Unión Fenosa, o se va o la van de Nicaragua

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR) resolvió la semana pasada declarar de nulidad el contrato de distribución de energía otorgado a Unión Fenosa.

Los contralores tomaron esta decisión tras revisar y analizar documentación relacionada con la concesión, información que solicitaron a David Castillo, presidente del INE, ente regulador. Dicha indagación nació tras la denuncia de incumplimiento de contrato de concesión de parte de Unión Fenosa, interpuesta por miembros de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores ante el ente fiscalizador.

De acuerdo con la resolución de los contralores colegiados, Unión Fenosa "ha incumplido categóricamente cláusulas contractuales de dicha concesión, sin existir causas justificativas, con lo que ha afectado de manera considerable al Estado; y, por ende, a la colectividad al ocasionarles daños y perjuicios, por la negligencia en que ha venido operando tal servicio público"

Invirtió el Estado, no Fenosa

Los contralores detectaron irregularidades en las inversiones que Unión Fenosa reportó en sus estados financieros, y en la expansión y mejoramiento de redes.

"En la verificación física se estableció que en las inversiones reportadas dentro de los Estados Financieros existe una mezcla de inversiones realizadas por terceros y operaciones y mantenimiento, lo que indica que las inversiones de Unión Fenosa son menores a lo pactado", reza parte de la resolución.

"Llama poderosamente la atención lo señalado en el Informe de Auditoría Operacional de que detectaron conforme las muestras de redes, inversiones que fueron reportadas por Unión Fenosa; sin embargo, dichas inversiones corresponden a las ejecutadas por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) y Fondos del Tesoro de la Comisión Nacional de Energía (CNE)", señala más adelante la resolución

Inversiones sin respaldo

Otra anomalía encontrada por los contralores, es que del 63 por ciento de las inversiones netas reportadas, equivalente a 23.8 millones de dólares, "no se dispone de soporte físicos, y no tienen la documentación que define la propiedad de las obras que reportan en el Informe de Inversiones".

Así mismo, en su resolución, los contralores señalaron que "no se ha contribuido a reducir el nivel de pérdidas de distribución que mantienen alrededor del treinta por ciento (30 %), siendo el doble de lo que el INE permite trasladar a la tarifa, que es quince por ciento (15 %)".

En cuanto al alumbrado público, los contralores detectaron que Unión Fenosa mantiene el 17 por ciento de las luminarias apagadas, "lo que excede un doce por ciento al cinco por ciento de luminarias apagadas establecidas en la normativa de alumbrado público".

Para los contralores colegiados, "es evidente que Unión Fenosa no ha cumplido con sus obligaciones contractuales, como ha quedado demostrado a través de la referida auditoría operacional que se practicó, observándose además que no existe una eficiente y necesaria inversión en las redes e instalación de distribución".

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) terminó de "cerrar el cerco" contra Unión Fenosa el viernes pasado, cuando la Sala Constitucional pidió al presidente de la República un informe sobre el decreto mediante el cual se ordenó la privatización del sector energético.

De esta forma, la CSJ se unió al INE y la Contraloría, instituciones que ordenaron un arbitraje y declararon de nulidad el contrato de concesión, respectivamente.

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