Varias asociaciones critican el clima de impunidad que permite ataques xenófobos en la zona de El Ejido

"Hemos de recordar que los sucesos de El Ejido en el 2000 constituyeron uno de los actos racistas más graves vividos en Europa en los últimos años. Pasados tres años desde los incidentes, tanto las consecuencias directas de los hechos: juicios a los agresores, indemnizaciones y responsabilidades políticas; como la situación estructural que contribuyó a causarlos: explotación laboral, segregación urbanística ,consentimiento del racismo por parte de las instituciones y situación de irregularidad de la mayoría de los trabajadores siguen siendo cuestiones pendientes", añade el escrito.

Para estas organizaciones, El Ejido es la muestra más conocida de "una realidad generalizada en todo el Poniente Almeriense a la que las administraciones no han dado una respuesta suficiente y eficaz".

LEY DE EXTRANJERIA

Las organizaciones denuncian "la situación de irregularidad de la mayoría de los trabajadores inmigrantes de la zona". "La ley de Extranjería y la política de contingentes son las causas de esta irregularidad que provoca como principal consecuencia una grave situación de explotación laboral e indefensión de estas personas. Dicha ley restringe los derechos de los extranjeros en situación irregular, eliminando los derechos de asociación, manifestación y huelga", añade el escrito.

Además, el texto recuerda que la ley sanciona con la expulsión el hecho de encontrarse indocumentado. "Esta situación de pérdida de derechos provoca que los inmigrantes en situación irregular sean un blanco perfecto para la violencia racista", subraya.

"La impunidad con que se manifiesta el racismo social. La falta de actuación de las fuerzas de seguridad para poner fin a estos hechos en un primer momento demuestra una vez más como en el Estado Español la vulneración de los derechos humanos es una constante cuando se trata de ciudadanos extranjeros. Ha sido necesaria la presión por parte de la prensa y las ONG para que se inicien las actuaciones policiales", sostiene.

Asimismo, critica "la falta de respuesta" por parte de los responsables políticos: municipales, autonómicos y estatales, demostrando su rechazo ante estos hechos lamentables. "Este silencio puede ser entendido como cierta complicicidad o permisibilidad frente a este tipo de actuaciones", advierte.

Por todo ello, desde las asociaciones firmantes del escrito se exige la realización de una investigación por parte de los cuerpos de seguridad que depure responsabilidades y la creación de dispositivos preventivos para evitar que se produzcan hechos similares, y que la Subdelegación de Gobierno en Almería arbitre los medios necesarios y muestre voluntad política para erradicar estas situaciones.

MANO DE OBRA BARATA

Además, solicitan la aplicación del agravante de racismo contemplado en el Código Penal para los inculpados y la no expulsión por parte de Subdelegación del Gobierno de las víctimas de las agresiones que carezcan de permiso de residencia.

"Las asociaciones firmantes denunciamos que estos incidentes son la punta del iceberg de la situación de precariedad y exclusión social de los inmigrantes irregulares que sirven como mano de obra barata y son víctimas de la cara más cruda del racismo institucional y social", concluye el comunicado.