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Argentina :: 12/09/2006

Álvarez, otro agente de inteligencia tras los asesinatos de Kosteki y Santillán

Prensa de Frente
El actual diputado y secretario de Seguridad del gobierno de Duhalde durante los convulsionados primeros meses de 2002, Juan José Álvarez, responsable del operativo conjunto que terminó con las vidas de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, se sumó al plantel de agentes de Secretaría de Inteligencia del Estado durante la pasada dictadura militar.

2- SE INTEGRó A LA SIDE DURANTE LA PASADA DICTADURA

Boletín quincenal Nº48, Prensa De Frente - El actual diputado y secretario de Seguridad del gobierno de Duhalde durante los convulsionados primeros meses de 2002, Juan José Álvarez, responsable del operativo conjunto que terminó con las vidas de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, se sumó al plantel de agentes de Secretaría de Inteligencia del Estado durante la pasada dictadura militar. Un detallado informe de la periodista Victoria Ginzberg publicado ayer en Página/12 da cuenta de la noticia. Es sabido que quien se convierte en agente de inteligencia nunca deja de ser un "servicio", aunque dedique su vida pública a otras tareas, en este caso a construir una carrera política en el PJ bonaerense. En estos casos, los "agentes" mantienen los vínculos con la estructura clandestina, y actúan en coordinación con las operaciones sucias a las que se dedica el organismo. La información secreta que ahora se hace pública viene a confirmar los indicios que señalan a Álvarez como un engranaje imprescindible de la operación represiva que tuvo a otros jefes y agentes de la SIDE entre los principales ideólogos de la Masacre de Avellaneda. La noticia desmiente, además, a quienes desde el progresismo creyeron en los argumentos "legalistas" y "democráticos" que el monje blanco del duhaldismo construyó para lavar su imagen ante las fundadas sospechas que sobre él recaían tras los asesinatos de los jóvenes piqueteros. También puede traer consecuencias en la causa que investiga las responsabilidades políticas en la represión de aquel 26 de junio de 2002, que lo tiene como uno de los sospechados.

Aunque no tuvo su correlato en condenas judiciales, está probada la actuación de miembros de la SIDE en la Masacre de Avellaneda. El comisario Fanchiotti, condenado a prisión perpetua por los asesinatos, cruzó llamados desde su teléfono celular con la sede Bíllingurst del organismo de inteligencia la misma tarde en que cometió los crímenes. Durante las declaraciones testimoniales del jucio que apuntó a los autores materiales, al menos cuatro policías -entre ellos dos comisarios- reconocieron haber participado de una reunión con un agente de la SIDE en las cercanías del Puente Pueyrredón, donde se ultimaron los "detalles" de la represión que terminaría con dos muertos. El jefe del organismo, Carlos Soria, admitió en su testimonial que durante los días previos al 26 de junio, la SIDE elaboró un informe alertando sobre posibles escenarios de "caos, revolución y toma de poder" a partir de la desgrabación de la Asamblea Nacional de Trabajadores realizada en Villa Domínico el 22 de junio. En ese informe, que es parte de los archivos de inteligencia entregados para la causa, en su foja 3 se concluye que la represión a la movilización del 26 de junio "deberá ser un caso testigo para reafirmar la autoridad del Estado", preanunciando el hecho aleccionador. Oscar Rodríguez, segundo jefe en la Secretaría de Inteligencia, resultó el enlace con el comisario Fanchiotti, con quien había trabajado cuando éste era jefe policial en el mismo distrito donde Rodríguez era intendente. Ahora se sabe que el gabinete presidencial de Duhalde contaba con otro agente de la SIDE entre los máximos responsables de la planificación de lo que sucedió aquel 26 de junio en Avellaneda: el entonces secretario de Seguridad Juan José Álvarez.

"Juanjo" y la Masacre de Avellaneda
Cuando las denuncias tras los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki comenzaron a hacer foco en los responsables políticos de los crímenes, Álvarez buscó despegarse negando su rol como responsable máximo del operativo conjunto que desató la represión: "Los asesinatos ocurrieron en la estación de Avellaneda, bien lejos de la jurisdicción que yo controlaba, donde sólo intervinieron policías provinciales", repetía.

Pero la represión que se cobró las vidas de dos militantes populares y dejó más de 40 heridos con balas de plomo -según consta en el expediente judicial y en los archivos hospitalarios- no fue sólo perpetrada por la policía bonaerense, sino que fue fruto de un operativo conjunto que incluyó a las tres fuerzas federales (Prefectura, Gendarmería y Federal), y a la Bonaerense, bajo un mando común. El 7 de junio de 2002, tres semanas antes de los asesinatos, explicaba el propio Álvarez en diálogo con la prensa, según consignó un cable de la agencia DyN, que el gobierno "está decidido a impedir" las protestas que cortaran los accesos a la ciudad: "Cuando se le preguntó si el gobierno actuaría con mano dura para controlar los piquetes, Álvarez sostuvo que no se trata de "dureza o blandura, sino de una decisión política'. `A la ciudad no se la puede bloquear', insistió, y sostuvo que `habrá operativos conjuntos de las fuerzas de seguridad para hacer frente a este tema". En el Puente Uriburu, cerca del Puente Pueyrredón, donde también aquel día hubo protestas, la grabación de FM La Tribu registra claramente la voz del jefe de Prefectura diciendo: "Tengo órdenes de reprimir, en cinco minutos procedo", en referencia a las órdenes emanadas de la Secretaría de Seguridad.

Una de las informaciones más reveladoras, que involucra a gran parte del gabinete duhaldista y evidencia el rol clave de Álvarez en el armado político de la represión, la brindó la agencia Infosic el lunes 17 de junio: "El gobierno nacional, la justicia y las fuerzas de seguridad avanzaron hoy en las directivas que deberán acatar jueces, fiscales y efectivos uniformados para dispersar protestas como los piquetes que interrumpan el tránsito en vías estratégicas, informaron fuentes oficiales (...) En los encuentros se debatió cuál será la actitud de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal, y la cobertura a su acción que tendrá en la Justicia, a través de los jueces y los fiscales federales en las próximas acciones de piqueteros que preocupan al gobierno. Las conclusiones deberán estar acordadas antes del jueves (sic), cuando los grupos piqueteros preparan interrumpir el tránsito en los accesos estratégicos a la Capital".
Una semana antes del 26, mientras los espías de la SIDE ajustaban los informes "secretos", Juan José Álvarez complementaba la tarea desde el gabinete presidencial, definiendo con jueces y jefes policiales "la cobertura" que el accionar de las fuerzas represivas tendría en la justicia, que debería "acatar" las directivas del gobierno.

Luego de la masacre, el Poder Ejecutivo impulsó la teoría de un "conflicto entre piqueteros que se habían matado entre ellos". Álvarez declaró: "Hubo personas dentro de la manifestación que pedían el auxilio de las fuerzas policiales porque veían correr peligro su propia integridad’; "Se han visto agresiones con una honda, con escopetas, armas y bombas molotov"; "Como ha denunciado un chofer de colectivos, lo ha bajado del mismo personal que estaba con escopetas". Cualquier persona memoriosa recordará la imagen del comisario Fanchiotti, después de los asesinatos, diciendo cosas muy parecidas. Pero estas palabras, en forma textual, salieron de la boca del secretario de Seguridad Álvarez en conferencia de prensa en la Casa Rosada. Demás está aclarar que no se encontró arma de fuego alguna entre los manifestantes a pesar de las más de 160 detenciones, y ningún policía había sido herido. Sabiendo que era el responsable del operativo conjunto de las cuatro fuerzas represivas: ¿Qué informes manejaba Álvarez? ¿Elaborados por quién? ¿La coincidencia del discurso de Álvarez con los informes de la SIDE, fue mera casualidad, o parte de una estrategia concertada previamente, como señalaba aquel cable de la agencia Infosic? Como parte de la "comunidad de inteligencia" en la que se desenvuelven los "servicios", resulta verosímil conjeturar que Álvarez no sólo conocía los preparativos de la SIDE para el 26 de junio, sino que además, con la disposición del operativo conjunto y sus declaraciones a tono, era una pieza clave del engranaje represivo.

Verbitsky y su amigo garantista
Después del escándalo, posiblemente el periodista Horacio Verbitsky ya no insista con los argumentos que acostumbraba publicar en sus columnas dominicales, reivindicando a Álvarez como un especialista en seguridad "de mano blanda". El 9 de enero de 2005, defendiendo a quien cariñosamente suele llamar "Juanjo" ante los cuestionamientos que recibió al ser designado como encargado de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Verbitsky lamentó que los familiares de las víctimas señalaran al funcionario como "uno de los responsables políticos de aquel horrendo episodio", y llegó al colmo de agradecer al agente de inteligencia de la dictadura su actuación represiva durante la Masacre de Avellaneda, calificándola como un "beneficio a la sociedad’. Álvarez, siempre según la particular lectura del periodista, "intentó impedir la masacre", "demostró prudencia y respeto por la vida". La información publicada ayer -en el mismo diario desde el que Verbitsky solía defender a Álvarez- posiblemente facilite al periodista comprender la magnitud del error en el que incurrió al asumir como propia la versión de los hechos de quien trataba de esconder las decisiones represivas elaborando un discurso "garantista" en materia de seguridad (y que, ahora se sabe, fue formado en los servicios de inteligencia dictatoriales). Más grave aún resulta haber adoptado la defensa del funcionario en desmedro de los argumentos expuestos más arriba, que desde el principio fueron dados a conocer en el libro "Darío y Maxi, Dignidad Piquetera. El gobierno de Duhalde y la represión criminal del 26 de junio de 2002", elaborado por los compañeros de militancia de Darío y Maximiliano.

Un juicio pendiente
Más allá de que el escándalo seguramente le pueda costar su carrera política, Álvarez también puede verse perjudicado por esta denuncia en lo relacionado a la causa por los asesinatos de Avellaneda. El Tribunal Oral Nº7 de Lomas de Zamora, tras la sentencia que condenó a los policías a prisión perpetua, remitió a la Fiscalía Federal Nº10 -que tiene a su cargo la causa contra Duhalde, Álvarez y otros- las declaraciones de los ex funcionarios que dieron testimonio durante aquel proceso oral.

Desde entonces, el fiscal Miguel Angel Osorio solicitó a la Secretaría General de la Presidencia los números de las líneas telefónicas que tenían el ex presidente Duhalde y Juan José Alvarez, para cruzarlas con las de los policías que comandaron la represión, como se hizo con la SIDE y a partir de entonces aparecieron evidencias. También requirió al Ministerio del Interior "la composición exacta de la línea de mando de todas las fuerzas nacionales y provinciales" que estuvieron en el operativo del 26 de junio, centrando la atención en la Secretaría de Seguridad que comandaba Álvarez.

Durante el juicio que pasó, el duhaldismo logró -con su poder residual en Lomas de Zamora- impedir que Álvarez y otros fueran citados a declarar en la causa que terminó con una fuerte condena a los policías, aunque sin involucrar a los responsables políticos.

Pero Álvarez, a partir de ahora, difícilmente encuentre quien esté dispuesto a cubrirle las espaldas y preservarlo de una investigación que podría profundizarse, como ocurrió con la causa por los asesinatos del 20 de diciembre de 2001, por la cual el ex secretario de Seguridad delarruista Enrique Mathov pasó varios meses preso. Como está sucediendo con los juicios a represores y genocidas por los crímenes de la pasada dictadura, jueces y fiscales se ven más libres para actuar si se trata de personas despreciadas por la sociedad, y repudiadas incluso por quienes hasta no hace mucho podían ofrecer respaldo político para que las causas no avancen.

La movilización popular ha sido también motor de avances en esta causa. Desde el Frente Popular Darío Santillán, que integra a los MTD donde militaban los jóvenes asesinados, adelantaron que preparan una movilización en los próximos meses a los tribunales de Comodoro Py para exigir que se acelere y profundice la investigación sobre quienes decidieron, planificaron y dieron la orden que desató la Masacre de Avellaneda.

Información relacionada:

- Los responsables polítcos y autores intelectuales de la Masacre de Avellaneda

- Informe: lo más importante de casi ocho meses de juicio

- Página/12- El pasado secreto de Juan José Alvarez, por Victoria Ginzberg

 

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