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14/01/2020 :: Argentina, Argentina

Aumento salarial en dosis homeopáticas

x Mario Hernández
Panorama político y sindical

Luego de semanas de negociaciones con las cámaras empresarias y los sindicatos, el aumento salarial por decreto para trabajadores privados fue anunciado en la tarde del viernes 3 y oficializado el sábado en el Boletín Oficial. Fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el encargado de comunicar esta medida adoptada por Alberto Fernández que aplicará un incremento salarial de hasta 4.000 pesos (en bruto) en dos cuotas.

Muy por detrás de un bono entre $6.000 y $9.000, la medida del Gobierno para “llenar de plata los bolsillos de la gente” tiene sabor a poco, será en dos cuotas como adelanto de futuras paritarias. La medida abarca a los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del Sector Privado. Según estimaciones del Gobierno se trataría de 1.300.000 trabajadores.

Si tenemos en cuenta sólo los salarios por convenio -que, en general, son los menos castigados si se los compara con los sueldos de quienes no están sindicalizados y/o en blanco-, en la mayoría de los gremios cayeron en torno del 20%.  

Según cifras del Observatorio del Derecho Social, que depende de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, los más perjudicados en este deterioro fueron los textiles, cuyos ingresos cayeron un 38,7% en el último trimestre de 2019 y en comparación con el mismo período de 2015. A ese gremio le sigue prensa (-35,9%), los estatales nacionales (-35,9%) y el salario mínimo, vital y móvil (-27,1%). Al final de la tabla, los que han podido resistir mejor frente a la inflación fueron los aceiteros, quienes prácticamente salieron empatados ya que perdieron 0,1% de su poder adquisitivo.

Para los sueldos más bajos representa una suba de entre 7 y 20%. Según el ministro, Claudio Moroni, la suma fija permite recuperar todo el poder adquisitivo perdido en 2019 en la construcción, entidades deportivas, estaciones de servicio, encargados de edificios, alimentación, metalúrgicos, seguridad, sanidad, pasteleros y cuero. Quedan excluidos los empleados públicos. El ministro de Trabajo sostuvo que a partir de la semana que viene habrá medidas similares para ellos.

Misma suerte corrieron los trabajadores rurales y las trabajadoras domésticas, quienes por tener convenios particulares “se evaluará la posibilidad de instrumentar medidas tendientes a contemplar la situación de dichos trabajadores”, según se lee en el documento. El aumento salarial se pagará en dos cuotas: una en el sueldo de enero por $ 3.000 y en el sueldo de febrero se adicionarán $ 1.000, totalizando en ese mes la suma de $ 4.000.

En palabras de Moroni la medida tiene como objetivo “compensar” a los que ganan menos, por eso el aumento es “uniforme para todas las escalas” y se liquida bajo el ítem de “incremento solidario”, es decir, no se aplica al salario básico porque la intención del gobierno es no afectar condiciones que deben resolverse dentro de los Convenios colectivos específicos a tratarse en las próximas paritarias.

A contrapartida de convalidar la suba salarial, el Gobierno dispuso que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas queden eximidas de pagar cargas patronales (sólo en el monto referido al incremento solidario) por el plazo de 3 meses.

Tal como sucediera con los de la actividad privada, los trabajadores del Estado nacional, recibirán aumentos definidos por el Gobierno nacional. La medida, cuyo Decreto se espera que sea firmado en el transcurso de esta semana, prevé aumentos como los recibidos por los privados: uno de 3.000 y otro de 1.000 pesos. La diferencia está en los meses de aplicación, mientras que a los últimos correrá en enero y febrero, los de los estatales será en los sueldos de febrero y marzo.

Los aumentos no serán aplicables a todos los trabajadores estatales. Según se anunció desde fuentes del Ministerio de Trabajo, el beneficio se aplicará a la base de la pirámide, especulando con que el corte se haga en aquellos trabajadores que ganen hasta 60.000 pesos mensuales. Al igual que con los aumentos a los privados, será a cuenta de la paritaria 2020, cuya negociación se inicia en el mes de mayo, antes que venza la del año anterior.

Otro punto a destacar es que sólo abarcará a quienes revisten en dependencias de esa órbita, quedando provincias (2.300.000 trabajadores) y municipios (451.600) a criterio de cada autoridad distrital.

A la hora de calificar la medida, el Secretario General de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy declaró: “Muestra por un lado la voluntad y el esfuerzo del gobierno nacional de atender las necesidades cada día más graves de los sectores de menores ingresos tanto del sector privado como del público. Y por otro lado, es cierto que tiene gusto a poco porque la pérdida que hemos tenido es muy grande. Pensemos que en el Estado Nacional, el incremento que había otorgado el gobierno anterior con su sindicato amigo (UPCN) en cuotas no superaba el 30% y la inflación en el año 2019 ha sido del 55%. Evidentemente el retraso es muy grande y esta recomposición alcanza a paliar solamente en parte tanta penuria”, sostuvo.

En solo cuatro años, el gobierno de Macri "nos licuó más de un tercio del salario real, y en el acumulado del período perdimos casi un año de salario (11,58 salarios mensuales considerando el valor real de noviembre de 2019)", afirman desde la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Indec, en un comunicado difundido el lunes pasado.

En noviembre de 2019, la pérdida acumulada del poder adquisitivo para los trabajadores estatales desde noviembre de 2015   fue de $ 298.241 (considerando, incluso, todas las sumas fijas otorgadas “por única vez”). El cálculo se realiza sobre un salario testigo, de la categoría D0 del escalafón estatal (salario bruto según SINEP: $ 25.750).

Salarios

El lunes 6 de enero por la mañana los sindicatos estatales de Chubut volvieron a manifestarse ante la falta de pago del aguinaldo y el salario de diciembre. Entre ellos Atech, Sitravich, Sitrajuch, Soyeap, Sisap, ATE, CTA, UPCN. En la capital Rawson, la manifestación llegó a las puertas de Casa de Gobierno, custodiada por un fuerte operativo policial. Las medidas se replicaron en otros puntos de la provincia. En Puerto Madryn, se realizó el corte de la Ruta Nº 3 en su acceso sur. Entre Trelew y Rawson se cortó la Ruta 7. En Comodoro Rivadavia se concentró en la Plaza Kompuchewe.

Luego de los reclamos, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, confirmó que «hoy o a más tardar mañana se estarán depositando los fondos para que los empleados públicos terminen de cobrar en su totalidad el medio aguinaldo», correspondiente a la segunda cuota del año pasado.

El mandatario chubutense, en conferencia de prensa, reconoció que «esto es posible gracias al aporte que realizó Nación de un anticipo financiero de 1.000 millones de pesos que recibimos con otras cuatro provincias, lo cual nos permite hacer el anuncio».  

Arcioni calificó como «muy delicada» la situación financiera de la provincia, lo que obliga al menos «hasta mediados de año a pagar los sueldos (de los empleados públicos provinciales) por escala salarial».

Arcioni responsabilizó de la situación que vive Chubut a la deuda pública contraída en el mercado internacional de capitales, sobre todo los 650 millones de dólares que tomó su antecesor, Mario Das Neves, cuando él era vicegobernador, y que se descuentan alternativamente de manera bimestral y trimestral. «Vamos a buscar un reperfilamiento de la deuda porque así no se puede salir nunca de esta situación, a pesar de la Ley de emergencia que está plenamente vigente», expresó.

Los hospitales de Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia están de paro, en “la zona sanitaria del noroeste, los hospitales de la comarca se encuentran actualmente en paro por tiempo indeterminado uniéndose al resto de los sectores de los trabajadores del Estado que viven la misma situación. Localmente, está anunciado el paro por 72 horas. La provincia en su totalidad en lo que tiene que ver con su sistema de salud se encuentra en una profunda crisis desde el punto de vista de los derechos laborales pero también desde el punto de vista del derecho constitucional al acceso a los servicios de salud”, puntualizó la doctora Lía Pérez del hospital zonal de Esquel.

En cuanto a los reclamos laborales, Pérez no sólo señaló que hasta la fecha no se les han pagado los aguinaldos sino también que el acuerdo en la paritaria del último semestre del año 2018, que disponía recomposición salarial trimestral mediante cláusula gatillo para el año 2019, no se cumplió, de manera que el salario se encuentra en la actualidad deteriorado respecto del incremento inflacionario desde marzo del año pasado en adelante.

El reclamo de estatales y docentes santafesinos fue el lunes pasado a la puerta del Ministerio de Educación para exigir respuestas ante las evasivas de la ministra Adriana Cantero. Desde el anuncio del cronograma de pagos antes de año nuevo, el gobierno dejó a miles de trabajadores y trabajadoras sin cobrar su salario y con vacaciones obligadas en enero. Con respecto a la situación de los comedores escolares: “Están diciendo que no saben si tienen los fondos. En la provincia de Santa Fe hay fondos y si no hay que les cobren impuestos a las cerealeras, que le cobren impuestos a la patria financiera, que lo apruebe el Parlamento y que paguen los que tienen que pagar. Pero que busquen cesar el hambre de los pibes y las pibas. El año pasado en diciembre 18.000 chicos pasaron por los comedores, este año 23.000, 5.000 chicos más en un mes. Significa que la crisis social es grande, significa que tienen que estar discutiendo no sólo cómo atienden y liberan rápidamente las partidas que siempre se hicieron entre el 20 y el 25 de cada mes, sino también tienen que ver cómo aumentan esas partidas para que realmente todos los planes nutricionales estén sujetos a las necesidades de las niñas y los niños que van y son atendidos en los comedores”, señala el sindicato docente en un comunicado.

Los choferes agremiados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Santa Fe paralizaron el miércoles el servicio urbano de colectivos de la ciudad de Santa Fe y el interurbano del centro-norte provincial luego de constatar por cuarto día seguido que solo percibieron el 50% de los salarios de diciembre.

La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, se reunió con integrantes de la CTA Autónoma y abordaron problemáticas que atraviesas los estatales bonaerenses. En ese marco, los gremialistas le plantearon a la funcionaria la necesidad de recuperar el poder adquisitivo salarial y la reapertura de Fanazul, la planta de fabricaciones militares de Azul que fuera cerrada por el macrismo.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció que el Gobierno trabaja para convocar «a mediados de este mes» a la paritaria nacional docente para que entre las provincias, los gremios y las autoridades nacionales se llegue a «un acuerdo salarial que permita recuperar la capacidad adquisitiva de los maestros».

José García, secretario gremial del Sindicato de Pasteleros, anunció que desde la gerencia de la empresa Balcarce se comprometieron a abonar el salario correspondiente a la primera quincena de diciembre más un remanente de 2.500 pesos del bono de 2019. Queda pendiente el pago de la segunda quincena de diciembre y del aguinaldo.

El jueves cientos de monotributistas concentraron frente a la sede central de la AFIP para rechazar el aumento del 51% de los aportes bajo esta modalidad. Luego de ser recibidos por autoridades de la entidad, consiguieron una reunión en la que explicaron más a fondo el paquete de reclamos.

La convocatoria fue originalmente impulsada por la agrupación Monotributistas Organizados, una iniciativa surgida de Trabajadores Precarizados de Salud y Educación. Según Ailén Lucarelli, una de las convocantes, los monotributistas “representamos al 49% de los trabajadores activos del país según el INDEC. No tenemos vacaciones pagas, aguinaldo, bono de fin de año, convenio colectivo de trabajo. Un aumento del 51% es inafrontable”.

Lucarelli detalló algunos de los reclamos que se presentaron: “Reclamamos el congelamiento del aumento del 51% por 6 meses, la extensión de la tarifa social para las primeras categorías, la exención del componente impositivo para enero y febrero, y el cese de la precarización”.

Esta es la realidad de gran parte de los trabajadores, muchísimos de ellos contratados incluso dentro de los mismos organismos del Estado como los distintos ministerios y entes nacionales, provinciales y municipales. También se encuentran afectados por este aumento los trabajadores de las Apps como Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Uber Eats, entre otras.

“Con esta suba vamos a tener que pagar entre un 10 % y un 15 % de lo que ganamos en un mes. Yo trabajo todos los días, pedaleando entre 9 y 10 horas y apenas saco entre $ 17.000 y $ 20.000”, contaba un joven de 22 años que trabaja para Rappi.

Desde mayo de 2019, los 16 periodistas que quedan en el portal Diario Registrado, que es parte del Grupo Indalo, que nuclea a medios como C5N, Minutouno, Ámbito Financiero, entre otros, cobran la mitad del salario y en cuotas. “Estamos cobrando entre 13.000 y 15.000 pesos por mes. Con lo que cobramos este enero, recién se completaron los salarios de agosto del año pasado. La situación es desesperante”, contó Nicolás López, delegado gremial.

“Cuando (Cristóbal) López salió de la cárcel se comprometió a regularizar las distintas situaciones de conflicto. Hemos visto y sabemos que con otros medios del grupo lo están haciendo, pero con nosotros no. Tampoco tenemos interlocutores con quiénes hablar ni nos transmiten tranquilidad por ninguna vía”, afirmó el delegado.

Precios

La vuelta del IVA a 13 productos de la canasta alimentaria produjo incrementos de hasta el 16 %. Yerba, aceite, yogur son algunos de los alimentos que más aumentaron. En este marco, y con menos productos, se relanzó este martes el programa Precios Cuidados, que arranca sobre la base de estos aumentos.

Según un relevamiento en las cadenas Coto y Carrefour (que forman parte de los que suscribieron el acuerdo) algunos de los alimentos que registran fuertes incrementos hasta el momento son: yogur Yogurísimo firme de La Serenísima con un 14,5%; yerba Unión y Playadito de 1 kilo también con un 14,5%; los aceites (con marcas como Cocinero y Cañuelas) con un 16 % promedio; harina leudante Blancaflor con 14,40%.

Despidos

«Parece que Techint cada vez que hay un cambio de Gobierno despide», disparó Abel Furlan, titular de la UOM Zárate-Campana. Es que la empresa resolvió prohibir el ingreso a unos 200 operarios. «Veníamos firmando una acta de suspensiones en 2019 con Tenaris Siderca por la situación que tenía la planta a cambio del pago del 90% de los salarios», explicó el también diputado nacional. «La empresa propone extender las suspensiones pero con el pago del 74% del salario a lo que nos negamos», relató. «Llevaremos el tema al Ministerio de Trabajo y solicitaremos la conciliación obligatoria», añadió Furlan.

Finalmente en un encuentro de partes, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó conciliación obligatoria en el conflicto. La medida obliga a la empresa a retrotraer las cesantías por el lapso de 15 días hábiles y al gremio metalúrgico abstenerse de realizar medidas de fuerza. Sin embargo, la firma pegó un cartel en el ingreso con el que anticipa que pedirá la nulidad de la conciliación y que las reincorporaciones son «temporales». El Ministerio de Trabajo bonaerense ya evalúa sanciones para Tenaris por incumplir la conciliación.

En el marco del conflicto ocasionado por el despido de trabajadores del municipio de la ciudad de La Plata, se realizó un paro de actividades, movilización y reuniones en distintas dependencias de la Comuna. Fue así que la cartera provincial convocó a los gremios a una audiencia. Los gremialistas reclaman la revisión de la medida que alcanzaría “entre 300 y 500 personas”.

La medida alcanza a trabajadores de las áreas de Control Ciudadano, Seguridad, la Agencia Platense de Recaudación, la atención de la línea 147 y la secretaría de Políticas de Género y Asistencia a la Víctima, entre otras.

Las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género dieron a conocer un comunicado.
“URGENTE: 5 días sin respuesta. 5 trabajadorxs sin sus puestos de trabajo. Están vaciando la Secretaria de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de La Plata. En el transcurso de la mañana del 2 de enero, a través de llamados telefónicos se les informó a compañerxs de la Dirección de Políticas de Género como del Hogar de Protección Integral, destinado a mujeres en situación de violencia, que están despedidxs. Esta situación profundiza el desmantelamiento y vaciamiento que venimos denunciando hace tiempo. En la Municipalidad de La Plata no existen políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia y reparación que alojen estas situaciones. Ante la gravísima situación en esta temática, la declaración de emergencia en violencia de género y teniendo en cuenta que durante el año 2019 se registraron 327 femicidios a lo largo del país, el intendente Julio Garro y la Secretaria Carolina Píparo responden con un plan de hambre y despidos. Con hasta 7 años de antigüedad con un sueldo abajo de la línea de pobreza y condiciones paupérrimas de trabajo 5 familias se quedaron sin sustento”. Docentes Tucumanos Autoconvocados marcharon, en protesta por la suspensión de la aplicación de la cláusula gatillo por parte del gobernador peronista Juan Manzur, con lo que prevé reducir en $ 800 millones el déficit de las cuentas provinciales. La Comisión Gremial Interna de los trabajadores de la empresa TSU Cosméticos denunció otros 80 despidos sin causa, por lo que ratificó el plan de lucha y el acampe frente a la fábrica. Afirmó que la nueva decisión patronal sumó durante todo 2019 más de 300 empleados cesanteados y denunció la complicidad del gremio del sector alineado con Luis Barrionuevo.

«Al personal que continúa cumpliendo tareas se le adeuda tres aguinaldos y medio, el bono de 5 mil pesos otorgado por el gobierno anterior y el de este año, además de otro 25 % del haber de noviembre último. Otros trabajadores continúan percibiendo un porcentaje de su salario en negro (no declarado), y la mayoría fue despedida por exigir el cobro del sueldo anual complementario y el blanqueo de los montos irregulares», afirmó la CGI.

Los representantes de los trabajadores denunciaron «amenazas patronales» de desalojo del lugar y de «cierre total de la fábrica», por lo que ratificaron la continuidad de la protesta.  

La firma TSU Cosméticos está ubicada en el barrio Villa Lynch de San Martín, y aún continúan cumpliendo tareas 400 trabajadores, en tanto el personal inició el plan de acción gremial el 27 de diciembre último en demanda de las reincorporaciones.

Trabajadores de Mendicrim (Sancor) continúan atravesando una situación de incertidumbre y destrato por parte de Alimentos Refrigerados S.A. (Arsa) y temen por el futuro laboral en lo inmediato. Los 21 trabajadores de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Arenaza elevaron una denuncia al ministerio de Trabajo por las denigrantes situaciones laborales que debían atravesar. Desde Trabajo explicaron que “se labró el acta en la que se comprobó que los operarios eran alojados fuera del predio industrial, separado por un alambrado perimetral, sin contacto con los otros empleados de la planta. Dado esto, se procedió al inmediato desalojo y a la posterior clausura del lugar de encierro”.

Los trabajadores damnificados, en tanto, insisten en que Arsa cumpla la medida cautelar y les brinde los puestos de trabajo correspondientes.

El lunes pasado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires efectivizó los despidos de más de 50 agentes del cuerpo de Tránsito. Las y los trabajadores denuncian que fueron cesanteados por reclamar el pase a planta permanente. Los despidos se realizan luego de que la jueza en lo contencioso y administrativo, Patricia López Vergara, le prohibiera al Gobierno porteño desvincular a los agentes que se encontraban bajo monotributo. Por otra parte, mientras despide a los activistas, comunica el pase a planta de otra tanda de trabajadores.

Los agentes de Tránsito denunciaron que solo el 20 % de los empleados se encontraba en planta permanente y que el 80 % restante lo hacía bajo la modalidad de monotributo. A su vez, denunciaron que no contaban con obra social ni con aportes jubilatorios ni con cobertura por ART.

Las y los trabajadores montaran una carpa en la intersección de Perú y Avenida de Mayo, donde realizaron una conferencia de prensa. Exigen la reincorporación a sus puestos, el cese de la persecución sindical y el pase a planta para la totalidad de las y los agentes.

Reunidos en asamblea, los papeleros de Kimberley Clark resolvieron llevar adelante una movilización al Ministerio de Producción bonaerense el jueves 9 de enero, para solicitarle al titular de la cartera, Augusto Costa, una audiencia urgente para conformar una mesa de trabajo que los incluya con el objetivo de poner en funcionamiento a la planta de Bernal. Previamente, el martes 7 a la tarde, hicieron una actividad de difusión en la peatonal de Quilmes.

“Para reactivar la industria hay que comenzar abriendo las fábricas que cerraron, y Kimberly Clark está en condiciones de hacerlo de inmediato, como lo hemos demostrado en la prueba productiva que realizamos en momentos de la ocupación”, expresaron. “Esta acción mínima, no reemplaza a la verdadera movilización que debería realizar el gremio frente al cierre de 6 plantas papeleras en estos últimos 3 meses, además de Kimberly Clark, convocando plenarios de delegados y asambleas de fábrica para enfrentar este industricidio papelero”, agregaron los trabajadores papeleros de Kimberly Clark en lucha.

No obstante, Sergio Berni se apresuró a tirarles encima a la Infantería y la Policía Bonaerense sin privarse de empujar a los trabajadores que pelean por el derecho a trabajar mientras el cierre fraudulento de la multinacional norteamericana sigue en pie.

Más de un centenar de trabajadores municipales despedidos por el Intendente del departamento catamarqueño de Recreo, Luis Polti, se manifestaron con el corte de la ruta nacional 157 para exigir su reincorporación.

El martes 7 el Gobierno nacional dispuso la intervención del Hospital Posadas a través del decreto 20/2020 publicado en el Boletín Oficial. Allí dice que “el estado de acefalia actual pone en riesgo el normal funcionamiento de dicho nosocomio y por consiguiente la prestación de sus distintos servicios” y establece un plazo de 180 días para la intervención que buscará “garantizar el funcionamiento institucional”.

En una entrevista radial el nuevo director del Hospital, el Dr. Alberto Maceira, anunció que se podría evaluar la posibilidad de reincorporación de 200 trabajadores despedidos bajo la era macrista, analizando caso por caso. Como primera medida para dar curso a este reclamo el día lunes una delegación de los gremios CICOP, STS y despedidos entregaron una petición formal de reunión a las nuevas autoridades que deben poner fecha y hora para comenzar a avanzar en este sentido tema.

Tras largos meses de incertidumbre, cambios de responsables de la firma, paros interminables y hasta la toma de la fábrica Vassalli de Firmat (Santa Fe), desde el lunes la planta comenzó con las tareas de poner en condiciones los talleres para comenzar la producción.

La intención de los nuevos inversores de volver a fabricar cosechadoras llegó en las primeras horas del 2020 y los más de 300 operarios con que cuenta la planta ya está abocados de lleno a preparar los talleres para la fabricación de la primera de este año.  

Algunas definiciones de Matías Kulfas

El ministro de Desarrollo Productivo escribió en Le Monde Diplomatique un artículo -“La economía después de la grieta”- donde desarrolla algunas de sus ideas centrales. Veamos algunas:

[…] la necesidad de implementar un programa macroeconómico y productivo consistente que permita generar un excedente genuino de divisas para garantizar el crecimiento económico y afrontar los vencimientos de la deuda externa de los próximos años. […] Las políticas de desarrollo productivo tendrán que priorizar la inversión en aquellos proyectos que incrementen las exportaciones y sustituyan importaciones de manera genuina.

[…] La recuperación tendrá que seguir un proceso mucho más calibrado que en el pasado, sin depender exclusivamente ni del consumo ni del gasto público. Es deseable y necesario estimular una recuperación del salario real, pero este proceso habrá que implementarlo con sumo cuidado para evitar que la puja distributiva realimente los niveles inflacionarios […]. Asimismo, en un estado de deterioro de la industria, es probable que los incrementos del salario real no encuentren oferta productiva adecuada y eso genere una mayor demanda de importaciones, lo que empeoraría la delicada situación externa. Con respecto al gasto público, la situación fiscal dista de la holgura de la década pasada. El gobierno de Macri agravó la situación al agregar una holgada cuenta de intereses de la deuda.

Por tales motivos, no es posible apostar a una recuperación general a partir de un shock de consumo estimulado solo con aumentos del gasto público o la recomposición del salario real. Antes bien, es necesario montar un aparato de relojería que direccione de manera efectiva escasos recursos hacia inversiones que recuperen el tejido manufacturero y, al mismo tiempo, contribuyan positivamente a generar un excedente de divisas que permita desplazar la restricción externa y obtener los recursos para financiar el crecimiento y los pagos de la deuda externa” (negritas mías).

He aquí el verdadero programa económico alejado de las promesas de campaña del Frente de Todos.

Noemí Brenta, autora de Historia de la deuda externa argentina. De Martínez de Hoz a Macri señala que: “Hoy los intereses y cargo de la deuda se llevan cada año unos tres puntos del PIB y representan alrededor de un quinto del gasto público. Esto es muchísimo: supera, por ejemplo, la suma del presupuesto nacional en salud, educación y ciencia y tecnología.

[…] Para dar una idea de lo que significa esta filtración de recursos, un estudio reciente del FMI encontró que por cada 1% de inversión pública en las provincias argentinas el producto crece hasta 1,7%. Por ejemplo, si en lugar de pagar 10.000 millones de dólares en intereses en 2020 -que son los recursos presupuestados por la deuda en moneda extranjera-, el Estado construye infraestructura y viviendas por ese monto, la producción y los ingresos aumentarían en 17.000 millones de dólares, equivalentes a 4,25% del PIB.

También el economista político Julio Gambina en su artículo “ ¿Qué puede ocurrir en Argentina relativo a la economía del 2020?” señala: “ Solo para ejemplificar presento un ejercicio que realizamos con organizaciones territoriales involucradas en la autogestión del hábitat. En la experiencia de algunas organizaciones, el costo del m2 ronda los 770 dólares el m2, contra unos 2.000 dólares en el circuito comercial tradicional, que sirve para contrastar los beneficios de la eliminación del lucro en la resolución del problema de la vivienda en el país. Ese costo incluye pagos adecuados de la fuerza de trabajo calificada aplicada a la construcción, tanto como materiales de calidad superior a la media en el circuito comercial tradicional.

En el ejercicio que realizamos supusimos un costo superior del m2, no solo para facilitar el cálculo, sino previendo problemas de aprendizaje en la extensión de la propuesta a otros sectores no familiarizados con las técnicas de ejecución de obras que si tienen las organizaciones sobre las que pensamos el ejercicio. Digamos que la propuesta incluye el factor “aprendizaje”.

A un costo de 1.000 dólares el m2, con calidad de materiales y fuerza de trabajo de calidad superior a la media en las condiciones actuales, construir 100 viviendas de 65m2 cada una, aproximadamente unos 6.500m2 insumirían un costo de 6,5 millones de dólares. La experiencia ocuparía a unos 50 trabajadores directos (aplicados a la construcción, incluidos profesionales de asistencia) y 50 indirectos (afectados a la producción de materiales y herramientas de la construcción), un total de 100 trabajadores durante el tiempo de construcción estimado en 24 a 36 meses (según la disponibilidad de fondos, tierras y la destreza de los involucrados en el proyecto.

Si se utilizaran los más de 1.300 millones de dólares de reservas internacionales, afectados a cancelación de la deuda pública que se autorizó en estos días, a la construcción de viviendas bajo las condiciones y costos anteriormente identificados supone la construcción de 20.000 viviendas en 24 meses; involucrando a 20.000 trabajadores durante 24 meses, la mitad de manera directa (10.000 trabajadores de la construcción) y la otra mitad de manera indirecta (10.000 trabajadores en la producción de materiales, máquinas y herramientas necesaria para la construcción). Son 20.000 viviendas x 65 m2= 1.300.000 m2 x 1.000 dólares de costo el m2, entonces son 1.300.000.000 dólares. Valor de construcción de 20.000 viviendas por mecanismo de autogestión: 1.300 millones de dólares (similar a las reservas utilizadas para cancelar deuda en enero 2020).

Con el ejercicio anterior vale el interrogante del uso alternativo de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para cancelar deuda pública. ¿Cuál es la ventaja de destinar 4.500 millones de dólares a cancelar una deuda impagable, si alternativamente pueden usarse para construir 69.230 viviendas de 65 m2 c/u, las que se construirían en dos años? Unos 70.000 trabajadores se involucrarían en la actividad.

El ejercicio pretende mostrar usos alternativos de las reservas internacionales, que no debieran utilizarse para cancelar una deuda ilegitima y odiosa, tal como reclaman en estas horas la “Pastoral Social” en su documento “La deuda social es la gran deuda de los argentinos", o en sendas propuestas elevadas al Ministerio de Economía por ATTAC-Argentina en conjunto con el Comité de Anulación de las Deudas Ilegitimas, CADTM, por un lado, y el Servicio Paz y Justicia y Diálogo 2000 por el otro. En estos dos casos, las presentaciones se hicieron con fecha 3 de diciembre ante la invitación a los acreedores de la deuda pública para presentar propuestas de refinanciación por parte de las autoridades argentinas.

Las misivas de las organizaciones sociales demandan que no solo se escuche la voz y propuestas de los acreedores, sino también y muy especialmente la del pueblo, principal afectado por la política de endeudamiento recurrente”.

Según el Boletín Oficial de este 2 de enero, el Banco Central le cedió al Tesoro Nacional 1.326 millones de dólares para pagar deuda, entregando a cambio una Letra a 10 años y sin valor de mercado, por ese mismo monto.

Mientras tanto, se alejan las expectativas de una imprescindible auditoría o una investigación previa sobre el origen de la deuda y sobre el destino incierto de las divisas que se esfumaron de las arcas públicas durante el gobierno de Macri y los anteriores.

Tampoco se habla de los funcionarios que permitieron (y varios se beneficiaron) del saqueo, ni de sus responsabilidades por este fraude al Estado y a todos los argentinos. Mucho menos de considerar gran parte de ese endeudamiento como “deuda odiosa”, y por lo tanto cuestionable legítimamente por parte del deudor (lo que correspondería de acuerdo a la teoría aceptada internacionalmente para un país soberano).

Según la Secretaría de Finanzas, para el tercer trimestre del 2019 (último dato conocido), de cada 100 pesos que se recaudaron, casi 30 pesos se destinaron a pagar intereses de la deuda, el máximo porcentaje alcanzado desde la profunda crisis del cambio de siglo en la Argentina.

No obstante, los anuncios y las medidas del nuevo presidente no sólo calmaron a “los mercados” sino que generaron una euforia indisimulable, con una fuerte suba del valor de los bonos. El propio Presidente ha declarado que “los mercados reaccionan bien” (entiéndase que “los mercados” es un eufemismo para denominar a la conducta de los especuladores, usureros varios, fondos buitres, bancos, ex funcionarios del gobierno macrista, etc.).

Pero pagar más intereses no es garantía de achicar la deuda. El mismo informe de la Secretaría de Finanzas indica que también en el 3º trimestre del 2019 subió el peso de la deuda pública respecto del PBI, llegando al 90,9%, que es el máximo porcentaje desde el año 2004.

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