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12/09/2008 :: Bolivia

Crece la violencia oligárquica en Bolivia: 10 muertos. Qué buscan

x Agencias / La Haine
Evo expulsa al embajador yanqui y el régimen de EE.UU. responde con la misma medida. Chávez dice "Váyanse al carajo, yanquis de mierda" cuando anuncia también la expulsión del embajador yanqui. En el fondo de la revuelta fascista están los millones de has. de tierras indígenas malhabidas

Las protestas organizadas por la oligarquía terrateniente contra Morales derivaron ayer en violentos choques que dejaron 10 muertos en el municipio norteño de El Porvenir, a 35 kilómetros de Cobija, la capital del departamento opositor de Pando.

Los grupos "civiles" parapoliciales enviados a El Porvenir estaban armados con rifles calibre 22 y revólveres de diferente tipo. La policía, como hace siempre que la que ataca es la derecha, "intentó intervenir, pero se vio obligada a replegarse". Un ingeniero de la Prefectura de Pando, un concejal de la localidad de El Porvenir, dos campesinos y otras seis personas que no habían sido identificadas murieron en los choques, que dejaron además 30 heridos.

Tras la ocupación y el saqueo de oficinas públicas y la toma de tres aeropuertos en los últimos días, los fascistas tomaron ayer varias instalaciones gasíferas y provocaron una importante restricción de las exportaciones del fluido, la principal fuente de divisas de Bolivia.

La petrolera Transierra había cortado temprano el envío de 14 millones de metros cúbicos de gas a Brasil (la mitad del total adquirido por ese país) tras el cierre de la válvula en el municipio de Machareti, a 70 kilómetros de la frontera con Paraguay. Tras siete horas de interrupción, informó que había reanudado los envíos de gas.

Grupos fascistas también obligaron a técnicos de Transierra a cerrar una válvula que envía gas natural a la Argentina desde la planta de Pocitos, cerca de la frontera. Al mediodía, la petrolera estatal local YPFB informó que había suspendido los despachos de gas a la Argentina a causa de la toma de una estación fronteriza del gasoducto por manifestantes.

Cinco de los nueve departamentos del país (Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca) se han declarado en pie de guerra contra el gobierno, en teoría para exigir la devolución de un impuesto a los hidrocarburos creado recientemente por Morales. En realidad, se oponen a la Constitución socialista e indigenista (ver más abajo).

En cuatro de estos cinco departamentos, los fascistas han aprobado estatutos autonómicos de corte neoliberal para obstaculizar la aprobación de la Constitución de Morales.

"Váyanse al carajo, yanquis de mierda"

El presidente Chávez le dio 72 horas a Patrick Duddy para salir del país, luego de que Bolivia y E.U. expulsaron mutuamente a sus embajadores, Philip Goldberg y Gustavo Guzmán.

Así, lo que comenzó con una crisis interna de Bolivia, por la rebelión de las regiones autonomistas contra el presidente Evo Morales, con choque entre opositores y oficialistas y que había dejado ya ocho muertos en medio de tomas de aeropuertos, de instalaciones de hidrocarburos, y explosiones de oleoductos, tomó anoche ribetes internacionales.

"A partir de este momento tiene 72 horas el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela, en solidaridad con Bolivia (...) y mandé por nuestro embajador", indicó el mandatario. "Váyanse al carajo, yanquis de mierda (...) Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis de mierda", agregó Chávez en un acto de apoyo al candidato de su partido para las elecciones regionales de noviembre, celebrado en Puerto Cabello, 120 km al oeste de la capital.

Además, amenazó con suspender el suministro de petróleo a Estados Unidos, su principal cliente, si Washington arremete contra su gobierno: "Hago responsable por el envío petrolero de Venezuela (al gobierno de) aquel país, si viniera alguna agresión hacia Venezuela. No habrá petróleo para el pueblo de E.U.".

"Señor canciller Maduro, mande por nuestro embajador antes de que lo echen de allá. Que regrese a la patria", ordenó el presidente venezolano.

Qué buscan los oligarcas

Como en casi todas las confrontaciones políticas contemporáneas en Bolivia, la disputa por la tierra es el catalizador de la violenta revuelta separatista que estalló en Santa Cruz.

Los pueblos indígenas y campesinos reclaman la devolución de territorios despojados a sus ancestros, y la burguesía terrateniente cruceña defiende sus latifundios mal habidos activando un golpe cívico prefectural en Santa Cruz, el departamento más extenso y desarrollado de Bolivia.

Luego de tres siglos de sistemático despojo del territorio indígena durante la colonia y la República, la reforma agraria de 1953 entregó a un sector minoritario las tierras más ricas que quedaban en la región amazónica y chaqueña, a veces a costa de las comunidades indígenas y campesinas, y sin el mínimo sentido de proporción y equidad.

Desde 1953 hasta 2002 el Estado distribuyó aproximadamente 35,9 millones de hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz entre 144.162 beneficiarios, estima el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Más de 54 mil pequeños propietarios que representan el 38 por ciento de los beneficiarios obtuvieron 2,2 millones de hectáreas, es decir el 6,3% de la tierra distribuida. Un poco más de 22 mil medianos empresarios (15,3 por ciento de los beneficiarios) recibieron más de 7,3 millones de hectáreas (20,5% de la superficie). Alrededor de 31 mil personas (22% de los beneficiarios) consolidaron derechos colectivos sobre 6,2 millones de hectáreas de tierras comunitarias de origen-TCO (17,4% de la superficie).

Y finalmente, en la inequitativa repartija, 11.140 grandes empresarios agropecuarios, que representan el 7,7 por ciento de los beneficiarios, se apropiaron de casi 19 millones de hectáreas, es decir el 52,6% de la tierra cruceña distribuida en 50 años.

En este último grupo de privilegiados, sólo 860 dueños de predios de más de 5 mil hectáreas de extensión concentran la propiedad de 8,7 millones de hectáreas. Los cuatro más ricos entre los ricos son dueños de latifundios de más de 50 mil hectáreas. Estos cuatro potentados ostentan en conjunto 802.878 hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz.

Latifundio y servidumbre

La "escandalosa" concentración de la tierra provocó conflictos que dañan las bases de la convivencia civil y es caldo de cultivo de regímenes de opresión y explotación laboral semi feudales que se creía superados por la "modernidad". La servidumbre indígena, una lacra con profundas raíces históricas, aún no ha sido erradicada al comenzar el Siglo XXI.

Centenares de familias guaraníes son sometidas a jornadas de trabajo forzoso de hasta 15 horas diarias en algunas haciendas en las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

Esta gente no goza de derechos laborales elementales y trabaja en una condición de servidumbre por deudas análoga a la esclavitud, confirman decenas de informes y estudios. Los patrones definen las condiciones y duración de la jornada de trabajo de sus pongos, las modalidades de pago, el registro de deudas, la forma de administración de los anticipos y la frecuencia de los "arreglos".

Los cautivos analfabetos, que desconocen sus derechos y no tienen forma de controlar las cuentas, pierden su libertad y son obligados a trabajar de por vida e inclusive a heredar deudas a sus hijos.

Este tipo de explotación servidumbral está presente en otras zonas rurales del departamento de Santa Cruz como la Chiquitanía.

Los indígenas chiquitanos comenzaron a ser sometidos a trabajos forzosos en los últimos dos decenios del siglo XIX en el auge de la explotación gomera, y en los años 30 del Siglo XX durante la construcción del ferrocarril a Puerto Suárez. Algunos huyeron del "empatronamiento" y fundaron en el monte comunidades como Lomerío y Monte Verde, pero no todos se salvaron del cautiverio y de la "esclavitud por deudas".

La reforma agraria de 1953 liberó a algunas poblaciones explotadas, pero se mantuvieron las estructuras agrarias pre modernas, luego consolidadas por el gobierno neoliberal y terrateniente de Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997).

Al comenzar el siglo XXI aún pueden verse en el área rural de Santa Cruz sistemas semi feudales y actores que pugnan por mantener estructuras "no muy modernas", con la mirada puesta en los recursos naturales como el hierro o las mismas tierras, observa el antropólogo Bernd Fischermann, que estudia desde hace décadas los sistemas de acceso y tenencia de la tierra en la región chiquitana. (Chiquitanos y la propiedad comunal de la tierra, PIEB, http://www.pieb.com.bo/nota.php?idn=3068).

"Confiscación de la propiedad privada"

El 8 de marzo de 2008, la Cámara Agropecuaria de Oriente, la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz, junto con autoridades municipales y hacendados de la provincia Cordillera conformaron "comités de defensa" de las haciendas del Chaco. El 14 de mayo, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) y otros gremios patronales crearon un Comité Interinstitucional para evitar la "confiscación de la propiedad privada productiva" y el reparto "político" de tierras, es decir la titulación de las tierras comunitarias de origen (TCO) guaraní en Alto Parapetí.

Ahora las elites cruceñas imponen a palos un estatuto autonómico que otorga exclusivas competencias legislativas y ejecutivas sobre la tierra a un gobierno cruceño tan autónomo como una republiqueta independiente, y cuyo principal mandato es proteger la gran propiedad privada de la tierra de los terratenientes que encabezan el movimiento cívico prefectural de Santa Cruz.

El líder cívico Branco Marinkovic, enjuiciado por apropiación ilícita de más de 27 mil hectáreas de tierras fiscales e indígenas, impone un régimen autonómico fascista que niega a comunidades indígenas despojadas su derecho a la tierra; que viola varios tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano y que mantiene las relaciones laborales esclavistas en haciendas mal habidas.

No es una prioridad para la "república autonómica" cruceña corregir la desmedida concentración de tierras en pocas manos sino suspender la titulación de nuevos territorios indígenas.

El prefecto Rubén Costas y el cívico Branco Marinkovic dicen que la tierra de Santa Cruz pertenece exclusivamente a los cruceños, pero les niegan una TCO a los guaraníes del Chaco, los primeros cruceños.

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