No a la reforma presurosa de la ley de ejecución de penas 24.660

CONVOCAMOS a todos aquellos que deseen concurrir A LA PLAZA CONGRESO este MIERCOLES 14 a las 17 horas. “Para decirle NO A LA REFORMA presurosa de la ley de ejecución de penas 24.660”. Solicitamos nos acompañen a visibilizar y exigir a los actores del Estado que realmente trabajen y no sigan sancionando Leyes ridículas e incongruentes y violatorias de nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Nos encontramos frente a un nuevo episodio en el que, ante el legítimo reclamo de la población por una vida más segura, se pretenden reducir las garantías constitucionales de los ciudadanos buscando implementar una vieja receta que ha fracasado en las últimas décadas, y de la cual no puede esperarse que esta vez sea distinto.

El proyecto de ley que la semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, busca restringir derechos de las personas privadas de su libertad pretendiendo de esa forma contentar a un sector que se encuentra afectado por un flagelo y direcciona su reclamo hacia el victimario desatendiendo cuestiones coyunturales que son ajenos a sus conocimientos en la materia busca tener gente encarcelada por años sin atacar la problemática del DÓNDE ni el CÓMO se les va a brindar un tratamiento resocializador. Esta idea resulta una bomba de tiempo que NO VA A TRAER SOLUCIONES YA QUE NUNCA LAS TRAJO. A 12 años de las reformas llamadas “Leyes blumberg” es evidente que el panorama empeoró y el delito mutó, pero lejos ha estado de reducirlo.

Al verse afectados subjetivamente por esta problmática su legítimo reclamo no deja de estar muñido de una sed de venganza.
Una iniciativa de estas características no puede ser adoptada en una sesión parlamentaria realizada a las apuradas, sin información y sin debate. Necesariamente debe estar acompañada de una discusión profunda sobre los problemas que pretende saldar, la efectividad de sus propuestas y las consecuencias que va a tener sobre la situación actual del sistema penal.

(Una vez más, se intenta responder al reclamo legítimo de mayor seguridad con reformas legislativas que sólo generan más encarcelamiento y mayor nivel de violación de los derechos de las personas acusadas de cometer delitos.) El proyecto de ley parte de un diagnóstico errado sobre el encierro. Afirma como verdad categórica la hipótesis de la “puerta giratoria”, algo que el aumento sostenido de la tasa de encarcelamiento en todas las jurisdicciones del país desmiente.

Esta respuesta ante los incipientes reclamos de inseguridad ya se ha utilizado en otras Provincias como Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires. No se logró reducir la tasa de delitos, que siguieron aumentando, al mismo tiempo que los lugares de encierro colapsaron y personas que no habían delinquido pasaron largo tiempo detenidas. Además de costarnos reclamos de Organismos Internacionales,particularmente en la Provincia de Mendoza. (A partir de reformas que restringieron cuantitativa y cualitativamente la metodología en la ejecución de las penas. ) Propuestas como éstas pretenden funcionar como “atajos mágicos” para resolver graves problemas sociales, en lugar de atacar las deficiencias institucionales de las políticas de prevención del delito, política criminal y penitenciarias serias, al no combatir los defectos de las estructuras de investigación criminal, claramente direccionadas y selectivas. La corrupción de parte del aparato represivo del Estado, al igual que el silencio omisivo del poder judicial, contribuye y genera inseguridad.

Estas objeciones a las políticas impulsadas no significa negar la problemática que el delito y la inseguridad ocasionan, especialmente, en sociedades desiguales como la nuestra. Por el contrario, estos temas afectan a toda la sociedad y en forma particularmente grave a los sectores de menores recursos.

La respuesta a las demandas sociales en materia de seguridad debe darse en forma responsable, y con diagnósticos serios y medidas que se traduzcan en políticas efectivas y respetuosas. (No se puede ofrecer como solución simplista construir más cárceles, si ni siquiera las mismas están pensadas con proyectos de logística que estén pensados para el cotidiano desarrollo de la vida en prisión.)

La temática es compleja y la respuesta inmediata es descomprimir y controlar de manera eficiente a las personas condenadas. Y poner el énfasis en respetar nuestra Constitución y no caer en argumentos falaces para justificar prisiones preventivas innecesarias. La inoperancia Estatal no puede ni debe ser puesta en cabeza del detenido y en detrimento de una sociedad y luego pretender utilizar el dolor de esas víctimas para desentenderse de la responsabilidad que le corresponde al Estado y por carácter transitivo a quienes lo representan.

Queremos apelar al “SENTIDO COMÚN” de la sociedad, que cree que los problemas vinculados a la inseguridad se solucionan con penas más duras. Convocamos a (todos aquellos que reclaman seguridad para) que comprendan que ciertos sectores del Estado lucran con las víctimas y lejos de brindarles soluciones ciertas les postergan la agonía.
El afán electoralista vinculado a una imagen de eficiencia y respuestas inmediatas ante los reclamos justificados de las víctimas, conlleva a estos proyectos incongruentes que ponen un parche desmesurado que indefectiblemente acarreará problemas de mayor envergadura en un futuro no muy lejano.