España: Para poner punto final a la "Transición"

La amnesia histórica y la impunidad de los crímenes del franquismo fueron el precio de la "Democracia política" Por ello han tenido que pasar tantos años para que pueda comenzar el proceso de recuperación de la memoria histórica y de rehabilitación moral de las víctimas de la represión franquista. Y por ello también este proceso no ha comenzado desde las instituciones ni desde los partidos, sino desde grupos y asociaciones que se han impuesto este deber de memoria y de justicia. Y es así que, gracias a la perseverancia de estos grupos y asociaciones, los partidos políticos se han visto obligados a presentar iniciativas parlamentarias para ir saldando institucionalmente esta deuda moral y política con las víctimas de la represión franquista. En este sentido, la Resolución aprobada el 20 de noviembre de 2002 en el Congreso de los Diputados marcó un hito decisivo. Y no sólo porque por primera vez el PP aceptaba condenar el golpe militar de 1936 y se asociaba a la rehabilitación moral de las víctimas de la guerra civil y de la posterior represión franquista, sino también porque en esta Resolución se insta a las Instituciones del Estado a apoyar las iniciativas de las familias afectadas. No obstante, esta histórica Resolución parlamentaria "no ha tenido la repercusión que precisa su observancia" (Defensor del Pueblo, Informe anual de 2003) de parte de las Instituciones del Estado. Particularmente en lo que concierne a la revisión de los juicios sumarios realizados durante la dictadura franquista, que el Tribunal Supremo persiste en denegar. De ahí que debamos exigir a la actual mayoría parlamentaria nuevas iniciativas para obtener la plena observancia institucional de la Resolución del 20 de noviembre de 2002 y para que se haga justicia a TODAS las víctimas de la represión franquista.

La "rehabilitación" al finalizar la anterior legislatura El 8 de julio de 2003, la diputada socialista Amparo Valcarce presenta en el Congreso de los Diputados una "Proposición no de ley" para que se proceda a "la anulación de todos los juicios sumarios" realizados por los Tribunales franquistas. Pero, dos días después, el 10 de julio de 2003, el Tribunal Supremo deniega el Recurso de revisión presentado unos meses antes por el hijo de una pareja de militantes del POUM condenados a muerte en 1941. El 16 de julio de 2003, CiU, el PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds presentan en el Parlamento catalán un "proyecto de Ley para revisar y anular las sentencias dictadas durante la guerra civil y la dictadura franquista" por "motivos políticos, sociales o ideológicos". Pero, el 10 de septiembre de 2003, el PP rechaza la Proposición presentada por la diputada Valcarce, argumentando que en la Resolución del 20 de noviembre de 2002 ya está "reafirmado el reconocimiento moral de todos cuantos, hombres y mujeres, fueron víctimas de la guerra civil y también de todos los que sufrieron la represión y el exilio". El 25 de septiembre de 2003, el Parlamento de Andalucía aprueba una iniciativa socialista para dar "reconocimiento público y moral de respeto" a cuantos fueron "asesinados durante la Guerra Civil española por haber defendido los valores republicanos". El 31 de enero de 2004, en Estrasburgo, nueve parlamentarios del PSOE, CiU y PNV presentan un proyecto de Resolución para que el Consejo de Europa condene el franquismo y exija la reparación moral de las víctimas de la represión franquista.

La "rehabilitación" con la actual legislatura: ¿una "Transición" bis? Con el cambio político del 14-M surgen grandes expectativas Pero el Secretario de Justicia del Tribunal Constitucional-Sala Primera notifica, el 14 de abril de 2004, a la Procuradora Ana Llobera el Informe (fechado el 14 de abril de 2000) del Fiscal sobre el Recurso de amparo promovido en 1999 por las familias de Francisco Granado y de Joaquín Delgado contra el "Auto de la sala de lo Militar del Tribunal Supremo recaído en el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra sentencia del Consejo de guerra Ordinario sobre delito consumado de terrorismo". En este Informe, que aún no ha sido ratificado o rechazado por el Pleno del Tribunal Constitucional, el Fiscal valida el Auto del Tribunal Supremo denegando la revisión del Consejo de Guerra de 1963. El 14 de mayo, los Grupos Parlamentarios ERC, IU-IC y Mixto solicitan la creación de una Comisión Parlamentaria no permanente para elaborar el Libro Blanco de la Reconciliación, contra la impunidad y los crímenes contra la Humanidad, donde el Estado español pase definitivamente página a la historia. El 28 de mayo, el Tribunal Constitucional no admite a trámite una demanda de revisión de un juicio sumarísimo de 1975, aunque por primera vez se excusa de tener que hacerlo:"La dura realidad de la Historia no puede soslayarse en lo jurídico con procesos de revisión indefinida". El 2 de junio, el Congreso de los Diputados aprueba una Proposición no de ley de PNV, EA y el BNG, enmendada por el PSOE, que reitera (Resolución del 2002) el reconocimiento moral, social y económico a las víctimas de la guerra civil y del franquismo, instando al Gobierno a sistematizar la legislación que se ha venido aprobando en este terreno, incluida la reparación de daños "que se hubieran podido producir durante la transición a la democracia, con propuestas específicas de programas, medidas y actuaciones concretas para mejorar sus situación actual". El 8 de junio, en la sesión de la Junta de Portavoces, los votos del grupo Parlamentario Socialista y los del Partido Popular impiden que se constituya la Comisión solicitada por los Grupos Parlamentarios ERC, IU-IC y Mixto el 14 de mayo. El 18 de junio, el Parlamento de Cataluña aprueba por unanimidad una iniciativa parlamentaria, presentada por el PSC, ERC e ICV y que recibió el apoyo de CiU y el PP, instando a la Generalitat a que traslade al Gobierno la necesidad de "adoptar medidas adecuadas" para decretar "la nulidad de todos los juicios y sentencias dictadas durante el franquismo".

Los ex franquistas siguen saboteando la rehabilitación Pero ese mismo día, la Sala de lo militar del Tribunal Supremo desestima, con argumentos en los que se sostiene implícitamente la legalidad del franquismo, la revisión de 72 penas de muerte dictadas por los Tribunales franquistas. Téngase en cuenta, además, que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha comunicado ( 7 de junio de 2004 ) a la viuda del antifranquista Francisco Granado, ejecutado en 1973, que no tiene derecho a las ayudas concedidas a los ex presos del franquismo porque su marido, ejecutado 17 días después de haber sido detenido, no hizo el tiempo mínimo de prisión exigido (un año) por la normativa,

- ¡Exijamos al Estado la observancia de las Resoluciones del 20 de noviembre de 2002 y del 2 de junio de 2004 del Congreso de los Diputados para rehabilitar e indemnizar a TODAS las víctimas de la represión franquista!

- ¡Exijamos a la actual mayoría parlamentaria que cumpla lo que predicaba en la oposición : ¡ANULACIóN SENTENCIAS FRANQUISTAS YA!

Por el "Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado y de apoyo a Pilar Vaquerizo"
Antonio Martín y Octavio Alberola

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