de su gestión, anunciaba el lunes 4 de noviembre en el diario Ideal que casi 600 nichos, columbarios y bóvedas serán exhumados dentro de dos semanas, y trasladados al espacio común de enterramiento, si sus titulares no abonan sus deudas con la empresa.

Las deudas vienen motivadas por el impago de los derechos por Conservación General del Cementerio. DIAGONAL se ha puesto en contacto con José Antonio Muñoz, gerente de Emucesa, quien explica que ese canon se aplica desde 2005. En el caso de los nichos, la fórmula más habitual, el pago anual asciende a “quince o dieciséis euros”, según indica Muñoz. El gerente de Emucesa señala que en 2008 y 2012 se realizaron sendos requerimientos de pago a los deudores.

Cementerio Privatizado

El anuncio coincide con la reciente privatización parcial del cementerio. Según ha informado la prensa local, el 7 de octubre se hacía efectiva la adquisición del 49% de las acciones de Emucesa por parte de la empresa Inversiones Reunidas del Norte, a cambio de siete millones y medio de euros que ingresará el consistorio granadino, gobernado con mayoría absoluta, por el Partido Popular. El acuerdo ha sido polémico ya que el cementerio tenía superávit: en 2011, con unos beneficios de 300.000 euros. El nuevo contrato tiene una duración de 50 años, en los que el Ayuntamiento dejará de ingresar un total de 43 millones de euros, según el PSOE.

Preguntado sobre la coincidencia temporal entre la privatización y la advertencia de exhumaciones masivas, Muñoz afirma con rotundidad que “no tienen nada que ver”, ya que, según indica, esta medida “se podría tomar cada año”.

Sin embargo, admite que las exhumaciones por impago del canon de conservación no se han llevado a cabo hasta este momento, ocho años después de que la tasa entrara en vigor.