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29/11/2018 :: Europa, EE.UU., Mundo

Julian Assange acorralado

x Sally Burch
No es coincidencia que el régimen de Ecuador en el campo internacional ha pasado a priorizar las relaciones de vasallaje con EEUU

El cerco se aprieta sobre el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien sigue en condición de asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. La persecución internacional crece y sus derechos son coartados.

A mediados de noviembre, se filtró (aparentemente de forma involuntaria) que existe efectivamente una acusación sumaria contra Assange en EEUU, cuya naturaleza aún no se ha divulgado. Este martes, 27 de noviembre, una jueza federal de EEUU postergó una decisión, solicitada por el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, de ordenar que se revele el contenido de la acusación, una vez que queda confirmado que ésta existe. El Departamento de Justicia, por su parte, defiende mantenerla en secreto, hasta que el acusado sea detenido.

Mientras tanto, las autoridades británicas mantienen su intención de detener a Assange si sale de la embajada, por haber violado la libertad condicional, cuando entró a la embajada hace seis años, (a pesar de que ya ha vencido la investigación judicial que realizaba Suecia, sin que se haya planteado cargo alguno). Lo más probable es que, si ello sucede, EEUU solicitará su extradición. Estos hechos refuerzan los argumentos de Assange y su equipo legal de que corre el riesgo de un juicio en EEUU, que podría acarrear la pena de muerte. Ese es el principal motivo que justifica mantener el asilo.

Para EEUU es complicado enjuiciar al periodista/editor por la publicación de miles de documentos confidenciales, ya que implicaría un atentado a la libertad de prensa. Es más, tendrían que acusar también a los grandes medios que replicaron la información. Vale recordar que Wikileaks es un portal donde se publican documentos entregados por quienes en inglés se llaman “whistleblowers”, o sea, denunciantes que develan irregularidades en las instituciones donde trabajan, por consideraciones de interés público. Wikileaks verifica el origen de los documentos, pero protege la identidad del denunciante.

Por lo mismo, Assange no es, como a veces se le tilda, un “hacker” (en el sentido de alguien que viola la seguridad de equipos electrónicos sin autorización [vale reconocer que esta es la interpretación burguesa de la palabra; para el movimiento 'hacker', el término refiere más bien a la experticia en informática; en todo caso, la palabra a usar en ese caso sería 'cracker']), sino el director de una editorial.

Por ello, EEUU más bien trata de vincularlo a espionaje, pero ello implicaría demostrar que trabaja para algún otro gobierno. Hay indicios ahora de que se busca acusarle de colusión con Rusia, en el caso actualmente bajo investigación de la posible implicación de servicios de inteligencia rusos en la sustracción de emails del Partido Demócrata, que posteriormente fueron publicados por Wikileaks durante la última campaña presidencial, hecho que puede haber favorecido la candidatura de Donald Trump. Wikileaks ha negado cualquier vínculo con los rusos en el caso.

Más allá de los pormenores de la acusación, lo que es evidente es que los gobiernos afectados no le perdonan a Wikileaks haber revelado sus documentos confidenciales. Mucho menos quieren reconocer que Wikileaks ha brindado un gran servicio a la humanidad al sacar a la luz pública asuntos sobre los cuales los gobiernos deberían rendir cuentas, máxime cuando está en juego el uso de fondos públicos.

Ecuador bajo presión

Entretanto, la situación de Julian Assange en la embajada ecuatoriana, donde está prácticamente incomunicado desde hace seis meses, es cada vez más insostenible; todo indica que es justamente esto lo que busca el gobierno de Lenin Moreno, que le considera un huésped indeseado y una herencia incómoda del gobierno anterior. La Corte Interamericana ratificó, en julio pasado, que Ecuador tiene la obligación, no sólo de garantizar el asilo, sino de adoptar medidas positivas para que el asilado no sea entregado, lo que sin duda frenó la intención de expulsarlo de la embajada. Desde octubre se le ha impuesto un protocolo de “reglas de convivencia” que atentan a sus derechos básicos y libertad de expresión.

Llama la atención, además, que el 21 de noviembre, por decreto presidencial, se cesó al embajador en funciones, Carlos Antonio Abad Ortiz, antes de que cumpla el plazo normal; también se ha cambiado todo el personal de la embajada. Y a partir de diciembre el asilado debe cubrir sus propios gastos de alimentación y comunicación. Todo indica que, al no poder expulsarle, se le quiere hacer la vida tan difícil para obligarle a abandonar la embajada, sea por voluntad propia o por un quiebre de su salud (la cual ya está bastante delicada por el encierro y la falta de acceso a atención médica adecuada).

No es coincidencia que el gobierno de Ecuador, que en el campo internacional ha pasado a priorizar las relaciones de cooperación y acuerdos comerciales con EEUU y Reino Unido, esté sometido a múltiples presiones para rescindir el asilo de Julian Assange. Cuando el Vicepresidente estadounidense, Mike Pence, visitó Quito, en junio pasado, abordó el tema con el presidente Moreno, a instancias de varios senadores, principalmente del Partido Demócrata. Si bien Moreno negó que se haya abordado el tema de Assange, la Casa Blanca lo confirmó y señaló que acordaron mantenerse en coordinación estrecha para los próximos pasos. ¿Se debe entender que las actuales presiones sobre Assange son parte de estos “pasos”?

Ecuador se destacó en el escenario mundial por haber otorgado el asilo a Julian Assange, desafiando la presión de las potencias mundiales. Incluso fue el gobierno actual que le dio la ciudadanía hace un año. Parece que esto quedó atrás, y que, a estas alturas, solo una fuerte campaña internacional en defensa de los derechos de Julian Assange y de Wikileaks podría evitar un desenlace fatídico.

Alai

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