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20/10/2021 :: Estado español, Argentina, Nacionales E.Herria

¿Primera grieta en el muro de impunidad en España?

x Roberto Montoya
Lamentablemente no fue ningún juez español quien dictó el procesamiento de Martín Villa, sino una veterana jueza argentina de 84 años, María Servini de Cubría

Tuvieron que pasar 45 años de los crímenes del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz y 43 de la represión de los Sanfermines de Pamplona que acabó con la vida de otro manifestante, para que uno de los máximos responsables políticos de los mismos fuera procesado.

El ex ministro de Franco procesado, Rodolfo Martín Villa, que en la época de los crímenes de Vitoria era ministro de Relaciones Sindicales del Gobierno de Arias Navarro, y en 1978 ministro de Gobernación -o Interior- de Adolfo Suárez, está acusado de ser penalmente responsable de homicidio agravado en el caso de la muerte de Francisco Aznar Clemente, Rotulado Barroso Chaparro y Pedro María Martínez Ocio en los sucesos de Vitoria, y de Germán Rodríguez Saiz en Pamplona, y sospechoso de varias muertes más.

Martín Villa no irá a la cárcel por una decisión de la Corte de Apelación de Argentina que aceptó el recurso de sus abogados, pero en el auto se decreta un embargo de sus bienes por 1.134 millones de pesos argentinos, el equivalente a 9,8 millones de euros.

Lamentablemente no fue ningún juez español quien dictó su procesamiento, sino una veterana jueza argentina de 84 años, María Servini de Cubría, con una larguísima trayectoria en causas relacionadas con el genocidio argentino, con los bebés robados a prisioneras 'desaparecidas' y también con el robo de bebés durante el franquismo.

¿Servirá el fallo de la jueza de la 'querella argentina' que desde 2010 investiga los crímenes del franquismo y posfranquismo para que el actual Gobierno de coalición progresista y el Estado español afronten de una vez esta histórica anomalía jurídica denunciada reiteradamente por la propia ONU, y acaben así, cuatro décadas después, con la impunidad de los represores?

¿Reconocerán esos y otros muchos crímenes, terrorismo de Estado de la tan alabada Transición?, ¿se aplicará justicia y se reparará a las víctimas o familiares de ellas como hizo Reino Unido en 2010 con las 14 víctimas mortales del Domingo Sangriento de 1972 en Londonderry?

El reciclado de los represores franquistas

La Amnistía de 1977 ha permitido que muchos de los represores murieran en la cama, más de uno de ellos llevándose a la tumba medallas y honores de Estado, como 'Billy el Niño”, por cuya extradición había reclamado durante años la magistrada argentina, y a quien precisamente Martín Villa entregó en 1977 la Medalla al Mérito Policial.

Fueron muchos los que se reciclaron y se apresuraron a ponerse la chaqueta de demócratas, como Manuel Fraga, el mentor de José María Aznar, o el teniente general Sáenz de Santamaría, o el también ministro franquista Utrera Molina -suegro de Alberto Ruiz Gallardón-, que murió antes de que la jueza pudiera procesarlo por haber firmado la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich por garrote vil en 1974.

O el policía torturador Roberto Conesa, jefe de la temida Brigada Político-Social con Franco, responsable de la captura de las Trece Rosas, colaborador de la Gestapo y reciclado también en 1976 por Manuel Fraga como jefe policial en Valencia. En 1977, durante el Gobierno de Adolfo Suárez, recibió la Medalla de Oro al Mérito Policial de manos de... Martín Villa. Y así tantos otros... Por eso el procesamiento de Villa, jefe nacional del sindicato vertical (SEU) y gobernador civil de Barcelona durante la dictadura, tiene especial relevancia política y jurídica.

Los irrefutables argumentos esgrimidos por la jueza tendrían que avergonzar a la magistratura y a buena parte de la clase política española: "Toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección ahora de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición. Durante los primeros años se mantuvieron las normas, estructuras, agentes y las prácticas represivas propias de aquel y se les aseguró a las fuerzas del orden público la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance".

La jueza desmonta la tesis defendida por Martín Villa, sus abogados y medios de comunicación amigos según la cual no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos que se le imputan: "Ocupó una posición preponderante en esa estructura jerarquizada de poder a través de la cual se propagaron las órdenes hacia quienes resultaron los ejecutores directos de los delitos".

Los defensores de Villa sostienen que en el momento en que se desató la represión de la Policía Armada en Vitoria-Gasteiz contra los miles de obreros de distintas fábricas que habían logrado paralizar la capital alavesa tras meses de reclamos salariales, el acusado era 'solo' ministro de Relaciones Sindicales del efímero Gobierno de Arias Navarro (13 diciembre 1975-1 de julio de 1976), sin competencias en materia de seguridad.

Omiten, sin embargo, que en ausencia del entonces vicepresidente segundo para Asuntos del Interior y Gobernación, Manuel Fraga -en viaje a Bonn-, asumió esa responsabilidad otro ministro, que luego llegaría a ser presidente de España, el Secretario General del Movimiento, el mismísimo Adolfo Suárez. Fue él quien junto con Martín Villa, responsable de temas sindicales, asumieron la responsabilidad de ordenar la intervención policial contra los trabajadores en huelga.

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