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05/12/2019 :: Argentina, Argentina

Macri sumó 4.000.000 de nuevos pobres

x Mario Hernández
Panorama político y sindical

“Este punto de partida es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente: por si pudimos reducir la pobreza en este gobierno”. A fines de setiembre de 2016, Mauricio Macri se cavaba su propia fosa. Evaluar el Gobierno por los índices de pobreza implica colocarlo como el peor gobierno desde el estallido de 2001.

Uno de los latiguillos durante la campaña presidencial de 2015 fue la promesa de “Pobreza cero”. Luego de asumir, aclaró que era más bien un horizonte, una expresión de deseo. Pero la política de Cambiemos fue, desde el primer día, contraria al desarrollo de los sectores más vulnerables. Aplicó un régimen tarifario durísimo en los servicios básicos, elevó las tasas de interés, quitó retenciones a la agro-exportación, tomó deuda y liberó al dólar de todo cepo.

Este combo produjo el deterioro de la actividad económica, la destrucción del empleo, desarticuló a la industria y no pudo contener ni la inflación ni el dólar. La consecuencia fue la caída del salario, jubilaciones, asignaciones y demás ingresos.

El impacto del ajuste sobre la pobreza ha sido brutal. Las estimaciones privadas indican que para el final del mandato de Macri, se ubicará entre el 38 y el 40%. Había comenzado su mandato con la pobreza por debajo del 30%.

“¿Es equidad que hayamos poblado la Provincia de Universidades cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la Universidad?”, dijo en mayo de 2018, en el Rotary Club, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Mientras, el hoy derrotado Intendente de Quilmes, el cocinero Martiniano Molina, quería promover el turismo en Villa Itatí: “Soñamos que Villa Itatí se convierta en un polo turístico, como pasa con la Rocinha en Brasil. Eso se puede transformar en una visita turística muy interesante”, aseguraba con entusiasmo en plena campaña electoral en agosto de este año.

También el candidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, salió a hablar sobre pobreza: “¿Cómo puede ser que 400.000 venezolanos estén todos trabajando si cuando llegaron no conocían las calles? Es un ejemplo de la realidad que nos tiene que permitir reflexionar”, llamando a los argentinos a soportar la precarización.

“La Argentina es un país muy generoso, acá viene gente y lo que hace es salir a hacer venta ambulante, de contrabando, y después agarran y terminan vendiendo droga”, sostuvo a comienzos de octubre. Hasta rematar con una frase despreciable cuando se refería a una imagen aérea de la Villa 1-11-14 publicada por Clarín: "Había dos colas. Una que manejaba el narcotráfico paraguayo... Para no ponerle calificación de nacionalidades, porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada, que tiene vinculación con la marihuana, hacía la venta de marihuana. Y otros muchachos de afuera del país, también que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína. Todo esto fue tomado por un dron y después entró la Gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire", señaló.

Con este tipo de opiniones de los dirigentes del PRO-Cambiemos no extraña que nunca se haya aplicado la Ley de Emergencia Alimentaria votada en octubre por el Congreso Nacional.

Deuda odiosa

Según el balance de la era Macri que publicó la semana pasada el Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la CTA, fueron US$ 103.808 millones los que se incrementaron al stock de deuda pública en moneda extranjera entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019. En el mismo lapso salieron del sistema financiero US$ 93.667 millones.

El 80% del préstamo de 44.000 millones de dólares que otorgó hasta ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno argentino se empleó para pagar vencimientos de deuda en moneda extranjera, reconoció el Ministerio de Hacienda.

Otro 14% del monto desembolsado se destinó a deuda en pesos argentinos, 1% fue para gastos en la divisa extranjera, «como la importación de combustibles», y 4%, equivalente a 1.900 millones de dólares, son reservas del Banco Central, agrega el informe del Palacio de Hacienda.

Argentina mantiene una deuda por 20.009 millones de dólares con otros organismos internacionales como el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). De este modo, la deuda pública en los últimos cuatro años de administración de Mauricio Macri aumentó 31%, al pasar de 240.000 millones a 314.000 millones de dólares.

El economista del CIFRA, Mariano Barrera, habló acerca de las conclusiones del informe desarrollado sobre la deuda argentina y aseguró que el endeudamiento solo sirvió para que empresas internacionales y locales fugaran divisas tras obtener beneficios de la "timba financiera". Según el centro de estudios, Macri es el presidente que más endeudó por año a la Argentina.

“Se ve el retorno a un proceso de valorización financiera del capital que instaló la dictadura en 1976 e implosionó en 2001 con la caída del gobierno de la Alianza. Y el promedio de endeudamiento en la era Macri fue de US$ 32.500 millones, muy por encima del que alcanzó la dictadura en valores constantes”, aseguró el economista Mariano Barrera.

“Cuando uno mira los datos desde el fin del gobierno de Cristina hasta la actualidad se acumuló US$104.000 millones de deuda y la salida de capitales fue de US$94.000 millones. La política de endeudamiento no tenía que ver con cubrir baches de financiamiento local para obras de infraestructura sino para conseguir dólares para que grandes capitales locales o internacionales que entraron en la timba financiera con tasas exorbitantes pudieran tener los dólares para salir una vez que valorizaran su capital internamente”, culminó.

Despidos y suspensiones 

El pasado 15 de noviembre se conocieron alrededor de 10 despidos en la empresa Ledesma SAAI, la mayoría en el sector fraccionado. Desde diciembre de 2017 ya suman más de 150 trabajadores despedidos. La reconocida cadena chilena Sodimac, de venta de materiales de construcción y artículos para decoración y el hogar, despidió y trasladó de su sucursal de Adrogué a unos 30 empleados en los últimos dos meses. También Carrefour despidió a 6 personas en Adrogué, denunció Luis Alberto Monteiro, titular del Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown.

La planta Iveco de Ferreyra redujo su personal de 700 a 500 personas y ahora detiene completamente su producción por 5 meses. Teniendo en cuenta solamente las 15 Pymes metalúrgicas proveedoras de la terminal, la cantidad de trabajadores afectados asciende a 2.000.  Habiendo acumulado un stock de entre 1.400 y 1.500 camiones para ocho meses de ventas, decidió suspender la producción entre el 15 de noviembre y el 15 de abril del año próximo .

En el marco de un ajuste generalizado que ya cerró las fábricas que la firma tenía en Córdoba y Mar del Plata, y dejó muy golpeada la que está emplazada en San Luis, Zanella sigue dando malas noticias. Es que confirmó el despido de 75 operarios de la fábrica ubicada en Caseros, Partido de Tres de Febrero.

La firma ratificó la intención de cesantear a casi la totalidad de los empleados bonaerenses con la «particularidad» de que se niega a pagar las indemnizaciones correspondientes aludiendo que está en Procedimiento Preventivo de Crisis, hecho que no se acreditó.

Como si fuera poco, Zanella mantiene un atraso salarial de 3 meses con cada despedido y también les adeuda el medio aguinaldo. La producción de Caseros, según consignaron los empleados despedidos, ahora se tercerizó en la metalúrgica Mar Máquinas, ubicada en Boulogne. Por lo tanto, sigue funcionando pero con una clara defraudación a los operarios.

Otro detalle, que muestra la falta de compromiso de la gestión de la cartera de Producción y Trabajo en el tema, es que Zanella consiguió que le provean fondos a través del Programa de Recuperación Productiva (Repro) por parte del Estado, pero se queda con los fondos y no cumple con ninguno de los compromisos.

Para obtener los Repro «las empresas deben acreditar la situación de crisis que atraviesan, detallando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación, y comprometerse a no despedir personal y mantener la nómina total de trabajadores». Todo lo contrario a lo que hace Zanella.

El HSBC Bank avanza con un proceso de cierre de sucursales. En principio, cesarán actividades en localidades de cinco provincias del país. Así lo denunció La Bancaria en un comunicado de prensa. Las sucursales afectadas serían Villa Mercedes (San Luis); Villa María (Córdoba); San Rafael y Malargüe (Mendoza); Santiago del Estero; y Santa Rosa (La Pampa).

El gremio denuncia que no hay ninguna causa económica que justifique esta medida, llamativamente dispuesta a escasos días del cambio de Gobierno y cuando las autoridades electas anuncian que recuperarán al sistema financiero en su rol promotor de las actividades productivas.

«Por ello, en defensa de los puestos laborales afectados, realizada la correspondiente denuncia, convocamos al estado de alerta y movilización, intimando al HSBC a que retrotraiga su extemporánea actitud».

Desde la Asociación Bancaria de Rosario denunciaron al Banco Santander Río ante el Ministerio de Trabajo por «apretar» a los trabajadores de las distintas sucursales de la región para que tomen retiros voluntarios. En caso de que la conducta persista, habrá medidas de fuerza.

Sergio Rivolta, secretario adjunto de la regional rosarina del gremio, explicó que la empresa abrió un Plan de Retiros Voluntarios hace aproximadamente un mes y que «ejerce presión» sobre los trabajadores para que se adecuen.

Los tercerizados de Kalahari que trabajan en la despostada -área donde se descuartizan las reses- para Frigorífico Rioplatense en General Pacheco, reclamaron ante el despido de un compañero y el destrato de la patronal. Los trabajadores bloquearon los portones de la planta y luego realizaron una asamblea.

La fábrica de papel encapado Ledesma cerró sus puertas y dejó en la calle a unos 70 trabajadores en la ciudad de San Luis. La compañía aseguró a los representantes sindicales que pagará el 100% de sus indemnizaciones. El cierre de Ledesma se suma a lo ocurrido con la planta de Arcor, que despidió en San Luis a 42 trabajadores en una planta que emplea a cerca de 450 personas.

Ubicada en la provincia de La Rioja, la planta de Arisco, parte de la multinacional Unilever, anunció a fines de octubre el cierre de la fábrica, donde trabajan 130 personas. Por su parte el gremio no convocó a ninguna plan de lucha serio para enfrentar este ataque, solamente se reunieron con la Secretaría de Trabajo provincial y se fueron con la respuesta que la situación era irreversible.

De la misma manera que las centrales sindicales definieron dejar pasar los despidos y suspensiones en silencio, manteniendo la tregua con el gobierno y las patronales, y continúan sin llamar a ninguna acción, hicieron propio el falso discurso de la multimillonaria Unilever. Ersa despidió a 50 choferes en Córdoba por la quita de subsidios y la baja de ingresos, por lo que los afectados protestaron en la vieja Terminal de Ómnibus.

La Compañía General de Fósforos Sudamericana S.A., conocida como “La Fosforera”, es la única fábrica de fósforos del país que todavía sigue en pie. A fines de octubre se produjeron despidos bajo el eufemismo general de la “restructuración”, al menos una decena de trabajadores perdieron su puesto en José León Suárez. Mientras tanto, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), dirigido por Clay Jara Toledo y enrolado en la CGT, no ha dado ninguna respuesta.

Para la producción del fósforo, la empresa cuenta además con un bosque propio de 500 hectáreas en la terminal Tajiber de la localidad de Campana, donde foresta sus propios álamos. La empresa anunció también su intención de vender ese predio con la consiguiente pérdida de otros puestos de trabajo.

Techint suspendió las obras del reactor nuclear Carem 25 en Zárate y suspendió a 500 trabajadores durante tres semanas. La decisión tomó por sorpresa a los cientos de empleados que no recibieron notificación alguna.  Desde la UOCRA calificaron como «ilegal» el cese del trabajo y en la multinacional argentina culparon al gobierno por millonarios atrasos en los desembolsos acordados. Entre los 500 trabajadores suspendidos, 350 pertenecen a la UOCRA y el resto realiza tareas diversas como seguridad, limpieza, gastronomía y transporte.

Despegar, la empresa de viajes “on line”, anunció el despido de 80 empleados en Argentina. El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa inició un paro de actividades «por el anuncio de al menos 600 despidos, que se suman a 1.500 suspensiones», pero el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación dictó de inmediato la conciliación obligatoria.

Margarita Barrientos será denunciada en Santiago del Estero luego del despido de 25 personas que trabajaban en el Hogar Comedor que inauguró en la ciudad de Añatuya junto a Mauricio Macri hace solo 2 años.

De acuerdo a los trabajadores despedidos,  se los obligaba a facturar como monotributistas el importe de 30.000 pesos mensuales, de los cuales finalmente terminaban percibiendo solo 8.000.  Los otros 22.000 pesos iban a parar a la propia Barrientos y se desconoce el destino. Los trabajadores que se ocupaban de tareas de construcción y albañilería, directamente cobraban en negro,  sin ningún tipo de comprobante.

La empresa Mondelez a cambio de no suspender a 500 trabajadores de sus plantas de Pacheco y Victoria exigió la exención de al menos 150 millones de pesos destinados al ANSES. La empresa encargada de la elaboración de Oreo, Tita, Rhodesia y Mantecol había anunciado una suspensión masiva a partir del 1º de diciembre por una supuesta caída de las ventas producto de la crisis de consumo que vive el país. Además, presentó un preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo. Según trabajadores de Mondelez dicho preventivo es fraudulento ya que encubre una intención de atacar a los derechos laborales y a los mismos puestos de trabajo.

Por los medios

Se realizó el plenario abierto de delegados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), con la participación de trabajadores de todas las empresas periodísticas de la Capital Federal donde se resolvió intensificar las medidas de acción ante la negativa patronal a atender los reclamos de los trabajadores. El único reclamo es que el “salario no alcanza”, dispararon desde la entidad gremial y por lo tanto la lucha “se recrudecerá”.

Si se hace un mapeo de la situación de falta de pago de salarios y recortes, despidos, caída de poder adquisitivo se puede ver claramente la grave crisis que atraviesa el sector y hay una constante negativa de las empresas de recomposición del trabajo.

Desde la Comisión Interna de AGEA manifestaron repudio y preocupación ante los despidos que se están efectuando, de manera coincidente, en distintas unidades de negocio del Grupo Clarín.

En los últimos días recibimos diversas noticias acerca de pérdidas de puestos de trabajo, tanto en La Voz del Interior de Córdoba (con al menos 4 despidos formales y una campaña de retiros “involuntarios” denunciados por los delegados del Cispren) y en Los Andes de Mendoza, así como en la redacción Vía País (donde llevan dos semanas de despidos por goteo y jubilaciones anticipadas). A esto se suman 14 despidos en Carburando y lo sufrido a fines de septiembre en la editorial Tinta Fresca, donde se recortó la planta dejando más de una decena de personas sin trabajo de forma repentina.

Diario Popular no paga los salarios y sus trabajadores fueron al paro por 24 horas. La firma primero anunció el pago desdoblado de los salarios y luego no cumplió con los plazos que fijó. Sus 250 trabajadores temen que sea una maniobra para quebrar la firma. «Nos adeudan la mitad del salario y la empresa no tiene fecha de pago», explicaron los trabajadores a través de sus redes sociales. «Quieren quebrar la empresa y dejar a 250 familias en la calle», señalaron los trabajadores.

Los mismos empleados habían soportado un recorte arbitrario de sus salarios hace algo más de un año que llegó hasta el 30%, y hace dos meses les dejaron de pagar los aportes patronales, obras sociales y ART.

El Litoral de Corrientes, desvinculó a 4 trabajadores, y anunció el despido de al menos otros 5 empleados de la empresa Editora Juan Romero S.A. Los cuatro trabajadores de prensa fueron despedidos sin causa, según expresa a través de su cuenta de Twitter, la Comisión interna, donde además denuncian amenazas de más despidos.

Carlos Romero Feris, propietario del diario, no sólo no cumple con el Convenio Colectivo de Trabajo, sino que además, uno de los despedidos es delegado y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Periodistas de Corrientes. En la actual situación laboral precaria y de aprietes, los trabajadores se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente, y exigen la reincorporación inmediata de los despedidos.

Cabe señalar que los trabajadores de prensa de Corrientes, vienen reclamando el cumplimiento efectivo del Convenio de Trabajo 541/08, que contempla mejoras salariales para personal de prensa gráfica y páginas web.

El secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Tato Dondero, explicó que “toda la situación del gremio es muy problemática desde lo salarial”. Precisó que “además de todas las pérdidas de puestos de trabajo que hemos tenido durante estos cuatro años, el tema salarial es de una pérdida permanente. En la paritaria anterior perdimos un 20% con respecto a la inflación y en lo que va del primer semestre de este año hemos perdido otro 5 %, y la perspectiva sigue siendo de seguir perdiendo nuestro salario, que quedó un 34% abajo”.

El delegado de las y los trabajadores de Página 12 contó que “estamos pidiendo que el bono de 5.000 pesos quede en los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras de prensa y nos estamos movilizando a las distintas empresas. Y concluyó que el gremio va “a seguir estando en la calle, en la puerta de las empresas pidiendo lo que consideramos que nos corresponde”.

A través de un comunicado, el Sindicato de Prensa de Salta dio a conocer una medida de fuerza para el próximo viernes 6 por la reincorporación de trabajadores que se desempeñan en diversos medios del grupo Horizontes, propiedad de la familia del senador nacional Juan Carlos Romero, que edita El Tribuno.

Entre los 17 trabajadores cesanteados se encuentran Nora Figueroa y Néstor Lorenzo, ambos parte de la Comisión Directiva del SiPrenSal. Este ataque se suma al despido de Laura Urbano por parte de la patronal del Nuevo Diario, a comienzos de septiembre, en una clara medida de persecución sindical.

El grupo empresarial desconoce un convenio vigente y homologado a nivel nacional, el 541/08 e incumple en la actualidad con el Convenio Colectivo de Trabajo 185/75, pagando remuneraciones por un monto inferior al previsto en la normativa legal. A ello se suma que durante años retuvo la cuota sindical del personal afiliado sin ingresar los importes a la entidad gremial.

Existe también una negativa infundada de la empresa a mantener diálogo y/o reuniones con personal de la Comisión Directiva del Sindicato, rehusándose a negociar colectivamente con la asociación sindical, provocando dilaciones a fin de obstruir cualquier proceso de negociación.

Con esta nueva situación se empezó a imponer arbitrariamente la multiplicidad de tareas al personal, abonándose las remuneraciones por categorías inferiores. Ante la realidad expuesta convocan a la medida de fuerza en exigencia de la reincorporación inmediata de los trabajadores.

A días de que se reabra la causa que acusaba a los comunicadores populares de Antena Negra y tras una radio abierta en los Tribunales de Comodoro Py, la Justicia sobreseyó a Pablo Mourenza y Ezequiel Medone, quienes fueron detenidos por informar la masiva manifestación que se realizaba el 1° septiembre de 2017 tras un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.

Medios Públicos

Lxs trabajadores de prensa de Radio Nacional en Asamblea repudiaron la instrucción de dejar de utilizar la expresión “golpe de estado” para referirse a la situación de quebrantamiento de la institucionalidad democrática en Bolivia.

También en Télam la CGI repudió el golpe de estado en Bolivia y cuestionó el uso de eufemismos para referirse al quiebre institucional. “Lo que ocurre en Bolivia es un GOLPE DE ESTADO, no debemos aceptarlo, nuestra propia democracia se pone en riesgo si lo hacemos”, declararon los trabajadores de La Nación. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció presiones en Radio Nacional, Télam y Telefé Noticias para que no se hable de Golpe de Estado en Bolivia.  

En los medios públicos nacionales existe un importante grupo de su personal que viene desarrollando tareas con contratos que vencen a fin de año. Se trata de trabajadorxs que desde hace años sostienen las programaciones habituales en diferentes emisoras de la radio y en el canal público. Hasta el momento sus autoridades se niegan a resolver la continuidad de todxs. Por ese motivo desde las organizaciones sindicales de prensa alertaron sobre esta situación que, de no modificarse, implicará un despido masivo el próximo 31 de diciembre.

Ante esta grave situación, las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Nacional de Prensa declararon el estado de alerta y convocaron a realizar acciones para defender la continuidad laboral, y la urgente regularización mediante su correcto encuadramiento de todxs lxs contratatadxs precarizados en los medios del Estado nacional.

La política de ajuste implementada en la TV Pública y Radio Nacional por la gestión de Cambiemos se plasma en programaciones indiferentes, que nunca interpelaron a las audiencias:  la TV Pública promedia apenas un punto de rating, y Radio Nacional dejó de ser evaluada por Ibope por decisión de las autoridades de la emisora , ante una media que nunca pudo escapar a su condición “decimal”. Debilitados, los medios tampoco informan: el gerente de noticias de la TV Pública, Néstor Sclauzero, decidió el año pasado aplicarle un apagón informativo a los argentinos suprimiendo todas las ediciones de los noticieros del fin de semana, mientras que en la AM 870 el “Panorama Nacional” -realizado con la información producida desde las distintas emisoras del país- suele ser “levantado” por las permanentes transmisiones de fútbol, y los trabajadores denuncian la censura en el tratamiento de temas “incómodos” para el gobierno.

En este panorama, el Ministerio de Hacienda aprobó el “Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2019 de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado”. De esa resolución, se desprende que RTA S. E. tendrá pérdidas estimadas en casi 4.000 millones de pesos para el año electoral. El artículo 2º de la resolución señala que el ministerio decidió “aprobar el Resultado Operativo (Pérdida de Operación) estimado en tres mil quinientos ochenta y tres millones trescientos cincuenta mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos ($ 3.583.350.468)”.

El operativo no es el único déficit que dejará el 2019 para RTA. En el punto 4º de la resolución también se aprueba “estimar el Resultado Financiero (Déficit) para el ejercicio 2019 en doscientos setenta y siete millones cuatrocientos veintitrés mil trescientos dieciséis pesos ($ 277.423.316)”. En este caso, el déficit financiero se desprende del “desahorro” (sic) de $ 323.999.316 del saldo entre los ingresos y los gastos corrientes, y del saldo positivo de poco más de 46 millones de pesos entre los ingresos y gastos de capital.

Luego de despedir a decenas de compañeros y compañeras, mientras otros eran presionados al retiro voluntario en el que se gastaron millones de pesos, ahora la gestión de Hernán Lombardi en su retirada lleva adelante designaciones y nombramientos en planta permanente en Radio Nacional y otorga plus salariales en Télam de manera discrecional.

En el caso de las designaciones en RTA, los mismos se decretan a dedo, sin concurso, violando sus propios decretos que congelaron y achicaron las plantas del Estado.

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) exigen que se dé marcha atrás en estas designaciones de un gobierno que está a días de dejar el poder. Si hay nombramientos, deben realizarse de acuerdo a la ley 26.522, mediante concurso público y la supervisión de los sindicatos, dando prioridad a los compañeros y compañeras contratadas desde hace años en la emisora. A su vez, solicitan que si se toma nuevo personal se dé prioridad a quienes han sido despedidos injustamente durante el Plan de Vaciamiento del Estado llevado adelante por la actual gestión y esto se concrete mediante los mecanismos correspondientes.

El titular de la agencia estatal Télam firmó su renuncia y confirmó que dejará el cargo a partir del 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno. Rodolfo Pousá será recordado como el funcionario que despidió a más de 350 periodistas "para ahorrarle plata al Estado", según sus propias declaraciones. En realidad era parte de la política macrista de cercenar la posibilidad de que hubiera periodistas disidentes con su gobierno, mientras concentraba mucho más el poder de sus medios amigos.

Pousá estaría dejando el puesto con una indemnización de más de un millón de pesos. Pero eso no es lo más grave, sino que también se sumarían 750.000 pesos en concepto de "remuneración sin descuentos".

Y como si fuera poco, Pousá se adjudicó una jubilación de privilegio como "premio" por haber ejercido el cargo, que va a implicar más de 300.000 pesos mensuales. Se ve que tanto no le preocupaba proteger el dinero público, o que piensa que está más seguro dentro de su propio bolsillo.

Contra la violencia de género

El martes 1/10 por la mañana, en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, se llevó adelante una asamblea extraordinaria que debatió y votó la expulsión de Patricio Klimezuk de su condición de afiliado del sindicato. La resolución adoptada es resultado de un proceso extenso, con debates internos, después de la lucha de mujeres y compañerxs que, individual y colectivamente, han peleado y lo siguen haciendo por la erradicación de la violencia de género de la organización sindical.

En el camino de que el SiPreBA sea una organización sindical libre de violencia contra las mujeres y disidencias es que, además de la expulsión de Klimezuk, se ratificó que se avance con una serie de medidas que incluyeron la presentación del Protocolo de Actuación contra la Violencia de Género el 28 de octubre, un proyecto de Licencia por Violencia de Género para presentar ante las empresas y, por último, una modificación Ad Hoc del estatuto -actualmente en trámite en el Ministerio de Trabajo- con el objetivo de incorporar la figura de la violencia de género a las “faltas graves” del régimen de sanciones.

En el año 2016 la Secretaría de Mujeres y Géneros recibió una denuncia de una compañera afiliada al sindicato contra el entonces candidato a secretario Gremial, Patricio Klimezuk.

En diciembre de 2018, en el marco del conflicto de Télam por los 357 despidos, la Comisión Directiva tomó conocimiento de nuevos casos de reincidencia grave por parte del denunciado, además de la usurpación de cargos sindicales a los que previamente había renunciado. Esto derivó en una decisión conjunta de formalizar su separación -que ya era efectiva-, lo cual también se volvió a plantear en el Pre-encuentro de Trabajadoras de Prensa realizado por la Secretaría de Mujeres y Géneros el 24 de agosto pasado. Finalmente y con ese objetivo, después de un periodo en el que el denunciado solicitó una licencia psiquiátrica en su trabajo, la Comisión Directiva resolvió la convocatoria a la asamblea extraordinaria que se realizó el martes 1/10.

Por primera vez la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) tendrá una mujer ocupando el cargo de secretaria General de la organización gremial. Su nombre es Carla Gaudensi , quien es trabajadora y delegada de la Agencia Télam.

La también secretaria de Acción Social del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), propone “construir herramientas para desnaturalizar los casos de violencia que ocurren hacia nuestras compañeras”. “Siguen ocurriendo muchas situaciones de violencia dentro de las redacciones periodísticas. Eso no lo podemos permitir más. Todos tenemos que unirnos y trabajar para destruir esos patrones culturales”.

En cuanto a su rol como mujer sindicalista, explicó que “la mirada sobre las mujeres en los gremios es más fuerte que hacia los hombres. Pero nosotras nos vamos abriendo paso y vamos a luchar por la igualdad”.

Se planteó también la construcción de una Secretaría de Género: “Creemos que tenemos que modificar el Estatuto y crear ese espacio que será muy importante en nuestra organización. Vamos a trabajar duro en ello”, sentenció Guadensi.

Además de la secretaria general, la nueva conducción contará con trabajadoras como Mariana Mandakovic, secretaria general del Círculo de Prensa de Córdoba (Cispren), que será secretaria de Organización de la Federación; Dolores Fleitas, que continuará en la Secretaría de Acción Social; Ana Paoletti, secretaría de Actas del SiPreBA, y Clara Uranga, delegada de Clarín, que estarán en la Comisión Revisora de Cuentas; Cintia Mignone como Prosecretaria de Administración; y Silvina Ríos que será la secretaria de Derechos Humanos; además de que varias vocalías estarán ocupadas por mujeres.

Movilización y paro de residentes porteños en rechazo a ley de precarización laboral en la salud

Trabajadores de la salud con los concurrentes y residentes de la Ciudad de Buenos Aires a la cabeza volvieron a salir a las calles este viernes, luego de que el pasado jueves fueran reprimidos en la puerta de la Legislatura, por oponerse a una ley que precariza sus derechos laborales y deteriora el sistema de salud porteño.

Martín, del Hospital Rivadavia, remarcó que "estamos acá para luchar contra el trabajo precarizado que hace décadas viene funcionando en la Argentina". La movilización se da en el marco de un paro de todos los hospitales de la Ciudad. La medida de fuerza fue decidida el jueves pasado, luego de que se conociera la sanción de la ley y la represión a quienes protestaban.

Las carreras vinculadas al mundo de la salud tienen la posibilidad de hacer un posgrado remunerado al que le llaman estar «en servicio» en distintos hospitales. Como es un trabajo pago tienen derecho a agremiarse en las asociaciones profesionales que existen para residentes. El personal no médico se nuclea en la Federación de Asociaciones Profesionales y por otro lado está la Asociación de Médicos Municipales.

«Cuando vamos a ver la ley lo que plantea es el no reconocimiento nuestro como trabajadores, plantea que estamos en instancias «de formación», «pedagógicas» y con eso nos sacan todos los derechos que nos corresponden. Obviamente, se nos va a dar un pago por este no-trabajo/formación pero que se desvincula de las paritarias del resto de las gremiales», sostuvo una trabajadora social residente que prefirió mantener su identidad en reserva.

Sumado a esto, establece el máximo de horas semanales trabajadas permitidas en 64, lo que da un total de más de 12 horas por día hábil, superando cualquier Convenio colectivo. Todo apunta a que el proyecto favorece la precarización laboral y la explotación de quienes son las primeras caras que vemos cuando vamos a la guardia de un hospital.  

La Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA pidió a los gremios que todavía los amparan que convoquen al paro y movilización. El primero en acompañar las medidas fue la Asociación Profesional de Servicio Social. La Federación de Asociaciones Profesionales respaldó el pedido pero la Asociación de Médicos Municipales sacó un comunicado afirmando que «es una medida progresista que ayuda a profesionalizar la tarea».

El legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano (PO), denunció que el bloque oficialista de Larreta “excluyendo a la oposición y con la Infantería, votó una ley que cristaliza la precarización laboral de los residentes y concurrentes. Reprimieron a los miles de residentes que rodearon la Legislatura para rechazar la ley y con la Infantería impidieron ingresar al recinto a los diputados de la oposición que habíamos salido a frenar la represión que se desató afuera. De este modo pretenden legalizar una jornada de 64 horas semanales de trabajo para los residentes que tienen salarios de $ 35.000, mientras los legisladores que aprobaron esta ley con tratamiento exprés ganan esa cifra multiplicada por 5. En esas condiciones precarias y de súper explotación los residentes desenvuelven su tarea y son un pilar del sistema público de salud."

"Desde el Frente de Izquierda apoyamos la lucha de los residentes para terminar con la precarización laboral y nos presentaremos en la justicia para denunciar la nulidad de la ley votada con la infantería y la exclusión de la oposición” finalizó Solano.

Día de la Enfermería: 21 de noviembre 

El pasado 21 lxs enfermerxs exigieron la jerarquización de su profesión y el reconocimiento a la carrera profesional mediante un cese de actividades a partir de las 13:00 y una concentración en la Plaza Congreso a partir de las 14:00. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó la decisión política de generar una carrera para los profesionales de Salud que dejaba excluidos a los Licenciados en Enfermería. Parecía un fenómeno local pero, cuando los enfermeros y las enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires empezaron a levantar la voz y movilizarse, se transformó en un fenómeno nacional con repercusiones internacionales. En todo el país se manifestaron respondiendo a esta agresión.

Quienes trabajan en el Sistema de Salud de la provincia de Buenos Aires denuncian constantemente la falta de recursos materiales y la disminución del personal. En muchos casos hasta se prescinde del trabajo de los enfermeros y hay dificultad de acceso a los medicamentos. Es un contexto que se intenta disimular mostrando obras de infraestructura, como guardias nuevas en los hospitales, para dar la impresión de que se atiende mejor. Además de buenos espacios físicos se debe contar con la adecuada cantidad y calidad de medicamentos, recursos materiales y capital humano para afrontar la tarea. La buena decoración no alcanza para lograr calidad en los cuidados.

Es la primera vez, en la historia de la Enfermería, que se habla de despidos de magnitud. El carácter inédito hace que también se vuelva crítico porque desalienta el interés por la profesión: hay personas con título de Enfermería que no consiguen trabajo.

Algunos fueron echados, como es el caso del Hospital Posadas en un número importantísimo, y son personas grandes que ya no pueden competir en el mercado laboral con personas de menor edad, más allá de que los últimos tengan menos experiencia. El macrismo alimentó la precarización laboral: se paga menos, no se establece planta permanente, se contrata, no se garantiza la estabilidad laboral. Ante tanta demanda de trabajo, cada puesto de trabajo que se ocupa implica que se condicione al trabajador. También hay muchas instituciones que han quebrado y cerraron sus puertas.

Paro de la línea B del subte y los talleres

La línea B del subte decidió un paro el viernes desde la apertura del servicio. La representación gremial del Taller Rancagua y la de Tráfico tomaron esta decisión en asamblea como repudio a la agresión contra trabajadores por parte de un delegado de la UTA. Un trabajador fue golpeado y otro empujado a una zona electrificada por la resistencia a que se realicen tareas sobre partes de los trenes contaminadas con asbesto. Una resolución colectiva que la UTA trata de trasgredir permanentemente.

En la base del conflicto, al que se sumó el paro de todos los talleres, aparece la negligencia patronal y del gobierno de Larreta, que no encaran con la urgencia del caso la desabestización del subte y presiona al personal para que realice tareas penadas por la ley sobre materiales peligrosos. Y la permanencia de un gremio minoritario y burocratizado como la UTA que actúa como quinta columna de los intereses de la patronal. A pesar del otorgamiento de la personería gremial a la AGTSyP, que fue desconocida por el ex ministro Jorge Triaca.

Crimen social. La Esperanza (Jujuy): suman ocho obreros fallecidos en el incendio

Tras el incendio ocurrido el miércoles 20, producto de las precarias condiciones del ingenio, después de años de vaciamiento bajo los gobiernos del PJ y ahora de la UCR que hizo entrega del mismo al grupo Budeguer, se confirma que son ocho los trabajadores fallecidos. Mientras las familias siguen esperando respuestas, seis víctimas aún no han sido identificadas.

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