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Estado español :: 10/11/2011

Hay Centro Social Octubre hasta 2026

La Haine - Guadalajara
La Audiencia Provincial de Guadalajara desestima la demanda de desalojo interpuesta por el PCE y reconoce a los activistas como ocupantes legales

El histórico inmueble está preservado de la vorágine inmobiliaria al menos, hasta 2026. Así lo ha reconocido el pasado viernes la Audiencia Provincial de Guadalajara confirmando la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia, que desestimó una demanda de desalojo instada por el PCE. La sentencia reconoce como ocupantes legales a los miembros del Centro Social Octubre.

La polémica por este inmueble saltó en el año 2008, cuando la Dirección Federal del Partido comenzó una serie de trámites de tasación con el fin de vender el inmueble, situado en pleno centro de Guadalajara y comprado en 1977 con las contribuciones económicas de centenares de trabajadores que colaboraron también en su diseño y construcción.

Desde finales del año 2005, y ante la situación de vaciamiento político del Partido, grupos de militantes, ex militantes de la organización e independientes comenzaron a trabajar políticamente en este espacio que hoy es un punto de referencia para los movimientos sociales de Guadalajara y del Corredor del Henares, a la que se han ido sumando muchas personas y colectivos a lo largo de estos años.

Inquilinos hasta 2026

El Centro Social Octubre es en la actualidad un centro político y cultural que ha aglutinado a decenas de personas y en el cual se desarrollan múltiples actividades todas las semanas: talleres, charlas y proyecciones en un espacio totalmente autogestionado. Además organiza anualmente y desde el año 2009 el Encuentro de Movimientos Sociales del Corredor del Henares, que discute la actualidad política y social de la zona y sirve como punto de encuentro de colectivos de diversa índole y actividad.

La sentencia da por válido el contrato que en su momento el Comité Local del PCE firmó con el Centro Social Octubre, que otorga un derecho de uso del mismo hasta el año 2026, y veta en la práctica la posibilidad legal de un desalojo o de la venta de este local histórico de más de 200 m2.

 

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