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28/01/2020 :: Argentina, Argentina

Hay que pasar el verano

x Mario Hernández
Panorama político y sindical

Inflación: la más alta en casi 30 años

En lo que significó la cifra más alta en 28 años, el macrismo rompió su propio récord y la inflación acumulada de 2019 bordeó el 54%. Se trata de la cifra más elevada desde 1991 y aún más alta que la del 2018, cuando Cambiemos parecía establecer un tope máximo con el 47,6%.

De acuerdo al último informe del Indec, el Índice de Precios al Consumidor arrojó una suba del 3,7% en diciembre, número que completó el balance anual. En términos interanuales, el incremento de precios fue del 53,8%, motivado por el arrastre de la megadevaluación.

En 1991, bajo la presidencia de Carlos Menem, la hiperinflación había elevado los precios en un 81%. Luego, en 2002, la devaluación generó una inflación del 40%, cifra que igualó el macrismo en 2016 y superó ampliamente en 2018 y en 2019. En comparación al mismo mes de 2018, el rubro salud se encareció 72,1%, comunicación un 63,9%, equipamiento y mantenimiento del hogar 63,7%, mientras que alimentos y bebidas creció 56,8%.

Una familia tipo necesita casi $39.000 para no ser pobre, según el INDEC

El costo de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo, que define el nivel de pobreza, fue de $ 38.960,3 en diciembre último, con un aumento del 52,8% interanual, informó el INDEC.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia, tuvo en el último mes del año pasado un costo de 15.584,14 pesos, y también registró la misma variación interanual de aumento del 52,8%.

Salarios: estudian ampliar las sumas fijas y diferir paritarias

El Gobierno comenzó a explorar la posibilidad de generalizar a todas las actividades y extender en el tiempo la política de aumentos salariales en sumas fijas en lugar del arranque formal de la ronda de paritarias de este año. Para el equipo de Alberto Fernández se trata de un mecanismo viable para contener la inflación y al mismo tiempo sostener el poder adquisitivo de los trabajadores más postergados. Hubo un primer sondeo entre los gremios docentes y la intención del oficialismo es intentarlo en las principales actividades del sector privado.

El horizonte ideal para el Ejecutivo sería universalizar las sumas fijas en cada paritaria y diferir el inicio de las discusiones por porcentaje hasta después de abril, para cuando los funcionarios tienen la expectativa de haber promovido una baja concreta en el ritmo inflacionario. La alternativa formó parte de las charlas que tuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con los dirigentes docentes Hugo Yasky (líder de la CTA de los Trabajadores), Roberto Baradel (Suteba) y   Eduardo López (UTE), y con los líderes estatales Andrés Rodríguez (UPCN) y Hugo “Cachorro” Godoy (ATE).

Un efecto inmediato sería el achatamiento de las escalas salariales al inyectar proporcionalmente más recursos a los trabajadores de menos ingresos.

Se trata, además, de una suerte de réplica sobre el sector privado de las previsiones que el Ejecutivo tiene para las jubilaciones con la suspensión de la movilidad implementada por Cambiemos y su reemplazo por subas por decreto, con mayor atención sobre los perceptores de los haberes mínimos. En ambos casos los perjudicados serían los de salarios más altos y los jubilados que perciben por encima de la mínima, que quedarían necesariamente postergados hasta la reanudación de las paritarias y la sanción de una nueva movilidad, respectivamente.

En las paritarias de cada año el primer segmento corresponde en general a sectores con salarios más bajos, como Comercio, Construcción (UOCRA) o metalúrgicos (UOM), donde la política de sumas fijas tiene más chances de ser bien recibida. En tanto que la medida correrá el riesgo de chocar contra la previsible oposición de los sindicatos mejor posicionados frente a la suba del costo de vida y con salarios nominalmente más altos que el promedio.

Para Baradel «no debería haber problemas» en la negociación paritaria docente

Luego de que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que las autoridades trabajan para convocar a los maestros, Baradel destacó que el contexto de la convocatoria será «diametralmente diferente» al experimentado durante la gestión de Mauricio Macri donde se anuló la paritaria nacional docente por decreto. «Si es un gobierno que escucha y da respuestas y busca consensos y no nos trata como enemigos, no tiene que haber conflicto», dijo Baradel. El titular de Suteba agregó que «el problema está cuando tratan de imponernos medidas en las que no estamos de acuerdo».

Baradel expresó además que la paritaria nacional docente tiene «mecanismos fijados» que son el «Fondo de Incentivo Docente que es una suma fija que reciben los docentes; y el Fondo de Compensación Salarial, que permite establecer un piso, y cuando las provincias no logran alcanzarlo, el gobierno nacional los tiene que asistir».

Por otra parte, consultado sobre la utilidad de la existencia de una cláusula gatillo -implementada por el gobierno anterior- Baradel explicó que se trata de una herramienta que apunta a «mantener el salario» y que se utiliza en «gobiernos donde se busca bajarlos».

Preocupa en ATE «la difícil situación de las provincias» ante la próxima paritaria

El secretario gremial nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Alejandro Garzón, alertó respecto de «la difícil situación por la que atraviesan las provincias ante el próximo inicio de las negociaciones paritarias» y sostuvo que «el gobierno de Mauricio Macri dilapidó la economía y dejó a los trabajadores en la línea de pobreza».

El dirigente nacional de los estatales sostuvo que el sindicato procurará que «ningún trabajador permanezca en esa situación» y reivindicó que la ATE haya logrado «derechos fundamentales», como los pases a planta permanente y los Convenios colectivos laborales. Sin embargo, afirmó que «el salario continúa siendo un tema pendiente, al igual que el logro de empleos de calidad y con derechos, arrancados en los últimos años».

A pedir de Fernández, Palazzo acordó una paritaria corta con suma fija

La Asociación Bancaria acordó con las Cámaras empresarias del sector un adelanto a cuenta de las paritarias que llegará a 10.500 pesos, según la categoría.  El modelo es el que impuso Alberto Fernández por DNU y el que piensa el Ejecutivo como modelo hasta superar la situación de emergencia.

Además cerró 2019 con un aumento retroactivo al primero de diciembre de 2019 del 3,8% sobre los salarios de diciembre del año anterior, «alcanzando un incremento del 53,8% para la paritaria 2019», indicó el gremio en un comunicado.

Por otro lado, las subas van desde los 4.500 pesos para quienes cobran hasta 73.764 pesos, mientras que la cifra asciende a 10.500 pesos para aquellos que se encuentran en la categoría más elevada y perciben desde 114.658 pesos. El gremio puntualizó que el salario conformado inicial vigente ascenderá a 62.340 pesos más 2.873,77 pesos por participación en las ganancias del sistema financiero, lo que llevaría a un total de 65.214.17 pesos. En tanto, las partes acordaron reanudar las negociaciones durante la segunda quincena de marzo de 2020.

Los choferes de la UTA cobrarán el aumento solidario de 4.000 pesos

Según informó el gremio que comanda Roberto Fernández, los choferes lograron incrementos salariales del orden del 42 % desde abril hasta diciembre de 2019. De acuerdo con una tabla salarial suministrada por el gremio, el salario básico convencional pasó de 41.000 pesos en abril a 48.501 pesos en diciembre, en el marco de la paritaria que comenzó en abril 2019 y finaliza en marzo de 2020.

Los conductores también recibieron -salvo en el mes de noviembre- sumas no remunerativas que alcanzaron un total de 21.000 pesos, para compensar el desfasaje inflacionario. Ahora, los choferes de corta y media distancia nucleados en la UTA, percibirán 3.000 pesos en enero y otros 1.000 en febrero, a cuenta de futuros aumentos, mientras continúan las negociaciones para cerrar el último tramo de la paritaria con las Cámaras empresarias.

Fracasó la paritaria camionera

Fracasó la segunda audiencia de la paritaria camionera en el Ministerio de Trabajo, donde la cámara empresaria Fadeacc rechazó nuevamente el pedido que realizó la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros que reclama un incremento salarial del 33% de paritarias para el primer semestre 2020.

El gremio intenta nivelar los salarios para que los trabajadores no pierdan contra la inflación, además de tener en cuenta la pérdida del poder adquisitivo que habían sufrido a lo largo de todo el 2019.

Según explicaron en un comunicado de prensa, «este porcentaje del 33%, de enero a junio, intenta otorgar al trabajador lo que se merece, quien tuvo como consecuencia un aumento en el costo de vida que perjudicó a toda la familia».

«Lamentablemente la Cámara Empresarial continúa dándole la espalda a los trabajadores, no teniendo en cuenta que fueron los más perjudicados durante la nefasta gestión de Macri y que hoy siguen sufriendo los coletazos de tan mala administración,  de la cual Fadeacc fue cómplice y beneficiaria del modelo de derecha y recesión», dispararon los Moyano.

Y advirtieron que  «el rechazo empresarial de dignidad para los trabajadores sigue demostrando la insensibilidad de los empresarios, pero ante esta situación desmedida y falta de respeto, el gremio de Camioneros tomará todas las medidas que sean necesarias para cuidar cada derecho, el salario y la vida digna de los que ponen el hombro para poner nuevamente de pie a nuestro país».

Se trata del primer round salarial caliente que enfrenta la gestión de Alberto Fernández  y que pone de manifiesto la tensión salarial que todavía se vive en el mercado de trabajo, a pesar de los aumentos por decreto que dispuso el Ejecutivo.

Al mismo momento que fracasaba la negociación salarial de la actividad, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) aceptó pagar el bono de 20.000 pesos que reclamaban los camioneros.

La Cámara empresaria se sumó a lo ya rubricado con las cámaras Faetyl como Catac, y aseguraron que todos los trabajadores de la actividad perciban el beneficio. Para completar los 20.000 pesos de bono de fin de año serán absorbidos los 5.000 pesos del bono que decretó el gobierno de Mauricio Macri, luego de la derrota de las PASO 2019.

ATE Capital le reclama a Larreta el pago de la cláusula gatillo

El gremio que nuclea a los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, ATE Capital, le pidió al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que abone la cláusula gatillo que estaba pautada tras un 2019 que fue «adverso para los y las empleadas en general».

Por eso, piden que este mes de enero se abone la Cláusula Gatillo 2019, que ya estaba pautada. Por otro lado, ATE reclamó que se conforme la Comisión Negociadora Central para discutir las Paritarias 2020 y no dejó pasar la situación de cientos de monotributistas que trabajan para el gobierno porteño, que «no han recibido bono de ningún tipo y a quienes se les incrementó en un 50% su impuesto. Esta modalidad fraudulenta debe ser erradicada y nunca puede ser variable de ajuste o persecución».

Por último, el colectivo gremial exigió «una recomposición salarial urgente y pase a planta del personal contratado, el derecho a la carrera efectivo en escalafón general y de salud y la actualización de asignaciones familiares».

El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) informó que el 8 de febrero próximo los docentes del distrito percibirán una mejora adicional sobre lo que cobrarán en enero por «recomposición salarial 2019», por lo que un maestro de jornada simple recibirá 29.006 pesos y, uno de jornada completa, 58.012 pesos. «De esa forma, el gobierno de la Ciudad cumplirá el compromiso de aplicación de la cláusula de actualización del acuerdo salarial docente de 2019», expresó esa cartera.

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) rechazaron el incremento automático y volvieron a reclamar la «inmediata» convocatoria a paritarias en la Ciudad, tras conocer la mayor cifra de inflación en casi tres décadas.

La organización social Barrios de Pie realizó el pasado martes una protesta en el centro porteño en reclamo del «cumplimiento de compromisos asumidos» por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre asistencia a comedores que administra en diferentes barrios.

Vendedores y vendedoras ambulantes de Ciudad de Buenos Aires realizaron una movilización pacífica con olla popular en Plaza Miserere para exigir el cese de la violencia y represión policiales.

La movilización surgió a razón de la hospitalización de una compañera embarazada de seis meses que fue golpeada la semana pasada por efectivos policiales. Ante la demanda de liberación, otro compañero obtuvo como respuesta un ataque con gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad. Otras dos vendedoras sufrieron también decomisos ilegales sin protocolo ni actas de ningún tipo en la misma semana.

Los trabajadores y trabajadoras de la vía pública luchan día a día por llevar un plato de comida a sus familias y exigen el cese del hostigamiento porque trabajar no es delito.

Chubut: Arcioni anunció un congelamiento de salarios por 6 meses. “Si hay 180 días de salarios congelados, habrá 180 días de paro”, respondieron los trabajadores

El Gobierno de Chubut anunció un paquete de medidas de ajuste a través del ministro de Economía, Oscar Antonena. Les trabajadores chubutenses vienen enfrentando el pago escalonado de salarios, el vaciamiento estructural de los presupuestos (como lo refleja la situación en salud, educación, obras públicas, etc.), el incumplimiento del Gobierno de las cláusulas gatillo y otros convenios, el medio aguinaldo de diciembre que fue abonado a mediados de enero, el salario de diciembre que aún no fue pagado, y una deuda pública que estrangula las cuentas provinciales y que es pagada por las y los trabajadores. Mientras que la inflación interanual nacional es de 53,8 % (que en Patagonia es sensiblemente mayor) ahora se suman nuevos ataques por parte del gobierno provincial.

El ministro de Economía, Oscar Antonena, presentó el plan de “Reforma estructural del Estado” o “Programa de reestructuración del Estado”.

En términos generales, se trata de un plan de ajuste que golpea nuevamente al sector estatal chubutense. Este plan fue solicitado semanas atrás por Alberto Fernández, del Frente de Todxs, en el marco del adelantamiento de fondos para afrontar el pago de los aguinaldos. En la rueda de prensa el ministro estuvo acompañado por José Grazzini (ministro de Gobierno), Oscar Relly (Secretario General) y Andrés Meizner (ministro de Educación).

Antonena comenzó diciendo que “este tiempo en la historia de nuestra provincia nos encuentra en una situación aguda en las finanzas que obliga a plantear una reestructuración”, para luego dar un diagnóstico de la situación provincial según el cual “el déficit estimado para el ejercicio 2020 asciende a unos 22.000 millones […] e implica un 40 % de los ingresos totales de la provincia”. Esto sin contar otros ítems como actualización de los salarios y cláusula gatillo, las deudas con prestadores (SEROS, TICADEP, YPF, CAMEESA y otros proveedores) ascendería a 36 mil millones.

Luego ahondó en un claro mensaje: “Si la provincia lograra diferir todas las obligaciones por pago por servicios de deuda, bonos, letras y anticipos del Banco del Chubut mantendría un déficit de unos 13.000 millones. En este escenario, el gasto en salarios y jubilaciones propios del ejercicio, seguiría en niveles insostenibles [...] la provincia de Chubut enfrenta un problema estructural tan extremo, en términos de su masa salarial, que ya no solo le impide funcionar normalmente e invertir en infraestructura sino que le impide seguir endeudándose para pagar el salario y las jubilaciones, aun manteniéndolos sin ajustar durante todo 2020 y logrando despejar todos los pagos de deuda durante el ejercicio”. Para rematar dijo que “cabe aclarar que lo anterior ha puesto en estado crítico la solvencia inter temporal de la provincia y no exactamente por un monto alto de la deuda”.

El plan de ajuste se completa con un fuerte ataque a los jubilados (mediante retiros voluntarios, entre otras), el congelamiento de los salarios por 180 días, la anulación de la cláusula gatillo, la no apertura de paritarias y tarifazos. Además se hizo mención a la “reducción de la planta política” entre un 15 y 20 % con lo cual el gobierno de Arcioni prepara el camino para los despidos.

El repudio a la reforma no se hizo esperar. La Mesa de Unidad Sindical en un comunicado expresó que “los trabajadores de Chubut llevamos más de dos años discutiendo, peleando y reclamando el cumplimiento de los acuerdos paritarios que van desde lo salarial hasta condiciones dignas de trabajo” y que “los trabajadores no vamos a pagar el ajuste, ni la corrupción”. No obstante, en el mismo no se especificó medida de lucha alguna.

En una asamblea en Puerto Madryn, trabajadores de la salud (nucleados en ATE) declararon que “si hay 180 días de salarios congelados, habrá 180 días de paro” y se anunciaron medidas para esta semana. Guillermo Quiroga (dirigente de ATE) comentó que “si no se cumple con la cláusula gatillo con los auxiliares de la educación las clases no empiezan”.

Durante las primeras horas de la mañana del jueves 23, trabajadores, trabajadoras, jubilados y activos, de distintos sectores estatales de Esquel se movilizaron a la Portada de acceso vehicular de la ciudad para repartir folletos explicativos a los turistas y locales de la región.

Los sectores movilizados fueron Bosques y Parque de la provincia, Educación, Salud y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. “Todos estamos en medida de fuerza porque no estamos recibiendo nuestro salario. Durante el año pasado no hemos recibido nuestro sueldo en tiempo y forma, nos están debiendo las paritarias de marzo del año pasado. Entonces, estamos en pie de lucha. Sabemos que hoy se iba a hacer una reunión de Legislatura para aprobar un proyecto que durante seis meses pretende palear la crisis económica con nuestro salario. Siempre sobre el trabajador”, declaró una trabajadora docente, al costado de la ruta.

Finalmente, la sesión extraordinaria de diputados provinciales que se iba a realizar el viernes se postergó para el miércoles 29 de enero, debido al paro por tiempo indeterminado que vienen llevando adelante los trabajadores del Poder Legislativo, porque tampoco percibieron su sueldo de diciembre.

Manzur bajó la cláusula gatillo por decreto

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que se declare la inconstitucionalidad del decreto firmado por el gobernador, Juan Manzur, que suspende el pago de la cláusula gatillo. En paralelo,  el gremio presentará una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del decreto, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo .

Además, ATE pretende que se declare la nulidad del artículo segundo del instrumento, que redujo en un 50% el monto total de los adicionales que perciben los trabajadores públicos como extensiones horarias, horas extras y libre disponibilidad, por ejemplo.

En marzo, el Gobierno provincial pactó por tercer año consecutivo las paritarias con los estatales que incluyen la cláusula gatillo, para que la suba sea igualada a la inflación anual. Sin embargo, a principios de enero, luego de pedir un préstamo por 3.000 millones de pesos para pagar haberes, Manzur suspendió por decreto la última cuota, una suba del 12% para los estatales. Esta medida, que le permitirá ahorrar 800 millones de pesos a la Provincia, forma parte de un paquete de medidas de ajuste, incluyendo la reducción de viáticos, entre otras.

En línea con el Gobierno nacional, también Perotti pretende eliminar la cláusula gatillo

A través de funcionarios el gobierno provincial adelantó que pretende eliminar la cláusula gatillo y reemplazarla por sumas fijas. Estas declaraciones están en línea con lo anunciado a nivel nacional por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien rechazó el mecanismo de la cláusula gatillo.

A este panorama se suman el anuncio de que el aumento del 4,1 % que cobrarán estatales el próximo mes, producto de la inflación de noviembre, es a cuenta de la futura paritaria. Esto fue rechazado por Amsafe Rosario (docentes) como una trampa inaceptable: "Quieren hacer pasar una suma de 4,1% a cuenta de la discusión salarial 2020 cuando en realidad corresponde a la paritaria anterior y la ejecución de la cláusula gatillo de noviembre. Además, adeudan el 3,8 % de diciembre a pagar con el mes de febrero. Encima, quieren usar de rehenes a miles y miles de trabajadores y trabajadoras docentes y estatales para conseguir el voto favorable a la emergencia económica para que Perotti tenga súper poderes. Es inaceptable".

Alertan por «despidos encubiertos» en SanCor

Después de varios años de profunda crisis financiera, en los que la empresa láctea SanCor cerró y vendió varias plantas, finalmente la firma pasará a manos de Adecoagro y dejará de ser una cooperativa. Sus trabajadores denuncian “despidos encubiertos” en la transición, por la vía de los “retiros voluntarios”.

Los trabajadores denuncian que la empresa después de suspensiones y atrasos en los pagos, «blanqueó que quiere echarlos vía retiros voluntarios, o sea, despidos encubiertos», que se realizarían pagando el 50% de las indemnizaciones correspondientes en 6 cuotas, por lo que exigen una participación activa de Atilra para lograr frenar esta dinámica.

Córdoba: trabajadores de Molinos Minetti frenan el desalojo

La empresa está tomada en forma pacífica por los trabajadores y la Comisión de Mujeres en reclamo por sus puestos de trabajo y salarios adeudados. La resistencia de los trabajadores dentro de la fábrica y el acompañamiento de organizaciones y vecinos afuera, lograron evitar que se efectivice la orden de desalojo y se pasó a una mesa de negociación.

150 familias quedaron en la calle en noviembre pasado luego de que la empresa presentara un fraudulento preventivo de crisis. Los trabajadores ya venían entonces denunciando que la maniobra de la empresa era cerrar para reabrir luego con salarios a la baja. Los trabajadores exigen: desestimación de los despidos ilegales, reincorporación de todos los trabajadores sosteniendo los puestos de trabajo, pago de la deuda salarial y reactivación del molino.

General Motors cerrará la planta de Alvear durante febrero y suspenderá a todos sus operarios

General Motors resolvió que su planta santafecina de Alvear permanecerá cerrará durante todo febrero. Por esa decisión los trabajadores cobrarán el 70% de su sueldo. Marcelo Barros, titular del gremio Smata Rosario, explicó que es exclusivamente para «adecuar las líneas para el nuevo vehículo que se va a hacer ahí» a partir de marzo, cuando esperan reiniciar la producción.

Cabe recordar que en el mes de diciembre la planta también paralizó sus operaciones adelantando las vacaciones del personal. Luego retomó la actividad con el cronograma de suspensiones rotativas vigentes en virtud de un acuerdo logrado a fines del año pasado. Barros adelantó que a mediados de febrero el gremio volverá a reunirse con representantes de la empresa para evaluar cómo será el retorno de la actividad a partir de marzo.

La planta cordobesa de Bagley paralizó su producción

La resolución de la empresa productora de galletitas (entre otras, de marcas como Mellizas, Rumba y Maná) afecta a unos 370 trabajadores que cumplen sus tareas en la planta de la ciudad de Córdoba. La sede local del Sindicato de la Alimentación (STIA) confirmó que luego del anuncio de la empresa se logró negociar el mantenimiento de todos los puestos laborales y que los trabajadores suspendidos perciban durante las dos semanas de suspensión productiva el 75% de sus salarios en bruto y con carácter de no remunerativo (por lo que la suma final sería similar al sueldo habitual).

En la actualidad Bagley, propiedad de Danone y Arcor, posee ocho plantas en el país. En el mes de noviembre del año pasado, los trabajadores de las sedes de Córdoba y San Luis habían sido forzados a adelantar sus vacaciones, también por la caída de las ventas en el mercado interno y la situación de sobre stock.

«Hemos frenado 3.000 despidos que tenían en carpeta»

Se llegó a un acuerdo con las empresas petroleras y «se dejaron sin efecto» los despidos de 600 personas.  «Producto de la crisis energética generada durante el año 2019, los empresarios dijeron que tenían en carpeta 3.000 despidos y eso es lo que hemos frenado» , afirmó Guillermo Pereyra, secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado.

Aunque en el acta, se da marcha atrás con los alrededor de 600 despidos, no hay ninguna mención a las más de 1.200 suspensiones. Las empresas “hacen expresa reserva de derechos, y supeditan el mantenimiento de la decisión a los resultados de la mesa de diálogo”.

La nueva “Mesa Vaca Muerta”, emulando la que se creó bajo la gestión macrista, se reunirá la semana próxima. Participarán, además, la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE), y los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Omar Gutiérrez y Arabela Carreras.

En ella, las empresas insistirán en su “programa”: aumentos en los precios, bajas en las retenciones a las exportaciones, libre disponibilidad de divisas y repatriación de dividendos y más beneficios impositivos, a lo que en la última reunión habrían sumado la reducción de los aportes patronales a la seguridad social.

La semana pasada, Alberto Fernández les aseguró que en febrero enviarán al Congreso el Proyecto de nueva Ley de hidrocarburos, denominada de “blindaje” de Vaca Muerta. En esa ley, trabaja el neoliberal Guillermo Nielsen, actual presidente de YPF S.A.

Cabe recordar que la salida a la crisis de 2016-7, en la que también las empresas realizaron despidos masivos, incluyó la flexibilización de las condiciones de trabajo en el no-convencional con la adenda al Convenio petrolero, a costa de la vida y la salud de los trabajadores. 2017 también fue el año de la Resolución 46, con la que aumentaron los subsidios al gas, beneficiando extraordinariamente a empresas como Tecpetrol, que luego explicaron gran parte del aumento de la producción. Mientras las empresas aducen crisis, diciembre marcó un nuevo récord en la producción petrolera de Neuquén, motorizado por Vaca Muerta.

Reincorporan a trabajadores de Siderca pero les imponen nuevas suspensiones

Los despedidos serían reincorporados bajo suspensiones, así como el resto de los operarios de la planta, ya que en estas semanas se realizan las paradas de reparación de las líneas de producción. El conflicto comenzó a mediados de diciembre por las negociaciones por una nueva acta de suspensiones para este año. La propuesta de la empresa comprendía la suspensión de los operarios con el 75 % del salario (55 % al bolsillo) y el despido de 300 trabajadores de planta y 100 trabajadores de contratistas tercerizadas.

En la planta trabajan más de 4.000 operarios; 1.000 lo hacen por empresas contratistas tercerizadas (la mayoría bajo convenio de la UOCRA y UOM) y unos 500 bajo contrato de Siderca de plazo fijo, con renovaciones mensuales con duración hasta de 5 años para la "posterior" efectivización.

El plan de la empresa comenzó el lunes 6 de enero con 191 trabajadores despedidos, en su mayoría jóvenes contratados. La UOM siguió llamando a la paz social por dos días hasta lograr la conciliación obligatoria. En los galpones, durante esas 48 horas, los trabajadores se negaban a cubrir los puestos de sus compañeros generando paradas en las máquinas pese a que el sindicato no daba respuestas y a los aprietes de las jefaturas de los sectores.

Al dictarse la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la empresa se negó a acatarla no dejando ingresar a los trabajadores. Al llegar los trabajadores despedidos a la portería, junto a varios compañeros que los acompañaron junto a representantes de la UOM y de la Secretaría de Trabajo de Campana, no pudieron ingresar a la planta, violando de esta manera el dictado del Ministerio.

La decisión de la empresa provocó el enojo no solo de los trabajadores de toda la planta sino de las familias de Campana y Zárate que, en las redes, en la calle y en las reuniones sociales y familiares repudiaron el accionar de Paolo Rocca.

El 17 de enero la Comisión Directiva llamó a un Congreso de delegados dentro de la planta. Allí se comunicó la prórroga del acta hasta el 8 de febrero decidida solamente por la Directiva del sindicato. De esta manera se da continuidad a la política que viene tomando la UOM hace 5 años de garantizar suspensiones como forma de contratación y flexibilización en los hechos sin que la empresa deba demostrar crisis alguna.

Despedidos del Hospital Posadas: sabor a poco

Una delegación de despedidos del Hospital Posadas, junto a los gremios STS y Cicop, se presentaron para ser atendidos por las autoridades. Ante la presencia del ministro de Salud, Ginés González García, los despedidos se manifestaron reclamando por su inmediata reincorporación. Posteriormente, las autoridades los citaron para iniciar las negociaciones.

Al finalizar la reunión, la delegación de despedidos, junto a la Cicop y STS, que se reunió con el Director informó que: en primer lugar no aseguraron la reincorporación de todos los despedidos que quieren volver a trabajar. Incluso, a pesar de haber presentado el listado de despedidos en diversas instancias (incluso ministeriales), las nuevas autoridades pidieron que se lo acerquen nuevamente. También recibirán y se reunirán, el día martes de la semana que viene, con los gremios ATE Morón y UPCN quienes presentarán sus propios listados.

De haber reincorporaciones las autoridades aseguraron que ingresarían con el mismo sueldo, pero no confirmó que se respete la antigüedad de los trabajadores. La modalidad de contratación sería más precaria de la que tenían al momento de ser despedidos. O sea, regiría el contrato 48 que es el mayoritario en el Hospital. También informaron que realizarían reincorporaciones de quienes fueron injustamente despedidos y de acuerdo a las necesidades del Hospital. En principio, para el día lunes citaron al sector de Enfermería para una reunión especial. También aseguraron que los listados de la Comisión de despedidos, junto a la de Cicop y STS por un lado, y por el otro del sector de ATE Morón y UPCN, serán elevados al Ministerio de Salud.

Las autoridades, al finalizar la reunión, no se comprometieron a una nueva fecha de negociación donde sean atendidos los despedidos, junto a los gremios STS y Cicop. El viernes se realizó una asamblea abierta de Cicop para evaluar las novedades y los pasos a seguir.

#Inti Luchar vale la pena

Más de cien trabajadorxs técnicos, auxiliares y científicos despedidos durante la gestión de Mauricio Macri del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se reincorporaron luego de dos años de lucha para sostener sus fuentes laborales. Lxs empleadxs consideraron a este día como una jornada histórica y acusaron a las autoridades anteriores del organismo como “autores de unos de los golpes más cruentos al sistema científico-productivo del país”, luego de ejecutar el despido masivo de 258 trabajadorxs con muchos años en la institución. Para celebrar la reincorporación masiva, la conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó un acto en la sede del INTI. Afirmaron que «se trata de un logro relacionado con la lucha y el aguante durante cuatro años, en los que se opuso resistencia total a las amenazas y la persecución gremial que caracterizaron la gestión macrista».

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