«Si la prisión es el precio, lo pagaremos»

Los cuatro activistas que interrumpieron en Valladolid la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España en septiembre de 2025 para protestar contra la participación del equipo representante del sionismo Premier Tech, han anunciado que no aceptarán ningún acuerdo de conformidad con la Fiscalía y que, incluso si son condenados a penas inferiores a dos años, no solicitarán la suspensión de su ingreso en prisión. «Si la cárcel es el precio por haber dicho que caen bombas sobre niños, lo pagaremos con orgullo», declaró Eva Valentín, única mujer procesada.

La vista preliminar se celebrará el próximo 10 de julio en los juzgados de Valladolid, según han confirmado fuentes judiciales. Los acusados comparecerán ante el tribunal acompañados por una concentración de apoyo convocada por la plataforma ciudadana que se ha creado para respaldarles, constituida formalmente el pasado 11 de junio con más de cuarenta activistas.

Penas de prisión y postura firme

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los procesados 21 meses de prisión por sendos delitos de desórdenes públicos y alteración del espectáculo deportivo. Dos de ellos se enfrentan además a cuatro meses adicionales por un presunto delito de resistencia a la autoridad. Por su parte, la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), personada en la causa y a la que los encausados se han referido como «lobby sionista», eleva la petición hasta los 26 y 31 meses de cárcel.

Todas las peticiones superan el umbral de los 24 meses, lo que abre la posibilidad real de que los acusados ingresen en prisión si son condenados. Sin embargo, la defensa, ejercida por el abogado Erlantz Ibarrondo, solicita la libre absolución al considerar que los hechos no constituyen delito.

Durante una rueda de prensa celebrada este pasado miércoles, tres de los procesados -el cuarto no pudo asistir por motivos laborales pero respalda la decisión- explicaron su determinación: no pedirán perdón y asumirán las consecuencias. Carlos Gómez, uno de los encausados, advirtió: «Hemos tomado colectivamente la decisión de que, en el caso de que finalmente haya una sentencia firme que nos condene a menos de 24 meses de prisión, no vamos a solicitar la suspensión de entrar en la cárcel, aunque la ley nos lo permita por carecer de antecedentes penales».

El derecho a la protesta como eje del conflicto

Los activistas enmarcan su acción en el legítimo derecho a la protesta. El 11 de septiembre de 2025 irrumpieron en el recorrido de la contrarreloj en el casco histórico de Valladolid para denunciar lo que consideran un «blanqueo» de la actuación del gobierno israelí en Gaza, que califican como «genocidio». Fueron retirados por la Policía Nacional sin que la prueba se viera afectada, según han reconocido todas las partes.

Jorge Lebrero, otro de los procesados, defendió que la protesta no causó daños materiales ni personales y destacó que las movilizaciones durante La Vuelta contribuyeron a la retirada del equipo israelí de la competición. «Esta lucha termina cuando se termina el sionismo», zanjó Valentín.

Los acusados también han dirigido críticas al Gobierno central, al que califican como el «más progresista de la historia», por lo que consideran una contradicción: criticar al ejecutivo de Benjamin Netanyahu en público mientras las delegaciones gubernamentales y la Fiscalía actúan contra quienes protestan. Debate abierto sobre los límites de la protesta

El abogado de la defensa, Erlantz Ibarrondo, subrayó que el derecho a la protesta «es esencial para cualquier estado democrático». Por su parte, las fuentes consultadas señalan que el proceso judicial mantiene abierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión en eventos deportivos de gran repercusión.

La plataforma de apoyo ha anunciado un calendario de acciones que incluye la concentración del 10 de julio frente a los juzgados, charlas informativas y campañas de recaudación de fondos para afrontar los costes del proceso.

La vista preliminar del próximo mes de julio marcará el inicio de un procedimiento que determinará si la interrupción de una prueba deportiva por motivos políticos (¡Y éticos!) debe considerarse delito o forma parte del ejercicio legítimo del derecho a manifestarse en una sociedad democrática. Veremos...