Comunicado de Quebracho: A 5 años de la Masacre del puente Pueyrredón

Este 26 de junio se cumplen 5 años de la masacre del Puente Pueyrredón, donde fueran asesinados los compañeros de la CTD Aníbal Verón, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Muchos compañeros del MPR QUEBRACHO, fuimos protagonistas directos y decisivos de aquella jornada, y hoy a 5 años de la masacre estaremos presentes en las actividades que se realizarán en el Puente Pueyrredón y en la Estación Avellaneda, señalando a los culpables del fusilamiento de los compañeros, pero también señalando el encubrimiento de Kirchner, también culpable del hambre y la miseria de nuestro pueblo, de la muerte del maestro neuquino Carlos Fuentealba, de la represión de los luchadores, del saqueo de los recursos de los argentinos y de la cárcel de los compañeros de QUEBRACHO, Las Heras, los Campesinos Paraguayos y de la "Gallega".

Desde hoy lunes 25 estaremos en la estación Avellaneda con una Mesa con revistas y materiales. Por la tarde proyectaremos videos-documentales sobre los procesos de lucha de los pueblos latinoamericanos y de todo el mundo.

Mañana martes 26, a partir de las 11hs concentraremos, junto al resto de las organizaciones en la Estación Avellaneda para marchar al mediodía hasta el puente, detrás de la bandera de la CTD Aníbal Verón y de LIBERTAD A LOS PRESOS DE QUEBRACHO, junto al Espacio Patria o Muerte (MTR "Santucho", OLP, Martín Fierro, y Quebracho), el Movimiento Estudiantil Liberación, Fogoneros/MTR y la Corriente de Trabajadores 19 de Diciembre.

A continuación reproducimos el Documento conjunto firmado por todas las organizaciones convocantes.

A 5 Años de la masacre de avellaneda... ¡¡¡¡Darío y Maxi presentes!!!!!
Juicio y Castigo a los Responsables políticos y materiales del asesinato de Maxi y Darío
No a la impunidad, No al enKubrimiento
Juicio y Castigo a los responsables políticos y materiales del asesinato de Carlos Fuentealba
Por la aparición con vida de Julio Lopez
Libertad a todos los presos políticos y desprocesamiento a todos los luchadores populares

Hoy se cumplen cinco años de una de las represiones más brutales sufrida por el pueblo argentino bajo un gobierno constitucional conocida como Masacre de Avellaneda, que cobró las vidas de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala. Recordamos que por aquellos tiempos todavía retumbaban con fuerza los ecos del 19 y 20 de diciembre de 2001, que los sectores populares y en particular los trabajadores desocupados eran protagonistas principales en la lucha social. El 26 de junio de 2002 resultó uno de los momentos más álgidos en la lucha de clases provocando la salida anticipada del gobierno de Duhalde.

También recordamos y denunciamos el rol del imperialismo norteamericano que, a través del Fondo Monetario Internacional acicateaba al gobierno exigiendo "mayor control social" a cambio de una "reprogramación de la deuda".

Del mismo modo que no olvidamos a todo el establishment político, expresado en una reunión de gobernadores (peronistas y radicales) escandalizados por el continuo ingreso de sectores populares reclamando justicia social a la capital federal exigiendo al gobierno de Duhalde que "actuara".

Pero no sólo el imperialismo y los partidos patronales pidieron represión a las luchas en ascenso. La justicia dependiente del poder político también organizó la masacre a las ordenes del Ministro de Justicia Vanosi, persiguiendo a las organizaciones populares, montando una grosera maniobra de persecución y criminalización, levantando una causa contra las organizaciones en lucha acusándolas de "sedición y atentado a la democracia" .

Como en cada lucha desde entonces, estamos hoy aquí para exigir el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de aquellos crímenes. Este nuevo aniversario de aquella represión encargada desde el poder político nos encuentra, además, con el reclamo urgente por la aparición con vida del compañero Julio López, desaparecido por su compromiso en las causas contra los genocidas de la pasada dictadura; reclamando también el esclarecimiento de otra serie de secuestros e intimidaciones a militantes populares ocurridos en el último año con el fin de amedrentar a quienes sostenemos en alto las banderas de lucha ante un gobierno que no da respuesta a las demandas populares de trabajo, educación, salud, vigencia de los derechos humanos y defensa de los recursos naturales. Estamos a pocos días, además, de que se cumplan 3 meses del fusilamiento del trabajador de la educación Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén, por participar en la lucha por el salario que también tuvo como respuesta la represión y las intimidaciones en otras provincias como la de Salta o el feudo que controla el presidente Kirchner, en Santa Cruz. Hoy hay más de 5.000 luchadores procesados. Hoy están presos por razones políticas en las cárceles de Kirchner los compañeros Juan Pablo Bilbao, Darío Catrihuala, Ramón Cortez, Hugo Gonzalez, Franco Padilla y Alexis Perez de Las Heras, presos hace 1 año y 4 meses por las huelgas contra el impuesto al salario. Martín Lizzano, Joaquín Isasi, Raúl Lescano y Fernando Esteche, que fueron detenidos por hacer un escrache para repudiar el asesinato del compañero Fuentealba. Los campesinos paraguayos, Agustín Acosta, Roque Rodriguez, Basiliano Cardozo, Arístides Vera, Simeón Brodón y Gustavo Lezcano, que vinieron a nuestro país, escapando de una brutal represión para ser encarcelados aquí, así como la militante de HIJOS, Karina Germano Lopez.

Nos encuentra, este nuevo aniversario, denunciando la continuidad de las políticas represivas. Denunciando particularmente al Gobierno Nacional y la mayoría parlamentaria oficialista que acaban de aprobar en el Congreso Nacional la llamada "ley antiterrorista", exigida también por el imperialismo yanki, para instalar una verdadera persecución de Estado contra los movimientos de lucha de todo el mundo, que enfrentamos a este régimen de hambre, miseria y explotación.

Ninguno de estos hechos impunes puede darse sin el amparo, complicidad o directamente sin las órdenes del poder político. Por eso en este 5º aniversario de la Masacre de Avellaneda centramos el reclamo en la exigencia de Juicio y Castigo a quienes planificaron, dieron la orden y encubrieron los asesinatos de Darío y Maximiliano, y continuaremos la lucha hasta conseguirlo. Porque la impunidad genera más impunidad; quienes dieron las órdenes en la represión del Puente Pueyrredón hace 5 años ni siquiera fueron investigados por la justicia, algunos de ellos siguen hoy en el gobierno nacional o provincial y son alentados por esa impunidad a seguir ordenando represiones que cuestan la vida de trabajadores o que significan cárcel y persecución a los luchadores.

El gobernador neuquino Jorge Sobisch no sólo ordenó una represión criminal el pasado 4 de Abril a los docentes que reclamaban por su salario en las rutas, sino que se vanagloria públicamente de ello diciendo que lo volvería a hacer, porque sabe que la justicia encubre a los poderosos como sigue pasando con la falta de castigo a Atanasof, Álvarez, Soria, Rodríguez, Aníbal Fernández, Solá, Duhalde, autores ideológicos de los crímenes de Avellaneda. El gobierno nacional de Kirchner sostiene estas acciones de represión e intimidación, sea en forma directa como las acciones de la gendarmería en Santa Cruz, sea en su complicidad en el resguardo del aparato represivo en general. La decisión de Sobisch de ordenar la feroz represión a los trabajadores en Neuquén que le costó la vida a Carlos Fuentealba y la represión en Santa Cruz, donde las balas de plomo de la policía provincial causaron la amputación de tres dedos a un trabajador municipal, son parte de una política común de estado, que comparten los gobiernos patronales de distinto color político.

Con la fuerza de la lucha y la movilización constante, en el Puente Pueyrredón, en la Estación de Avellaneda (hoy Estación Darío y Maxi) y en los Tribunales de Lomas logramos que el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta tengan que pagar con condena perpetua y otros policías sean también condenados. En el juicio quedó demostrado que la represión tuvo directivas políticas, que fue monitoreada por la SIDE, que su jefe de entonces, Carlos Soria, reconoció que con las muertes el gobierno de Duhalde había buscado "frenar" un clima de creciente protesta y unidad popular. Sin embargo el fiscal se prestó a la escandalosa maniobra de eximir de prestar declaración a Duhalde, Álvarez y Solá.

La causa federal iniciada en el 2002 que investiga las principales responsabilidades políticas se encuentra literalmente cajoneada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo puesto a dedo por el propio Presidente Kirchner. La causa no se mueve por orden del Secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, quien todavía no ha respondido en la causa el informe solicitado por la fiscalía un año atrás en relación a los cruces de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades policiales y de seguridad antes, durante y posteriormente a la represión del 26 de junio del 2002.

A su vez, en la causa por la brutal represión sobre la Avenida Mitre, el Sargento Leiva quien cumple prisión preventiva - luego de estar prófugo durante muchos meses - quedaría libre gracias a un "juicio abreviado" sin testigos, ni declaraciones ni audiencia pública y oral, acordado por la fiscalía y la defensa del asesino. Esto fue ordenado por la Procuración General de la Nación a pocos días de la desaparición de Jorge Julio López, frente a una crisis política desatada por el accionar delictivo de los grupos de tarea de la bonaerense enquistados en el propio aparato del Estado, contra testigos de causas vinculadas a los crímenes de represores durante la última dictadura. Claro está, el sargento Leiva es parte del mismo aparato represivo que secuestró a Julio López y que hoy cuenta con el encubrimiento de Kirchner y Solá. También, al día de hoy, la causa por el allanamiento y la represión al local de la ex Izquierda Unida durante el 26 de junio del 2002, está "cajoneada".

Este manto de impunidad no sólo está garantizado por la Justicia; también tuvo como partícipe al actual presidente Néstor Kirchner, quien había prometido a los familiares y a los compañeros de militancia de las víctimas "investigar hasta las ultimas consecuencias sin importar quien caiga" a través de una comisión investigadora. Pero esa promesa exigía una condición: "si quieren una comisión abandonen las protestas (en particular el Puente Pueyrredón)". Ni los familiares, ni las organizaciones populares aceptamos ese condicionamiento, por lo tanto, la comisión nunca se hizo efectiva y el puente Pueyrredón terminó militarizado por orden de Kirchner

El encubrimiento impune va de la mano de la represión. El Gobierno de Kirchner necesita sostener - y lógicamente encubrir- un aparato represivo, el mismo que protagonizó la cacería del 26 de junio, como fuerza propia de choque contra los trabajadores en todo el país. Así, Kirchner y Aníbal Fernández no dudaron semanas atrás, al igual que ya lo hicieran el año pasado con los obreros de Metrovías en huelga o los petroleros de Santa Cruz, en reprimir ferozmente la ocupación de los obreros de Fargo, deteniendo dos delegados ni en enviar centenares de gendarmes contra la lucha de los trabajadores de Fate; es así como también este Gobierno no vaciló recientemente en reprimir con la infantería a los jóvenes trabajadores del Casino Flotante de la Ciudad de Buenos Aires ni en militarizar la provincia de Santa Cruz hasta el día de hoy, frente a la reciente y heroica rebelión docente y popular, utilizando además fuerzas de choque parapoliciales y patotas de la burocracia sindical contra los estudiantes y trabajadores.

En la lucha de nuestra joven y combativa clase obrera como la de los trabajadores del Casino, de Fate, de Terrabusi, de los call centers y Atento está la continuación de una generación que se levanta a luchar, como lo hicieron Darío y Maxi, contra las políticas de miseria salarial y precarización laboral impuestas por el Gobierno de Kirchner, y aplicadas gracias a la traición descarada de las dirigencias de la CGT y la CTA.

Debemos aprender de estas experiencias, porque está visto que la represión del estado no puede forzar a los trabajadores y el pueblo a abandonar sus reclamos. Que las patoteadas de los gobernadores títeres del poder económico son respondidas con nuevas capas de trabajadores que se lanzan a la lucha contra la injusticia.

LIBERTAD A LOS PRESOS DE QUEBRACHO
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS

MPR-QUEBRACHO
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