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16/12/2018 :: Argentina, Argentina

Macri-Macrón

x Mario Hernández
Panorama político y sindical

"Los mercados" a los que siempre presta atención Mauricio Macri, tardaron pocas jornadas en darle la espalda a sus fantasías acuñadas al calor de la Cumbre del G20. Casi del mismo modo que los "chalecos amarillos" franceses desnudaron lo que había tras la imagen atildada y sonriente de su presidente, Emmanuel Macron, a quien Macri intenta parecerse.
El galo, apenas un mes antes, había reunido a más de 70 jefes de Estado en el "Centenario del Armisticio de la Primera Guerra Mundial", muchos más que los 20 de Costa Salguero, y hoy está contra las cuerdas, "odiado, acosado, mudo", según los analistas europeos que miran incrédulos cómo los que manifiestan, y los que no lo hacen, piden la renuncia del ex empleado y asociado de la banca Rothschild a quien habían votado con entusiasmo.
Solo 48 horas después del despegue del último de los aviones que devolvió a jefas y jefes de Estado a sus países, el "riesgo país" argentino voló hasta las nubes, la Unión Europea planteó su interés en reimponer aranceles al biodiesel, las acciones de las empresas con fondos en Argentina perdieron valor, el dólar reinició su trepada hacia los $ 40. Las mieles de las jornadas que agotaron al mandatario y lo mandaron hacia su enésima vacación en tres años de gobierno, resultaron ser de fantasía.

Las últimas cifras de la gestión macrista

El Indec informó este jueves que la inflación registrada en el mes de noviembre alcanzó al 3.2 %. Con ese dato, el acumulado para 2018 alcanza al 43.9 %. En comparación con noviembre de 2017, la suba de Indice de Precios al Consumidor (IPC) alcanza el 48,5 %. Según el Instituto de Trabajo y Economía (ITE), el consumo cayó 9,6% en noviembre, aplastado por la caída de los salarios reales y la suba de tasas. Es el nivel más bajo desde 2009.
Es la sexta medición consecutiva con resultado negativo: la última suba había sido en mayo. Para encontrar otra víspera de fiestas con tan poca actividad hay que remontarse a noviembre de 2009, en plena crisis internacional por la caída de Bancos en Europa y Estados Unidos.
Uno de los datos principales que tuvo en cuenta el estudio fue la caída en las ventas del sector minorista durante noviembre. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) la estimó en 15,6% frente a igual mes del año pasado, con topes de 23,5% en mueblerías y 21,8% en el rubro de electrodomésticos y artículos electrónicos. Según la entidad, cinco de cada seis negocios reportaron una reducción en la cantidad de unidades vendidas. "Ni siquiera con promociones y cuotas se logró despertar el ánimo de consumo de la gente, que se mantuvo extremadamente cauta. Incide el elevado stock de deudas que acumulan las familias con las tarjetas de crédito y las subas de intereses, que están provocando un fuerte desplazamiento de masa de dinero que debería ir a consumo hacia el sistema financiero", señalaron desde CAME.
De la mano con un nivel de actividad sectorial deprimido, la utilización de la capacidad instalada en la industria tuvo el peor octubre desde la post convertibilidad, hacia fines de 2002. Los datos publicados el martes por el Indec mostraron que en octubre las industrias usaron apenas 64,8% de sus instalaciones.
El director de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) afirmó: "En nuestro sector hay fábricas funcionando al 45%. Hace poco estuve en una fábrica de Cañada de Gómez que de 5 líneas de producción sólo está usando dos. Este dato muestra que algunas fábricas están usando menos de la mitad de los fierros que tienen y por ende no van a hacer nuevas inversiones. ¿Quién va a invertir dinero si ya sabe que ni siquiera está usando lo que tiene?"
Como los madereros, los sectores de la metalmecánica, la automotriz y la textil estuvieron por debajo del promedio de 64,8%. La metalmecánica se vio golpeada por el frenazo en la obra pública y el bajón de consumo de bienes durables. La automotriz, con una caída interanual de 50% en sus ventas a concesionarios locales, utilizó apenas el 45,9% de su capacidad. Al respecto, el titular del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Ricardo Pignanelli, reveló que "en los próximos meses se van a perder 15.000 puestos de trabajo en el sector automotriz". La textil, uno de los sectores más golpeados por la merma del consumo desde el 2016 hasta acá, apenas utilizó el 47,4% de la capacidad instalada.
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en el marco de un brindis que compartió junto a Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich hicieron un repaso de sus gestiones en este fin de año con periodistas y de paso dejaron trascender el porcentaje promedio estimado para las paritarias 2019: 23%.
La pauta inflacionaria esperada por el Gobierno de acuerdo a sus proyecciones en el Presupuesto de este año es de 23%. Ese es el nivel de paritarias deseable para el Poder Ejecutivo en 2019, más allá de que este año el sueldo sufrirá la pérdida del poder de compra más alto desde 2002.
El Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma dio a conocer su informe correspondiente al III Trimestre del 2018 con datos sobre conflictos laborales, negociación colectiva y mercado de trabajo. Entre los datos más interesantes se destaca la caída del salario real, que en el mes de septiembre se ubicó entre el 11% y el 12,5% para los trabajadores del sector privado y público respectivamente, una destrucción de empleo en el sector privado, y la profundización de una fase de deterioro del empleo en la industria manufacturera que ya lleva tres años ininterrumpidos. La siguiente es una síntesis de los aspectos relevantes del informe realizado por la agencia ACTA

Conflictividad laboral

En el tercer trimestre de 2018 la cantidad de conflictos laborales creció un 12% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este comportamiento se explica por un crecimiento de los conflictos en el sector privado (18%), en el sector informal y con la participación de trabajadores de más de un sector (en ambos casos se duplican respecto del tercer trimestre de 2017). Este aumento permitió mostrar un incremento de la conflictividad aún a pesar de una caída en el sector público (-14%).
A lo largo del 2018 el crecimiento más significativo de los conflictos laborales se dio en el sector informal y en los reclamos con participación de varios sectores. En ambos casos ya representan casi el 10% del total de los conflictos, lo que representa una participación creciente respecto de los años anteriores.
En el sector público si bien se registró una caída en la cantidad de conflictos, ello se dio a la par de un incremento de las acciones (34%). Ello implica una mayor intensidad de cada uno de los conflictos llevados adelante por los trabajadores del sector. Tanto en el sector público como en el sector privado la dinámica de los conflictos sigue estando vinculada a situaciones de crisis económica: el 50% de los conflictos se originaron en despidos, suspensiones o reclamos por deudas salariales.

Negociación colectiva

La cantidad de convenios y acuerdos colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación se ha mantenido relativamente estable durante el año 2018 en comparación con un año atrás. De esta manera, se ha convalidado el fuerte retroceso con relación a los años previos. En comparación con 2016 la caída de las homologaciones se encuentra en torno al 40%.
La negociación colectiva durante los primeros meses de 2018 estuvo centrada en la revisión de los acuerdos salariales del año 2017. Los primeros acuerdos establecieron incrementos en torno al 15%, mientras que en una segunda tanda los aumentos llegaron al 25%. En todos los casos resultaron insuficientes frente a la evolución de la inflación, situación que originó sucesivas revisiones que aún hoy no han concluido. En muchos casos los acuerdos salariales culminaron estableciendo incrementos superiores al 40% anual, aunque ello no impidió un deterioro de la masa salarial percibida a lo largo del año, en tanto dichos aumentos se harán efectivos con un rezago significativo.
Mercado de trabajo
El salario real de los trabajadores registrados del sector privado experimentó en el tercer trimestre de 2018 una caída interanual del 8,6%, mientras que en el sector público la caída fue del 10,1%. Estas variaciones fueron aún más importantes en el mes de septiembre, cuando llegaron al 10,9% y 12,5% respectivamente de caída.
En el mes de septiembre (últimos datos oficiales disponibles) el empleo registrado en el sector privado profundizó la caída iniciada en abril de este año. En seis meses la cantidad de trabajadores cayó un 2,15% (136.239 trabajadores menos) y no existen señales que permitan una reversión de este proceso en el corto plazo.
En el caso de la industria manufacturera la caída del empleo ya acumula tres años ininterrumpidos y desde septiembre de 2015 se perdieron 107.933 puestos de trabajo (un 8,6%). Lejos de encontrar un piso en esta caída, la información oficial disponible muestra que el ritmo de destrucción de puestos de trabajo en la industria se aceleró este año, incluso por sobre los niveles de 2016. Adicionalmente, ningún otro sector de la actividad económica muestra un mínimo dinamismo tendiente a compensar la caída del empleo en la industria.

De pobreza 0 al mayor nivel de la década

Según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) en el país hay 13.600.000 personas pobres, lo que significa un crecimiento de casi 2,2 millones con relación a un año atrás. El informe del Observatorio de Deuda Social de la UCA correspondiente al tercer trimestre, arrojó que los indigentes suman 2.470.000, lo que significa un aumento de 161.500 argentinos en ese sector social. El índice de pobreza afecta al 33,6% de la población argentina, y es el índice más alto en una década. Esto significa que uno de cada cuatro hogares es pobre.
"La incidencia de la pobreza en ese período alcanza a niveles superiores a las registradas en 2016, cuando significativas devaluaciones provocaron un alza de la inflación y una caída del poder adquisitivo", señala el estudio. Explica que "la economía argentina pasó de un ciclo de crecimiento a una fuerte recesión, a la vez que la devaluación monetaria durante el año en curso se traspasó a los precios y condujo a una elevada inflación".
"El nuevo escenario ha tenido efecto sobre los ingresos reales de los que disponen los hogares por un deterioro del poder adquisitivo de los salarios, de los haberes jubilatorios y de las prestaciones sociales", denuncia. Señalaron además que "el contexto macroeconómico se ha revelado desfavorable para la creación de empleo, con consecuencias sobre las posibilidades de volcar más trabajadores al mercado laboral por parte de los hogares".

Cresta Roja: promesas incumplidas y brutal represión

El viernes, la policía de Macri y Vidal reprimió brutalmente en las puertas de la Planta dos de Cresta Roja de Esteban Echeverría mientras los trabajadores se encontraban reclamando por sus puestos de trabajo y pago de deudas.
Las fuerzas represivas desataron una cacería disparando balas y gases en el barrio San Ignacio, irrumpieron en casas y detuvieron ilegalmente a vecinos y trabajadores. Denuncian que La Bonaerense negó información sobre el paradero de los detenidos mientras los retuvo incomunicados durante horas dentro de la planta, como si fuera un Centro de detención.
Minutos antes de la medianoche, mientras sus compañeros se encontraban frente a la avícola en medio del barrio que sigue militarizado, exigiendo su inmediata libertad, se conoció que los cinco detenidos fueron separados y alojados en las comisarías Segunda y Octava de Lomas de Zamora. El sábado serán trasladados al Polo Judicial de Esteban Echeverría para tomarles declaración.
Esta represión y cacería fue ejecutada por la Policía de Vidal y Ritondo que son responsables de la muerte de diez personas a raíz de un incendio en una comisaría del mismo municipio cuyo intendente es Fernando Gray, y que estaba clausurada desde marzo.
Los trabajadores exigen a la gobernadora Vidal que cumpla lo que dijo cuando reinauguró la planta en 2016: "que los obreros de Cresta Roja volvamos a trabajar".

Conflictos privados

Trabajadores de Siam protestaron el jueves con un corte en el Puente Pueyrredón durante dos horas. Fue en reclamo de la reincorporación de 20 despedidos, en un contexto de ajuste generalizado de la empresa. Allí, anunciaron que el viernes se movilizarían hacia la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, donde a las 12:30 estaba prevista una reunión entre las partes en el marco de la conciliación obligatoria.
Los trabajadores y trabajadoras del diario Página/12 se declararon en estado de alerta ante la decisión del Grupo Octubre, que todavía no pagó la paritaria de prensa, de iniciar un procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo con el alegado propósito de realizar una "profunda reconversión" de la empresa.
Con las consignas #ElSueldoNoAlcanza y #PeriodismoEnEmergencia, trabajadoras y trabajadores de prensa escrita representados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) marcharon junto a su Federación gremial nacional, la FATPREN, para reclamar mejoras salariales.
Concluida la actividad, los trabajadores de Página/12 -que llevaron adelante un quite de firmas durante 20 días en demanda de que el Grupo Octubre les pague la paritaria acordada- se trasladaron hacia el diario para realizar una manifestación puertas adentro y concluir de ese modo la jornada de lucha.
Cabe destacar que la movilización del SiPreBA a la Cámara patronal coincidió con la olla popular que trabajadores de prensa de las provincias representados por la FATPREN realizaron para reclamarle mejoras salariales y laborales a los directivos de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina.
La empresa de cromado de metales Metalkrom SRL de  Rosario, cerró el miércoles y dejó a 20 trabajadores en la calle. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) notificó y pidió la intervención del Ministerio de Trabajo provincial, que fijó una audiencia conciliatoria para el próximo lunes al mediodía.
Los empleados de las fábricas y talleres metalúrgicos de la ciudad santafecina de Casilda y zonas aledañas, tuvieron esta semana otra jornada de lucha. En el marco de una situación cada vez más angustiante, se manifestaron en diferentes asambleas por la deuda que mantienen las firmas Gherardi, Marani e IARSA.
Juan José Sarasola, intendente de Casilda, medió entre las autoridades de la fábrica agroindustrial Gherardi y los delegados de planta. La deuda actual es de una quincena, que además sufrió ajustes en el último período. Una vez acordada la negociación, las autoridades de la fábrica no cumplieron con lo pactado. Incluso, en las asambleas que se realizaron el lunes hubo una determinación de los trabajadores de tomar las calles y manifestarse al Palacio Municipal aunque el accionar del Intendente Sarasola calmó los ánimos.
A partir de este lunes, Longvie suspende sus actividades por un mes y medio y enciende las alarmas en Entre Ríos. Ante la situación crítica que vive el sector, la empresa del Parque Industrial de Paraná decidió suspender por 10 días a los trabajadores y otorgar vacaciones en enero.
La decisión de la fábrica de electrodomésticos fue acordada con el gremio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Las suspensiones vienen desde hace un tiempo y por ello cobran el 75% del salario que les corresponde.
Sin embargo, los trabajadores advierten por el escenario incierto en el que volverían a trabajar. Debido a la brusca caída de ventas del sector, la baja de la producción, los problemas financieros y otras dificultades, no saben con qué se van a encontrar a su regreso. En síntesis, temen que se produzcan nuevos despidos.
Los trabajadores del laboratorio Roux Ocefa piden la quiebra de la empresa desde hace dos años, cuando dejaron de cobrar el salario. Las trabas legales llevaron la situación al límite, con dos ventas infructuosas en el medio, por lo cual "si no saliera la quiebra en esta semana, estaremos convocando una movilización a las puertas del Juzgado 16, Callao 635, el lunes 17 a las 9:00", informaron los trabajadores, hoy constituidos como cooperativa.
Bruno di Mauro, uno de los trabajadores de la cooperativa Farmacoop, expresó: "Nuestra intención es recuperar la empresa. Ya armamos la cooperativa, presentamos el plan productivo. Tenemos acuerdos con proveedores, con otros laboratorios, el apoyo de todos los bloques de la Legislatura porteña. Es un proyecto muy sólido, pero no lo podemos llevar a cabo hasta que se determine la quiebra".
La empresa tenía 400 trabajadores cuando entró en concurso. En la última nómina presentada por la Sociedad Anónima, había 70. "Como no hay recibo de sueldo hace dos años, también está en discusión ese número. En este momento, en la empresa no hay trabajadores activos. A ninguno se le pagó indemnización. En la cooperativa, somos alrededor de 60", resumió Di Mauro.
El jueves de 27 de noviembre los 90 empleados de la línea aérea Lasa recibieron de los gerentes de las diferentes áreas un mensaje de WhatsApp en el que les comunicaban que no se presenten más a sus puestos de trabajo hasta nuevo aviso. Era una decisión que se tomaba ante el cese de las operaciones de la compañía. Los trabajadores denunciaron que hace dos meses no cobran sus sueldos y que nadie les da una respuesta luego de recibir sólo esa comunicación informal.
Sobre la puerta de la Planta I de Interpack, se realizó un plenario obrero por la reincorporación de los 11 despidos sin causa, efectuados por la dirección del Grupo Zupan.
Del plenario participaron delegados de diferentes gremios y sindicatos, como los docentes de la Universidad Nacional de la Matanza y del Suteba Matanza, trabajadores de Metrovías, de Foetra, del Sutna, de la CTA Autónoma, de Morvillo, del Frigorífico Rioplatense, de Unilever y de Donnelley. Además de Centros de estudiantes de colegios de la zona y de dirigentes políticos como Néstor Pitrola y Romina del Plá.
De acuerdo al comunicado difundido por la comisión interna de Interpack, se resolvió: montar un acampe para ayudar a visibilizar el conflicto, lanzar el fondo de lucha, impulsar pronunciamientos y movilizar junto a los trabajadores al ex Ministerio de Trabajo.
Los directivos de la empresa Induspol, productores de poliestireno expandido, cerraron las puertas de la planta que tienen en la localidad de Junín. Tras la decisión, 34 familias quedaron en la calle. Denuncian que les adeudan tres meses de salarios, que no fueron notificados fehacientemente de los despidos y que no cobraron las indemnizaciones correspondientes.
El lunes, las 34 familias protagonizaron una marcha exigiendo que se aclare su situación laboral. La caravana se concentró sobre las puertas de la casa de uno de los directivos, se dirigió hacia la sede del Ministerio de Trabajo local, continúo en el Municipio y finalizó en las oficinas del estudio jurídico que patrocina a la empresa.
Luego de la censura en Mar del Plata, representantes de la comunidad audiovisual piden la renuncia del secretario de Cultura, Pablo Avelluto y del presidente del INCAA, Ralph Haiek. "El cine es un derecho, no un negocio", afirmaron los realizadores en una dura conferencia de prensa que brindaron el lunes en el edificio donde se realiza Ventana Sur. Denunciaron, además, desfinanciamiento y precarización en el sector.
La empresa Ferrovías envío 29 telegramas de despidos sin causa el día lunes 3 y martes 4. Este ataque, acompañado del ofrecimiento de retiros "voluntarios" para fraccionar a los despedidos, tuvo una respuesta inmediata de parte de los trabajadores. Por eso durante esa semana muchos se autoconvocaron en asamblea para decirle NO a los despidos y discutir las primeras disposiciones a tomar, aún con las puertas de la Seccional de Boulogne cerradas.
Frente a la bronca de la base, la burocracia Verde de Sasia tuvo que anunciar un paro -aunque aislado- por 24 horas para el jueves 6, que finalmente no se realizó ya que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Los despedidos pudieron volver a sus puestos de trabajo aunque la situación es crítica, ya que el dictamen dura apenas 15 días y todavía no hay ninguna resolución definitiva por sus reincorporaciones.
Por una decisión de la ex Empresa estatal Integración Energética Argentina SA (ex-Enarsa) hace un par de meses que el complejo Campo Durán ubicado en la localidad homónima en el norte de la provincia de Salta y que opera la petrolera Refinor, dejó de recibir 12 millones de metros cúbicos de gas que ingresaban desde Bolivia.
Solo 5 millones aportan los yacimientos propios de la cuenca del NOA y un volumen similar ingresa actualmente desde Bolivia, pero con esa ecuación la destilería de Campo Durán no estaría en condiciones de mantener su dotación de personal de casi 500 operarios de alta calificación porque la falta materia prima para procesar.
Sebastián Barrios, secretario general de los trabajadores de la industria del petróleo y el gas y operario del Complejo Refinor, quien a mediados de semana mantuvo una nueva reunión en Tucumán con la alta gerencia de la empresa, precisó: "La mayor preocupación pasa por garantizar las fuentes de trabajo. En Refinor trabajan 483 personas pero si no hay materia prima -en este caso el gas natural para su industrialización en el complejo- la situación es muy preocupante. No queremos levantar falsas alarmas pero la situación de crisis es cuestión de sentido común", precisó el sindicalista.
La UOM cerró un acuerdo para aumentar los salarios de sus afiliados en un 12,64%. Con este último incremento, el aumento salarial total del sector en el período de vigencia del Acuerdo Salarial 2018 alcanza el 40 %. Además, se pagará la Asignación No Remunerativa en el marco de la aplicación del Decreto DNU del Poder Ejecutivo Nacional 1043/2018.

Conflictos públicos

Los trabajadores y trabajadores de la Defensoría del Público confirmaron la continuidad laboral hasta el 28 de febrero de las personas cuyos contratos vencían este fin de año.
La Asociación Judicial Bonaerense convocó a un paro provincial con movilización el miércoles en rechazo de la propuesta salarial efectuada por el Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, exigieron con una marcha en La Plata que el gobierno supere la propuesta de incremento de sueldos.
Las asambleas de trabajadores resolvieron de "manera unánime el rechazo de la propuesta salarial realizada por el gobierno, consistente en un aumento anual del 32% para 2018, más un bono extraordinario de $ 7.000, y un bono de $ 3.500 para jubilados y pensionados".
La resolución también incluyó a la oferta para el año 2019 que "proponía un incremento salarial del 20% en seis tramos para todo el año (pagos del 4% en enero, marzo, mayo y julio, y del 2% en septiembre y noviembre), con una cláusula de actualización automática para el primer semestre, y de revisión para el segundo semestre".
Pablo Abramovich, secretario general de la AJB, manifestó, que "a pocos días de terminar el año, creemos que es inaceptable que la gobernadora pretenda cerrar las paritarias ofreciendo un 32% cuando todas las proyecciones oficiales indican que la inflación del 2018 ascenderá al 47%".
La histórica luchadora, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo línea Fundadora, compartió este 4 de diciembre, Día del Minero, con trabajadores y trabajadoras de YCRT.
Mientras tanto, la gobernadora Alicia Kirchner fue al acto que conmemora a los mineros del carbón en Río Turbio. Y no tuvo problema en estar al lado del interventor macrista del Yacimiento Carbonífero Río Turbio: Omar Zeidan, quién despidió a más de 500 trabajadores aplicando un feroz ajuste desde hace tres años.

Caídos en servicio

Tras la noticia del fallecimiento de Maximiliano Tadeo Costa, trabajador del área de Forestales de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, ATE Senasa Capital convocó una asamblea para discutir las condiciones laborales y construir un paro en el sector, en memoria de todxs los compañeros que fallecieron producto de las políticas de ajuste y despidos.
Según sus compañeros y compañeras que participaron de la asamblea, Maximiliano, de 32 años de edad, estaba sobrepasado de deudas, su sueldo cada vez le alcanzaba menos para cubrir sus gastos cotidianos y expresaba el temor de perder su empleo a fin de año.
Además, denunciaron el caso de Roberto Billard, quien falleció hace 20 días por un infarto en la misma Secretaría, y apuntaron que el desmantelamiento del servicio médico y la falta de equipamiento mínimo, como un desfibrilador portátil, imposibilitaron que Roberto reciba atención rápida y efectiva.
Carina Maloberti, delegada de ATE SENASA, afirmó: "Nos podemos hacer los distraídos pero Maxi no eligió la plaza ni su casa para quitarse la vida, eligió el lugar de trabajo". En ese sentido, remarcó cómo las condiciones de precarización laboral, los despidos y el ajuste que viene sufriendo el organismo y la violencia laboral que ello implica golpean en la vida de cada trabajador. "No está en riesgo solo el trabajo, aunque es muy importante, sino que están en riesgo nuestras vidas", expresó.
El viernes, tras dos años de existencia, el espacio "Basta de Asesinatos Laborales" realizó la presentación del primer informe anual sobre muertes laborales. Fue en la sede del gremio Ademys (docentes) de la CABA.

Negociado aeronáutico

"El 30 de junio de este año, realicé una denuncia por Traición a la Patria, por la entrega, aparentemente a título gratuito, de la Base Aérea militar de El Palomar a la empresa Flybondi Limited, que en un principio había sido creada y registrada en Inglaterra por Gastón Parisier y que posteriormente pasó por distintas manos", denunció ante la Justicia Federal la abogada ambientalista, Claudia Sambro Merlo.
La abogada denuncia que Flybondi es en realidad una empresa cuyo controlante está radicado en Inglaterra y que recibe fondos de una offshore radicada en las Islas Caimán, Pangaea Two Acquisition Holdings, que además tiene domicilio en un estudio mencionado en el caso de los Panamá Papers y Paradise papers. Por lo tanto, sostiene que se trata de la entrega de patrimonio nacional (cómo lo es la Base Aérea de El Palomar) a capitales ingleses.
Además, la abogada resalta el nombre de Richard Gluzman entre los titulares de la empresa. Se trata de un allegado al ministro Guillermo Dietrich, que además fue designado funcionario en la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Por otro lado, el informe de Sambro Merlo deja al descubierto una operatoria por lo menos sospechosa en torno a la concesión de rutas aéreas. Flybondi recibió 85 rutas aéreas que son las que le dieron el sustento para consolidarse como empresa, y según Sambro Merlo, estas rutas fueron otorgadas por el mismo ministro Dietrich el 26 de junio de 2017, ocho meses antes de la audiencia pública que se debía desarrollar para esa concesión y a no más de un año de la creación de la empresa.
En ese sentido, el jueves se conoció la noticia de que el Gobierno otorgó oficialmente a la "low cost" un total de 284 rutas aéreas de cabotaje e internacionales, incluida una entre la Ciudad de Buenos Aires y las islas Malvinas. La información fue publicada en el Boletín Oficial. La empresa obtuvo un período de 15 años de vigencia de la concesión.
Además, Sambro Merlo afirmó que el intendente de Morón, Ramiro Tragliaferro, ex esposo de la gobernadora María Eugenia Vidal, presentó un proyecto de modificación del Código de Ordenamiento Urbano para crear el distrito aeronáutico y que como consecuencia de esa modificación las propiedades valdrán el 20% de su valor actual. Incluso planteó que se prepara la expropiación en algunos casos.
Mientras tanto, los sindicatos de pilotos la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) acataron la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Producción y Trabajo, por lo que levantaron el paro previsto para este jueves y viernes. Horas antes, el secretario de Trabajo, Horacio Pitrau, firmó la resolución que obliga a los pilotos a negociar durante 15 días hábiles y encontrar una solución al conflicto. La medida de fuerza fue tomada debido a la "extranjerización" del trabajo por una norma que "autoriza la convalidación de licencias de pilotos extranjeros para que reemplacen" a los argentinos.
En el marco de tensión entre las partes luego de que Aerolíneas Argentinas ratificara las 376 suspensiones de empleados por realizar una asamblea gremial, la firma envió una carta a los gremios aeronáuticos con una nueva propuesta salarial. La oferta está lejos del 23 % planteado por el gobierno como meta de inflación y consiste en un aumento del 14% entre enero y marzo en dos tramos. Además, la empresa ofrece pagar en los salarios de diciembre una bonificación no remunerativa que varía según gremio y categoría entre los 5.000 y 30.000 pesos.

Violencia laboral de género

Mientras Mauricio Macri, twittea que "el compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres", el Gobierno de la provincia de Buenos Aires mantiene tercerizada, una de las pocas herramientas que ofrece el Estado para ayudar a las mujeres a escapar de situaciones de violencia: la línea 144.
En la Línea 144, la bronca se organizó a partir de cinco despidos en el Equipo de Seguimiento de Casos, una segunda instancia de atención para los casos más complicados. La organización se transformó en lucha: realizaron paros para exigir la reincorporación de las despedidas, una permanencia pacífica en la Secretaría de Derechos Humanos; participaron de la asamblea de trabajadoras despedidas de la empresa Télam, articularon con el colectivo "Ni Una Menos", encabezaron la marcha del 3J. Sufrieron sanciones y descuentos al salario, pero lograron la reincorporación de dos compañeras.
El objetivo es disciplinarlas porque María Eugenia Vidal quiere privatizar la línea 144 para beneficiar a una empresa y ellas exigen la estatización, y la mejora de las condiciones laborales.
Lo que estalló esta semana, fueron los llamados de mujeres para contar situaciones de abuso sexual. Lo hacían "por primera vez en su vida. Fue impactante", declaró Malena Maturano, la única trabajadora que está en la planta del Estado. "Si se trabajara la Ley de Educación Sexual Integral con mayor profundidad, estas situaciones deberían poder hablarse en el espacio escolar", agregó.
Por otro lado, denuncia que en el turno con mayor atención, llegan a ser 10 operadoras para toda la Provincia de Buenos Aires y que si se destinara más dinero, para contratar más operadoras, podrían atender mayor cantidad de llamadas. Pero claro, el compromiso de Macri para erradicar la violencia, todavía no llegó a la provincia.
Colectivos de trabajadoras que dependen del Instituto de Género y diversidad sexual como quienes trabajan en el Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia de género de Ensenada, tampoco se callan: en un contexto donde los aumentos de precios y tarifazos son moneda corriente, hay trabajadoras que cada 3 meses son sometidas a la incertidumbre de continuar o no con su trabajo. La precarización laboral, también es violencia. Pelean por cobrar el aguinaldo y nocturnidad, entre otras cuestiones.
Como dijeron las #ActricesArgentinas, no se trata de denuncias individuales. Se trata de miles de mujeres que a partir de sus vivencias concretas, cuestionan un sistema social que se asienta sobre la violencia hacia las mujeres, sobre la precarización de sus trabajos, sobre la cosificación de sus cuerpos, sobre una justicia patriarcal, sobre la hipersexualización de mujeres y niñes en el espectáculo.

Laboralistas

Abogados de sindicatos de todas las tradiciones políticas, desde la ortodoxia a las expresiones más combativas, también las organizaciones afines al kircherismo como los sectores de la izquierda, confluyeron en un único espacio, el Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales, que difundió su documento fundacional con un claro programa de confrontación a las políticas oficiales.
El Foro enfatizó la existencia de una reforma laboral de facto, sin trámite legislativo, "encubierta", a través "de todo tipo de presiones a los sindicatos para modificar a la baja los Convenios Colectivos de Trabajo con la consecuente pérdida de derechos para los trabajadores".
El documento precisó la existencia de un plan "sistemático" para vulnerar los derechos laborales que tiene como herramienta privilegiada la afectación de la autonomía sindical. "Vivimos una vulneración sistemática de la libertad y democracia sindical de trabajadores/as y de sus organizaciones, a través de la acción u omisión de la autoridad de trabajo y de parte de la justicia federal penal con el fin de criminalizar a la organización sindical e impedir el ejercicio de los derechos sindicales constitucionalmente garantizados", afirmaron.

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