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27/02/2009 :: Estado español

Jorge del Cura: "Se intimida a los demás niños con sufrir un trato igual si no se portan bien"

x La Haine - Córdoba
Mientras la tutela se entienda como reclusión, siquiera sea como limitación parcial de la libertad, se vulnerarán los derechos de los recluidos con los métodos denunciados.

Hablamos con Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación Contra la Tortura (CDCT) y ex-presidente de la Asociación Contra la Tortura (ACT), en relación a los recientes informes publicados por el Defensor del Pueblo en torno a los malos tratos y torturas infrigidas a menores recluidos en centros cerrados o de tutelaje. La Asamblea contra los centros de Menores de Madrid y otros colectivos de apoyo a las personas presas vienen denunciando la grave situación desde hace meses.

¿Cual es la valoración que das sobre el informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de menores con trastorno de conducta?

La valoración del informe, en principio, es positiva. Se ha visitado 27 de los 58 centros existentes y, entendiendo la dificultad de visitar todos los centros, sería interesante conocer la situación de los no visitados. Y, en concreto, llama la atención la ausencia de referencias en el informe a la situación en el centro de Hornachuelos, en Córdoba, que ha sido objeto de recientes denuncias por malos tratos a los menores allí encerrados.

Por otra parte sería interesante y necesario un próximo informe sobre el trato de los menores en los centros de reforma.

Pero pese a estas carencias, el informe ha sido una llamada de atención sobre situaciones que las organizaciones de Derechos Humanos y defensa de los menores llevan denunciando desde hace años. Si el informe del Defensor del Pueblo sirve para que se tomen medidas y evitar que vuelva a suceder, sería positivo.

Pero las reacciones de las administraciones responsables de esta situación: unos negado tajantemente y contra toda evidencia los hechos denunciados (como la Comunidad de Madrid. Castilla la Mancha o el Gobierno de Aragón), otros lavándose las manos y remitiéndose a la Fiscalía (País Valencià); y de los sindicatos a los que están afiliados los empleados de estos centros quintando importancia a lo denunciado (CCOO ha emitido un comunicado indicando que “los hechos denunciados por el Defensor son puntuales”1), no parecen indicar que se esté dispuesto a efectuar modificaciones sustanciales. Habrá que estar muy atento a lo que suceda a partir de ahora.

En 2007 el defensor del pueblo andaluz denunciaba a varios centros por contar con cubículos de aislamiento donde no cabe un menor tumbado, y donde pueden llegar a estar hasta 7 días incomunicados, sin contar con las condiciones establecidas convirtiendo a estos centros en cárceles de unos menores que no han cometido delito alguno pero ¿por qué estos centros siguen recibiendo denuncias y siguen recibiendo ayudas y subvenciones?

Otras de las situaciones sorprendentes generadas por este informe es la reacción del Defensor del Pueblo Andaluz, y así, al día siguiente de conocerse el informe, Chamizo manifestó que “en la Comunidad autónoma no se ha encontrado ningún caso como los descritos por el informe de la Oficina del Defensor del Pueblo de España”2. ¿…?

En cuanto a la pregunta, hay que tener en cuenta que no hay una normativa común para estos centros. Cada Comunidad Autónoma tiene, o debería tener, unas normas de aplicación y estas deberían cumplir unos criterios mínimos para todo el Estado. Esto no suceden la realidad, sino que cada centro tiene sus propias normas y la Administración se desentiende de las mismas y de vigilar lo que ocurre en el interior de los centros.

Estos centros, pese a su nombre, no tienen como función real la tutela de los menores con problemas de trastornos de conducta (de la misma forma que la cárceles, pese a lo indicado en la Constitución o los reglamentos pertinentes, no tiene como función real la reinserción de los presos), esto son palabras bonitas y eficaces para adormecer a los ciudadanos. Olvidada las funcione de tutela y educación, los centros se convierten en almacenes de menores donde sólo se aplica la contención y la represión. De aquí la sucesión de denuncias: una veces por lo mismos menores que consiguen romper el círculo de silencio; otras por algunos educadores que, con vocación de educar y ayudar a los menores, pero hastiados y horrorizados por lo que ven, deciden denunciarlo con el riego de perder su puesto de trabajo y ser objeto de todo tipo de calumnias.

En cuanto a por qué siguen recibiendo subvenciones, por una parte estos centros ayudan a ocultar un problema real y por otra suponen sustanciosos negocios.

En torno al 50% de los niños encerrados en este tipo de centros se les administra neurolépticos (Haloperidol) autenticas camisas de fuerza química, en torno al 80% consumen ansiolíticos, hipnóticos siendo el principal motivo el mismo ingreso en dichos centros y la situación psicológica que les genera. ¿no son este tipo de actuaciones otra forma de tortura?

Si. La administración de neurolépticos a los niños en estos centros es un claro caso de “tortura blanca” (enfocada a vencer las resistencias psicológicas y eliminar las marcas físicas) y “tortura punitiva” (destinada a castigar, no a obtener información o confesiones), que encaja punto a punto en la definición de tortura de la Convención de Naciones Unidas3: Es un acto intencionado; se inflige sufrimiento grave al menor para castigarle por su comportamiento, por lo que ha hecho o se sospecha que ha hecho, o para evitar que haga algo (que proteste, que moleste…); se intimida a los demás niños con sufrir un trato igual si no se ‘portan bien’; y dichos sufrimientos son infligidos por personas dependientes de funcionarios públicos de las Comunidades Autónomas

Gestión privada y tutela pública ¿No es una contradicción?

Salvo que llamemos tutela al almacenamiento de seres humanos, su contención y represión, en estos centros no se practica la tutela pública. Los que si se practica en los mismos es la obtención de beneficios privados mediante gestión privada de derechos y obligaciones públicos. Pero esto es la practica diaria del sistema actual, en este y otros campos.

¿Con una gestión pública de los centros de tutela se acabarían las situaciones denunciadas por el Defensor del Pueblo? En las condiciones actuales, no lo creo.

Las cárceles, comisarías, centros de internamiento de extranjeros, y otros centros de privación de libertad son gestionados por la administración pública. Ello no ha impedido, nunca y en ninguna parte, que se torture y humille a las personas allí recluidas.

Mientras la tutela se entienda como reclusión, siquiera sea como limitación parcial de la libertad, se vulnerarán los derechos de los recluidos (con los métodos ahora denunciados u otros parecidos), y la vulneración de derechos humanos no es un problema de lógica sino un problema de ética. No es una contradicción o una imposibilidad, sino una aberración que no debemos admitir.




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